Mambas MK7 para el plan "Mas barrio"

 

Los vehículos en cuestión, denominados Mamba MK7, fueron donados por el gobierno de Estados Unidos y arribaron al territorio nacional en julio de 2024.

El presidente Yamandú Orsi afirmó que el gobierno resolvió “redoblar el combate contra el crimen organizado”.

Negro apuntó que 12 de estos vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad, y afectados a los operativos Dominio y Atenea

Fuerzas Conjuntas

El gobierno acaba de anunciar el despliegue de militares en los barrios Cerro y Marconi. La medida comenzará a aplicarse en breve, luego de la firma de un convenio con el ministerio de Defensa, en el cual hasta doce vehículos militares donados por los Estados Unidos patrullaran las calles con personal del ejército “bajo mando policial”.
Estas “Fuerzas Conjuntas” del Frente Amplio son la consumación de un proceso largamente preparado.
Hace unos meses Yamandú Orsi definió a Nayib Bukele, el derechista mandatario de El Salvador como un “ejemplo a analizar”. Poco después afirmó que “el 50% de los votantes del FA simpatizaba con Bukele”. El del centroamericano es un gobierno represivo proto-fascista, de ejecuciones sumarias, caracterizado por un sistema penitenciario brutal. No se trata simplemente de un “populista de derecha” exitoso contra la delincuencia, porque, como se sabe, llegó al poder previo acuerdo con las pandillas y el crimen organizado, para imponer un régimen autoritario mientras ataca las libertades democráticas más elementales.

La Policía patrullará barrios con "mayor incidencia de criminalidad" con vehículos del Ejército, anunció Negro

El ministro se refirió al tema en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, allí sostuvo que se trata de 12 vehículos

 

Carritos militares también en la Tahona? 

 

Vehículo Mamba del Ejército Nacional. 

 

El Ministerio del Interior trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio que permitirá a la Policía realizar patrullajes en las "zonas con mayor incidencia de criminalidad" en vehículos del Ejército Nacional.

Así lo dijo el ministro Carlos Negro en el Parlamento, cuando concurrió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes convocado por la oposición para exponer sobre el Plan Nacional de Seguridad.

Allí, Negro aseguró —tal como informó Búsqueda en primera instancia y según surge de la versión taquigráfica—: "Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones"

El ministro señaló que los vehículos "son doce en total" y que estarán "a cargo como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional".

"Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea", sostuvo el ministro en relación a esas operaciones que Interior desplegó para contener los homicidios.

En el caso de Dominio, Negro explicó en la comisión que se trata de una "intervención territorial y policiamiento focalizado en zonas determinadas". Como ejemplo, el ministro mencionó el "barrio Marconi", donde en las últimas semanas se registraron varios tiroteos.

En el caso de Atenea, Negro subrayó que "aplica una estrategia de actividad policial basada en inteligencia, conocida como ILP para prevenir y disuadir homicidios".

Una vez que se conoció la noticia, el presidente Yamandú Orsi se refirió al tema y aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que la decisión se debió a la necesidad de "redoblar el combate contra el crimen organizado" y fue acordada entre Interior, Defensa y Economía.

Cómo son los vehículos militares Mamba

Los vehículos Mamba MK-7 fueron presentados en marzo de este año y consistieron en una donación por parte de Estados Unidos. En total, los 14 vehículos están valuados en unos US$ 11 millones, según se informó en su momento.

En la página del Ejército Nacional se detalla que se trata de blindados diseñados para "operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados" con un "diseño de vanguardia que maximiza sus capacidades de rendimiento".

"Cuenta con gran movilidad y capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en entornos sumamente hostiles, habiendo sido además probado en combate", agrega el portal del Ejército 

 

Planes de convivencia 

1.- La estrategia regional y la "Seguridad Multidimensional"
La actual política de seguridad en Uruguay se enmarca en una estrategia impulsada desde centros de poder exterior (como el Comando Sur, el Pentágono y la DEA), que promueve la "seguridad multidimensional". Esta doctrina busca difuminar la frontera entre Defensa y Seguridad, impulsando que las Fuerzas Armadas asuman roles que históricamente pertenecen a la policía, bajo la premisa de combatir "nuevas amenazas" como el narcotráfico. Este modelo regional ha resultado, en varios países, en una mayor exposición de las fuerzas militares a la corrupción y a la pérdida de su rol institucional.

2.- Diferencias conceptuales: Defensa-Seguridad
Defensa Nacional: Función esencial orientada a la protección de la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas, a cargo de las FF.AA.
Seguridad Pública/Ciudadana:
Función interna orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos y el mantenimiento del orden, reservada constitucional y legalmente al Ministerio del Interior (Policía).

3.- El marco normativo y el rol de las FF.AA.
El marco legal uruguayo (Ley N° 18.650 de Defensa y Ley N° 19.775 Orgánica de las FF.AA.) es claro en sus definiciones:
Las FF.AA. tienen una misión defensiva. Su participación en seguridad interna es excepcional y restringida (como la vigilancia fronteriza en los 20 km según la Ley N° 19.677).
Jerarquía: Las FF.AA. responden exclusivamente a su cadena de mando (Presidente, Ministro de Defensa, Comandantes). No existe subordinación jerárquica posible hacia el Ministerio del Interior. Cualquier operativo "bajo mando policial" que involucre militares genera una contradicción jurídica grave, ya que el militar no responde ante el oficial de policía.

4. La problemática del uso de militares en barrios
La actual implementación -donde militares operan vehículos blindados en barrios conflictivos bajo la figura de "apoyo logístico"- es contraria a la tan mentada "institucionalidad republicana" por varios motivos:
Usurpación de funciones:
Bajo una etiqueta de "apoyo", se están realizando tareas de seguridad ciudadana sin la habilitación legal correspondiente.
El riesgo de la corrupción:
La policía uruguaya enfrenta problemas estructurales de corrupción y vínculos con redes de narcotráfico. Al involucrar a las FF.AA. en este ecosistema sin limpiar primero la institución policial, se corre el riesgo de "contaminar" a las fuerzas militares, exponiéndolas a los mismos incentivos perversos.
La alternativa técnica:
Existe la posibilidad legal y técnica de transferir o prestar los vehículos blindados al Ministerio del Interior para que sea personal policial capacitado quien los opere, manteniendo el mando y la responsabilidad dentro de la institución correspondiente.

5.- La "paradoja" de la aceptación social
Existe una coincidencia política entre el oficialismo y la oposición para no frenar esta tendencia, lo cual evidencia una alineación con los mandatos de agencias estadounidenses. Aunque la medida carece de un marco legal sólido, cuenta con una aceptación popular basada en el hartazgo hacia la ineficiencia y corrupción policial. Esta "solución" de fachada, sin embargo, corre el riesgo cierto de ser una militarización que actúa como velo, protegiendo el actual funcionamiento del sistema corrupto en lugar de combatirlo mediante una reforma profunda de la Policía Nacional.

En conclusión: El debate expone la renuncia política a realizar una limpieza institucional profunda, optando por una gestión del caos que sacrifica el rol republicano de las Fuerzas Armadas y profundiza la dependencia de agendas de seguridad externas, alejándose de soluciones soberanas y eficaces.
Si los compañeros frenteamplistas fallecidos, generales Víctor Licandro, Liber Seregni y otros militares y civiles republicanos y constitucionalistas estuvieran presentes, esta medida no se habría tomado.
Una muestra más de que el que fue nuestro Frente Amplio, no existe más.