Por una decisión de presidencia quitó prioridad a la búsqueda Batallón N°13 de Infantería.
López Mazz: "Hay más restos tanto en el 13 como en el 14, se sabe"
El antropólogo José María López Mazz dijo que una decisión de Presidencia quitó prioridad a la búsqueda de restos en los cuarteles y aseguró que la Operación Zanahoria fue un pacto entre civiles y militares. Para López Mazz intereses políticos afectan la investigación. Por Pablo Méndez
El antropólogo José María López Mazz lamentó el “oscurantismo” en torno a
la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y señaló que hay
algunas personas dentro de Familiares que precisan “atención urgente”.
Además, aseguró que una decisión política de Presidencia de la República
sacó de la prioridad la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos
en los cuarteles para darle prioridad al trabajo con los documentos
históricos.
“Hay más restos, se sabe, tanto en el 13 como en el 14 lo que pasa que
ha habido decisiones de otro tipo “ahora no se excava más, ahora es el
tiempo de los documentos históricos” y el tema fue perdiendo velocidad,
por los magros resultados o por esa competencia que se manotean el tema
entre grupos”, afirmó.
Por otra parte, López Mazz dijo que está “comprobado” que la Operación
Zanahoria existió y expresó su confianza en la versión que señala que se
trató de un pacto entre civiles y militares, entre el período de
transición y los primeros años de democracia.
“El tema de la Operación Zanahoria se pudo demostrar, aunque nunca ha
habido un debate público, yo estoy a la orden para discutir esto. Es
información histórica demostrar la voluntad sistemática del ocultamiento
de cuerpos, hasta entrada la democracia, se seguían escondiendo
cuerpos, la existencia de la Operación Zanahoria muestra la existencia
de un pacto entre civiles y militares, de acondicionar la entrada a esa
transición de Sanguinetti. No lo digo yo, hay militares que lo dicen en
libros, los civiles se quieren lavar las manos pero yo hablé con
muchísimos oficiales que han dicho que eso existió”, afirmó el
antropólogo.
“Ahora el tema está en una persecución ideológica que se fue del carril,
es un tema muy complicado y todo el mundo es muy pudoroso. Creo que en
tres años guardé un silencio respetuoso, pero ya es una cosa que tenemos
derecho a saber qué pasa (…) se han disputado mucho la dirección de
esto porque tiene un retorno muy fuerte los hallazgos de restos de
desaparecidos, hay fuerzas políticas que quieren salir en la foto, gente
que tiene un protagonismo, hay otro que está prendido porque tiene un
puestito, es un combo que se va armando”, afirmó.
martes, 6 de junio de 2017
lunes, 5 de junio de 2017
La coordinación criminal que el estado ampara 1
Por Roger Rodriguez
Sid-Ocoa trajo y fusiló a los “5 de Soca” 1974: LA COORDINACIÓN CRIMINAL
Roger Rodriguez·
Viernes, 2 de junio de 2017
primera parte
La coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, se acordó en 1974, cuando en Argentina todavía había institucionalidad democrática. Fue entonces que se comenzó a secuestrar y trasladar exiliados, que luego serían presos, ejecutados o desaparecidos. En cada país hubo un grupo de agentes policiales o militares entrenados en la tortura y el homicidio. Figuraban en sus embajadas como agregados militares o agentes de narcóticos y operaban con los funcionarios locales contra los opositores a sus dictaduras.
En Uruguay, fueron los mismos represores del SID y de la OCOA los que secuestraron ese año a Antonio Viana Acosta en Buenos Aires, los que acribillaron a ‘‘las pibas de abril’’ en la calle Mariano Soler, los que desaparecieron a Washington Barrios luego de secuestrarlo en La Plata, los que mataron en la tortura a Iván Morales cuando volvió a Montevideo a conocer a su hijo, los que ejecutaron a Latrónica, Banfi y Jabif en Argentina, los que entregaron al niño Amaral García y trajeron para fusilar a los cinco de Soca.
La investigación periodística realizada a lo largo de varios años y para diferentes publicaciones, permite hoy exhibir pruebas y documentos que señalan a los responsables, con nombre y apellido, de tanto crimen impune. Una fundamental prueba de cargo la constituye el hallazgo de una edición certificada del censurado periódico argentino “El Auténtico”, el que en 1975 reveló las actas de una reunión de coordinación represiva regional realizada en Buenos Aires en enero de 1974, veintidós meses antes del encuentro de Chile donde nació el “Plan Cóndor”
A partir de ese documento, se puede reconstruir lo ocurrido en el Cono Sur desde principios de los años 70, cuando los dictadores Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile y Juan María Bordaberry de Uruguay, pactaron con la “Triple A” el exterminio de todo lo que consideraran “subversivo” bajo la lupa de una “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que ya se había instalado en Argentina antes de que Juan Domingo Perón volviera y asumiera la Presidencia a fines de 1973. La semilla se había plantado antes...
1) GÉNESIS: APRENDER A TORTURAR
El 8 de setiembre de 2008, en el diario ‘‘La República’’ se publicó un artículo que narraba la génesis de este proceso represivo bajo el título: “1974: la conexión con la Triple A de Gordon y la Federal argentina” (http://www.lr21.com.uy/politica/329968-1974-la-conexion-con-la-triple-a-de-gordon-y-la-federal-argentina). Allí se decía:
Con la guerra fría, Estados Unidos estableció como un objetivo el control de su "patio trasero" latinoamericano. Los aparatos de inteligencia policial formados en la región luego de la guerra mundial pasaron a ser capacitados por instructores de la Agencia para el Desarrollo ante la revolución cubana.
Dan Mitrione pasó por Brasil antes de llegar a Uruguay, donde Estados Unidos tenía una fuerte central de espionaje, según confesaron los ex agentes Philippe Agge (“La CIA por dentro”) y Manuel Hevia (“Pasaporte 1333”). En los sesenta, el "puesto de escucha" de Montevideo ya coordinaba con la Guardia Metropolitana, a cargo del coronel Amaury Prantl.
Los métodos de "interrogación" que el instructor del FBI enseñó a las fuerzas policiales uruguayas, la norteamericana School of Américas (SOA) los enseñó a las generaciones de militares que desde los años sesenta realizaron cursos de inteligencia y contrainsurgencia en la base "Fuerte Amador" de Panamá. (ver http://www.lr21.com.uy/politica/206...)
La teoría de "contrainsurgencia" había sido establecida por el general francés Paul Aussaresses durante la guerra de Argelia (1954-62), que dirigió el teniente coronel Roger Trinquier. Ambos dieron "clases" en la Escuela de Guerra de Brasil y la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos adoptó el "método".
En julio de 1969, la dictadura brasileña puso en práctica la "Operación Bandeirantes" en la que militares, policías y la federal DOPS coordinaron al "estilo francés" el secuestro, tortura y muerte de cientos de opositores, en lo que sería un antecedente del Plan Cóndor.
Los comandos franceses Patrice de Naurois y François-Pierre Badie fueron instructores de la Escuela de Guerra de Argentina, donde uno de sus mejores alumnos fue el luego general Ramón Camps, quien tendría a su cargo la jefatura de la Policía Federal luego del golpe de Estado de 1976.
2) REPRESIÓN INSTITUCIONAL
En el artículo se investigó cómo, en Uruguay, los represores habían mutado desde el Escuadrón de la Muerte a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Lo mismo que en Argentina ocurriría desde la Triple A a los Grupos de Tareas de la dictadura en 1976. Una metamorfosis que, amparada en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, institucionalizaba el secuestro, la tortura y el asesinato:
El Escuadrón de la muerte que actuó en Uruguay a principios de los setenta (…), tuvo como profesores, además del norteamericano Dan Mitrione, al brasileño Sergio Paranhos Fleury, represor del DOPS, y a dos "franceses" que aún no han sido identificados.
El agente norteamericano Dan Mitrione, de blanco, y sus "alumnos" en la puerta del DOPS de Porto Alegre.
La metodología parapolicial practicada por el "Escuadrón" antes de la sangrienta jornada del 14 de abril de 1972 pasó desde entonces a ser practicada por los mismos policías y militares que, ahora uniformados, se sumaron a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Con el golpe de Estado de 1973, la represión y la tortura sistemática, que Zelmar Michelini denunciaba en el Senado, ya no tuvo control parlamentario y desde el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) se trazaron las líneas que el Servicio de Información y Defensa (SID) practicaría luego en el exterior.
Las primeras coordinaciones represivas con Chile y Argentina fueron realizadas por las fuerzas policiales uruguayas, que luego serían desplazadas por los efectivos militares quienes, primero como agregados militares, terminaron protagonizando las operaciones de secuestro, traslado, muerte y desaparición.
El 1º de octubre de 1973, tras el golpe de Estado en Chile, un grupo de uruguayos fue detenido cuando huyó a Argentina, donde había renunciado el presidente Héctor Cámpora e interinamente gobernaba Raúl Alberto Lastiri, quien sólo doce días después entregaría el gobierno a Juan Domingo Perón.
Los uruguayos estuvieron presos dos semanas en Ezeiza y los expulsaron por sugerencia del jefe de Seguridad Federal, teniente coronel Jorge Oscar Montiel, quien advirtió al director de Migraciones, Justo Gnavi, que afectaban la "seguridad nacional". Uruguay, Chile y Argentina intercambiaron "antecedente". (ver documento adjunto)
En octubre de 1973 ya había "Doctrina de la Seguridad Nacional" en Argentina.Los uruguayos estuvieron presos dos semanas en Ezeiza y los expulsaron por sugerencia del jefe de Seguridad Federal, teniente coronel Jorge Oscar Montiel, quien advirtió al director de Migraciones, Justo Gnavi, que afectaban la "seguridad nacional". Uruguay, Chile y Argentina intercambiaron "antecedente". (ver documento adjunto)
3) HUBO COORDINACIÓN DESDE 1974
En aquel artículo de ‘‘La República’’, se incluyó un dato fundamental para comprender la represión coordinada que se desató desde principios de 1974, cuando Argentina, aún en democracia, se convirtió en un coto de caza sobre exiliados de los países vecinos, del que participaban la “Alianza Anticomunista Argentina” (Triple A) y agentes de las dictaduras de la región:
Antes de asumir Perón, el presidente (Alberto) Lastiri impulsó la derechización del régimen, asesorado por su pariente José López Rega, quien en 1973 comienza a formar la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), al mando del comisario Alberto Villar, subjefe de la Policía Federal.
En enero de 1974 se desarrolla en Buenos Aires una reunión definitiva de coordinación a la que asisten Villar, un general de Carabineros chileno (sería el general Manuel Contreras), un boliviano y el inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) uruguaya.
El Inspector Principal Víctor Castiglioni, ya coordinaba en 1974 con represores argentinos, bolivianos y chilenos.
El militar chileno propuso entonces que se integraran militares como agregados de seguridad en las embajadas para coordinar con las policías locales, formar una central de información común al estilo Interpol, el intercambio de presos, un canal de comunicación segura e intercambio de becas de “entrenamiento”.
La propuesta chilena, tres meses antes de que Contreras creara formalmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), manejaba los mismos argumentos que en octubre de 1975 se confirmarían en Santiago de Chile cuando los militares de la región constituyeron la coordinación represiva llamada “Cóndor”.
El representante boliviano, en nombre de la dictadura del general Hugo Banzer, pidió que “los elementos marxistas que están en los diversos países sean internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de los mismos hacia las zonas fronterizas”, dice la versión taquigráfica de la reunión.
Castiglioni expresó: “Lo que yo iba a proponer está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (…), reiteraríamos el ofrecimiento (…) de mantener acá, en forma permanente, a uno o más funcionarios (…) colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente”.
4) EL EJEMPLAR PERDIDO DE “EL AUTÉNTICO”
Las actas de aquella reunión fueron publicadas en diciembre de 1975 por el periódico “El Auténtico” cuyas ocho únicas ediciones son una denuncia contra la represión política y sindical del momento, e incluyen tres artículos sobre las operaciones de la “Triple A” y sobre quiénes eran sus integrantes. La versión taquigráfica de la reunión de coordinación contra los exiliados entre representantes de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, se publicó en la séptima edición del quincenario.
En 1975 se denunciaba el exterminio que en Argentina se producía antes del golpe de Estado de 1976. El director de "El Auténtico" fue asesinado frente a su familia.
El director del periódico, Domingo Zabala Rodríguez (“el Colorado”) terminó siendo ejecutado el 22 de setiembre de 1976 frente a su familia en la puerta de su domicilio en Buenos Aires, y su esposa, Olga Irma Cañueto, fue secuestrada ese día y permanece desaparecida. Su hija Yamila, radicada hoy en la ciudad de Mar del Plata, es una luchadora por los derechos humanos. La publicación “desapareció” de toda hemeroteca.
Ni su propia familia pudo conservar una colección de “El Auténtico” cuyo contenido fue recordado a mediados de los años 90 en una web sueca. Durante la investigación periodística, se pudo finalmente localizar una colección de aquella impresión perdida en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI) en Argentina, cuyo director, Horacio Tarcus, certificó la autenticidad de la publicación. (Ver certificado)
Facsímiles de esos ejemplares fueron presentados ante la Tercera Corte de Asís en Roma, cuando se realizó el juicio contra el Plan Cóndor, para evidenciar que las víctimas italouruguayas habían sido fichadas desde 1974, como consecuencia de la coordinación represiva acordada a principios de ese año.
Certificado de autenticidad del ejemplar de "El Auténtico" presentado en el Juicio de Roma
“Representante de Chile (general X de Carabineros): “La Delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias: Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (…) cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el encargado de Seguridad de cada país o los varios organismos locales… Segunda Ponencia, en forma similar a lo que tienen Interpol en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requiero datos de individuos que son marxistas… Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente (…) que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquier de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente una invitación formal… Cuarta Ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. (…) A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad, y uno directo entre los Servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores… Quinta Ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos… Sexta Ponencia, un álbum (de fotos)…
5) ACTAS DEL PLAN EXTERMINIO
En los párrafos textuales que de las actas transcribió “El Auténtico” en su ejemplar del 10 de diciembre de 1975 (cuando todavía se desconocía que un mes antes se había acordado el Plan Cóndor en Chile), se lee:
“Representante de Chile (general X de Carabineros): “La Delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias: Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (…) cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el encargado de Seguridad de cada país o los varios organismos locales… Segunda Ponencia, en forma similar a lo que tienen Interpol en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requiero datos de individuos que son marxistas… Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente (…) que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquier de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente una invitación formal… Cuarta Ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. (…) A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad, y uno directo entre los Servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores… Quinta Ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos… Sexta Ponencia, un álbum (de fotos)…
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Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “¿Alguien tiene que expresar alguna otra proposición?
Representante de Bolivia: “La delegación de Bolivia sugiere que todos los elementos marxistas que están en los diversos países sean internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de los mismos hacia las zonas fronterizas”
Representante de Uruguay (Inspector General Castiglione): “Lo que yo iba a proponer ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros. Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente”…
Agregados que simulaban ser agentes de narcóticos para operar en Argentina. ¿Qué militares y policías viajaron a Buenos Aires en 1974?
Agregados que simulaban ser agentes de narcóticos para operar en Argentina. ¿Qué militares y policías viajaron a Buenos Aires en 1974?
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de SSF) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglione, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile, si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy…” (…)
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “La ponencia que vamos a hacer el gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos, que les impida viajar a través de ‘‘La República’’ y estar en zonas de fronteras. Con respecto a las becas, cuenten con ellas… Los álbumes se están confeccionando… En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras… Ha sido aprobado por nuestro gobierno el Agregado Policial, que será denominado Agregado Legal, para darle una cobertura… Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o Subjefatura o bien con la Superintendencia de Seguridad Federal, diciendo que viene alguien, podemos decir que viene una comisión de narcóticos, ¿qué les parece? Una “comisión de narcóticos” viaja rumbo a ésa, y así ya sabemos nosotros de qué se trata…”
El delegado chileno quiso saber de todas maneras cómo se manejarían esos correos...
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “Señor general, yo creo que una buena cobertura sería darle un pasaporte diplomático, y que se traslade de embajada en embajada… Técnicamente se van a entender con la Superintendencia de Seguridad Federal, que es el organismo especializado en Inteligencia. Luego que el correo viene de la embajada y está dentro de territorio argentino, queda sujeto a la seguridad de nuestra policía, es decir que se alojaría con todo el hospedaje sin cargo y ya trabajaría directamente con ellos, ya sea en la calle, en las brigadas, ya sea llevando los nuevos sistemas del modus operandi que puedan aparecer, el movimiento de ciudadanos chilenos, bolivianos o de otros países que están moviéndose acá” (…) “No sólo tenemos que prestar atención a los ciudadanos de nuestros países, sino también a los cubanos, checoslovacos, alemanes o de cualquier nacionalidad para que el archivo sea lo más completo posible”.
6) EL VIA CRUCIS DEL NEGRO VIANA
En una entrevista publicada el 14 de setiembre de 2008 en ‘‘La República’’, el uruguayo Antonio Viana Acosta narró (http://www.lr21.com.uy/politica/331384-el-via-crucis-del-negro-viana-acosta) la terrible situación que sufrió cuando se transformó en la primera víctima uruguaya de traslado ilegal en aquella coordinación represiva de 1974. Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof también han registrado en sus libros lo padecido por el “Pantera negra”…
Antonio Viana Acosta, sobreviviente del primer traslado de la coordinación represiva.
Sólo días después de aquella reunión de Buenos Aires, Viana fue detenido, torturado, trasladado en un avión de PLUNA y vuelto a torturar en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia policial, antes de derivarlo a su natal Rocha, donde otra vez sufrió apremios, fue enviado a la División de Ejército IV en Minas donde lo golpeó el propio general Gregorio Álvarez y finalmente fue procesado por la Justicia Militar. En la investigación periodística se resumía:
Viana Acosta, en entrevista con LA REPUBLICA, narró que trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social argentino, que dirigía José López Rega. El 21 de febrero lo detuvieron miembros de la patota del comisario Alberto Villar, jefe de la Triple A. Lo llevaron a Coordinación Federal (“Coordina”) donde fue torturado por los uruguayos Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida, Manuel Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere (que viajaba periódicamente por la empresa Arco) y Carlos Calcagno, quienes ya operaban en Argentina.
Permaneció en la cárcel de Devoto, hasta que por un habeas corpus presentado por abogados enviados por Zelmar Michelini, terminó siendo “blanqueado” y trasladado a Aeroparque por el jefe de interrogadores Juan Carlos Lapuyole (“El francés”), quien lo hizo abordar el vuelo 158 de Pluna (que piloteaba un ex oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya), para llevarlo a Montevideo donde lo aguardaba personal de inteligencia policial.
Antonio Viana fue llevado en abril al Batallón Nº 12 de Rocha, donde ya había estado preso antes de radicarse en Argentina. Allí volvió a torturarlo el oficial Pedro Enrique Buzó y el mayor José Gavazzo, quien lo interrogó particularmente sobre Washington Barrios, de quien pocos días antes habían sido asesinadas su esposa Silvia Reyes (19) y sus amigas Laura Raggio (19) y Diana Maidanick (21). Terminó en la sede de la División Ejercito IV en Minas, donde el propio “Goyo” Álvarez lo interrogó a punta de fusta sobre Washington Barrios.
Viana fue finalmente procesado en octubre de 1974 y recluido en el Penal de Libertad hasta 1981. Su testimonio confirma hoy un nexo entre sus captores y torturadores con las muertes de Reyes, Raggio y Maidanick y el caso de Washington Barrios, quien fue detenido el 17 de setiembre de 1974 en Córdoba, permaneció preso en “Coordina” y llevado a La Plata, antes de ser entregado a los uruguayos en febrero de 1975, cuando despareció y según un parte policial “se dio a la fuga”. Pudo haber sido trasladado a Uruguay.
Ver parte 3
Ver parte 4
Un asesino anda suelto
El capitán (r) Armando Méndez
El transcurso del tiempo, como es sabido, beneficia a los responsables penales y hace ilusoria a la justicia.
Humberto Pascaretta era dirigente sindical de AUTE y de la CNT, delegado de la Central Batlle.
Al igual que muchos compañeros y compañeras fue varias veces encarcelado y perseguido por su militancia en AUTE, y en 1975 fue destituido de UTE.
Consiguió trabajo en la papelera CICSA, donde la patronal lo denunció y entregó a los militares.
En momentos en que se encontraba en su domicilio, un 4 de mayo de 1977, junto a su esposa e hija (Irene), irrumpe un grupo de aproximadamente siete personas vestidas de civil quienes se identifican como militares. Es secuestrado y retenido ilegalmente en la Compañía de Contra-informaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ubicada en los fondos del edificio del Comando General del Ejército, sobre la calle Garibaldi en Montevideo, es torturado y asesinado por agentes de contrainteligencia del Ejército. Falleció el 4 de junio de 1977 producto de las torturas recibidas, y los militares le entregaron el cadáver a su esposa.
El responsable de los interrogatorios era el capitán Armando Méndez quién fuera Director de Aduanas durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle. Propietario de una empresa de Seguridad y de Limpieza de largo vínculo con UTE y en el Banco de Seguros del Estado a través de la empresa ADA SRL.
HUMBERTO PASCARETTA VIVIRÁ SIEMPRE EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE UTE!!!
Saludos
Gabriel Soto
A los 22 años, Méndez era oficial de inteligencia. Integraba la Operación Comando Antisubversiva (OCOA), un organismo creado por las Fuerzas Conjuntas para desarticular a los tupamaros.
Aunque era muy joven, tenía una creciente influencia y prestidio en el entorno militar. Era uno de los oficiales que había viajado a Panamá para tomar cursos en la Escuela de las Américas por donde pasaron todos los halcones de las dictaduras latinoamericanas. Allí recibió instrucción sobre antiinsurgencia y perfeccionó las técnicas de interrogatorios.
Méndez era uno de los preferidos del coronel Ramòn Trabal, el verdadero cerebro detrás de la caída de los tupamaros y uno de los militares del “ala peruanista” que impulsaba la caída de Bordaberry y su sustitución por un gobierno de facto con fuerte impulso socialista.
Méndez se hizo conocido al ingresar Servicio de Inteligencia (S2) y junto con otro oficial, Menotti Ortíz del Puerto. Un informe del periodista Roger Rodríguez les atribuye responsabilidad en la muerte de Rosendo Fachinelli en el batallón Florida.
Durante su gestión en el OCOA, según denuncian las organizaciones de Derechos Humanos, se produjeron decenas de muertes en distintos batallones, entre ellas la de Nibia Sabalsagaray -por la que fue procesado el General Miguel Dalmao- y la de Aldo Perrini, un hombre que no tenía nada que ver con la guerrilla. Oriundo de Carmelo, Perrini era propietario de una heladería y simpatizante del Frente Amplio.
En los 90, Méndez tuvo actuación pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Fue director de Aduanas y se enfrentó con las mafias del contrabando. Pero como todos los jerarcas que pasaron por esa unidad del Estado terminó yéndose sin vencer al enemigo.
Años después reapareció públicamente como empresario en el rubro de la seguridad privada. También ha sido propietario de empresas de limpieza. En estos días se informó que pasa gran parte de su tiempo en Miami, donde también tiene empresas.
Todos los perfiles sobre él coinciden en que Méndez ha sido un afortunado en la vida. En 1970 ganó el premio mayor de una rifa del Hospital Pereira Rossell que le permitió gestionar un campo de 1,000 cuadras cerca de Montevideo.
En 1977, ingresó a la compañía de Contrainformaciones del Ejército. Un exsoldado, Hugo García Rivas, lo acusa de la muerte del militante Humberto Pascaretta en su libro “Memorias de un extorturador”.
Pascaretta trabajaba en una empresa de capitales estadounidenses y su muerte “fue un favor para la embajada”, según Caras & Caretas.
Para entonces su mentor, el coronel Trabal fue asesinado en París en circunstancias extrañas. Según los tupamaros, en manos de su excompañeros militares. Según los militares, por un comando tupamaro en el exterior.
En los últimos años del llamado “proceso cívico-milutar” tuvo discrepancias con el expresidente Gregorio Álvarez. Los separó el Operativo Conserva, un caso de corrupción denunciado en 1982.
Esto determinó su salida oficial como funcionario de la dictadura, aunque siguió en las Fuerzas Armadas. Antes había estado en la Cárcel de Mujeres por un breve lapso.
La democracia lo encontró bien consolidado como oficial de rango medio. Fue ascendido a Teniente Coronel en plena democracia, en 1986.
Las cartas enviadas por Amodio recuerdan la fugaz asociación entre ambos. En algunas de esas salidas murieron personas.
Uno de los casos más significativos fue el de Washington Barrios, un hombre que integraba los grupos de apoyo al MLN-T.
Desde su puesto de trabajo en Alíscafos Belt traficaba personas y dinero para la guerrilla.
Barrios fue secuestrado en una casa de Aires Puros. Allí murieron Su esposa Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio. Todas eran menores de 20 años. En ese operativo murió también el policía Dorval Márquez, recuerda una nota de Caras y Caretas publicada en mayo de 2013.
“Somos llevados directamente a la sala de interrogatorios y torturas. Nos estaquean a los tres y comienzan a aplicarnos magnetos (…). En la primera media hora murió Walter Arteche y, al poco tiempo, Gerardo Alter de esto fui testigo directo”
, declaró ya en democracia el tupamaro Jorge Selves.
Los tres habían sido detenidos, el 19 de agosto de 1973, en Camino Carrasco y Veracierto, cuando realizaban un contacto como integrantes del MLN-Tupamaros, y luego trasladados al Batallón Florida, donde padecieron las torturas.
En ese cuartel operaba el entonces capitán, Armando Méndez, como miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Entre sus tareas de inteligencia, se encontraba la de planificar y dirigir interrogatorios de detenidos políticos.
El militar y represor Antraning Ohanessian declaró el 6 de setiembre de 1973 ante el juez Militar de Instrucción de primer turno, coronel Hermes Sosa Illa:
“El día 19 de agosto a la hora 0930 se concurrió a Veracierto y Camino Carrasco lugar donde iban a realizar un contacto las personas de alias “Gustavo”, “Marcos” y “El Pato”. Se realizó el contacto y fueron detenidas estas personas y llevadas al Batallón de Infantería Nº 1 donde se le sometió en forma apresurada los interrogatorios primarios con la finalidad de detectar sus próximos contactos locales y personas ocultas o ‘enterraderos”, admitió.
La versión oficial de la dictadura señala que Arteche aceptó conducir a los militares a un escondite tupamaro en las cercanías del Frigorífico Nacional, en el Cerro. Y que al pretender escapar fue alcanzado por una bala que terminó con su vida.
Este relato fue apañado por el médico forense, José Mautone: “Herida de bala (corazón)”, certifica la partida de defunción.
Mautone fue el encargado de ocultar con sus certificados apócrifos, decenas de homicidios por tortura y desapariciones forzadas de detenidos políticos, según consta en varios procesos judiciales.
Armando Méndez se afilia a esta versión, pero la fiscal Ana María Tellechea entiende que de las declaraciones de testigos y de la prueba documental reunida en el expediente surgen “elementos de convicción suficiente” para solicitar el enjuiciamiento del militar retirado como responsable de homicidio cometido en interrogatorios en los que practicó la tortura. Le adjudica el agravante muy especial por haber cometido acto criminal con "especial sevicia", señalaron las fuentes a
Sudestada.
La encargada de decidir será la jueza penal de 7º turno, Adriana De los Santos.
Méndez declaró en agosto de 2015 ante la jueza, Julia Staricco, luego de que el ex tupamaro, Héctor Amodio Pérez –colaborador de la dictadura para las detenciones de miembros del MLN– sostuviera en la sede penal que le había “ordenado los papeles” a este militar que a pesar de su juventud en 1972, movía los hilos de OCOA en el Batallón Florida.
En la puerta del Juzgado y ante los micrófonos de la prensa, el ex represor Armando Méndez trató de desentenderse del asunto, sin ocultar que en el Batallón Florida, él respondía a un organismo “superior”, como lo era OCOA.
Samuel Blixen
El transcurso del tiempo, como es sabido, beneficia a los responsables penales y hace ilusoria a la justicia.
Humberto Pascaretta era dirigente sindical de AUTE y de la CNT, delegado de la Central Batlle.
Al igual que muchos compañeros y compañeras fue varias veces encarcelado y perseguido por su militancia en AUTE, y en 1975 fue destituido de UTE.
Consiguió trabajo en la papelera CICSA, donde la patronal lo denunció y entregó a los militares.
En momentos en que se encontraba en su domicilio, un 4 de mayo de 1977, junto a su esposa e hija (Irene), irrumpe un grupo de aproximadamente siete personas vestidas de civil quienes se identifican como militares. Es secuestrado y retenido ilegalmente en la Compañía de Contra-informaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ubicada en los fondos del edificio del Comando General del Ejército, sobre la calle Garibaldi en Montevideo, es torturado y asesinado por agentes de contrainteligencia del Ejército. Falleció el 4 de junio de 1977 producto de las torturas recibidas, y los militares le entregaron el cadáver a su esposa.
El responsable de los interrogatorios era el capitán Armando Méndez quién fuera Director de Aduanas durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle. Propietario de una empresa de Seguridad y de Limpieza de largo vínculo con UTE y en el Banco de Seguros del Estado a través de la empresa ADA SRL.
HUMBERTO PASCARETTA VIVIRÁ SIEMPRE EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE UTE!!!
Saludos
Gabriel Soto
A los 22 años, Méndez era oficial de inteligencia. Integraba la Operación Comando Antisubversiva (OCOA), un organismo creado por las Fuerzas Conjuntas para desarticular a los tupamaros.
Aunque era muy joven, tenía una creciente influencia y prestidio en el entorno militar. Era uno de los oficiales que había viajado a Panamá para tomar cursos en la Escuela de las Américas por donde pasaron todos los halcones de las dictaduras latinoamericanas. Allí recibió instrucción sobre antiinsurgencia y perfeccionó las técnicas de interrogatorios.
Méndez era uno de los preferidos del coronel Ramòn Trabal, el verdadero cerebro detrás de la caída de los tupamaros y uno de los militares del “ala peruanista” que impulsaba la caída de Bordaberry y su sustitución por un gobierno de facto con fuerte impulso socialista.
Méndez se hizo conocido al ingresar Servicio de Inteligencia (S2) y junto con otro oficial, Menotti Ortíz del Puerto. Un informe del periodista Roger Rodríguez les atribuye responsabilidad en la muerte de Rosendo Fachinelli en el batallón Florida.
Durante su gestión en el OCOA, según denuncian las organizaciones de Derechos Humanos, se produjeron decenas de muertes en distintos batallones, entre ellas la de Nibia Sabalsagaray -por la que fue procesado el General Miguel Dalmao- y la de Aldo Perrini, un hombre que no tenía nada que ver con la guerrilla. Oriundo de Carmelo, Perrini era propietario de una heladería y simpatizante del Frente Amplio.
En los 90, Méndez tuvo actuación pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Fue director de Aduanas y se enfrentó con las mafias del contrabando. Pero como todos los jerarcas que pasaron por esa unidad del Estado terminó yéndose sin vencer al enemigo.
Años después reapareció públicamente como empresario en el rubro de la seguridad privada. También ha sido propietario de empresas de limpieza. En estos días se informó que pasa gran parte de su tiempo en Miami, donde también tiene empresas.
Todos los perfiles sobre él coinciden en que Méndez ha sido un afortunado en la vida. En 1970 ganó el premio mayor de una rifa del Hospital Pereira Rossell que le permitió gestionar un campo de 1,000 cuadras cerca de Montevideo.
En 1977, ingresó a la compañía de Contrainformaciones del Ejército. Un exsoldado, Hugo García Rivas, lo acusa de la muerte del militante Humberto Pascaretta en su libro “Memorias de un extorturador”.
Pascaretta trabajaba en una empresa de capitales estadounidenses y su muerte “fue un favor para la embajada”, según Caras & Caretas.
Para entonces su mentor, el coronel Trabal fue asesinado en París en circunstancias extrañas. Según los tupamaros, en manos de su excompañeros militares. Según los militares, por un comando tupamaro en el exterior.
En los últimos años del llamado “proceso cívico-milutar” tuvo discrepancias con el expresidente Gregorio Álvarez. Los separó el Operativo Conserva, un caso de corrupción denunciado en 1982.
Esto determinó su salida oficial como funcionario de la dictadura, aunque siguió en las Fuerzas Armadas. Antes había estado en la Cárcel de Mujeres por un breve lapso.
La democracia lo encontró bien consolidado como oficial de rango medio. Fue ascendido a Teniente Coronel en plena democracia, en 1986.
Las cartas enviadas por Amodio recuerdan la fugaz asociación entre ambos. En algunas de esas salidas murieron personas.
Uno de los casos más significativos fue el de Washington Barrios, un hombre que integraba los grupos de apoyo al MLN-T.
Desde su puesto de trabajo en Alíscafos Belt traficaba personas y dinero para la guerrilla.
Barrios fue secuestrado en una casa de Aires Puros. Allí murieron Su esposa Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio. Todas eran menores de 20 años. En ese operativo murió también el policía Dorval Márquez, recuerda una nota de Caras y Caretas publicada en mayo de 2013.
“Somos llevados directamente a la sala de interrogatorios y torturas. Nos estaquean a los tres y comienzan a aplicarnos magnetos (…). En la primera media hora murió Walter Arteche y, al poco tiempo, Gerardo Alter de esto fui testigo directo”
, declaró ya en democracia el tupamaro Jorge Selves.
Los tres habían sido detenidos, el 19 de agosto de 1973, en Camino Carrasco y Veracierto, cuando realizaban un contacto como integrantes del MLN-Tupamaros, y luego trasladados al Batallón Florida, donde padecieron las torturas.
En ese cuartel operaba el entonces capitán, Armando Méndez, como miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Entre sus tareas de inteligencia, se encontraba la de planificar y dirigir interrogatorios de detenidos políticos.
El militar y represor Antraning Ohanessian declaró el 6 de setiembre de 1973 ante el juez Militar de Instrucción de primer turno, coronel Hermes Sosa Illa:
“El día 19 de agosto a la hora 0930 se concurrió a Veracierto y Camino Carrasco lugar donde iban a realizar un contacto las personas de alias “Gustavo”, “Marcos” y “El Pato”. Se realizó el contacto y fueron detenidas estas personas y llevadas al Batallón de Infantería Nº 1 donde se le sometió en forma apresurada los interrogatorios primarios con la finalidad de detectar sus próximos contactos locales y personas ocultas o ‘enterraderos”, admitió.
La versión oficial de la dictadura señala que Arteche aceptó conducir a los militares a un escondite tupamaro en las cercanías del Frigorífico Nacional, en el Cerro. Y que al pretender escapar fue alcanzado por una bala que terminó con su vida.
Este relato fue apañado por el médico forense, José Mautone: “Herida de bala (corazón)”, certifica la partida de defunción.
Mautone fue el encargado de ocultar con sus certificados apócrifos, decenas de homicidios por tortura y desapariciones forzadas de detenidos políticos, según consta en varios procesos judiciales.
Armando Méndez se afilia a esta versión, pero la fiscal Ana María Tellechea entiende que de las declaraciones de testigos y de la prueba documental reunida en el expediente surgen “elementos de convicción suficiente” para solicitar el enjuiciamiento del militar retirado como responsable de homicidio cometido en interrogatorios en los que practicó la tortura. Le adjudica el agravante muy especial por haber cometido acto criminal con "especial sevicia", señalaron las fuentes a
Sudestada.
La encargada de decidir será la jueza penal de 7º turno, Adriana De los Santos.
Méndez declaró en agosto de 2015 ante la jueza, Julia Staricco, luego de que el ex tupamaro, Héctor Amodio Pérez –colaborador de la dictadura para las detenciones de miembros del MLN– sostuviera en la sede penal que le había “ordenado los papeles” a este militar que a pesar de su juventud en 1972, movía los hilos de OCOA en el Batallón Florida.
En la puerta del Juzgado y ante los micrófonos de la prensa, el ex represor Armando Méndez trató de desentenderse del asunto, sin ocultar que en el Batallón Florida, él respondía a un organismo “superior”, como lo era OCOA.
Samuel Blixen
Las últimas noticias
circulantes sobre investigaciones judiciales de los delitos de la
dictadura atribuyen a la fiscal penal Ana María Tellechea una decidida
determinación de impulsar definiciones en varios expedientes sobre casos
paradigmáticos del terrorismo de Estado que involucran a varios
militares retirados, a médicos y a un psiquiatra, y que pese al
transcurso de décadas continúan impunes.
Tellechea –quien, entre
otros expedientes, impulsó el procesamiento de Juan María Bordaberry, de
los oficiales de la Fuerza Aérea Enrique Ribero y
Araújo Umpiérrez por la desaparición y asesinato de Ubagesner Chaves
Sosa, de cinco militares por la muerte de Horacio Gelós Bonilla, del
coronel Tranquilino Machado por el homicidio de Eduardo Peré, y del
general Pedro Barneix por el asesinato de Aldo Perrini– supo en su
momento esquivar la caza de brujas desatada desde la Suprema Corte de
Justicia, cuando se pretendió trasladarla de la justicia penal a la
esfera de la civil para detener los casos citados, como ocurrió con
éxito con la jueza Mariana Mota y con la fiscal Diana Salvo.
Ahora la fiscal ha
solicitado otros procesamientos de militares y de civiles que aún siguen
impunes por algunos episodios. Uno de ellos refiere a las
circunstancias de la muerte, como consecuencia de las torturas, del
tupamaro Walter Arteche, ocurrida en 1973 en el cuartel del Batallón
Florida. Durante 43 años sobrevivió la mentira montada por el entonces
capitán Armando Méndez (ex miembro del Ocoa,
colaborador estrecho del general Esteban Cristi, después –ya en
democracia– director de Aduanas, y finalmente próspero empresario) de
que Arteche había pretendido fugarse al señalar un escondite, pero que
había sido abatido de un disparo. La mentira fue corroborada por el
médico forense José Mautone, quien en el acta de defunción describió una
“herida de bala en el corazón”; Mautone es autor de múltiples
certificados forenses que encubren asesinatos mediante torturas. Del
análisis de numerosos testimonios y otros elementos de juicio, la fiscal
Tellechea concluyó que el hoy coronel retirado Méndez actuó con “especial sevicia” y fue principal responsable del asesinato de Arteche. Pidió el procesamiento a la jueza Adriana de los Santos.
Otro de los casos para los que se pide una definición, de acuerdo a un informe del noticiero de Tnu,
refiere al asesinato del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, un
simpatizante del Frente Amplio detenido en mayo de 1973 en el cuartel de
Caballería Mecanizada de Durazno. La muerte de Fernández Mendieta,
ocurrida el mismo día de su detención por su presunta –e infundada–
vinculación con “la sedición”, generó un áspero debate en una de las
últimas sesiones del Senado antes de la clausura del Parlamento, porque
era la comprobación de la aplicación sistemática de torturas, que la
mayoría blanca y colorada negaba obstinadamente. El doctor Juan José
Navarro certificó el deceso por “infarto de miocardio”, pero los
familiares de Fernández Mendieta solicitaron un reconocimiento del
cuerpo; tres médicos describieron en un informe la comprobación de
múltiples heridas y lesiones producto de la tortura. Por ese asesinato,
que algunos civiles proclives a justificar a los militares calificaban
como “excesos involuntarios en el rigor de los interrogatorios”,
fueron indagados el coronel Líber Morinelli, el coronel Raúl Ramírez, el
coronel Juan Alberto Saravia, el mayor Eilen Rodríguez, el capitán
Alberto Ballestrino, el coronel Daniel Blanco, el coronel Gustavo
Mieres, el coronel José Luis Pereira, el general Aurelio Abilleira,
todos retirados, y el doctor Juan José Navarro. Una solicitud de
clausura y archivo, por prescripción del delito, presentada por los
abogados defensores Rosanna Gavazzo, Estela Arab y Sergio Fernández, fue
finalmente rechazada y ahora se solicita el procesamiento de tres de
los indagados, entre ellos el coronel Gustavo Mieres, presidente del
Tacuarembó Fútbol Club.
Otro
asesinato en el que la fiscal Tellechea solicitó procesamientos a la
jueza Adriana de los Santos es el ocurrido en setiembre de 1975 en el
cuartel del Regimiento de Caballería número 9, y que quedó en evidencia
cuando los familiares del tupamaro Pedro Lerena desoyeron la orden de
los militares de no abrir el féretro, que contenía el cuerpo sin vida de
quien era apodado el “Caudillo”. Supuestamente Lerena se había ahorcado
en el 9° de Caballería después de soportar durante cuatro meses la
tortura en Artillería 1 y Caballería 4. El médico Mautone verificó “ahorcamiento”,
pero el cuerpo de Lerena presentaba quemaduras en varias partes y
particularmente en los testículos y señales de haber sufrido colgaduras.
Hoy, después de 40 años, los militares retirados Julio Litoksky y
Héctor Conrado Lascano, presidente de la Organización de Fútbol del
Interior, enfrentan un pedido de procesamiento por homicidio
especialmente agravado.
Finalmente
Tellechea promovió un nuevo procesamiento del coronel retirado y hoy
encarcelado Jorge “Pajarito” Silveira por torturas sistemáticas
aplicadas al periodista Rodolfo Porley. En el juzgado, cuando fue
interrogado, Silveira negó las acusaciones y dijo que eran todas
mentiras, que quienes lo acusaban lo hacían por dinero; el argumento
seguramente no será tenido en cuenta. En el mismo expediente se pidió el
procesamiento del sargento primero Ibáñez, alias el “Cuervo, quien
asistía a los oficiales torturadores en un galpón del Servicio de
Materiales y Armamentos del Ejército, donde funcionó el “Infierno
Grande”. En la causa también se procesaría a un civil por delitos
continuados de torturas. Se trata del psiquiatra Martín Gutiérrez, por
entonces médico militar, a quien numerosos ex presos políticos
identificaron como ejecutor de un plan para desestabilizar
emocionalmente a los prisioneros y eventualmente inducirlos al suicidio.
Desde hace dos años Gutiérrez reclama de la Universidad de la República
el reconocimiento de su cualidad de neurofisiólogo y el correspondiente
diploma por actuación documentada. Como otros tantos médicos, continuó
en el ejercicio de la profesión a pesar de haber sido investigado por un
tribunal de ética médica.
Mientras
la jueza Adriana de los Santos analiza los distintos pedidos fiscales,
la magistrada Tellechea continúa el estudio de otros expedientes,
referidos a otros casos notorios del terrorismo de Estado, como el
alevoso asesinato de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes,
conocido como “el caso de las pibas de abril”; y la indagatoria de los
“fusilados de Soca”, el primer traslado clandestino de refugiados
uruguayos a Argentina, en noviembre de 1974, y su posterior asesinato en
diciembre, como una supuesta represalia por el asesinato en Francia del
coronel Ramón Trabal.
Ondas expansivas del “archivo Castiglioni”.
No es casualidad que este empuje judicial coincida con la revelación
del contenido del llamado “archivo Castiglioni”, en particular las
sugerentes fotos, encontradas en carpetas, de la antigua chacra La
Montañesa, donde se asentó la Brigada de Artillería Antiaérea, la
antigua unidad de Artillería 1 de La Paloma, Montevideo. La presencia de
esas fotos, y algunos comentarios escritos por el propio Castiglioni,
revitalizaron la búsqueda de fosas clandestinas en ese predio militar,
donde eventualmente podrían encontrarse nuevos restos de desaparecidos.
Las excavaciones en La Montañesa se habían retomado hace unos meses,
pero ahora se redefinieron ciertas zonas en función de informes
recibidos.
En
las cajas y carpetas incautadas en el domicilio del antiguo jerarca de
la inteligencia militar aparecen también referencias a grupos y partidos
políticos perseguidos durante la dictadura, que bien pueden aportar
nuevas pistas sobre los grandes misterios de la represión durante el
terrorismo de Estado, y en particular sobre los desaparecidos. La lista
de documentos y carpetas también incluye material referido al debate
que, en democracia, se produjo en torno a la impunidad y las distintas
responsabilidades en la búsqueda u ocultamiento de la verdad. Puesto que
en el archivo Castiglioni aparecen documentos reveladores de que, en
democracia y hasta 2006, la inteligencia militar desplegó un espionaje
sobre políticos, sindicalistas, magistrados y militantes de derechos
humanos, la posibilidad de que ese espionaje (seguimientos, vigilancias,
escuchas clandestinas, fotografías) tuviera como objetivo, además,
documentar las distintas posiciones sobre la impunidad se convertiría en
una explicación de la incomprensible resistencia, en ciertos sectores
del Frente Amplio, a impulsar una comisión parlamentaria investigadora
sobre el contenido y el origen del archivo Castiglioni.
Se
ha fundamentado que indagar sobre el espionaje militar (en democracia
pero también en dictadura, porque desde comienzos de los años setenta
hasta el presente se mantuvo un enfoque de “guerra fría”, de la misma
forma que hubo una continuidad en el recambio del mando y en el ascenso
de nuevos jefes) implicaría el riesgo de destapar situaciones de
desestabilización. ¿Qué significa eso? Para
decirlo mal y pronto: pueden haber sido registradas posiciones,
opiniones, nunca confesadas; o pueden haber sido reclutados espías
“insospechados” con métodos de chantaje personal. Hasta ahora nada
confirma esos extremos, pero las resistencias quizás tengan que ver con
una afirmación del diputado rebelde Gonzalo Mujica en el periodístico En perspectiva:
un argumento aparentemente reiterado en la interna parlamentaria del
Frente Amplio es que ciertas cosas no se pueden difundir ni admitir
porque ello supondría perder las elecciones.
Pese a las resistencias,
la investigadora parlamentaria será propuesta al plenario de Diputados
el próximo martes 22. El denunciante será Luis Puig, del Pvp,
quien sugerirá los nombres de Roberto Chiazzaro (PS) y de Jorge Pozzi
(NE) para integrar la comisión preinvestigadora que analizará la
pertinencia de instalar una investigación en función de los elementos y
antecedentes que ofrezca el denunciante; la presidencia de la Cámara
designará a un tercer miembro. Cuarenta y ocho horas después, el
análisis primario de la preinvestigadora será puesto a consideración del
cuerpo. Si, como se descuenta, habrá un informe favorable, la bancada
del FA propondrá constituir una comisión de nueve miembros, cinco
frenteamplistas (Carlos Rodríguez, Mpp;
Gerardo Núñez, PC; Darcy de los Santos, PS; Felipe Carballo, 711; y un
representante de Asamblea Uruguay) y cuatro de la oposición, con la
aspiración de que estén representados los cuatro sectores: colorados,
blancos, independientes y la Unidad Popular.
Puesto
que el objetivo de investigación es el contenido del archivo
Castiglioni y confirmar la práctica de espionaje militar en democracia,
los diputados buscarán las formas de acceder a la documentación en poder
de la justicia. Después verificarán que los documentos en poder del
coronel Castiglioni referidos al espionaje son copias de documentos
oficiales de la inteligencia militar. Ello dará pistas para ubicar los
correspondientes archivos en dependencias militares. Vale la pena
señalar que si Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos obtuvo la
autorización para ingresar en los archivos del Fusna,
los legisladores no tendrían dificultades para inspeccionar otras
dependencias, en particular aquellas que guardan la documentación del
Servicio de Información de Defensa (Sid), luego Dirección General de Información de Defensa (Dgid), luego Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
El
espionaje en democracia es uno de los elementos analizados por la
organización Madres y Familiares de Desaparecidos en un comunicado que
interpela con dureza y frontalmente a los poderes del Estado y a los
partidos políticos “que miran para otro lado”, y a la “‘distracción’
de muchos que no quieren enfrentar la realidad, siguiendo la lógica de
que ‘no hay que agarrarle la cola al león porque se puede enojar’”. Familiares denuncia que “los
aparatos de inteligencia y de represión del Estado siguen operando
sigilosamente, en una suerte de continuidad desde el fin de la dictadura
hasta nuestros días”.
En el documento divulgado el 2 de noviembre se afirma que “hay una suerte de embestida presionando al poder político” por parte de las organizaciones de oficiales retirados, apoyados “desde dentro de las Fuerzas Armadas”, “para que no les toquen sus privilegios y conservar su poder”. Mencionan “los
documentos oficiales que desnudan el espionaje ilegal a partidos y
personas, realizado por los servicios de inteligencia militar en
democracia; la negativa del comandante del cuartel de Durazno a poner
una placa en memoria de Óscar Fernández; las declaraciones en Florida
del coronel (r) Hartman, y ahora las expresiones en un programa radial
del presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva,
reivindicando en todos sus términos la dictadura militar y la tortura”.
El comunicado termina afirmando: “Miedo, temor, terror, intimidación, amenazas, no construyen las bases sólidas de ninguna convivencia democrática”.
domingo, 4 de junio de 2017
El peor en 27 años
Déficit fiscal
>>> El mayor agujero fiscal en tres décadas
>>> La culpa del Gran Bonete
Por Hugo Bruchi
NOSTALGIAS: Pasan los años y el Uruguay conserva uno de sus rasgos más típicos: LA CULPA, del otro por supuesto. Ganaban los blancos y la culpa era de los colorados, aquí se inauguró la llamada "herencia maldita". Ganaban los Colorados y por supuesto esa herencia fue recibida de los Blancos. Luego le tocó turno al FA y la herencia maldita vino de los Colorados. Ahora llevan 3 gobiernos y la herencia es de Mujica según Astori dando la impresión que se trata de otro Partido en el gobierno. No me dirán que en este sentido no sabemos cuidar el patrimonio cultural.........
>>> El mayor agujero fiscal en tres décadas
>>> La culpa del Gran Bonete
Por Hugo Bruchi
NOSTALGIAS: Pasan los años y el Uruguay conserva uno de sus rasgos más típicos: LA CULPA, del otro por supuesto. Ganaban los blancos y la culpa era de los colorados, aquí se inauguró la llamada "herencia maldita". Ganaban los Colorados y por supuesto esa herencia fue recibida de los Blancos. Luego le tocó turno al FA y la herencia maldita vino de los Colorados. Ahora llevan 3 gobiernos y la herencia es de Mujica según Astori dando la impresión que se trata de otro Partido en el gobierno. No me dirán que en este sentido no sabemos cuidar el patrimonio cultural.........
No promover actos de ingerencia
>>> Declaración del Frente Amplio
El PLENARIO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO, reunido en el día de la fecha, hace suya la resolución de la Cámara de Representantes de fecha 10 de marzo en el sentido de:
“1.-Respaldar las actuaciones del Gobierno Nacional en las que se busca no aislar a Venezuela, defendiendo los principios emanados del Derecho Internacional de autodeterminación de los pueblos, apostando al diálogo como salida a los conflictos y rechazando todo tipo de violencia.
2.-Realizar un llamado al conjunto de instituciones internacionales a respetar el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y a no fomentar intentos de desestabilización ni promover actos de injerencia
3.-Rechazar la actitud que ha venido desarrollando en este tema la Organización de Estados Americanos en la figura del Sr. Secretario General, Dr. Luis Almagro Lemes, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana, sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente de la OEA
4.-Por último, convocamos a desarrollar plenamente las herramientas del diálogo político y los buenos oficios para lograr superar las diferencias existentes”. Reafirmamos así nuestro compromiso con la paz, la democracia y el progreso de los pueblos
APROBADA POR UNANIMIDAD
Montevideo, 27 de mayo de 2017
El movimiento político de izquierda insiste en su llamado a las instituciones internacional a respetar la soberanía de Venezuela.
El Frente Amplio de Uruguay emitió un comunicado sobre la resolución de la Plenaria de la fuerza política en el que pide a las instituciones internacionales respetar la soberanía de Venezuela y no fomentar los intentos de desestabilización en el país a través de actos injerencistas.
El movimiento rechazó la actuación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien insiste en su intento de "aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana (contra Venezuela) sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente" del organismo.
El Frente Amplio respaldó además los esfuerzos del Gobierno de Uruguay por impedir el aislamiento de Venezuela, "defendiendo los principios emanados del Derecho Internacional de autodeterminación de los pueblos, apostando al diálogo como salida a los conflictos y rechazando todo tipo de violencia".
El movimiento ratificó su compromiso con la paz, la democracia y el proceso de los pueblos.
Con profunda satisfacción recibimos la noticia sobre la reciente declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, aprobada por unanimidad sobre el respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.
Nuestro grupo a través de varios comunicados nos hemos sumado a la lucha interna entre los distintos sectores de la fuerza política y compartido la clara posición del PIT-CNT sobre el tema.
Sin lugar, a dudas este hecho nos imprime una renovada confianza en las bases integrantes del Plenario Nacional al oponerse a los objetivos expresos a los planes injerencistas contra Venezuela por parte de la OEA, encabezada por el peón del imperio Luis Almagro, de acuerdo a lo pactado con el Comando Sur de Estados Unidos en la “Operation Venezuela Freedom-2” .
Reiteramos nuestra convicción en la defensa de los procesos revolucionarios y progresistas en Nuestra América nos involucra en la más plena solidaridad, como parte sustancial de la ya larga lucha para conformar la unión de nuestros pueblos de la Patria Grande, en la conquista de su segunda y definitiva independencia, tal como era el sueño de los libertadores, por el que han dado sus vidas miles de compatriotas latinoamericanos.
A propósito del tema de Venezuela, adjuntamos la entrevista realizada el 12-5-17 por TELESUR a nuestro compañero secretario de Relaciones Internacionales, Brig.Gral. (R) Walter Martínez Alves.
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