La legitimidad caducada

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL

VIERNES 1º DE JULIO DE 2011


UN CENTENAR DE CASOS FUERON AMPARADOS EN LA LEY 15.848

La legitimidad caducada

Mujica decreta ilegitimas las resoluciones de sus antecesores. La Suprema Corte recibe hoy su decisión de reabrir todas las causas amparadas en la caducidad. Los juristas proponen una ley que amplíe los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura. No descartan derogar la ley de impunidad. Defensa de los criminales argumentará “cosa juzgada”. Hay rumores sobre el traslado de la jueza Mota.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrordriguez@adinet.com.uy

El presidente José Mujica enviará esta tarde a la Suprema Corte de Justicia un decreto gubernamental por el que anulará, por falta de “legitimidad”, todas las resoluciones presidenciales por las que casi un centenar de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron amparadas en la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
La decisión del gobierno procura cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al condenar a Uruguay por el Caso Gelman, ordenó “dejar sin efectos” lo hecho a través de la polémica Ley 15.848 que, aún fue mantenida en dos plebiscitos, contradice las normas internacionales y la propia Convención de Derechos Humanos de la OEA.
El Poder Ejecutivo anunció su decisión a través del secretario de la presidencia, Alberto Breccia, luego de la reunión de gabinete del pasado lunes y a la misma hora en que una delegación de la organización “Hijos” de desaparecidos, aguardaba en la antesala para entregar un petitorio en el que reclamaba, precisamente, la anulación de esos actos administrativos.
El anuncio de Mujica, realizado a 120 días del fallo del organismo jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos, acelera ahora los tiempos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los cuales, como parte del Estado uruguayo, también están obligados a cumplir el fallo y deberán encontrar soluciones a varios problemas que la situación genera.
En particular, juristas y legisladores han comenzado a analizar algún tipo de solución ante el vencimiento de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que se contabilizan desde el 1º de marzo de 1985, cuando asumió el gobierno electo, hasta el 1 de noviembre de 2011, un período de 26 años y ocho meses, equivalentes a una pena máxima ampliada.

Ley de “imprescripción”

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Milton Cairoli, como el constitucionalista José Luis Korseniak y el ex juez Federico Álvarez Petraglia, se han pronunciado sobre la posibilidad de legislar para lograr una ampliación de los plazos de prescripción a través de una norma que considere extender los tiempos de algunos delitos o establecer que no debe contabilizarse el período en el que la Ley de Caducidad impidió la acción de la justicia.
La posibilidad, no fue descartada por varios legisladores y, aunque el tema aún no se ha incluido en la agenda de las bancadas parlamentarias del oficialismo, ya se han escuchado voces que consideraron poco acertado volver a generar un debate en la interna del Frente Amplio luego de la crisis interna (renuncia de un senador, alejamiento de otro y desacato de un diputado) que provocó el fallido intento de anulación de la Ley 15.848.
Las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier, durante un debate realizado esta semana en la “Casa del Pueblo” del Partido Socialista coincidieron en que sería preferible que la iniciativa legislativa parta desde el propio Poder Ejecutivo, como un modo de asegurar el apoyo de su mayoría parlamentaria sin nuevos incidentes como los sufridos semanas atrás.
La imprescriptibilidad también podría lograrse, según otras opiniones, a través de una ley interpretativa donde se reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en forma retroactiva, para evitar situaciones como la provocada por un reciente fallo de la SCJ que consideró los casos de desaparición como homicidio especialmente agravado.
El carácter de delito contra la humanidad de los casos de tortura, por ejemplo, fue el centro de los debates del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia realizado en Uruguay el pasado fin de semana, donde se aprobó una declaración denominada “Compromiso de Montevideo” donde se exige expresamente la aplicación de la tipificación de imprescriptibilidad.
Tampoco se descarta la posibilidad de que el Parlamento retome las iniciativas que promovían la derogación de la Ley de Caducidad (el Partido Nacional hizo una propuesta un año atrás) que podría incluir una cláusula de ampliación de los tiempos de prescripción. El ex senador Juan Raúl Ferreira propuso esta semana un gran acuerdo nacional para quitar la ley del ordenamiento jurídico.

Lo que se “descaduca”

La comunicación que hoy enviará el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia promoverá que se solicite a todos los juzgados penales del país una indagación interna sobre qué casos fueron archivados por la Ley de Caducidad ya que, aunque a nivel presidencial se maneja una cifra de más de ochenta casos, no se tiene una información ordenada de las resoluciones de los anteriores gobiernos.
El tema fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar el equipo de técnicos de la Universidad de la República que bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico realizó las investigaciones oficiales sobre los casos de desaparición forzada y sobre otros capítulos del terrorismo de Estado y la represión impulsada por el gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.
Los tomos II y III de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos contabilizan 50 casos de desaparición forzada (22 en Uruguay y 28 en Argentina) que, tras ser denunciados ante la justicia penal, terminaron siendo afectados por la Ley de Caducidad. En el tomo IV se señalan otras 34 denuncias de violaciones a los derechos humanos que también se archivaron.
Con excepción del Caso de María Claudia García de Gelman, amparado por Jorge Batlle, todas las causas de desaparición forzada fueron cerradas por el presidente Julio María Sanguinetti, que también impidió la investigación judicial de diez de las 16 muertes incluidas en la Ley 15.848. Otras cuatro las amparó Luis Alberto Lacalle, una Enrique Tarigo y otra Tabaré Vázquez (ver cuadro).
Sin embargo, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fueron reabiertas ocho causas de desaparición forzada, once casos de muertes y una denuncia sobre los escuadrones de la muerte, que inicialmente se habían archivado y sobre las que se presentaron nuevas pruebas “supervinientes” por las que los jueces pudieron continuar con sus indagatorias.

Las “cosas juzgadas”

Aunque en definitiva será cada juez quien resuelva la continuación de las causas desafectadas de la caducidad, la decisión del presidente Mujica promete alguna reacción de parte de los grupos de militares retirados que este año salieron públicamente en una “ofensiva psicopolítica” para presionar al gobierno y la justicia en el tema derechos humanos.
Desde los abogados y juristas que asesoran a los “indagables” ya se anunció una nueva batalla jurídica en la que alegarán que los actos administrativos son cosa juzgada y recurrirán el decreto del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos”, dijo Augusto Durán Martínez, ex prosecretario del presidente Lacalle.
Por el contrario, el abogado Pablo Chargonia, uno de los promotores de causas de derechos humanos, opinó que "No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas" y recordó que el fallo de la Corte Interamericana también incluye al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso.
En el ámbito judicial también se espera la reacción de la Suprema Corte de Justicia ante la comunicación de la resolución del Poder Ejecutivo, en particular porque organismos de derechos humanos ya han comenzado a realizarle petitorios en forma directa para desarchivar causas amparadas en la Ley de Caducidad ante el fallo de la Corte Interamericana. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) hizo un pedido concreto para reabrir el caso de desaparición de Luis Eduardo González González.
La atención sobre los ministros del Poder Judicial también abarca a sus futuras resoluciones administrativas, ya que en corrillos judiciales se dice que podrían ordenarse cambios en la titularidad de algunos juzgados. Las versiones señalan la eventualidad de un traslado (¿sanción?) de la jueza Mariana Mota, quien instruye varias de las causas más importantes y ha sido blanco de ataques de quienes apoyan a los violadores de los derechos humanos.

LO QUE LA IMPUNIDAD ARCHIVÓ

Desaparecidos           Fecha        Denuncia                             Caducidad    PresidentE
(En Uruguay)
Luis Arigón                  13/07/77    Juzgado Penal de 4º turno      30/05/89       Sanguinetti
Oscar Baliñas               21/06/77    Juzgado Penal de 5º turno      13/03/89       Sanguinetti
Ricardo Blanco             16/01/78    Juzgado Penal de 9º turno      27/10/88       Sanguinetti
Eduardo Bleier              29/10/75    Juzgado Penal de 4º turno      17/11/88       Sanguinetti
Juan Brieba                  30/10/75    Juzgado Penal de 4º turno      31/10/88       Sanguinetti
Héctor Castagnetto*      17/08/71    Juzgado Penal de 7º turno      25/05/87       Sanguinetti
Julio Castro*                01/08/77    Juzgado Penal de 1º tueno     05/09/89       Sanguinetti
Julio Correa                  16/12/75    Juzgado Penal de 4º turno      05/09/89       Sanguinetti
U. Cháves Sosa*          28/05/76    Juzgado Penal de 13º turno    16/10/89       Sanguinetti
Julio Escudero              29/10/76    Juzgado Penal de 4º turno      10/08/89       Sanguinetti
Mª  G. de Gelman*       24/08/76    Juzgado Penal de 2º turno      28/11/03       Batlle
H. Gelós Bonilla*          02/01/76    Juzgado 4º de Maldonado     30/12/88       Sanguinetti
Roberto Gomensoro*    12/03/73    Juzgado Penal de 1º turno      16/10/87       Sanguinetti
Luis E. González           13/12/74    Juzgado Penal de 11º turno    15/05/89       Sanguinetti
M. Mato Fagián            29/01/82    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Fernando Miranda         30/11/75    Juzgado Penal de 9º turno      27/10/88       Sanguinetti
O. Montes de Oca         17/12/75    Juzgado Penal de 7º turno      08/07/88       Sanguinetti
Feliz Ortiz                     16/09/81    Juzgado Penal de 9º turno      21/04/87       Sanguinetti
A. Paitta Cardozo         21/09/81    Juzgado Penal de 9º turno      28/04/87       Sanguinetti
E. Pérez Silveira           05/05/74    Juzgado Penal de 10º turno    09/07/87       Sanguinetti
Amelia Sanjurjo            02/11/77    Juzgado Penal de 4º turno      09/07/87       Sanguinetti
Oscar Tassino               19/07/77    Juzgado Penal de 10º turno    17/10/88       Sanguinetti

(En Argentina)
Armando Arnone          01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Francisco Candia          17/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Casimira Carretero        01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Washington Cram         28/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Mario Cruz                    26/08/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Segundo Chegenián     01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Graciela Da Silveira       01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
León Duarte                 13/07/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Errandonea         26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Gerardo Gatti               09/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Victoria Grisonas          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
María E. Islas               27/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Roger Julién                  26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Josefina Keim               23/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Rafael Lezama              01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Alberto Mechoso          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
J. Méndez Donadio       15/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Morales                26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Miguel A. Moreno        01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Ruben Prieto                30/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Washington Queiro       04/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Pablo Recagno     02/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Carlos Rodríguez          01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Julio Rodríguez             15/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Adalberto Soba*          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Raúl Tejera                   26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Cecilia Trías                  28/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Jorge Zaffaroni             27/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti

Muertes

Gerardo Alter*             19/08/73    Juzgado Penal de 4º turno      17/11/88       Sanguinetti
Alvaro Balbi*               29/07/75    Juzgado Penal de 12º turno    21/10/88       Sanguinetti
Gilberto Coghlan*        31/07/73    Juzgado Penal de 1º turno      09/12/88       Sanguinetti
Ivo Fernández*            18/01/76    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
H. Gutiérrez Ruiz*        20/05/76    Juzgado Penal de 11º turno    14/03/89       Sanguinetti
Amelia Lavagna*          29/03/75    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
Pedro Lerena*             29/09/75    Juzgado Penal de 12º turno    25/06/90       Lacalle
Julián López*               05/01/76    Juzgado Penal de 3º turno      22/05/87       Sanguinetti
Diana Maidanik            21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Zelmar Michelini*         20/05/76    Juzgado Penal de 11º turno    14/03/89       Sanguinetti
Eduardo Mondello*      09/03/76    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
Laura Raggio                21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Silvia Reyes                  21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Vladimir Roslik             16/04/84    Juzgado de Fray Bentos         23/06/87       Tarigo
Nibia Sabalsagaray*     29/07/74    Juzgado Penal de 10º turno    07/06/05       Vázquez
William Whitelaw*        20/05/75    Juzgado Penal de 12º turno    21/10/88       Sanguinetti

Otras denuncias amparadas

Rodríguez Larreta Piera, Enrique (Orletti)                                  Juzgado Penal de 2º turno
Detta, Menotti, Martínez, Musso, Burgel y otros (Torturas)       Juzgado Penal de 3º Turno
López Silva Ariel (Enterramientos en el Batallón 13)                  Juzgado Penal de 3º turno
Rodríguez Díaz, Universindo y otra (Secuestro)                         Juzgado Penal de 7º turno
Luis Batalla (muerte por torturas)                                              Juzgado Penal de 9º turno
De Mello Delgado, Márquez González, Mirtha Nélida               Juzgado Penal de 3º turno
Alsina Gustavo, Grassi Aizpun Abayuba, y otros                       Juzgado Penal de 9º turno
Villamarín Marrero, Elbio Ademar                                            Juzgado Penal de 3º turno
Perdomo Rodríguez, Ricardo y Esteffanell, Marcelo                  Juzgado Penal de 7º turno
Piedecasas José, Barboza Suarez Abel                                     Juzgado Penal de 7º turno
Federación Médica del Interior                                                 Juzgado de Flores
Lorenzo Rovira, Nelson (Escuadrón de la Muerte)*                  Juzgado Penal de 3º turno
Oxandabarat Nora y otra                                                          Juzgado Penal de 1º turno
Casatera, Adriana y otros                                                         Juzgado Penal de 1º turno
Suprema Corte de Justicia eleva denuncia Lorenzo Rovira         Juzgado Penal  de 9º turno
Piegas Cavalheiro, Juan Eduardo                                              Juzgado Penal de 11º turno
Cáceres Juan Antonio y otros                                                   Juzgado 2º de Paysandú
Junta Departamental de Salto denuncia                                      Juzgado 1º turno de Salto
Begue Iparraguire José María                                                   Juzgado Penal de 6º turno
Stella Curbelo, Julio Omar. Su declaración                                Juzgado Penal de 7º turno
Machi Torre, Jessi. (Homicidio)                                                Juzgado Penal de 12º turno
Declaraciones de Siloa Paredes Juan Antonio                            Juzgado Penal de 6º turno
Denuncia apremios Antonio Pires Da Silva                                Juzgado Penal de 6º turno
Blanco Martínez de Badano, Alba                                             Juzgado Penal de 9º turno
Exposición del senador Araújo por violaciones de ddhh             Juzgado Penal de 7º turno
Manera Adrián, Su denuncia                                                     Juzgado Penal de 1º turno
Tribunal de Apelaciones d 3er. Turno remite                             Juzgado Penal de 12º turno
Mendoza Daoiz y Sassi de Mendoza Amalia                             Juzgado Penal de 2º turno
Macchi Jessi y otros                                                                  Juzgado Penal de 1º turno
Schneckennburger, Carlos                                                        Juzgado de Maldonado
Ayala Sánchez, Romero Asís                                                    Juzgado Penal de 5º turno
Exposición escrita senador Araujo                                            Juzgado Penal de 5º turno
Fernández Caveles, Conrado Domingo y otros.                         Juzgado de Maldonado
Almeida de Quinteros, María (desaparición de su hija)*            Juzgado Penal de 1º turno

* Los casos fueron reabiertos por los gobiernos del Frente Amplio.



.

Tabaré y el fortalecimiento de la deudocracia

Matar la ballena desde adentro
Pasaje de Tabaré Vazquez en el Wilson Center de la Fundación Rockefeller en Washington, hablándole de sus "logros" de fortalecimiento de un sistema pautado por la deuda externa. El sustento político que beneficia la dependencia uruguaya a la banca con mayorías que hagan viable un mundo de expoliar riquezas y trabajo humano.
Como cumplir "compromisos" y engrupir a un pueblo con el "progreso" y "desarrollo" que no es algo mas que la profundización de la dependencia.
Comenzando con "un diagnostico" equivocado donde no se asume la influencia que puedan ejercer sobre las naciones los capitales depredadores (hablando desde el Wilson Center, la boca del lobo)Tantas crisis y aun no sabe de quien es la culpa de las crisis, habla de la "doctrina de la queja", sin acusar ni echarle al imperialismo la culpa de TODOS nuestros males. Como auto critica: cual es nuestra parte? los lacayos del imperio de turno, los vende patria, los que hablan desde el Wilson Center de Washington de la Fundación Rockefeller que asesora al Banco Mundial.

 




FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
La falsa batalla de los emergentes
Por Mario Osava

RÍO DE JANEIRO, 28 jun (IPS) - Al final, la ecuación para elegir director-gerente del FMI se armó según el gusto de quienes reclaman un cambio en esa entidad, para poner fin al monopolio europeo del cargo y abrir paso a nuevos protagonistas de la economía mundial. Pero nada es como parece.

La disputa, a ser dirimida este jueves, es entre un supuesto representante del Sur, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y una del Norte, la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde. Sin embargo, la competencia de estos nombres solo contribuirá a que quede más claro que son otras las cuestiones de fondo.

La postulación mexicana para dirigir el FMI (Fondo Monetario Internacional) no entusiasmó a otros países emergentes.

Su perfil conservador, así como el de otros que se anunciaron como precandidatos de países emergentes, alejó un posible apoyo brasileño, cuyos gobernantes reclamaron un proceso abierto para la elección, teniendo el "mérito" y no la nacionalidad como criterio.

"Es difícil imaginar el criterio geográfico como relevante", especialmente cuando el representante supuestamente del Sur no genera "ninguna confianza de que sería sensible a demandas de emergentes o en desarrollo", señaló a IPS el economista Fernando Cardim de Carvalho, profesor retirado de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Lagarde, en cambio, presentaría más posibilidades de dar continuidad a la labor del desplazado Dominique Strauss-Kahn, quien "recuperó el prestigio político del FMI", aunque no promovió reformas significativas en sus políticas ni mecanismos de toma de decisiones, acotó.

Strauss-Kahn, también francés, renunció en mayo luego de ser detenido en Nueva York acusado de agresión sexual a una camarera del hotel en el que se alojaba. Su gestión fue bien vista en el gobierno brasileño, debido a su apertura a cambios en favor de mayor peso del mundo en desarrollo en el FMI.

Brasil tiende así a votar por Lagarde. El ministro de Hacienda, Guido Mántega, declaró a la prensa hace seis días que aún no hay una decisión de su gobierno, pero que la preferencia es por quien se comprometa con las reformas iniciadas por Strauss-Kahn.

De todas formas, el director-gerente ejerce "un poder relativamente limitado", ya que "la última palabra la tienen los que financian el FMI". Los que más aportan son los países ricos y, por tanto, son los que acumulan largamente la mayoría de votos en las decisiones, comentó Cardim.

Además el FMI, aunque sea "un foro políticamente importante", no es el que influye en los problemas globales que afectan profundamente la economía mundial, sino que las responsables son las políticas de Estados Unidos que alteran las cotizaciones del dólar o de China.

Su poder se limita "a los países que le deben dinero" y es matizado en el caso de Grecia y otros estados europeos periféricos y en crisis, donde "las exigencias más duras provienen del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea", usando las del FMI como pantalla, señaló el economista.

En su opinión, el Fondo contribuiría a un sistema monetario internacional más estable si volviese a "su misión original de facilitar ajustes de corto plazo en la balanza de pagos" de los países en dificultades, exigiéndoles como condiciones solo "el compromiso de adoptar políticas económicas que aumenten la probabilidad" de pago de sus préstamos.

Pero a partir de los años 80, cuando estalló la crisis de la deuda externa de muchos países en desarrollo, pasó a "exorbitar sus funciones", con las potencias acreedoras tratando por su intermedio de "imponer a los deudores estrategias de desarrollo diseñadas de acuerdo a los intereses de países desarrollados", criticó.

La elección del director-gerente está "viciada", porque los países ricos concentran la mayoría de los votos, se quejó, en entrevistas concedidas en los últimos días a periódicos brasileños, Paulo Nogueira Batista Junior, quien representa a Brasil y a otros ocho países latinoamericanos y caribeños en el FMI.

Batista Junior y otros 23 directores-ejecutivos tienen tiempo hasta este jueves para decidir el nombre de la persona que dirigirá el FMI en los próximos cinco años.

Cada uno elegirá en nombre del grupo de países que representa, pero sus votos tienen el peso proporcional a las cuotas de capital que esos estados partes aportan al FMI. A Estados Unidos le corresponde 17 por ciento y a Europa 29 por ciento, una proporción mucho más alta que su participación en la economía mundial.

De ese modo es casi seguro que Lagarde será la elegida. En el pasado, acuerdos entre Estados Unidos y Europa siempre pusieron los gerentes que quisieron, manteniendo una tradicional división del poder, con un europeo comandando el FMI y un estadounidense el Banco Mundial.

Por eso es necesario que se produzcan cambios en el proceso decisorio, ampliando el peso de los países en desarrollo, para sostener la legitimidad del FMI ante las presiones principalmente de las mencionadas naciones emergentes. China, por ejemplo, está limitada a un insustentable seis por ciento de los votos, aunque ya sea la segunda mayor economía del mundo.

Además de democratizar el poder dentro del FMI, será necesario diversificar el pensamiento y la composición de otros ámbitos de la institución, como la administración en general, jefaturas de departamentos y cuerpo técnico, apuntó Batista Junior. (FIN/2011)

Ya está firmado

Mujica firmó para dejar casos fuera de la caducidad

Se abren los 88 casos

Habilitan investigaciones de crímenes durante dictadura

Hecha la Ley, hecha la trampa

El Ejecutivo no promoverá cambio en la prescripción

Tras la revocación de las resoluciones del Poder Ejecutivo basadas en la ley de Caducidad, cobra vital importancia lo relativo a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrían juzgarse después del 1° de noviembre, al computarse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985.

Ante ello, la única salida legal posible es que se apruebe una ley que modifique el Código Penal en cuanto a la prescripción de esos ilícitos.

Sin embargo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a El País que el Poder Ejecutivo no tiene previsto elaborar una propuesta para ampliar los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura.

Por eso, la posibilidad de que un proyecto en ese sentido se concrete, dependerá de los legisladores del Frente Amplio.

En el mismo sentido que Breccia, el canciller Luis Almagro dijo ayer que con la decisión de revocar los actos administrativos basados en la ley de Caducidad, el gobierno "hizo lo que podía hacer" para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agregó que las alternativas para ampliar o dejar sin efecto los plazos de prescripción "corresponden al ámbito legislativo, fundamentalmente".

Sin embargo, a nivel de la bancada legislativa del Frente Amplio, hay una visión diferente, porque se entiende que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo.

"Francamente no veo que el Poder Legislativo pueda tener aliento, energía y capacidad para transitar por una iniciativa del propio Poder Legislativo otra vez", dijo la senadora Constanza Moreira (Espacio 609).

Para la senadora, "solo será posible" que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura prospere a nivel parlamentario "si viene del Poder Ejecutivo", señaló el martes 28.

Limitaciones de la Ley 18 596.

15.04 10

1) Siguen vigentes las disposiciones que impiden a todas las víctimas acceder a la verdad y a la justicia (Impunidad).

2) No incorpora dentro de los universos de víctimas a los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de las y de los ex presos políticos.

3) No establece la disculpa pública por parte del Estado.

4) No le da carácter de ley a la transformación del Calen y otros centros represivos en Espacios de Memoria.

5) Los montos indemnizatorios previstos para los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados son inferiores sensiblemente a los establecidos por el Poder Judicial.

6) Las indemnizaciones no se otorgan en forma prioritaria a los familiares directamente perjudicados sino que se distribuyen proporcionalmente por todos los beneficiarios.

7) Confunde la Per del Artículo 11 de la Ley 18 033 con la indemnización prevista por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas por el conjunto de daños económicamente evaluables y por lo mismo excluye de los beneficios de la misma a importantes sectores de víctimas del terrorismo de Estado.

8) Siguen estando excluidos de percibir la Per del Artículo 11 de la Ley 18 033 quienes tienen ingresos superiores a las 15 BPC.

9) Siguen estando excluidos de percibir la Per del Artículo 11 de la Ley 18 033 quienes fueron liberados antes del 9 de febrero de 1973.

10) Siguen estando excluidos del beneficio de la Per del Artículo 11 de la Ley 18 033 los ex presos políticos que se ampararon a leyes tales como la 15 737, 15 783 y similares y que no están jubilados o en situación de pasividad.

11) Se impide que la Per pueda sumarse a las legítimas jubilaciones obligando en los hechos a renunciar al cobro de beneficios legítimos.

12) Las viudas y viudos de ex presos políticos continúan percibiendo solamente el 66% de la Per y deben renunciar además al cobro de sus legítimas jubilaciones y pensiones para ello.

13) Continúa habiendo diferencias económicas entre la Per que perciben los ex presos políticos en función del momento de ingreso al sistema previsional.

14) Continúan estando excluidos del amparo a la Ley 18 033 quienes fueron despedidos luego de la huelga general y durante el período dictatorial.

15) Sigue sin darse potestades a la Comisión Especial de la Ley 18 033 para que otorgue la Per del Artículo 11 a todas aquellas personas que sin reunir todos los requisitos mencionados por la norma, a juicio de ella, la merecerían por el tiempo de detención aunque no fueran formalmente procesados o no llegaran al año de detención.

16) A pesar de que la Ley 18 596 no cumple a cabalidad con las disposiciones de la Resolución 60/147 se impide que quienes se amparen en ella puedan realizar juicios reparatorios tanto a nivel nacional como internacional (Art. 22).

DECLARACION  DE LA ASOCIACION ¿DONDE ESTAN?

La asociación ¿Dónde Están? reafirma su lucha por la verdad y la justicia en todos los planos y en todos los ámbitos para que sean investigados los crímenes de la dictadura y los responsables sean juzgados.

¿Dónde Están? exhorta a los tres poderes del estado -ejecutivo, legislativo y judicial- a terminar con todas las leyes y todos los actos administrativos que impiden el avance de la justicia y ofrecen amparo e impunidad a los criminales violadores de los derechos humanos.

La asociación exige que el estado uruguayo tome en forma inmediata las medidas necesarias para que los crímenes de la dictadura no prescriban, para que sean declarados crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

En ese sentido lanzamos un llamado a todos los uruguayos, a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, a los colectivos de víctimas de la dictadura, a las organizaciones sindicales y estudiantiles, dentro y fuera del país, a lanzar una campaña unitaria urgente para impedir que prescriban los crímenes de la dictadura.

La asociación ¿Dónde Están? apoya y seguirá apoyando todos los juicios contra los represores, la búsqueda de los desaparecidos, la verdad sobre los crímenes de la dictadura.

¿Dónde Están? seguirá contribuyendo a la búsqueda de la verdad y a la labor por la memoria, para que no se olvide el horror de los años del terror y para rendir homenaje a la víctimas de la dictadura.

La asociación reitera que la Ley de Caducidad es una ley inmoral, que protege a asesinos, violadores, apropiadores de niños y torturadores. Esa ley -declarada inconstitucional por la Corte Suprema y contraria al derecho internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- debe ser borrada del cuerpo jurídico uruguayo.

La asociación ¿Dónde Están? exige que se cumpla inmediatamente con todos los puntos de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Dónde Están? saluda a todos los compañeros y a todas las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos que participan en la lucha contra la impunidad.

La asociación saluda en particular a los jóvenes uruguayos que participaron masivamente en la marcha el 20 de mayo del 2011, asumiendo en el silencio de la dignidad la causa de la justicia y la verdad.

París, 25 de junio de 2011

El estado da garantías

Zona de Valentines

William Yohai
1 de julio de 2011

Y nosotros, literalmente, empezamos a temblar.
El presidente Mujica ha estado hablando todos estos días sobre la minería. Apoyando el proyecto Aratirí y, a modo de provocación hacia quienes nos oponemos decididamente a éste, anunciando otro proyecto de menores dimensiones, pero según él, más avanzado en Rivera.
Ahora leemos, con pavor, lo que aparece más abajo: en síntesis, el gobierno analiza asociarse con Aratirí como socio minoritario. Y esa historia ya la conocemos: si hay ganancias la empresa privada administradora se quedará con todas ellas, (quienes tenemos alguna experiencia en el mundo empresarial sabemos que esa es una ley, el socio mayoritario administrador se come el pastel) y si hay pérdidas el estado será el "beneficiado".
La frutilla de la torta la da el usuario de la "puerta rotatoria" (hoy estoy en el gobierno, mañana en los que contratan con el gobierno) Fernando Puntigliano: el estado, como socio minoritario, faltaba más, "da garantías" a las empresas privadas.
Clarísimo: como Pluna, el estado pone guita y garantiza el cuantioso pasivo de cerca de 200 millones de dólares y la empresa "socia" se queda con la torta a través de diversas maniobras.
Solo que en caso de Aratirí ya no hablamos de CIENTOS de millones de dólares, sino de MILES.
Con el proyecto como venía nos quedábamos sin el hierro y con el pasivo ambiental.
Con la "nueva versión" nos quedaríamos sin el hierro, con el pasivo ambiental y también, seguramente con un cuantioso aditivo a nuestra ya cuantiosa deuda pública.

PD: Y el presidente miente, otra vez: "el estado es pobre"
Y tiene, entre el banco central y el BROU, no menos de 6500 millones de dólares colocados en la peor inversión posible en estas épocas: bonos del tesoro de EEUU, un país con un déficit comercial cuantioso y un déficit fiscal de 10% de su PBI.
Por no hablar de la plata colocada en las AFAP y la que tienen los bancos, en su inmensa mayoría ahorro de los uruguayos colocada por la banca privada en el exterior, financiando guerras y agujeros fiscales ajenos.
VERGUENZA!!!!!!!!!!!!!!
Porque además, la empresa no va a invertir nada. Está buscando vender el 49% del paquete accionario a alguna de las multinacionales que de verdad tienen plata y saben llevar adelante la minería del hierro.

Surgen ideas en el gobierno para asociar al Estado con Aratirí

Presidente no descarta la posibilidad y la empresa dice que el Estado da “garantías”

En el Poder Ejecutivo comenzaron a surgir ideas tendientes a que el Estado uruguayo se asocie con la empresa minera Aratirí a los efectos de participar en las ganancias de la futura explotación del hierro.

Varios miembros del gabinete consideran que ante la riqueza del recurso mineral detectado en el país lo más adecuado sería no solo percibir un porcentaje del total de las exportaciones de la empresa sino dar un paso más y ser socio de la firma con una participación minoritaria, según informaron a El Observador fuentes oficiales. El tema es manejado en extrema reserva.
La idea de una asociación en esos términos está instalada y esa posibilidad seduce a Aratirí. Tampoco es ajena al presidente José Mujica. “No lo descarto. El Estado es pobre”, respondió el mandatario cuando fue consultado ayer por El Observador en una recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos para conmemorar su independencia.
El gerente general de la empresa, Fernando Puntigliano, dijo que tener al Estado como socio resulta atractivo para cualquier compañía que opere en Uruguay porque es una garantía.
“Aratirí está abierta a cualquier discusión de ese tipo. Cualquier empresa privada en Uruguay, cuando le ofrecen que el Estado sea socio minoritario, por ejemplo, dice que sí porque es un buen socio el Estado. Da muchas garantías. No es un planteamiento que haya hecho Aratirí”, dijo a El Observador al ser consultado al respecto. “La disponibilidad para conversar está abierta”, agregó el ejecutivo.

Interrogado acerca de si recibió ofertas por parte del gobierno, Puntigliano contestó: “No puedo hablar de ese tema”. 

Otra fuente del gobierno que dijo estar al tanto de la idea de asociación se negó a proporcionar detalles sobre el asunto y señaló que todavía no hay una fórmula concreta.

Hasta el momento el modo de explotación que está planteado es habilitar la explotación de Aratirí y cobrarle a la empresa un canon (porcentaje) del valor extraído.

De todos modos, con el visto bueno primario de las dos partes involucradas, la alternativa que surge es recurrir a otro modelo y que el Estado y la empresa sean socios.

Aprovechar el negocio
El gobierno está muy interesado en que se concrete la inversión que ascenderá a los US$ 3.000 millones. El lunes pasado, el presidente Mujica hizo una fuerte defensa del proyecto minero e incluso ya lanzó el debate sobre qué hacer con los dividendos que puede dejar la empresa al país.

Integrantes del gobierno interpretaron sus palabras como el ok definitivo para que Aratirí se instale en el país, luego que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) termine el estudio ambiental. Mujica propuso crear con el dinero que deje Aratirí un fondo anticíclico. La idea es invertir en bonos y otros activos financieros la plata y gastar sólo los intereses.
Con la opinión favorable del gobierno crece el interés oficial por ser parte de la inversión.



VECINOS CONTRA ARATIRI 29-06-2011 door JORGELANZ

El futuro está adelante.-

Los blanqui/colorados no quieren mirar pa' atrás y los progresistas tampoco:el futuro está adelante.
Un futuro que elije , elabora e instrumenta la propia humanidad, innesariamente doliente.-
Yo me había equivocado pero ahora la praxis ("el único criterio de la verdad",Lenín dixit),generosa como siempre,me lo viene a mostrar.-
Había pensado erroneamente que era mejor que volviesen los blanqui/colorados para que el pueblo pudiese visualizar claramente el verdadero enemigo que el progresismo encubría. ¡Nó! hay que dejar a los progresistas que están llevando adelante un excelente trabajo de concientización popular ,con una hábil y refinada estrategia que "simula" que apuestan al capitalismo salvaje,que están aliados con los milicos genocidas y que les protejen sus curros (que ellos consideran "botines de guerra") que permiten la concentracción de la tierra y estimulan el latifundio,que están vendiendo el país en tajadas,como si de una torta se tratase,que son "opa" y hacen negocios desastrosos (Pluna),que se sacan los ojos X los carguitos,que acobertan la corrupción,etc.,etc.,etc.-
Como el pueblo no es completamente otario,pero igual se traga la pastilla de la "simulación" , se calienta y reacciona organizándose,militando,manifestándose y protestando;que bastante falta le estaba haciendo. Hace tiempo que había descubierto la hábil maniobra del Ñato de copar los cuarteles desde adentro. (Yo sé que el ácido dexoxiribonucleico vasco del Tambero le impide visualizarlo),pero estoy convencido que en las próximas elecciones vamos a ver las banderas del CAP-L en todas las ventanas de todos los cuarteles.-
Yo andaba medio desanimado ,porque veía al pueblo amodorrado en la esperanza de los cambios que iba a hacer el Pepe,ese gran estratega que comprendió que era necesaria una terapia de choque y sacó de la manga la minería que como es un afane tan descarado que la gente se prende fuego no compra los atractivos y tentadores espejitos de colores que les quieren vender. ¡Genial,Pepe! Y ahora saca de su inagotable galera el convenio público/privado,algo así como un acuerdo entre una gallina y una comadreja. (Aclaro:la gallina somos nosotros).-
Recuerdo cuando le tiré arriba del escritorio al Ratón,cuando todavía no era el Super-Ratón que es ahora,el convenio de "reciprocidad" entre EEUU y Uruguay sobre Aviación Comercial;un mamarracho que sólo beneficiaba a los gringos que mi ilustre tocayo había ingresado al Parlamento el 28 de febrero de 2004 ya apagando las luces de su gobierno.-
Lo estudié,lo subrayé y le dije al Ratón: espero que no lo firmen. Claro que lo firmaron. Por entonces yo también me calenté,pero como todavía no había tomado conciencia de mi burrice no había "captado" que se trataba de una refinada estrategia para formar conciencia. Me sirvió de lección para comprender que no se debe dudar de la firmeza ideológica,de las buenas intenciones y honestidad de los compañeros,y mucho menos de su capacidad para instrumentar las soluciones para el pueblo ,que no dudo es el horizonte que abrigan en sus corazones.-
MAU-MAU
P.D.: Decidí mandarle una copia al Cacho y a Juanjulio,les vá a encantar.-

.

Jornada Artiguista en el Sauce

En la Jornada Artiguista del 19 de junio en Sauce, el Colectivo de Organizaciones Sociales de Lucha por la Tierra, volvió a manifestarse: POR TIERRA PAL QUE LA TRABAJA, CONTRA LA MEGAMINERÍA ARATIRÍ y CONTRA EL DEALOJO DE NEY THEDY.

La marcha por el pueblo, la concentración y el fogón en la entrada por ruta 6, fueron expresiones contra el modelo de producción que nos imponen, que privilegia a unos pocos y deja por fuera a la mayoría, devastando nuestra tierra y saqueando nuestros recursos naturales. Es el modelo neoliberal, esa nueva colonización que con el permiso del gobierno, se instala a través de las empresas multinacionales como: Aratirí, Stora Enso, Botnia, Montes del Plata, etc.

¿Dónde dormiran esta noche?

La Intendencia Municipal de Montevideo dirigida por Ana Olivera del partido comunista, ordenó y llevó a cabo el desalojo de una familia en Barrio Sur "Uruguay, un gobierno de inútiles para con los humildes, los necesitados, sus propios votantes como es el caso de esta gente que ostentaba un lindo cartel del FA MPP 609 durante la campaña electoral, un gobierno de inhumanos, un gobierno de estafadores de la esperanza, de traidores a nuestra mejor gente, esa es la realidad que aparece cruda esta tarde de invierno. Una vez más, frente a mi casa". Por Silvia Martínez del Río

Esta tarde del 30 de junio, entrado el invierno, con una temperatura de 8 grados y sensación térmica de 3, a días de las muertes por frío de varios uruguayos que vivían en la calle, la IMM ordenó y llevó a cabo el desalojo de una familia en Barrio Sur.
Calle Carlos Gardel, entre Zelmar Michelini y Carlos Quijano... vaya imagen esta, vaya imagen, vaya simbolismo de lo que es este gobierno, en su nivel nacional y municipal.
Una anciana cercana a los 80, una señora madre de tres hijos menores, los tres chiquilines... a la calle.
Muebles afuera, ventanas y puerta rápidamente tapiadas. No hubo ruido, no hubo gritos, ningún escándalo... solo salieron, con sus bultos, a buscar donde guardarlos, donde pasar la noche, donde esperar hasta el sábado cuando quizás consigan alquilarle a una propietaria que se encuentra a pocas cuadras.
Es una familia que vivía por Piedras Blancas, en un asentamiento, se dio la posibilidad de trasladarse a una casa, después de la muerte de un familiar cercano que era dueño.
Por supuesto que no se hizo sucesión, ni estaban pagos los impuestos... con qué plata, si apenas alcanzaban a subsistir.
No los podrán acusar de tener una "boca de venta de pasta base", porque es gente jugada al trabajo, a la dignidad. Quizás si hubieran abierto una boca tendrían con qué pagar los impuestos, pero aunque en el barrio hubiera sido bien fácil hacerlo... no cayeron en eso, a conciencia.
La IMM los desaloja, luego de un juicio bien en regla, evidentemente, gracias a disposiciones que no tienen en cuenta estación del año, situación económica, número de hijos a cargo, riesgo de vida.
Uruguay, un gobierno de inútiles para con los humildes, los necesitados, sus propios votantes como es el caso de esta gente que ostentaba un lindo cartel del FA MPP 609 durante la campaña electoral, un gobierno de inhumanos, un gobierno de estafadores de la esperanza, de traidores a nuestra mejor gente, esa es la realidad que aparece cruda esta tarde de invierno. Una vez más, frente a mi casa.
Ahora usted, que lee esta noticia, dígame qué debemos hacer con esta bronca? Hacer ya, hacer ahora con estos vende patria, con estos criminales que tiran  a la calle una familia en invierno.

Silvia Martínez del Río