Un asesino anda suelto

El capitán (r) Armando Méndez

El transcurso del tiempo, como es sabido, beneficia a los responsables penales y hace ilusoria a la justicia.

Humberto Pascaretta era dirigente sindical de AUTE y de la CNT, delegado de la Central Batlle.

Al igual que muchos compañeros y compañeras fue varias veces encarcelado y perseguido por su militancia en AUTE, y en 1975 fue destituido de UTE.

Consiguió trabajo en la papelera CICSA, donde la patronal lo denunció y entregó a los militares.

En momentos en que se encontraba en su domicilio, un 4 de mayo de 1977, junto a su esposa e hija (Irene), irrumpe un grupo de aproximadamente siete personas vestidas de civil quienes se identifican como militares. Es secuestrado y retenido ilegalmente en la Compañía de Contra-informaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ubicada en los fondos del edificio del Comando General del Ejército, sobre la calle Garibaldi en Montevideo, es torturado y asesinado por agentes de contrainteligencia del Ejército. Falleció el 4 de junio de 1977 producto de las torturas recibidas, y los militares le entregaron el cadáver a su esposa.

El responsable de los interrogatorios era el capitán Armando Méndez quién fuera Director de Aduanas durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle. Propietario de una empresa de Seguridad y de Limpieza de largo vínculo con UTE y en el Banco de Seguros del Estado a través de la empresa ADA SRL.

HUMBERTO PASCARETTA VIVIRÁ SIEMPRE EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE UTE!!!

Saludos

Gabriel Soto

A los 22 años, Méndez era oficial de inteligencia. Integraba la Operación Comando Antisubversiva (OCOA), un organismo creado por las Fuerzas Conjuntas para desarticular a los tupamaros.

Aunque era muy joven, tenía una creciente influencia y prestidio en el entorno militar. Era uno de los oficiales que había viajado a Panamá para tomar cursos en la Escuela de las Américas por donde pasaron todos los halcones de las dictaduras latinoamericanas. Allí recibió instrucción sobre antiinsurgencia y perfeccionó las técnicas de interrogatorios.
Méndez era uno de los preferidos del coronel Ramòn Trabal, el verdadero cerebro detrás de la caída de los tupamaros y uno de los militares del “ala peruanista” que impulsaba la caída de Bordaberry y su sustitución por un gobierno de facto con fuerte impulso socialista.
Méndez se hizo conocido al ingresar Servicio de Inteligencia (S2) y junto con otro oficial, Menotti Ortíz del Puerto. Un informe del periodista Roger Rodríguez les atribuye responsabilidad en la muerte de Rosendo Fachinelli en el batallón Florida.
Durante su gestión en el OCOA, según denuncian las organizaciones de Derechos Humanos, se produjeron decenas de muertes en distintos batallones, entre ellas la de Nibia Sabalsagaray -por la que fue procesado el General Miguel Dalmao- y la de Aldo Perrini, un hombre que no tenía nada que ver con la guerrilla. Oriundo de Carmelo, Perrini era propietario de una heladería y simpatizante del Frente Amplio.
En los 90, Méndez tuvo actuación pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Fue director de Aduanas y se enfrentó con las mafias del contrabando. Pero como todos los jerarcas que pasaron por esa unidad del Estado terminó yéndose sin vencer al enemigo.
Años después reapareció públicamente como empresario en el rubro de la seguridad privada. También ha sido propietario de empresas de limpieza. En estos días se informó que pasa gran parte de su tiempo en Miami, donde también tiene empresas.
Todos los perfiles sobre él coinciden en que Méndez ha sido un afortunado en la vida. En 1970 ganó el premio mayor de una rifa del Hospital Pereira Rossell que le permitió gestionar un campo de 1,000 cuadras cerca de Montevideo.
En 1977, ingresó a la compañía de Contrainformaciones del Ejército. Un exsoldado, Hugo García Rivas, lo acusa de la muerte del militante Humberto Pascaretta en su libro “Memorias de un extorturador”.
Pascaretta trabajaba en una empresa de capitales estadounidenses y su muerte “fue un favor para la embajada”, según Caras & Caretas.
Para entonces su mentor, el coronel Trabal fue asesinado en París en circunstancias extrañas. Según los tupamaros, en manos de su excompañeros militares. Según los militares, por un comando tupamaro en el exterior.
En los últimos años del llamado “proceso cívico-milutar” tuvo discrepancias con el expresidente Gregorio Álvarez. Los separó el Operativo Conserva, un caso de corrupción denunciado en 1982.
Esto determinó su salida oficial como funcionario de la dictadura, aunque siguió en las Fuerzas Armadas. Antes había estado en la Cárcel de Mujeres por un breve lapso.
La democracia lo encontró bien consolidado como oficial de rango medio. Fue ascendido a Teniente Coronel en plena democracia, en 1986.
Las cartas enviadas por Amodio recuerdan la fugaz asociación entre ambos. En algunas de esas salidas murieron personas.
Uno de los casos más significativos fue el de Washington Barrios, un hombre que integraba los grupos de apoyo al MLN-T.
Desde su puesto de trabajo en Alíscafos Belt traficaba personas y dinero para la guerrilla.
Barrios fue secuestrado en una casa de Aires Puros. Allí murieron Su esposa Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio. Todas eran menores de 20 años. En ese operativo murió también el policía Dorval Márquez, recuerda una nota de Caras y Caretas publicada en mayo de 2013.

“Somos llevados directamente a la sala de interrogatorios y torturas. Nos estaquean a los tres y comienzan a aplicarnos magnetos (…). En la primera media hora murió Walter Arteche y, al poco tiempo, Gerardo Alter de esto fui testigo directo”
, declaró ya en democracia el tupamaro Jorge Selves.


Los tres habían sido detenidos, el 19 de agosto de 1973, en Camino Carrasco y Veracierto, cuando realizaban un contacto como integrantes del MLN-Tupamaros, y luego trasladados al Batallón Florida, donde padecieron las torturas.


En ese cuartel operaba el entonces capitán, Armando Méndez, como miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Entre sus tareas de inteligencia, se encontraba la de planificar y dirigir interrogatorios de detenidos políticos.


El militar y represor Antraning Ohanessian declaró el 6 de setiembre de 1973 ante el juez Militar de Instrucción de primer turno, coronel Hermes Sosa Illa:
“El día 19 de agosto a la hora 0930 se concurrió a Veracierto y Camino Carrasco lugar donde iban a realizar un contacto las personas de alias “Gustavo”, “Marcos” y “El Pato”. Se realizó el contacto y fueron detenidas estas personas y llevadas al Batallón de Infantería Nº 1 donde se le sometió en forma apresurada los interrogatorios primarios con la finalidad de detectar sus próximos contactos locales y personas ocultas o ‘enterraderos”, admitió.


La versión oficial de la dictadura señala que Arteche aceptó conducir a los militares a un escondite tupamaro en las cercanías del Frigorífico Nacional, en el Cerro. Y que al pretender escapar fue alcanzado por una bala que terminó con su vida.


Este relato fue apañado por el médico forense, José Mautone: “Herida de bala (corazón)”, certifica la partida de defunción.

Mautone fue el encargado de ocultar con sus certificados apócrifos, decenas de homicidios por tortura y desapariciones forzadas de detenidos políticos, según consta en varios procesos judiciales.


Armando Méndez se afilia a esta versión, pero la fiscal Ana María Tellechea entiende que de las declaraciones de testigos y de la prueba documental reunida en el expediente surgen “elementos de convicción suficiente” para solicitar el enjuiciamiento del militar retirado como responsable de homicidio cometido en interrogatorios en los que practicó la tortura. Le adjudica el agravante muy especial por haber cometido acto criminal con "especial sevicia", señalaron las fuentes a
Sudestada.


La encargada de decidir será la jueza penal de 7º turno, Adriana De los Santos.


Méndez declaró en agosto de 2015 ante la jueza, Julia Staricco, luego de que el ex tupamaro, Héctor Amodio Pérez –colaborador de la dictadura para las detenciones de miembros del MLN– sostuviera en la sede penal que le había “ordenado los papeles” a este militar que a pesar de su juventud en 1972, movía los hilos de OCOA en el Batallón Florida.


En la puerta del Juzgado y ante los micrófonos de la prensa, el ex represor Armando Méndez trató de desentenderse del asunto, sin ocultar que en el Batallón Florida, él respondía a un organismo “superior”, como lo era OCOA.

Samuel Blixen

Las últimas noticias circulantes sobre investigaciones judiciales de los delitos de la dictadura atribuyen a la fiscal penal Ana María Tellechea una decidida determinación de impulsar definiciones en varios expedientes sobre casos paradigmáticos del terrorismo de Estado que involucran a varios militares retirados, a médicos y a un psiquiatra, y que pese al transcurso de décadas continúan impunes.

Tellechea –quien, entre otros expedientes, impulsó el procesamiento de Juan María Bordaberry, de los oficiales de la Fuerza Aérea Enrique Ribero y Araújo Umpiérrez por la desaparición y asesinato de Ubagesner Chaves Sosa, de cinco militares por la muerte de Horacio Gelós Bonilla, del coronel Tranquilino Machado por el homicidio de Eduardo Peré, y del general Pedro Barneix por el asesinato de Aldo Perrini– supo en su momento esquivar la caza de brujas desatada desde la Suprema Corte de Justicia, cuando se pretendió trasladarla de la justicia penal a la esfera de la civil para detener los casos citados, como ocurrió con éxito con la jueza Mariana Mota y con la fiscal Diana Salvo.

Ahora la fiscal ha solicitado otros procesamientos de militares y de civiles que aún siguen impunes por algunos episodios. Uno de ellos refiere a las circunstancias de la muerte, como consecuencia de las torturas, del tupamaro Walter Arteche, ocurrida en 1973 en el cuartel del Batallón Florida. Durante 43 años sobrevivió la mentira montada por el entonces capitán Armando Méndez (ex miembro del Ocoa, colaborador estrecho del general Esteban Cristi, después –ya en democracia– director de Aduanas, y finalmente próspero empresario) de que Arteche había pretendido fugarse al señalar un escondite, pero que había sido abatido de un disparo. La mentira fue corroborada por el médico forense José Mautone, quien en el acta de defunción describió una “herida de bala en el corazón”; Mautone es autor de múltiples certificados forenses que encubren asesinatos mediante torturas. Del análisis de numerosos testimonios y otros elementos de juicio, la fiscal Tellechea concluyó que el hoy coronel retirado Méndez actuó con “especial sevicia” y fue principal responsable del asesinato de Arteche. Pidió el procesamiento a la jueza Adriana de los Santos.

Otro de los casos para los que se pide una definición, de acuerdo a un informe del noticiero de Tnu, refiere al asesinato del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, un simpatizante del Frente Amplio detenido en mayo de 1973 en el cuartel de Caballería Mecanizada de Durazno. La muerte de Fernández Mendieta, ocurrida el mismo día de su detención por su presunta –e infundada– vinculación con “la sedición”, generó un áspero debate en una de las últimas sesiones del Senado antes de la clausura del Parlamento, porque era la comprobación de la aplicación sistemática de torturas, que la mayoría blanca y colorada negaba obstinadamente. El doctor Juan José Navarro certificó el deceso por “infarto de miocardio”, pero los familiares de Fernández Mendieta solicitaron un reconocimiento del cuerpo; tres médicos describieron en un informe la comprobación de múltiples heridas y lesiones producto de la tortura. Por ese asesinato, que algunos civiles proclives a justificar a los militares calificaban como “excesos involuntarios en el rigor de los interrogatorios”, fueron indagados el coronel Líber Morinelli, el coronel Raúl Ramírez, el coronel Juan Alberto Saravia, el mayor Eilen Rodríguez, el capitán Alberto Ballestrino, el coronel Daniel Blanco, el coronel Gustavo Mieres, el coronel José Luis Pereira, el general Aurelio Abilleira, todos retirados, y el doctor Juan José Navarro. Una solicitud de clausura y archivo, por prescripción del delito, presentada por los abogados defensores Rosanna Gavazzo, Estela Arab y Sergio Fernández, fue finalmente rechazada y ahora se solicita el procesamiento de tres de los indagados, entre ellos el coronel Gustavo Mieres, presidente del Tacuarembó Fútbol Club.

Otro asesinato en el que la fiscal Tellechea solicitó procesamientos a la jueza Adriana de los Santos es el ocurrido en setiembre de 1975 en el cuartel del Regimiento de Caballería número 9, y que quedó en evidencia cuando los familiares del tupamaro Pedro Lerena desoyeron la orden de los militares de no abrir el féretro, que contenía el cuerpo sin vida de quien era apodado el “Caudillo”. Supuestamente Lerena se había ahorcado en el 9° de Caballería después de soportar durante cuatro meses la tortura en Artillería 1 y Caballería 4. El médico Mautone verificó “ahorcamiento”, pero el cuerpo de Lerena presentaba quemaduras en varias partes y particularmente en los testículos y señales de haber sufrido colgaduras. Hoy, después de 40 años, los militares retirados Julio Litoksky y Héctor Conrado Lascano, presidente de la Organización de Fútbol del Interior, enfrentan un pedido de procesamiento por homicidio especialmente agravado.

Finalmente Tellechea promovió un nuevo procesamiento del coronel retirado y hoy encarcelado Jorge “Pajarito” Silveira por torturas sistemáticas aplicadas al periodista Rodolfo Porley. En el juzgado, cuando fue interrogado, Silveira negó las acusaciones y dijo que eran todas mentiras, que quienes lo acusaban lo hacían por dinero; el argumento seguramente no será tenido en cuenta. En el mismo expediente se pidió el procesamiento del sargento primero Ibáñez, alias el “Cuervo, quien asistía a los oficiales torturadores en un galpón del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército, donde funcionó el “Infierno Grande”. En la causa también se procesaría a un civil por delitos continuados de torturas. Se trata del psiquiatra Martín Gutiérrez, por entonces médico militar, a quien numerosos ex presos políticos identificaron como ejecutor de un plan para desestabilizar emocionalmente a los prisioneros y eventualmente inducirlos al suicidio. Desde hace dos años Gutiérrez reclama de la Universidad de la República el reconocimiento de su cualidad de neurofisiólogo y el correspondiente diploma por actuación documentada. Como otros tantos médicos, continuó en el ejercicio de la profesión a pesar de haber sido investigado por un tribunal de ética médica.

Mientras la jueza Adriana de los Santos analiza los distintos pedidos fiscales, la magistrada Tellechea continúa el estudio de otros expedientes, referidos a otros casos notorios del terrorismo de Estado, como el alevoso asesinato de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocido como “el caso de las pibas de abril”; y la indagatoria de los “fusilados de Soca”, el primer traslado clandestino de refugiados uruguayos a Argentina, en noviembre de 1974, y su posterior asesinato en diciembre, como una supuesta represalia por el asesinato en Francia del coronel Ramón Trabal.

Ondas expansivas del “archivo Castiglioni”. No es casualidad que este empuje judicial coincida con la revelación del contenido del llamado “archivo Castiglioni”, en particular las sugerentes fotos, encontradas en carpetas, de la antigua chacra La Montañesa, donde se asentó la Brigada de Artillería Antiaérea, la antigua unidad de Artillería 1 de La Paloma, Montevideo. La presencia de esas fotos, y algunos comentarios escritos por el propio Castiglioni, revitalizaron la búsqueda de fosas clandestinas en ese predio militar, donde eventualmente podrían encontrarse nuevos restos de desaparecidos. Las excavaciones en La Montañesa se habían retomado hace unos meses, pero ahora se redefinieron ciertas zonas en función de informes recibidos.

En las cajas y carpetas incautadas en el domicilio del antiguo jerarca de la inteligencia militar aparecen también referencias a grupos y partidos políticos perseguidos durante la dictadura, que bien pueden aportar nuevas pistas sobre los grandes misterios de la represión durante el terrorismo de Estado, y en particular sobre los desaparecidos. La lista de documentos y carpetas también incluye material referido al debate que, en democracia, se produjo en torno a la impunidad y las distintas responsabilidades en la búsqueda u ocultamiento de la verdad. Puesto que en el archivo Castiglioni aparecen documentos reveladores de que, en democracia y hasta 2006, la inteligencia militar desplegó un espionaje sobre políticos, sindicalistas, magistrados y militantes de derechos humanos, la posibilidad de que ese espionaje (seguimientos, vigilancias, escuchas clandestinas, fotografías) tuviera como objetivo, además, documentar las distintas posiciones sobre la impunidad se convertiría en una explicación de la incomprensible resistencia, en ciertos sectores del Frente Amplio, a impulsar una comisión parlamentaria investigadora sobre el contenido y el origen del archivo Castiglioni.

Se ha fundamentado que indagar sobre el espionaje militar (en democracia pero también en dictadura, porque desde comienzos de los años setenta hasta el presente se mantuvo un enfoque de “guerra fría”, de la misma forma que hubo una continuidad en el recambio del mando y en el ascenso de nuevos jefes) implicaría el riesgo de destapar situaciones de de­sestabilización. ¿Qué significa eso? Para decirlo mal y pronto: pueden haber sido registradas posiciones, opiniones, nunca confesadas; o pueden haber sido reclutados espías “insospechados” con métodos de chantaje personal. Hasta ahora nada confirma esos extremos, pero las resistencias quizás tengan que ver con una afirmación del diputado rebelde Gonzalo Mujica en el periodístico En perspectiva: un argumento aparentemente reiterado en la interna parlamentaria del Frente Amplio es que ciertas cosas no se pueden difundir ni admitir porque ello supondría perder las elecciones.

Pese a las resistencias, la investigadora parlamentaria será propuesta al plenario de Diputados el próximo martes 22. El denunciante será Luis Puig, del Pvp, quien sugerirá los nombres de Roberto Chiazzaro (PS) y de Jorge Pozzi (NE) para integrar la comisión preinvestigadora que analizará la pertinencia de instalar una investigación en función de los elementos y antecedentes que ofrezca el denunciante; la presidencia de la Cámara designará a un tercer miembro. Cuarenta y ocho horas después, el análisis primario de la preinvestigadora será puesto a consideración del cuerpo. Si, como se descuenta, habrá un informe favorable, la bancada del FA propondrá constituir una comisión de nueve miembros, cinco frenteamplistas (Carlos Rodríguez, Mpp; Gerardo Núñez, PC; Darcy de los Santos, PS; Felipe Carballo, 711; y un representante de Asamblea Uruguay) y cuatro de la oposición, con la aspiración de que estén representados los cuatro sectores: colorados, blancos, independientes y la Unidad Popular.

Puesto que el objetivo de investigación es el contenido del archivo Castiglioni y confirmar la práctica de espionaje militar en democracia, los diputados buscarán las formas de acceder a la documentación en poder de la justicia. Después verificarán que los documentos en poder del coronel Castiglioni referidos al espionaje son copias de documentos oficiales de la inteligencia militar. Ello dará pistas para ubicar los correspondientes archivos en dependencias militares. Vale la pena señalar que si Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos obtuvo la autorización para ingresar en los archivos del Fusna, los legisladores no tendrían dificultades para inspeccionar otras dependencias, en particular aquellas que guardan la documentación del Servicio de Información de Defensa (Sid), luego Dirección General de Información de Defensa (Dgid), luego Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).

El espionaje en democracia es uno de los elementos analizados por la organización Madres y Familiares de Desaparecidos en un comunicado que interpela con dureza y frontalmente a los poderes del Estado y a los partidos políticos “que miran para otro lado”, y a la “‘distracción’ de muchos que no quieren enfrentar la realidad, siguiendo la lógica de que ‘no hay que agarrarle la cola al león porque se puede enojar’”. Familiares denuncia que “los aparatos de inteligencia y de represión del Estado siguen operando sigilosamente, en una suerte de continuidad desde el fin de la dictadura hasta nuestros días”.

En el documento divulgado el 2 de noviembre se afirma que “hay una suerte de embestida presionando al poder político” por parte de las organizaciones de oficiales retirados, apoyados “desde dentro de las Fuerzas Armadas”, “para que no les toquen sus privilegios y conservar su poder”. Mencionan “los documentos oficiales que desnudan el espionaje ilegal a partidos y personas, realizado por los servicios de inteligencia militar en democracia; la negativa del comandante del cuartel de Durazno a poner una placa en memoria de Óscar Fernández; las declaraciones en Florida del coronel (r) Hartman, y ahora las expresiones en un programa radial del presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, reivindicando en todos sus términos la dictadura militar y la tortura”.

El comunicado termina afirmando: “Miedo, temor, terror, intimidación, amenazas, no construyen las bases sólidas de ninguna convivencia democrática”.