Empresarios felices

Gobierno avanza en protocolo para prevenir las ocupaciones

Marzo 28, 2017

Negocian con cámaras y sindicatos para atender recomendación de OIT

Tal cual se había anunciado durante la gira que encabezó el presidente Tabaré Vázquez por Europa, hace dos semanas el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT retomaron las negociaciones tendientes a incorporar en la ley de Negociación Colectiva las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010.

El Poder Ejecutivo hizo llegar a las gremiales de Comercio e Industria una propuesta de seis puntos, entre los que se incluye uno que apunta a fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos entre empresarios y trabajadores, para evitar que las diferencias terminen luego en ocupaciones y piquetes.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera, indicó que se trata de un protocolo que deberá activarse de forma previa a que cualquiera de las dos partes lleve adelante una medida. Perera sostuvo que en principio esa fórmula es vista con buenos ojos, aunque atendería solo una de las recomendaciones realizadas por la OIT y no sería suficiente para retirar la queja.

Por ejemplo, en el caso que una empresa decidiera despedir trabajadores o cerrar sus puertas, antes de concretarlo deberá participar de un ámbito de negociación tripartita por espacio de 20 días, en donde se analice la situación y eventualmente se busquen alternativas. Durante ese plazo el empresario no podrá efectivizar la medida y los trabajadores tampoco podrán adoptar ninguna medida de fuerza. Vencida esa instancia, y en caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes quedarán libres de tomar las medidas que entiendan convenientes.

La propuesta será analizada esta semana por las gremiales empresariales. En el caso del PIT-CNT, se espera por el documento oficial para que sea analizado por el Secretariado Ejecutivo de la central, según dijo a El Observador el dirigente Milton Castellanos. Varios convenios colectivos del sector privado ya cuentan con cláusulas de prevención de conflictos opcionales y con el protocolo se busca generalizarlas a todos los sectores.

"Si tenemos buenos mecanismos, las posibilidades de ocupaciones y piquetes se reducen drásticamente", apuntó.

Por otro lado, los empresarios continúan con sus reclamos por el decreto del gobierno para regular los piquetes y manifestaciones que corten la libre circulación en calles y rutas. Mientras el Ministerio del Interior defendió la normativa y reivindicó el derecho a huelga de los trabajadores, en la Cámara de Comercio advirtieron que la resolución del Poder Ejecutivo profundiza la idea de que en Uruguay hay "ciudadanos de primera" y otros "de segunda", al perjudicar a los propietarios y beneficiar, según afirma la gremial, a los sindicalistas.

"Yo considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los entes públicos no se pueden ocupar y las empresas privadas sí. Si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite (desalojar) a los que sí lo son, de nuevo estamos generando división en las estructuras", dijo Perera, en una conferencia de prensa.

Los dirigentes de la Cámara de Comercio estuvieron reunidos ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Danilo Astori (Economía y Finanzas), Ernesto Murro (Trabajo), Carolina Cosse (Industria) y Liliam Kechichian. La reunión fue realizada por los 150 años de esa gremial.

El Poder Ejecutivo publicó el lunes 20 un decreto que autorizó al Ministerio del Interior a liberar calles y rutas ocupadas por manifestantes de manera directa y sin esperar el fallo de la Justicia.

El alcance del decreto no fue tratado en la reunión entre Vázquez y los empresarios aunque sí hablaron de la queja presentada por las gremiales uruguayas ante la OIT.

De todos modos, el presidente de la Cámara de Comercio mostró su molestia cuando los periodistas que esperaban en la puerta de la Torre Ejecutiva lo consultaron por la medida. "Lo que he escuchado es que el decreto no podría ser aplicado a los sectores sindicales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pretendemos protocolizar todo ese tipo de actividad para que haya tranquilidad. El tema hecho así es una violación de los derechos del propietario, de trabajadores que no están afiliados, etcétera", sostuvo.

Mirada oficial

El director general de Secretaria del Ministerio del Interior, Charles Carreras, defendió el decreto en una columna publicada ayer en el diario La República. En el texto el jerarca reivindicó el derecho de huelga y criticó a empresarios. Carrera afirmó que "para una fuerza de izquierda es lícito que haya marchas de trabajadores" y recordó que la resolución "hace mención" al artículo 57 de la Constitución que consagra el derecho de huelga.

"Por estos días hubo otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, hubo disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos; así como buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores, y eso debe quedar claro", concluyó el jerarca.

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Último recurso

PIT-CNT decidió que no presentará recurso contra decreto “antipiquete”

Fernando Pereira cuestionó el decreto pero dijo que la central responderá con movilización cuando sea “el mejor momento para actuar”.

28.03.2017

El PIT-CNT decidió este martes no presentar un recurso contra el decreto que prohíbe los cortes de rutas y calles, anunció en rueda de prensa su presidente Fernando Pereira.
Luego de una sesión del Secretariado Ejecutivo de la central, Pereira consideró que el decreto firmado la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez es "inoportuno e innecesario" y "genera confusión en la sociedad que se moviliza" pero aclaró la organización no apoyará la presentación de un recurso administrativo para que quede sin efecto.
"Por el momento el decreto no será recurrido", dijo Pereira en declaraciones recogidas por el sitio oficial del PIT-CNT. Para el dirigente, "salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cuál es el momento oportuno no tiene sentido". En la misma línea, acotó que "la tradición, la historia y el pensamiento del movimiento sindical llevan a determinar cuál es el mejor momento para actuar".
"Si en una movilización se violenta alguno de los derechos en ese momento actuaremos", prometió Pereira, que consideró que la movilización "es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes" que "no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay cientos de miles de personas comprometidas con el cambio".
Pereira remarcó que el PIT-CNT no defenderá solamente a sus sindicatos sino también a "otras organizaciones que no son sindicales como las vecinales, las vinculadas a las cooperativas y a otras organizaciones sociales del país".

Montevideo Portal

 Por el momento el decreto no será recurrido.

Pereira: El decreto del Poder Ejecutivo sobre los piquetes es "inoportuno e innecesario"

El Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó en conferencia de prensa que el decreto sobre los piquetes emitido recientemente por el Poder Ejecutivo es "inoportuno e innecesario y genera confusión en la sociedad que se moviliza. Si algo genera confusión es mejor que no exista". Y, además, destacó que el movimiento sindical va a defender el derecho de huelga y de movilización. " Salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cual es el momento oportuno no tiene sentido".
Recordó el sindicalista que se rechaza el decreto porque básicamente ya existía suficiente normativa en la materia y eso "le permitía al Poder Ejecutivo adoptar acciones cuando fueran necesarias. Ante esta nueva situación vamos a defender el derecho de huelga y de movilización. Con esto también estamos defendiendo el derecho que tienen otras organizaciones que no son sindicales, como las vecinales, las vinculadas a las cooperativas y a otras organizaciones sociales del país. Lo que tenemos claro es que vamos a defender el derecho de movilización y de protesta de todos los ciudadanos. Esto forma parte de la más rica historia del movimiento sindical".
Pereira fue categórico a la hora de afirmar que "en el momento que se ataquen libertades que consideramos deben ser protegidas siempre el movimiento sindical se va a movilizar. Por el momento el decreto no será recurrido. De todos modos tenemos claro que si en una movilización se violenta alguno de los derechos en ese momento actuaremos. En cada momento se valorará la acción jurídica a desarrollar Pero, más allá de lo jurídico, aplicaremos la movilización del movimiento sindical. Movilización que es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes. Las leyes o los decretos no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay ciento de miles de personas comprometidas con el cambio".
El dirigente sindical reiteró que cada caso será estudiado y "cuando consideremos que alguno de nuestros derechos está vulnerado actuaremos. En tanto existe una acción como la movilización que se convierte en una fortaleza mayor a la del recurso. Salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cual es el momento oportuno no tiene sentido. La tradición, la historia y el pensamiento del movimiento sindical llevan a determinar cuál es el mejor momento para actuar".
Pereira puntualizó que entre la difusión del decreto y hoy existe sólo una acción que "consideramos incorrecta y hemos cuestionado fuertemente. Este incidente se registró con compañeros del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) en Conchillas. La postura del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT es que se debe garantizar el derecho a la movilización y el derecho de huelga. Somos conscientes de que las rutas deben ser transitables, si bien no afirmamos que nunca habrá un corte de ruta. En algunos casos debemos actuar con racionalidad. Desde que se aprobó el decreto estamos intercambiando opiniones y posiciones con la Sala de abogados del PIT-CNT. Se entendió que no era pertinente presentar en lo inmediato el recurso y ver primero como se procede ante un nuevo caso de piquete".

Construir la resistencia es la tarea

Por Ruben Bouvier

La izquierda desapareció. El progresismo también. Crece la derecha dentro del llamado grupo político Frente Amplio.
Ya no es necesario desde el FA tener actitudes y tomar decisiones que contemplen el pensamiento del pueblo. La gran mayoría del pueblo no tiene pensamiento. No lo puede tener. Le quitaron todos los insumos que pueden llevar a que un pueblo tome conciencia de lo que está pasando.
Bloqueado, anestesiado y chapaleando en el consumismo de años de crecimiento de la economía, el pueblo uruguayo no puede tomar conciencia de lo que se está gestando.
Hoy ya no existen programas y partidos políticos que se diferencien en su proyecto o modelo ideológico y de construcción de un país.

Hoy todo es igual. Si antes estaba en la derecha, hoy puedo dar un pequeño paso y pasarme a la llamada “izquierda” o “progresismo” . Estaré en el mismo espacio de pensamiento y acción de sus líderes.
Construir la resistencia es la tarea. Dura y titánica tarea contra un monstruo que no para de crecer en base a la utilización de todo lo mediático y lo económico.
Implantar un modelo de entrega, de fortalecimiento del aparato represivo, de vigilancia de toda la población, desinformando, dando asistencialismo para que sobrevivan en la pobreza sin salir jamás de la pobreza, una educación que lleve indefectiblemente al abandono y que arroje a esos cientos de miles de uruguayos a no poder reflexionar y tener pensamiento propio.
“Los milicos nos adoran” dijo Huidobro y “nunca estuvieron mejor que ahora”. Huidobro tenia razón.
El presupuesto para el Min. de Defensa creció como nunca y “los milicos votaron al nuevo FA”, a la nueva derecha “agiornada”, para que todos se sienten a “su mesa”.
El más sutil, grosero y generoso “clientelismo político” para familiares, amigos y correligionarios que vienen desde el Partido Colorado y del Partido Nacional. Bienvenidos !!!!! a la nueva fuerza, a la Nueva Derecha.

Los nuevos tiempos en el Uruguay marcan la aparición majestuosa de esta nueva fuerza sin escrúpulos, hipócrita, impune, dominante, aliada con la dirigencia sindical y que muto su ideología convirtiéndose en el receptáculo de la masa inerme y sin pensamiento crítico.
El nuevo FA licuo y diluyo las diferencias ideológicas o de partidos y construyo un espacio nuevo y atractivo para dar cabida a gran parte de la “antigua derecha”

En deuda con la justicia

Falta de voluntad política, un Poder Judicial conservador, militares defensores de la dictadura que ascendieron en democracia: trabas para que avancen los procesos judiciales que describen el abogado Pablo Chargoñia y la ex fiscal Mirtha Guianze.

Por Adrián Pérez


En su segundo arribo al Palacio Estévez, Tabaré Vázquez, saludó el 1 de marzo de 2015 con fervor a Uruguay por los 30 años ininterrumpidos de democracia: en ese período, el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad en los crímenes de la dictadura de un Estado que no supo, no pudo o no quiso encarar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Una conquista, la democracia, golpeada por las amenazas del Comando Barneix a defensores de derechos humanos, intimidaciones que salpicaron al ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz. PáginaI12 visitó a la ex fiscal Mirtha Guianze y al abogado Pablo Chargoñia, dos de las 13 personas que figuran en la lista del Comando, para conversar sobre el avance de las causas judiciales y la situación de los derechos humanos al otro lado del Río de la Plata.
En el Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que monitorea los procesos de justicia relacionados con el terrorismo de Estado en Uruguay, Pablo Chargoñia –coordinador del equipo jurídico del organismo y patrocinante de 50 denuncias penales por graves violaciones a los derechos humanos– conversa con este diario. De entrada, señala que el perfil conservador del Poder Judicial uruguayo se observa en su resistencia a la aplicación del derecho internacional. Afirma que dos ministros de la Suprema Corte desconocen el valor de la sentencia Gelman al negarse a considerar que aquellos crímenes son de lesa humanidad, por una observación acerca del principio de legalidad y de no retroactividad. “Es un abordaje que revela un escaso conocimiento del derecho internacional en función de los derechos humanos o un escaso afán de analizar adecuadamente en qué consisten los crímenes del aparato estatal y cómo se debe responder judicialmente”, considera el abogado, para quien los vínculos entre militares, la derecha y los poderes fácticos dentro de la justicia obstaculizan los avances. “Si cotejamos con el desarrollo judicial de Chile o Argentina, estamos atrasados”, evalúa.
Y advierte que la Corte está dividida: dos miembros tienen una postura más conservadora; dos definieron a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables; y recientemente se nombró a un quinto ministro, Eduardo Turrell, de quien no se sabe qué posición adoptará respecto a las causas de derechos humanos.    
En el plano político, Chargoñia dice que en su discurso del 1º de marzo, Tabaré Vázquez no mencionó una palabra sobre derechos humanos porque, probablemente, no tenía nada para decir. “La política de derechos humanos vinculada al pasado reciente sigue radicándose en los buenos discursos o en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política y el compromiso institucional estatal”, examina el abogado. Las líneas de investigación son sugeridas muchas veces por los denunciantes, afirma. En su opinión, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado en 2015 por Tabaré está integrado por personas muy honorables, pero sin personal adecuado para analizar la desclasificación de archivos militares y policiales. “Son gente con escaso peso político y con cometidos tan amplios que encontramos que no los están cumpliendo”, indica.
Entre esas deudas, el abogado dice que no ve capacidad de trabajo que contribuya al hallazgo e identificación de desaparecidos. “Por lo que sabemos, están buscando en dos lugares, sin resultados por el momento. Hace años que no se encuentran restos de desaparecidos”, dice. Por ahora se ubicó a Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
Mirtha Guianze dirige la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, emplazada en el mismo lugar donde en dictadura funcionó el Servicio de Información de Defensa y un centro clandestino al que fueron trasladados detenidos en Automotores Orletti. La ex fiscal recibe a PáginaI12 en Bulevar Artigas 1532 y anuncia que el edificio será señalizado como sitio de memoria. “En esta habitación donde estamos estuvo Macarena Gelman con la mamá, hasta que las separaron”, comenta la funcionaria.
En octubre de 2008 presentó un recurso contra la Ley de Caducidad. Un año después la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que permitía excluir a policías y militares de procesos judiciales vinculados a la dictadura. Guianze pidió el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante del Partido Comunista Nibia Sabalsagaray. El 8 de noviembre de 2010, Dalmao se convirtió en el primer militar en actividad acusado por un delito cometido por el terrorismo de Estado. A pedido de la fiscal, fue procesado con prisión por el juez Rolando Vomero. La jueza Dolores Sánchez lo condenó a 28 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Sabalsagaray. Cuando fue sentenciado, Dalmao revistaba como comandante de la División IV del Ejército, en la ciudad de Minas.
En 2011, el presidente José Mujica fue a verlo a la cárcel. “Fue lo que peor me cayó. No podía entender que el presidente visitara a un militar detenido por ese delito”, señala la ex fiscal. Dalmao falleció en 2014 en el Hospital Militar. Por esa muerte, el general Wile Purtscher amenazó a Guianze y a Vomero. “Ahora soy yo el que quiero venganza. Mi amigo ahora descansa, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz”, escribió el militar en el semanario Búsqueda. Para la funcionaria, “ellos están siempre ahí”. “Tienen ese no reconocimiento del terrorismo de Estado, piensan que actuaron bien, y ahora salió una nueva amenaza de ese Comando Barneix, que no sabemos quiénes son”, dice. “Los militares ascendieron en democracia, no hubo limpieza de los que apoyaron la dictadura”, afirma.
A Guianze le robaron una computadora en su casa de Las Piedras. Luego le sustrajeron otra de su casa de veraneo, la misma noche que preparaba la acusación contra Gregorio Alvarez, militar retirado que encabezó el último tramo de la dictadura uruguaya y que en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato especialmente agravado de 37 personas. En varias oportunidades, autos blancos con matrícula de Punta del Este se pararon frente a su casa de descanso.
En una ocasión viajaba con su marido. Pasando Rocha, rumbo a Montevideo, un vehículo oscuro los interceptó en la ruta. “Nos pechó y nos tiró a la banquina. Mi marido dio un volantazo e impidió que el auto volcara”, reconstruye Guianze. Un espejo retrovisor rompió el parabrisas y le pegó en la frente. “No vimos aparecer ni desaparecer el vehículo. Casualidad fue que detrás nuestro, después del choque, paró una camioneta de la policía. Los policías no tuvieron ni la delicadeza de anotar algo”, recuerda la ex fiscal.

¿Infiltración y espionaje?

Lunes 27 de marzo |
Circula en estos momentos una noticia que da cuenta del accionar de un infiltrado en la organización de DDHH Plenaria Memoria y Justicia. De confirmarse esta información estamos ante un hecho muy grave que da cuenta de la impunidad con que los organismos del Estado vigilan e infiltran organizaciones sociales.

Se conoció en el día de hoy una noticia divulgada por Radio Sarandí y luego levantada por Telenoche on line con el relato de un supuesto infiltrado de los organismos de seguridad en la organización Plenaria y Justicia.
Si se confirma la información estamos ante un caso muy grave, ya que en su relato el infiltrado dice que el objetivo es “identificar gente con nombre, apellido y foto para que la Policía no trabaje a ciegas” lo cual constituye una clara ilegalidad incompatible con la democracia.
En el audio la persona afirma, entre otras cosas, que desde 2011 se infiltra en Plenaria y que en el suceso de la Suprema Corte de Justicia de 2013 estuvo en primera fila, y pedía a los policías que le peguen. Este suceso se dió en el interior de la SCJ, mientras afuera estaban personalidades como Galeano y Viglietti y finalmente terminó con varios procesados.
Más allá de lo terrible del relato es también muy grave la naturalidad con que los medios de comunicación toman la noticia, naturalizando algo que parece propio de dictadura, sin ninguna crítica ni denuncia ante un accionar claramente ilegal producto también de la impunidad que existe en la sociedad con respecto a los crímenes del periodo militar y que permite que este tipo de cosas sean contadas como si nada.
Los hechos relatados dan cuenta también de que todo esto sucede en los gobiernos del Frente Amplio, ya que se refiere a hechos ocurridos durante el gobierno de Mujica.
¿Quien garantiza que algo así no está sucediendo también con el PIT-CNT o Familiares? ¿Que sucedería si nos enteráramos que el gobierno del Frente Amplio infiltra otras organizaciones populares? Acá no se trata solo de la Plenaria, esto puede pasar con cualquiera por lo cual tiene que haber un repudio unánime y generalizado acorde a la gravedad de lo que sucede.
Plenaria está analizando la información y posiblemente emita un comunicado público próximamente.

Un efectivo policial que estuvo infiltrado en Plenaria, Memoria y Justicia durante dos años relató a Radio Sarandí cómo operan los grupos radicales.
Aseguró que le costó tres meses entrar, que ellos tienen sus propios sistemas de inteligencia y que el principal logro de su trabajo fue identificar gente con nombre,  apellido y foto para que la Policía no trabaje a ciegas. Reconoció que la tarea lo volvió paranoico y que es difícil tener familia.
“Entrar no es tan fácil Ellos tienen sus propios sistemas de inteligencia. Lo vienen utilizando hace años, no te olvides que Irma Leites era tupamara, se lo enseñaron los tupas. Vos te pensas que el que vende diario en la esquina de la sede del Frente Amplio, es un vendedor cualquiera, no, ese es el que pasa los datos”, indicó.
El primer contacto que tuvo con los grupos radicales fue en una marcha de los estudiantes. “Ellos tenían fotos de tiras, policías. Tenían identificado a gente. Había gurises de 16 hasta 20 años”, contó.
El hombre hacía informes por semana o después de cada movilización. Contó que el día de la asonada a la Suprema Corte de Justicia en 2013, él estuvo en primera fila y que hasta le pidió a un Coracero que le pegara.
Afirmó que Irma Leites recibe plata desde el exterior y que lo que quiere es un nuevo mártir. “¿Quién la banca? ¿Alguien se tomó la molestia de ver de dónde recibe plata? Ella recibe plata de Argentina y Suecia (…) Ellos provocan y siempre dicen si se complica vamos a agitar nosotros. Les enseñan a cómo irse y a quienes son los primeros que agarran”.

http://lascosas.sarandi690.com.uy/InfiltradoPlenariaCrudo.mp3

Mas gente sin trabajo La Spezia

El País    27 mar 2017
La tradicional fábrica de pastas "La Spezia", con 79 años de trayectoria, dejó de producir el pasado 18 de marzo y sus propietarios pidieron concurso

De las 120 personas que trabajan en la empresa, solamente lo sigue haciendo menos de una decena en la parte administrativa. Un grupo de trabajadores se manifestó ayer frente a la casa de uno de los propietarios y frente al local de la empresa en Libertad y Bulevar España.

Leonardo Saldías, uno de los trabajadores, dijo a El País que la empresa ya anunció que difícilmente pague los salarios de marzo, y adeuda aguinaldos y las licencias de los años 2015 y 2016. Los trabajadores no han sido enviados todavía al seguro de paro. Según Saldías, la sindicatura del concurso quiso vender la marca por separado por una cifra que hubiese cubierto solamente el 10% de la deuda que ronda unos $ 70 millones. Según Saldías, al sindicato le interesa mantener la unidad productiva intacta, pero la empresa trasladó los bienes inmuebles de la firma a otra sociedad anónima (entre ellos está la maquinaria utilizada para fabricar pasta) por lo que no podrían ser embargables.

Según Saldías, la empresa llegó a la actual situación como consecuencia de una administración deficiente. La empresa es propiedad de inversionistas nacionales que en los últimos años intentaron, sin éxito, buscar socios extranjeros. Un restaurante del mismo grupo económico, cerró hace años.

Está prevista, en principio, la realización de una junta de acreedores el próximo día 30. La decisión final sobre su realización será del Poder Judicial.

La empresa contaba con 20 puntos de venta en Montevideo y Maldonado y en las cadenas Disco y Devoto. Aunque la competencia en el sector es intensa, tenía un reconocimiento por su larga trayectoria, señaló Saldías. Los trabajadores ya pusieron al tanto de la situación al Pit-Cnt y al sindicato del sector de los molinos que ha realizado movilizaciones de apoyo. Los trabajadores creen que "La Spezia" es viable, dijo Saldías.

| Lunes 27 • Marzo • 2017

Cerró La Spezia: le debe más de 40 millones de pesos al BPS

El 18 de marzo La Spezia cerró su fábrica y principal local de ventas -ubicado en Libertad y Bulevar España-, la sucursal de Maldonado y los 21 puntos de venta que tenía en las cadenas de supermercados Disco y Devoto. Los trabajadores se movilizaron ayer, poco antes del mediodía, en las puertas de la fábrica y entregaron volantes a quienes pasaban por el lugar. Gran parte de la suerte ya está echada; la empresa está en concurso judicial y el jueves 30 habrá una junta de acreedores. Aunque tienen prioridad, seguramente los trabajadores no cobren todo lo que se les debe, porque la empresa adeuda mucho más que lo que puede pagar.

La firma tiene 120 trabajadores que, además de quedar sin trabajo, por ahora no cobrarán el sueldo de marzo, ni los impagos anteriores, como licencias, salarios vacacionales y aguinaldos. La gran mayoría, 90%, son mujeres, y varias de ellas son madres jefas de hogar, explicó a la diaria una integrante del sindicato de trabajadores de La Spezia.
La empresa pasó a concurso en agosto de 2016, y en setiembre el Juzgado de Concurso de Segundo Turno designó como síndico a Mario Soca. Soca fue quien determinó, el 18 de marzo, el cierre de la empresa.
Según los trabajadores, hacía tres años que la empresa no aportaba al Banco de Previsión Social (BPS), al que le debe 47 millones de pesos; a la Dirección General Impositiva le debía 15 millones de pesos, y tiene deudas con casi todos los bancos, salvo el Banco República, dijeron los trabajadores, que estiman una deuda total de la empresa de 3.000.000 de dólares.
En diálogo con la diaria, Soca confirmó que el BPS es el mayor acreedor y, si bien dijo no recordar de memoria la cifra, señaló que son más de 40 millones de pesos. El jueves 30 será la junta de acreedores, que analizará la propuesta de convenio hecha por la empresa. Soca detalló que si es aceptada se buscará el pago de la fórmula convenida, pero que “en caso contrario, comienza un nuevo proceso de liquidación, proceso que implica un llamado a la venta en bloque”. Pero no hay plata para todos. “Los bienes que tiene la empresa son muy inferiores al monto del pasivo. Aproximadamente hay una relación de casi tres a uno: tres de pasivo a uno de activo”, dijo el síndico. En cuanto a las deudas con los trabajadores, Soca señaló que son los primeros que aparecen; al preguntarle si podrán cobrar la totalidad, respondió que “algo van a cobrar”, pero advirtió que “sin saber el destino definitivo [del concurso] son especulaciones que hacemos, pero parece difícil que cobren el 100%”.
Los inmuebles de la empresa no están a nombre de Cinque Terre SA (razón social de La Spezia), pero el síndico comentó que los administradores de la empresa presentaron un escrito en el expediente en el que mencionan acciones en una sociedad anónima que sería propietaria de un inmueble, algo que se analizará.
Gestión en cuestión
Los trabajadores aseguran que la empresa quebró por la mala administración de sus dueños. Fue fundada en 1938, la hizo célebre Roberto Speranza y luego el negocio fue continuado por sus hijos Ismael y Juan Pablo (ex presidente de la Cámara Industrial de Alimentos). La vocera del sindicato, Mariana Pereira, aseguró que la empresa “llegó al punto que llegó por una mala administración; ellos nunca asumieron ninguna culpa, siempre le echan la culpa al país, a las crisis, al sindicato”. “En el sindicato no estábamos tomando medidas, pasamos a un diálogo junto con la Federación [de Obreros y Empleados Molineros y Afines], hubo mucho diálogo con los dueños. Pero ni siquiera estábamos al tanto de la deuda, desde 2012 que no hacían nuestros aportes al BPS”, explicó. Otro de los errores, según los trabajadores, fue pedir préstamos “para hacer inversiones que eran inviables” e “iban a los bancos y pedían préstamos, pero nunca lo invirtieron en ningún proyecto, ni siquiera en maquinaria”. La trabajadora comentó que en el concurso sobrestimaron el valor de la maquinaria y los camiones, y que había años en que no invertían en nada. Además, denuncian los sueldos astronómicos. Había vendedoras en puntos de venta en los supermercados, pero había también supervisoras y un gerente de supervisoras que ganaba alrededor de 100.000 pesos, cuando una vendedora o una cajera cobraba 16.000 pesos en la mano (presentismo incluido) por 44 horas semanales. Estiman que entre gerente general de la planta, gerente de supervisores y supervisoras de puntos de venta se iban 500.000 pesos mensuales.
Hace cuatro meses el síndico mandó a seguro de desempleo a nueve trabajadores de producción, que quedó con cinco personas. “Estábamos produciendo con cinco personas, con un sacrificio enorme. Nunca hicimos movilización ni medidas de paro. La peleamos y seguimos trabajando y produciendo. Las chiquilinas de las cajas iban a hacer producción para que la empresa llegara activa al llamado [a concurso], ahora está totalmente desmembrada”, explicó Pereira.
El 29 los trabajadores volverán a la Dirección Nacional de Trabajo. Están desconformes porque el síndico envió a concurso el salario de marzo, y ellos no podrán cobrar en abril. Por otra parte, dudan de si contarán con seguro de paro en abril, puesto que para eso tendría que haberlos enviado antes del 10 de marzo; Soca aseguró que podrán tener el seguro en abril.
Consultado sobre la responsabilidad que les cabe a los empresarios, Soca respondió que cuando finalice la junta de acreedores la ley de concurso establece un expediente de calificación en la que el juez analizará si el propietario de la empresa “es casual o culpable” del concurso. En el hipotético caso de que fuera declarado culpable se analiza la conducta de los administradores y pueden ser pasibles de algunas responsabilidades”.

AM