En deuda con la justicia

Falta de voluntad política, un Poder Judicial conservador, militares defensores de la dictadura que ascendieron en democracia: trabas para que avancen los procesos judiciales que describen el abogado Pablo Chargoñia y la ex fiscal Mirtha Guianze.

Por Adrián Pérez


En su segundo arribo al Palacio Estévez, Tabaré Vázquez, saludó el 1 de marzo de 2015 con fervor a Uruguay por los 30 años ininterrumpidos de democracia: en ese período, el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad en los crímenes de la dictadura de un Estado que no supo, no pudo o no quiso encarar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Una conquista, la democracia, golpeada por las amenazas del Comando Barneix a defensores de derechos humanos, intimidaciones que salpicaron al ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz. PáginaI12 visitó a la ex fiscal Mirtha Guianze y al abogado Pablo Chargoñia, dos de las 13 personas que figuran en la lista del Comando, para conversar sobre el avance de las causas judiciales y la situación de los derechos humanos al otro lado del Río de la Plata.
En el Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que monitorea los procesos de justicia relacionados con el terrorismo de Estado en Uruguay, Pablo Chargoñia –coordinador del equipo jurídico del organismo y patrocinante de 50 denuncias penales por graves violaciones a los derechos humanos– conversa con este diario. De entrada, señala que el perfil conservador del Poder Judicial uruguayo se observa en su resistencia a la aplicación del derecho internacional. Afirma que dos ministros de la Suprema Corte desconocen el valor de la sentencia Gelman al negarse a considerar que aquellos crímenes son de lesa humanidad, por una observación acerca del principio de legalidad y de no retroactividad. “Es un abordaje que revela un escaso conocimiento del derecho internacional en función de los derechos humanos o un escaso afán de analizar adecuadamente en qué consisten los crímenes del aparato estatal y cómo se debe responder judicialmente”, considera el abogado, para quien los vínculos entre militares, la derecha y los poderes fácticos dentro de la justicia obstaculizan los avances. “Si cotejamos con el desarrollo judicial de Chile o Argentina, estamos atrasados”, evalúa.
Y advierte que la Corte está dividida: dos miembros tienen una postura más conservadora; dos definieron a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables; y recientemente se nombró a un quinto ministro, Eduardo Turrell, de quien no se sabe qué posición adoptará respecto a las causas de derechos humanos.    
En el plano político, Chargoñia dice que en su discurso del 1º de marzo, Tabaré Vázquez no mencionó una palabra sobre derechos humanos porque, probablemente, no tenía nada para decir. “La política de derechos humanos vinculada al pasado reciente sigue radicándose en los buenos discursos o en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política y el compromiso institucional estatal”, examina el abogado. Las líneas de investigación son sugeridas muchas veces por los denunciantes, afirma. En su opinión, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado en 2015 por Tabaré está integrado por personas muy honorables, pero sin personal adecuado para analizar la desclasificación de archivos militares y policiales. “Son gente con escaso peso político y con cometidos tan amplios que encontramos que no los están cumpliendo”, indica.
Entre esas deudas, el abogado dice que no ve capacidad de trabajo que contribuya al hallazgo e identificación de desaparecidos. “Por lo que sabemos, están buscando en dos lugares, sin resultados por el momento. Hace años que no se encuentran restos de desaparecidos”, dice. Por ahora se ubicó a Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
Mirtha Guianze dirige la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, emplazada en el mismo lugar donde en dictadura funcionó el Servicio de Información de Defensa y un centro clandestino al que fueron trasladados detenidos en Automotores Orletti. La ex fiscal recibe a PáginaI12 en Bulevar Artigas 1532 y anuncia que el edificio será señalizado como sitio de memoria. “En esta habitación donde estamos estuvo Macarena Gelman con la mamá, hasta que las separaron”, comenta la funcionaria.
En octubre de 2008 presentó un recurso contra la Ley de Caducidad. Un año después la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que permitía excluir a policías y militares de procesos judiciales vinculados a la dictadura. Guianze pidió el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante del Partido Comunista Nibia Sabalsagaray. El 8 de noviembre de 2010, Dalmao se convirtió en el primer militar en actividad acusado por un delito cometido por el terrorismo de Estado. A pedido de la fiscal, fue procesado con prisión por el juez Rolando Vomero. La jueza Dolores Sánchez lo condenó a 28 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Sabalsagaray. Cuando fue sentenciado, Dalmao revistaba como comandante de la División IV del Ejército, en la ciudad de Minas.
En 2011, el presidente José Mujica fue a verlo a la cárcel. “Fue lo que peor me cayó. No podía entender que el presidente visitara a un militar detenido por ese delito”, señala la ex fiscal. Dalmao falleció en 2014 en el Hospital Militar. Por esa muerte, el general Wile Purtscher amenazó a Guianze y a Vomero. “Ahora soy yo el que quiero venganza. Mi amigo ahora descansa, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz”, escribió el militar en el semanario Búsqueda. Para la funcionaria, “ellos están siempre ahí”. “Tienen ese no reconocimiento del terrorismo de Estado, piensan que actuaron bien, y ahora salió una nueva amenaza de ese Comando Barneix, que no sabemos quiénes son”, dice. “Los militares ascendieron en democracia, no hubo limpieza de los que apoyaron la dictadura”, afirma.
A Guianze le robaron una computadora en su casa de Las Piedras. Luego le sustrajeron otra de su casa de veraneo, la misma noche que preparaba la acusación contra Gregorio Alvarez, militar retirado que encabezó el último tramo de la dictadura uruguaya y que en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato especialmente agravado de 37 personas. En varias oportunidades, autos blancos con matrícula de Punta del Este se pararon frente a su casa de descanso.
En una ocasión viajaba con su marido. Pasando Rocha, rumbo a Montevideo, un vehículo oscuro los interceptó en la ruta. “Nos pechó y nos tiró a la banquina. Mi marido dio un volantazo e impidió que el auto volcara”, reconstruye Guianze. Un espejo retrovisor rompió el parabrisas y le pegó en la frente. “No vimos aparecer ni desaparecer el vehículo. Casualidad fue que detrás nuestro, después del choque, paró una camioneta de la policía. Los policías no tuvieron ni la delicadeza de anotar algo”, recuerda la ex fiscal.