sábado, 3 de marzo de 2018

"Sectores del FA están perdiendo pie en los sindicatos"

6%


   VAN POR TODO

Avance radical en sindicato de Secundaria


El sindicato de Secundaria se prepara para luchar, otra vez, por el 6% para la educación. Lo hace con un cambio de estrategia: un líder menos dialoguista y más adepto a los paros y las huelgas, alejado del Frente Amplio y del Partido Comunista, y que se define como "libertario" y "anarco".

CARLOS TAPIA
sábado, 03 marzo 2018

Sindicato se preparan para reclamar el 6% del PBI, pedir aumentos y frenar plan de liceos por PPP.

Radicales, anarquistas y marxistas dominan hoy el sindicato de Secundaria. Desplazaron a los frenteamplistas moderados y también a los comunistas. De cara a la última oportunidad de lograr el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación en la próxima Rendición de Cuentas, donde se negociarán las partidas para 2019 y 2020, la federación de profesores decidió poner al frente del sindicato a su líder más rebelde, Marcel Slamovitz, uno de los que cree que el cambio se logra a fuerza de paros y ocupaciones.
"Me tienen como del ala radical y está muy bien que así sea, porque así es. Hace años que no soy frenteamplista; lo fui, como lo fue todo el mundo. Tampoco soy trotskista, nada de eso. Creo en la democracia sindical, en el anarco-sindicalismo de origen", se define Slamovitz. Aunque viene de Montevideo, se presentó a la elección desde la filial del sindicato en San José, donde trabaja en el liceo de Playa Pascual, el cual fue ocupado el lunes por él y otros trabajadores. Slamovitz toma el lugar de Virginia García Montecoral, que aunque es crítica con el gobierno, se define como frentista.
A la interna de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se suele decir que el nuevo presidente es "libertario". Fue uno de los que propuso el año pasado el paro del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, tan cuestionado por algunos sectores, y que este año se llevará a cabo de vuelta. Es parte de un ala que a veces sostiene que es mejor cortar una negociación y recurrir a la fuerza, antes que hablar y hablar sobre una base que está muy alejada de los reclamos del sindicato.
El Comité Ejecutivo de Fenapes que se reúne hoy para discutir el "plan de lucha" para este 2018, está dividido en tres: los llamados independientes, que incluye tanto a radicales no alineados como a marxistas y militantes del Partido de los Trabajadores (que son siete), los miembros del Partido Comunista (que son cuatro) y los frenteamplistas sin sector político (también cuatro).
El Comité Ejecutivo no se elige en forma directa, sino que luego de la elección los más votados se reparten los cargos. En este caso, los que obtuvieron más votos, empatando, fueron Slamovitz y el presidente de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (ADES), Luis Martínez, que también se define como independiente, aunque se dice marxista.
Un voto abajo, también empatando, estuvieron José Olivera, frentista independiente, ex secretario general y miembro del Ejecutivo desde 2003; y Emiliano Mandacen, comunista y expresidente de ADES. Son las caras más visibles de Fenapes desde hace varios años.
Con Martínez en ADES, se decidió que Slamovitz fuera el presidente de Fenapes. Varios querían a Olivera en ese cargo por su perfil moderado, pero él se negó, alegando que ya está "en retirada" y que es bueno "empezar a dejar el lugar a las caras nuevas" (ver entrevista en pág. A4). Sin embargo, no se quedó afuera: Olivera es el vicepresidente y también uno de los miembros más visibles de las comisiones de asuntos internacionales y nacionales.
La cara nueva, entonces, es Alejandra Vespa —que igual ya había sido parte del Ejecutivo hace algunos años—, que es la nueva secretaria general, y pertenece al Partido Comunista. Así que los tres principales cargos quedaron repartidos entre las tres grandes agrupaciones.
El mandato tiene una duración de dos años. Desde 2015, tras la declaración de la esencialidad en la educación por parte del gobierno, después de una ola de paros en el marco de la negociación salarial, las alas más radicales y menos frenteamplistas empezaron a hacer pie dentro del sindicato. El último congreso de Fenapes, que se celebró del 7 al 10 de diciembre, ya declaró al partido de gobierno "antagónico" de todos los intereses que tienen los trabajadores de la educación.
Los cercanos a Slamovitz son los que le pegan a la política económica del ministro Danilo Astori —que más de una vez ha acusado a los profesores de ser parte de una corporación—, diciendo que prioriza la ganancia de los capitalistas, al tiempo que cuestionan el pago de la deuda externa. También sostienen que el gobierno ha convertido a los entes en organismos recaudadores, y que hay un plan orquestado entre el Poder Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio para votar en bloque, favoreciendo siempre a los mismos. Ellos concluyen, además, que no hay dos frenteamplismos (como señalan algunos dentro del gremio): uno alejado y otro cercano a los sindicatos. Hay uno solo, y está a años luz de los trabajadores.
Slamovitz, el primer presidente que no es frenteamplista, es uno de los que peleó para que ya no sea posible firmar convenios salariales sin que estos pasen por la asamblea general de Fenapes. Hasta hace cuatro años, la dirección del sindicato podía poner la rúbrica en acuerdos sin hacer consultas. Esto molestaba a los radicales justamente por la cercanía entre algunos sindicalistas y miembros del gobierno.

Veredas opuestas.

En marzo de 2016, en medio de un conflicto por la cantidad de horas docentes que quedaban por cubrir, El País publicó una conversación entre los miembros del Consejo de Educación Secundaria. Allí expresaban que el problema de relacionamiento entre ellos y Fenapes no tenía que ver con las políticas que se proponían desde el organismo, sino que se debía a una guerra de bandos que tenía lugar dentro de Fenapes.
La consejera en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, fue quien puso sobre la mesa esta hipótesis. "Nuestro sindicato está dividido, partido en dos. Están los ultras y los que vendieron el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Esos somos nosotros. Los del gobierno, los del Pit-Cnt y blablablá", empezó a decir. La interrumpió el consejero Javier Landoni, quien dijo que "todo el sindicalismo uruguayo" estaba en la misma situación, a lo que la directora general, Celsa Puente, acotó que la "polaridad" en Fenapes era, en comparación, "mucho mayor".
En la elección pasada, Slamovitz también había obtenido la mayoría de los votos. Sin embargo, la alianza entre frenteamplistas y comunistas impidió que este accediera a la presidencia o a la secretaría general del Comité Ejecutivo. "La verdad es que a Olivera lo pusieron como secretario general para que no fuera Marcel", dijo Jaureguy en aquella charla con los demás consejeros. Landoni, en tanto, expresó que a veces Olivera cedía ante lo que querían los sectores más radicales, porque no tenía más remedio. "Lo que pasa es que él necesita Montevideo para dirigir un sindicato con ese nivel de polarización", señalaba el consejero.
Montevideo, históricamente, fue donde más paros han hecho los trabajadores. Lo hicieron bajo el liderazgo de Mandacen, que aunque es comunista está muy cercano al sector radical, y se espera que pase lo mismo ahora bajo el mando de Martínez, en el marco de las negociaciones presupuestales que se vienen.
Cinco miembros del Ejecutivo de hoy son de Montevideo, seis de departamentos cercanos (dos de Canelones, dos de Colonia, uno de San José y uno de Maldonado), y los otros cuatro vienen de Rivera, Salto, Paysandú y Cerro Largo.
En lo concreto, sin embargo, el sindicato no tiene diferencias de fondo en cuanto a lo que pretende: 6% del PBI para la educación pública (hoy ronda 4,9%), mejores salarios (por 20 horas de trabajo semanales, los profesores que recién entran ganan $ 29.308, y $ 48.118 los que ya tienen 25 años de trabajo), y un fuerte rechazo a la privatización (que incluye desde negarse a los proyectos de participación público-privada, hasta oponerse a planes como el del director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social -Ceres-, Ernesto Talvi, que quiere llevar la idea de centros como el Impulso, de gestión público-privada, a la educación pública). La diferencia no está en lo que se quiere, sino en cómo conseguirlo.





José Olivera, vicepresidente de Fenapes

"Sectores del FA están perdiendo pie en los sindicatos"

 —Varios de sus compañeros lo querían otra vez como secretario general, sin embargo decidió replegarse a un rol menos protagónico, el de vicepresidente. ¿Por qué?
—Llega un momento en que se tienen que dar procesos de recambio. Estoy desde el año 2003. En 2019 completo 16 años. Y cuando estás mucho tiempo en una responsabilidad no sabes si lo estás haciendo bien o mal. También es cierto que hay todo un sector del sindicato con perspectivas de cambios. Hay dos alternativas: o se toma ese dato de la realidad y se asume una decisión política, o se desconoce. El hecho de que este Ejecutivo esté formado así demuestra pluralidad y madurez.
—¿Qué lo diferencia del sector más radical del partido?
—Yo no diría que es un sector radical, lo que diría es que tienen un posicionamiento diferente en cuanto a las tácticas que se deben utilizar. De hecho son compañeros que han tenido cambios en los últimos años, que antes no querían saber nada con la negociación colectiva, por ejemplo; decían que había que resolver todo con movilización. Hoy participan de los ámbitos de negociación. Muchas veces no van como primera medida al paro o la huelga, buscan caminos de diálogo. La gente madura y va cambiando.
—¿Hay un desgaste de los dirigentes frentistas dentro del sindicato?
—Y sí, hay cierto desgaste. No comparto lo que dijo una vez el expresidente (José) Mujica, de que era muy fácil ser dirigente sindical en los gobiernos frenteamplistas. Es al revés. Es más complejo. Y los sectores frenteamplistas dentro de ciertos sindicatos —y esto no excluye a Fenapes— han perdido pie.
—Fenapes es un sindicato dividido: frentistas, no frentistas y frentistas moderados como usted en el medio, tratando de equilibrar el barco...
—Se necesita gente que busque puntos de síntesis cuando no hay acuerdos en determinadas cosas, y eso trato de hacer. Capaz que hace 20 años mi discurso era el más radical. Me han dicho "tira bombas" y también por firmar un convenio me han gritado "entreguista".
—¿No le tienta la política partidaria?
—La verdad es que me han llamado de todos lados, por supuesto que dentro del Frente Amplio. Es obvio, cuando ven que hay una persona que tiene entrada con alguna gente la llaman. Pero no me ha interesado.
—¿Qué es lo que diferencia a los sectores alineados con el FA dentro del gremio de los no alineados?
—Los matices entre las partes muchas veces son tácticos, de cómo encarar una situación de conflicto, o de cómo llevar a la práctica las acciones. En el último congreso las diferencias programáticas fueron mínimas, pero se generó un fuerte debate sobre de qué manera se llegaba a los objetivos. Se discutió mucho si había que empezar el año con un paro.
—Los radicales proponían el paro...
—Lo hacían distintos grupos. Capaz que uno, que tiene la responsabilidad de construir una síntesis de todas las opiniones, hace que su opinión pase a segundo plano. Pero hay cuestiones que son transversales: hay compañeros de todos los palos que decían que no había condiciones para empezar las clases, y eso era algo real. La mayoría dijo que había que comenzar, que había que regularizar la situación pero dentro de los liceos, y quienes estaban por el paro entendieron y acataron. Nadie se fue con el ánimo crispado. Otra diferencia táctica clave es que algunos sectores, a mi entender equivocadamente, a veces dicen que es solo movilización o solo negociación. Y yo creo que no, que ambas cosas tienen que ir juntas.
—¿Fenapes hoy tiene diálogo con el Consejo de Secundaria?
—Diálogo hay, pero es un diálogo infértil. Porque aunque no esté expresamente señalado, y mucho menos escrito, el poder se concentra en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Secundaria no manda, manda la ANEP.
—Ernesto Talvi, a través de Ceres, propuso crear 136 liceos públicos con la misma forma de trabajar que el Impulso. ¿Qué opinión le merece?
—Eso es privatizar la educación.
—Pero él propone que sean públicos de gestión pública, solo que fuera del marco de la ANEP.
—Él lo que quiere es que funcionen en la órbita del Plan Ceibal, o sea que sea público no estatal, o sea que se regirían por el derecho privado.
—Pero sería público. ¿No se deberían buscar otras soluciones para arreglar el problema de la educación, sobre todo en las zonas de contexto crítico?
—Si alguien dice que lo público obtiene malos resultados, hay que demostrarlo. Porque los resultados no se pueden medir solo en términos de retención y promoción. Hay gurises que ganan premios internacionales. Hay dos mitos: que lo privado es mejor que lo público, y que hay que fragmentar el sistema. Los países que han fragmentado el sistema han fracasado. Finlandia, ¿por qué no lo fragmenta? Claro, tienen otro tipo de funcionamiento. Hace 40 años que hacen lo mismo. Acá cada cinco años están cambiando.
—El nuevo plan de protección de trayectorias educativas establece que no se repetirá si no que se cursarán de nuevo las materias bajas, sin importar cuántas sean, mientras el pase queda en suspenso. ¿Qué opina al respecto?
—La ANEP inventó esta cuestión de la protección de las trayectorias: crearon cargos, una dirección, sueldos, y nadie sabe qué hacen. El desafío era universalizar la educación media: se ha avanzado, hay más estudiantes, pero si a eso no le sumás una propuesta cualitativa, es la nada.









viernes, 2 de marzo de 2018

El joven Astori


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La crisis del agro en el Uruguay del 70’ y hoy, según Astori

1 marzo 2018
Eduardo Gudynas (*)


En 1971 un joven Astori decía que la baja productividad era de las principales causas de la crisis del agro. Proponía una reforma radical y romper con el imperialismo. Hoy su discurso es diferente

Un fuerte debate sobre el papel del sector agropecuario no es algo nuevo en la historia del país. Se han repetido en el pasado y en algunos de ellos participaron quienes se convirtieron en destacados actores políticos. Uno de los casos más relevantes es Danilo Astori, quien en 1971 publicó “Latifundio y crisis agraria en el Uruguay”

. Esto ofrece una oportunidad extraordinaria para comparar lo que se decía y había en aquel entonces, contra los discursos y prácticas actuales. ¿Qué se aprendió y que se olvidó en estos 47 años?

El “joven” Astori es muy claro: Uruguay sufría una larga crisis agropecuaria, que alcanzaba su mayor gravedad a inicios de los años setenta, al tiempo de la publicación del libro. La producción estaba estancada, y esto se debía a la subutilización de las potencialidades productivas del país. Ofrecía un simple esquema de tres componentes encadenados: el subaprovechamiento lleva a un estancamiento y esto genera la crisis.

La solución que defendía Astori era aumentar la productividad por hectárea, pero la principal traba radicaba en la estructura de la propiedad de la tierra. Por esa razón, proponía eliminar tanto minifundios como latifundios, a tono con las ideas de reforma agraria de los años sesenta, y afirmaba que la explotación de la tierra debería servir a toda la sociedad. Su complemento necesario era transformación económica integral y una ruptura con el imperialismo. Son, sin duda, metas y lenguajes muy distintos de los actuales.

El actual gobierno no habla de reforma agraria pero repite la apuesta a aumentar la productividad y exportaciones como salida de la crisis. En ello no soluciona problemas como el bajo empleo rural y la subordinación comercial del país, que ya fueron señalados por el “joven” Astori.

Pero por sobre todas las cosas, sea en aquel pasado como en el presente, no se abordan los límites sociales, económicos y ambientales del desarrollo agropecuario nacional, aunque hoy en día son todavía más evidentes. En realidad esta y otras crisis no son episódicas, sino que son componentes inevitables de este tipo de desarrollo agropecuario. Eso es justamente lo que hay que debatir.

Los factores en el estancamiento

El diagnóstico del estancamiento agropecuario, según un Astori que aquel entonces contaba con unos 31 años de edad, se expresa en cuatro problemáticas clave. La primera era una alta participación de productos agropecuarios en las exportaciones, lo que implica fuerte dependencia de los mercados internacionales. En segundo lugar, el agro demandaba muy poco empleo, y asociado a esto, en tercer lugar, había limitados encadenamientos en que los productos agropecuarios sirvieran como insumos para industrias nacionales.

Finalmente, señala su participación en la inflación.

Es fácil advertir que de ese listado al menos tres de esos factores en sus aspectos esenciales se repiten en el Uruguay de hoy. El país sigue exportando sobre todo materias primas (en 1971, cuando se publicó el libro de Astori, el 80% de las exportaciones eran materias primas; en 2016 fue el 78%, según datos de CEPAL). Lo único que cambió es la composición porque décadas atrás dominaban las carnes, lanas y cueros, mientras hoy son los granos, troncos de árboles y carne.

De un modo u otro, el país sigue atrapado en ser un proveedor más de commodities y eso impone un papel subordinado en el comercio mundial. Hoy se reconoce esto como una de las cargas de la globalización, dado que el país está atado a demandas y precios determinados en el exterior. Han cambiado algunos actores en ese juego comercial, como la relevancia de China como mercado vital para nuestras exportaciones.

Otra vez la producción de agroalimentos sólo limitadamente nutre cadenas industriales nacionales. Algunos ejemplos exitosos, como ocurre en el sector lácteo (que integró productos cada vez más elaborados), no se repitieron en otros rubros. Siguen las serias limitaciones para crear empleo rural, y las megainversiones que se esperan, como la planta de celulosa UPM-2, no solucionarán este problema. La inflación actual se debe a unas cuantas condicionantes distintas a las del pasado.

Este breve repaso muestra que al menos tres de aquellos factores siguen presentes en la actualidad, y el Astori de hoy, como el resto del gobierno por momentos parecen no comprenderlo.

El joven Astori proponía la reforma agraria

Del análisis sobre el estancamiento, el “joven” Astori pasa a abordar los recursos naturales disponibles. Subraya que se cuenta con una muy alta proporción de tierras aprovechables en relación a la superficie total del país.

Muchas naciones tienen grandes superficies, pero el porcentaje de suelo apto para la ganadería y agricultura es mucho más acotado. En Uruguay, en cambio, según los indicadores de aquel tiempo, las tierras productivas alcanzan un envidiable 88.5 % de la superficie del país. Pero enseguida Astori reconoce una cuestión obvia: esa superficie no puede aumentarse, es un recurso finito (en su libro se indican 17 millones de hectáreas; en la actualidad, se calcula en 16,4 millones de hectáreas). El punto es que esa superficie siempre estará acotada al tamaño del país.

En este reconocimiento, Astori queda enfrentando al concepto de límites ecológicos. La idea de “límites” al desarrollo apenas asomaba a fines de los años sesenta, y el joven economista no la consideró en todas sus dimensiones (pero su relevancia es clave como discutiré más abajo).

Regresando al libro, como la superficie del país no se puede agrandar, Astori concluye que es necesario un aumento sustancial de la productividad. Razona que con ello se exportaría más, aumentaría el ingreso de divisas, y se potenciaría una industria nacional. Aunque reconoce que se debe cuidar el suelo, es evidente que imagina un salto productivo a partir de usar más fertilizantes, controlar plagas, implantar praderas artificiales, hacer rotaciones, entre otras cosas.

Las trabas no estarían en la disponibilidad de tecnologías o en las capacidades humanas, sino que el mayor obstáculo para ese plan reside en la tenencia de la tierra. El título del libro de Astori adelanta su argumento: “Latifundio y crisis agraria”.

La desigualdad en la propiedad, con minifundios y latifundios, y el desempeño de los terratenientes, serían los que determinan la baja productividad. Entonces, a tono con las lecturas de los años sesenta que reclamaban reformas agrarias, la solución para el despegue productivo estaba en un cambio “radical” en la propiedad. Se agrega que esto se debe complementar con una reforma económica radical y una ruptura con el imperialismo en tanto subordinación internacional.

Crisis de ayer y de hoy frente a los límites

Casi medio siglo después, se observa un aumento notable de la productividad (y la eficiencia) en muchos sectores agropecuarios, tal como reclamaba el joven Astori. Esto es claro en la agricultura (por ejemplo el arroz y la soja) y en la ganadería. Pero todo eso no se consiguió por la aplicación de una reforma agraria ni por una ruptura con la subordinación comercial como se reclamaba en 1971. En cambio, esa transformación discurrió bajo las convencionales estrategias de desarrollo rural capitalista, con el concurso de un Astori más veterano y con roles destacados en el gobierno nacional.

Sin embargo muchos de los problemas persisten. Tal como se indicó arriba, las exportaciones siguen muy primarizadas, la generación de empleo rural es pobre, y los encadenamientos con las industrias son muy limitados. A esto se suma un aluvión de indicadores que muestran serios impactos ambientales, especialmente por contaminación derivada de la agropecuaria en los cursos de agua. No puede ser de otra manera, ya que ese aumento de productividad requirió multiplicar los insumos: entre 2004 y 2014, aumentó un 165% las exportaciones de plaguicidas y un 185% la de fertilizantes. Estos y otros factores son evidencia de una estrategia productiva agropecuaria que choca contra distintos límites, tanto sociales y económicos, como ecológicos.

Regresa de esta manera la idea de “límites”, a la cual se había asomado Astori en 1971, pero que en 2017 siguen sin incorporarla adecuadamente. Recordemos que este concepto fue madurando sobre todo desde la década de 1960 por aportes de J.K. Galbraith y E.J. Mishan en el campo económico, Fred Hirsch en el social, y sobre todo por el reporte “Los límites del crecimiento” , enfocado en las condiciones ecológicas y dado a conocer en 1971.

Entre estos límites, el más rígido es el ecológico. Los recursos naturales, como el hierro, el petróleo o el suelo fértil, están acotados. Por lo tanto, el sueño de un crecimiento económico perpetuo en base a la explotación de la naturaleza es imposible, sea porque algunos recursos se agotarían, otros se destruirían (por ejemplo por erosión) o por que la naturaleza no se podría recuperar de la contaminación.

Todos estos límites están presentes en la actual agropecuaria uruguaya. Los productores chocan contra márgenes muy acotados de rentabilidad bajo un negocio que es muy volátil, tanto por condiciones climáticas, sanitarias como comerciales. Las limitaciones sociales son evidentes en la continuada pérdida de productores y las dificultades con conseguir empleo en el campo. Por más que se intente avanzar sobre suelos superficiales, talar montes o desecar bañados, siempre habrá un límite a la superficie aprovechable. A ese recurso finito se suma otra cara de esos mismos límites ecológicos, y que consiste en que se rebasaron las capacidades de recuperación de algunos ambientes, y eso estalla en problemas como la contaminación del agua.

La izquierda convencional de los años sesenta y setenta nunca digirió esta idea de los límites al crecimiento. El progresismo del siglo XXI tampoco logró incorporar esta problemática, y termina ensayando medidas que son tardías, insuficientes e incompletas. La evidencia de esto está en el deterioro de la cuenca del Río Santa Lucía, sobre lo que se viene alertando desde la primera administración Vázquez sin que se resolviera adecuadamente.

Como en los años sesenta los límites no eran un problema central, se insistía en soluciones que se detenían en un cambio radical en la propiedad de la tierra; es la visión del “joven” Astori. Esto era parte de las demandas de reforma agraria que se debatían en América Latina, y que estaban más o menos influidos por una postura marxista que consideraba que las alternativas descansaban en cambios de propiedad en los medios de producción.

Se podría argumentar que hoy en día, algunas de las respuestas desde el entorno gubernamental y de ciertos académicos afines, muchos de ellos que evidentemente no son astoristas, al poner el acento en el traspaso de dinero a los propietarios de la tierra, repiten una perspectiva similar que entienden a la desigualdad en la tenencia de la tierra como el problema central. Pero no discuten los modos de aprovechamiento de esa tierra. Dicho de manera muy esquemática y exagerada, no ponen en discusión el monocultivo de soja sino que les preocupa la transferencia de renta entre unos y otros.

De todos modos llama mucho la atención que esa desigual apropiación de la renta y de la tenencia en la propiedad en buena medida fue permitida y auspiciada por los gobiernos del Frente Amplio. Unos y otros caen en una contradicción cuando cuestionan la alta apropiación de renta por los terratenientes sin reconocer que entre los más grandes latifundistas del país están las empresas forestales, y que además gozan de beneficios tributarios. Han existido algunas voces aisladas (como por ejemplo Martín Buxedas, ciertos movimientos ciudadanos y algunos periodistas, entre otros), pero desde el progresismo no se han construido reclamos de peso por la nacionalización de los campos de las grandes empresas forestales extranjeras como Montes del Plata o UPM.

La oposición político-partidaria tampoco discute sobre los límites en el desarrollo agropecuario, y casi todos ellos concuerdan en el componente de aumentar la productividad como salida a la crisis del campo. Entre los productores llamados autoconvocados hay algunas voces que denuncian los beneficios a las grandes corporaciones (especialmente los fiscales), pero tampoco le hincan el diente a la propiedad de la tierra o a los impactos ambientales que están generando.

Ni unos ni otros ensayan una verdadera autocrítica si nuestros campos pueden seguir tolerando este nivel de intensificación o sobre la irresponsabilidad de los productores que contaminan ríos y arroyos. Mientras que en los años sesenta parecía que cualquier alternativa para el mundo rural exigía pensar una reforma agraria, el consenso en esta década del siglo XXI está en seguir aumentando y aumentado la producción. Todos apuestan a exprimir hasta el último terrón, y se dedican a pelear en la arena de los beneficios y perjuicios económicos.



Medio siglo después se siguen sin entender los límites

Para profundizar en la problemática de los límites en el desarrollo agropecuario es apropiado un ejercicio: le propongo al lector que imagine, por un momento, que toda la tierra del Uruguay se reparte equitativamente entre todos los agricultores y ganaderos. Este sería el escenario ideal de aquellos promotores de la reforma agraria de los años sesenta y le gustaría a muchos integrantes del gobierno actual. Tendríamos un situación de máxima equidad.

Pero si en todos esos predios se sigue adelante con exactamente las mismas estrategias productivas, se repetirán nuestros problemas actuales. Si todos se dedican a plantar soja transgénica con los mismos herbicidas, si todos aplican los cocteles de agroquímicos hasta matar a la última abeja y que los arroyos sean verdes, si se sigue exportando soja a China y carne a la Unión Europea seguiremos enfrentando los problemas actuales porque estamos chocando contra los límites.

Se mantendría la enorme presión ecológica sobre los recursos naturales, y seguiría su marcha la contaminación de las cuencas de nuestros grandes ríos. Los productores enfrentarían similares problemas de rentabilidad, ya que deben invertir crecientes sumas de dinero en maquinaria, insumos químicos, semillas, etc.

Con esos altos costos, cualquier episodio climático extremo, sea una inundación o una seca, puede comprometer los balances económicos de muchos productores, especialmente los más pequeños, y unos cuantos se tendrán que endeudar. Todos esos paquetes tecnológicos se basan en intensa maquinación y por lo tanto demandan poco empleo. Finalmente, todo ello es para seguir exportando más o menos lo mismo con lo cual seguiremos siendo dependientes de la globalización, y las decisiones de los mercados externos determinarán tanto la demanda como los precios.

Este ejercicio muestra que no basta discutir la propiedad de la tierra, sino que es indispensable repensar qué vamos a hacer con ella. En otras palabras, cuáles son las opciones productivas viables para la ecología, economía y sociedad uruguaya.

Por lo tanto, estamos ante dos visiones distintas. La vieja mirada que ponía el acento en la reforma agraria, o la más reciente que denuncia la desigual apropiación de la renta, creen basta intervenir sobre la propiedad de los recursos. Hay otra perspectiva que no reniega de eso, pero sostiene que además se deben pensar las metas, la estructura y las dinámicas del desarrollo.

Esta mirada comprende que hoy en día se ejerce un control y condicionamiento sobre todo en los procesos productivos y las redes de comercialización, y no tanto sobre la propiedad de los recursos naturales. Dicho de un modo más sencillo, ya no importa tanto quienes son los propietarios del petróleo o del suelo, mientras que aquellos que extraen o cosechan lo hagan bajo precisas condiciones tecnológicas y económicas y provean esas materias primas dentro de los canales tolerados y controlados por la globalización.

Lastimosamente, el gobierno sigue sin comprender esto. Las propuestas actuales no incorporan la problemática de los límites y repiten la apuesta por más productividad, como muestran los planes de la llamada intensificación sostenible o la nueva ley de riego, ambas promovidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Esos planes requerirán proporcionalmente mayores inversiones (dinero de los productores o del Estado, o sea toda la sociedad), y resultará en más contaminación y más dependencia a la globalización. Podrá haber mejoras parciales, pero volverá la crisis al poco tiempo, siempre dependientes de factores como una caída en las compras chinas o una anomalía climática.

Las crisis del agro no son episódicas, sino que son parte de este tipo de desarrollo agropecuario. Las soluciones que se intentan no resuelven esto ya que no abordan las estructuras y dinámicas centrales de ese tipo de desarrollo.

Por ello es necesario repensar las posibilidades y limitaciones del desarrollo rural en Uruguay. Esto es sopesar si es posible, por ejemplo, seguir apostando a la celulosa o la soja, o si es adecuado subsidiar más sectores primarios de exportación o en cambio encaminar esos dineros a promover industrias nacionales que procesen agroalimentos. Es urgente abandonar los rodeos y asumir que los costos ambientales de este tipo de agropecuaria son muy negativos y están imponiendo una dura carga para las generaciones futuras.

Todos estos temas llevan a discutir el desarrollo. Eso era justamente lo que se hacía en los años sesenta, con mucha pasión y apelando a todas las herramientas disponibles. Buena parte de esa tradición se ha perdido, y el progresismo gobernante tiene muchas responsabilidades en ello. Algunos dichos del “joven” Astori Selección de citas en “Latifundio y crisis agraria en el Uruguay”, por Danilo Astori, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1971.

Como se podrá apreciar, la manifestación más importante de ese problema agrario durante el transcurso del período referido es el estancamiento de la producción del sector. Y la contradicción de mayor relevancia ha sido, sin duda, la existente entre la subutilización de recursos que implica ese estancamiento y la creciente necesidad nacional de incrementar sustancialmente la producción agropecuaria (pág. 51).

En lo fundamental, el Uruguay siguió siendo, como antes, un país exportador de alimentos de materias primas de origen agropecuario. Nunca dejó de cumplir su papel subordinado y dependiente en el esquema de división internacional del trabajo en que está inserto (pág. 64).

Quiere decir entonces que, en tanto el Uruguay podría concebir formas de aumentar la fuerza de trabajo disponible para el agro o el volumen de medios de producción afectados al sector, no tiene ninguna posibilidad de ampliar su dotación de recursos naturales (…) De esta manera, y en atención a esa escasez derivada de la imposibilidad de expansión, la conservación del recurso cobra una extraordinaria importancia. Y la ausencia de esa conservación adecuada, que es lo que ocurre en el país, origina la contradicción ya señalada, que también tiene, naturalmente, una considerable relevancia (pág. 73).

 Comentarios elogiosos de Christine Lagarde directora del FMI a la politica económica de Astori

Cuando se dice que una estructura de la propiedad de la tierra como la que tiene el Uruguay es uno de los pilares básicos en que se sustenta el sistema, se está afirmando al mismo tiempo, que esa estructura es una de las condiciones imprescindibles para que el país no se industrialice y, por lo tanto, para que no comience a crear las condiciones objetivas de su independencia económica (pág.97).

Anteriormente se sostuvo que la clave de este último radica en la estructura de la propiedad de la tierra. De este modo, hay que afirmar ahora que no podría haber una superación del problema agrario, si esa estructura no es removida radicalmente, eliminando el latifundio y el minifundio, y poniendo la propiedad así como la explotación de la tierra al servicio de la sociedad en su conjunto y no del pequeño núcleo de grandes terratenientes (pág. 98).

Aquello no sería posible si no se realiza como parte de una transformación integral del sistema económico vigente en el país. Y esa transformación no implica solamente cambiar toda la economía del país. Significa ante todo romper los lazos de dependencia que lo mantienen sometido respecto al imperialismo (pág. 99).



(*) Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de estas ideas se presentó en el programa Rompkbzas que se emite por radio El Espectador.








La desinformación que hay en este tema








Viernes 19de enero, nos acompañan Fernanda Aguirre (Secretaria de DDHH del Pit Cnt) y Raúl Olivera (Coordinador del Observatorio Luz Ibarburu). Escuchamos:


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jueves, 1 de marzo de 2018

Plebeyo

La presidenta del INC, Jacqueline Gómez


Salió hoy en Voces. Por Jorge Zabalza


Tres intendentes del Partido Nacional (Pablo Caram, Enrique Antía y Fernando Echevarría) y un senador del mismo pelo (Álvaro Delgado) se benefician explotando tierras propiedad del Estado que les adjudicó el Instituto Nacional de Colonización. Por el privilegio pagan una renta diferencial que no llega al precio del mercado. Esta situación contradice el espíritu del legislador que creó el INC con la ley N° 11.029: el objetivo del Instituto era, como dice su actual presidenta, Jacqueline Gómez: “privilegiar a los más infelices, a los sectores más vulnerables del medio rural”[1]. Desde 1948 a esta parte se ha hablado mucho y se ha avanzado demasiado poco hacia la meta. Ni Vázquez, ni Mujica, ni el Frente Amplio intentaron poner fin al beneficio socialmente injusto del gozan esas cuatro personas.
Al amparo de la ley N° 18.381 de acceso a la información pública, la revista ‘Campo’[2] solicitó algunos datos sobre las relaciones de estos falsos colonos con el Instituto. Jacqueline Gómez entregó los padrones de los inmuebles, el nombre de las colonias que integran, su superficie y la renta que pagan, pero, sin dudar un instante, se negó a divulgar información sobre la identidad de los privilegiados, apoyándose en base a la ley de protección de datos personales. Es decir, se cuidó de no agraviar los derechos de cuatro notorios dirigentes partidarios. No es preciso aclarar que su actitud fue exactamente la contraria en el archiconocido caso de Gabriel Arrieta. La página de presidencia y Jacqueline se ensañaron con el colono para desacreditarlo. Como los jueces de fútbol, Jacqueline Gómez castiga al chico con el penal que no cobra a los cuadros grandes.
El contexto
No sería leal ensañarse con la presidenta del Instituto de Colonización, ella navega con el cardumen, la comprenden las generales de la ley en el contexto de la subjetividad creada por la defección del Frente Amplio en general y del Movimiento de Participación Popular en particular.
Los frenteamplistas llegaron al gobierno acariciando la promesa del Uruguay Productivo, esperando que se pondría fin a la subordinación a los capitales extranjeros y a la tragedia de los niños que comían pasto. Ya sentían temblar las raíces del neoliberalismo y que, por Verdad y Justicia, los criminales del terrorismo de Estado pagarían sus culpas condenados por los tribunales penales. Envueltos por la misma marea, los militantes del MPP soñaban con privilegiar a los infelices, facilitar su acceso a la tierra y colocar el punto final al proceso de extranjerización de la propiedad de nuestras fértiles y onduladas praderas.  
Trece años más tarde, disciplinaditos en sus sillas playeras, los feligreses -incluyendo a los emepepistas- se alegran porque las calificadoras de riesgo premian al Uruguay por lo bien que alimentan la rentabilidad de los fondos acreedores. Adormecidos por la monotonía de los discursos, se enorgullecen de la instalación de una nueva fábrica de celulosa, inversión que se amortizará rápidamente y luego será medio siglo de ganancias. Festejan alborozados las cifras de producción de soja transgénica, sin analizar las de importación y del uso de agrotóxicos prohibidos en varios países. Toleran que el Uruguay Productivo sea el del capital extranjero, no el prometido sino el que condena el país a productor de materias primas, expulsa la gente del campo y contamina nuestras tierras, nuestras aguas y nuestro aire. Ceden a los requerimientos de UPM y de las corporaciones transnacionales, del mismo modo que soportan las presiones de Rex Tillerson -que ni siquiera se dignó a pasar por Uruguay- y levantan la mano obediente en la OEA, en el calentamiento previo a la intervención directa en Venezuela.  
Trece años después, aumentó el PBI macroeconómico, pero decreció el PBI familiar del millón de uruguayos cuyos salarios y jubilaciones no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Trece años después los niños siguen comiendo basura en la periferia de la ciudad, las tres cuartas partes no terminan secundaria y, víctimas de los valores que estimulan la adicción al consumo, demasiados de ellos corren el riesgo de cometer el crimen más horrendo y… ¡trece años después el 99% de los acusados por delitos de lesa humanidad gozan del olvido y el perdón, de impunidad para espiar, infiltrarse y conspirar al aire libre! La misma impunidad con que el poder judicial -escudado lo costoso de una pericia contable- protege a los sospechosos de derrochar los fondos públicos administrados por ALUR.
¡Qué culpa tiene Jacqueline que sólo marcha detrás de Momo!
Disconformidad
La experiencia de trece años contradijo aquella esperanza inicial en los dioses virtuosos que se adoraban antaño y la mayor parte de los electores sienten que les robaron expectativas e ilusiones. La dualidad y el doble discurso fueron un terrible gancho de derecha a la confianza ciega, agotaron el tiempo de las certezas, de cuando los votantes de Tabaré y Mujica elegían diputados y senadores que no conocían. Un ciclo de desencanto siguió al del dedito para arriba y la carita sonriente, con el impulso vino el freno dijera don Carlos Real de Azúa. Hoy predominan sentimientos de mucha disconformidad y descreimiento, de desconfianza generalizada.
Despilfarro de los fondos públicos, uso abusivo de las tarjetas corporativas y fraude con falsas licenciaturas, la enorme mayoría de los votantes se dieron cuenta de haber sido víctimas de engaño y demagogia. El vaso se derramó al descubrir que, por designación directa, se llenaron con familiares, consuegros, novias y amigos partidarios los huecos vacíos en los casilleros del Estado. ¡Frenteamplistas practicando el clientelismo que denunciaron durante treinta años! El descrédito nubla la vista … el horizonte frenteamplista dejó de estar pintado con utopías. Salvo los feligreses más crédulos, la gente no sabe dónde ir.
En este contexto de protesta latente, cristalizó en la ‘autoconvocatoria’ por WhatsApp. Una abigarrada montonera de mujeres y hombres propietarios y no propietarios de campos o de empresas de diverso rubro, periodistas y camioneros, muchos técnicos profesionales y pocos asalariados. La consigna ‘un solo Uruguay’ no puede disimular la presencia de varios Uruguay dentro del movimiento.
¿Qué tienen en común? Las diez mochilas planteadas por el agrónomo Eduardo Blasina no alcanzan a ser un programa económico y social y, mucho menos, un proyecto de país. Además, como saldrían a la superficie profundas diferencias y se producirán grandes divorcios, la montonera no puede definirse a favor o en contra del modelo depredador y dependiente que impulsa el astorismo. Al parecer los amalgama un sentimiento muy fuerte de desengaño, disconformidad y desconfianza que logra que caminen juntos intereses tan encontrados como el de los productores familiares y los asociados a ANDEBU. Mas que un ‘solo Uruguay’ son el movimiento de ‘una sola disconformidad’. Al parecer los carcome la duda entre movilizarse y negociar, como el resto de los uruguayos han demostrado que tampoco saben muy bien qué hacer.
En medio del barullo se sumó la Mesa de los Colonos. Fueron para dejar de ser invisibles, para denunciar el capricho arbitrario de un Instituto congénitamente incapaz de resolver la cuestión de tierra para el que quiere trabajarla. Al cobrarle una renta que supera los cien dólares por hectáreas, el INC coloca al colono pobre y su familia en un brete, porque reciben el predio, pero no pueden competir con quienes son propietarios de una chacra. También fueron a buscar soluciones para los desalojos a los colonos más empobrecidos. Aun cuando es mucho el entrevero social y político, a los colonos los ladearon a un costado.
 El señor presidente
El gobierno se propone evitar que los ‘autoconvocados’ extiendan y profundicen la movilización, dividirlos y desgastarlos en las ‘mesas de trabajo’ y, en el marco de esa estrategia, intentó sacarle jugo a las medidas que estaba encargado de anunciar el ministro Benech. Con el paquete de dádivas bajo el brazo, el señor presidente puso en práctica el recurso de bajar al llano, que varias veces ha contribuido a fortalecer su imagen electoral, por ejemplo, con los ‘cincuentones’. Sin embargo, esa forma de demagogia disimulada funciona cuando el entorno está conforme y entusiasmado, pero parece poco aconsejable cuando el medio ambiente está atravesado por la disconformidad. La democracia representativa sólo es válida mientras cuenta con el consentimiento del conjunto que representa.   
Nadie escapa al contexto, ni siquiera un presidente de la república respaldado por la mayoría electoral y, por consiguiente, a Tabaré le salió el tiro por la culata. Tal vez pensó mantener la ecuanimidad, pero no pudo. Iracundo, entró en la marabunta callejera. Dejó una imagen contradictoria, por un lado, la de un dios que bajó a la tierra para dejar satisfecha su clientela electoral, pero, a la vez, al alejarse del reino de los cielos, dejó de ser el dueño de las doce tablas y mostró su veta de ser humano vulgar, la misma que lucen los muchas de la esquina en La Teja.
Algunos colonos del Instituto -por supuesto no son intendentes ni senadores- vienen consumiendo sus energías y su paciencia en el esfuerzo por construir una Mesa que los agrupe y represente. Hasta ahora sus reivindicaciones han sido ignoradas por la central sindical, los partidos políticos y el gobierno y, además, invisibilizadas por los medios de comunicación. Gabriel Arrieta venía, junto con Mario Thedy, presidente de la Mesa, a plantear humildemente sus urgencias, pero los autoconvocados los excluyeron de la autoconvocatoria y no les permitieron entrar el Ministerio, agregando algunos gramos más de hiel al sabor amargo del desgaste militante.
Gabriel Arrieta tampoco pudo escapar al contexto. Indignado desde hace mucho tiempo con la práctica políticamente correcta y el discurso por izquierda para favorecer el desarrollo del capitalismo. Pertenece a la tradición de Rolan Rojas, miembro del comité central de la juventud comunista, que, en 1965, irritado por los bombardeos a Vietnam y el bloqueo a Cuba, escupió el rostro de Dean Rusk, secretario de Estado de los EEUU. Arrieta perdió los estribos, le ocurrió lo mismo que al presidente de la república y casi echa a perder años de trabajosa lucha social con sus compañeros de la Mesa, pero ¿cómo exigirle buenos modales a quien lleva diez años viviendo en un ómnibus descangallado, con su familia y en medio de la nada? No es moco de pavo indignarse antes diez ‘patovicas’ con un señor que representa ese Estado ante el que enseñan a hincar la rodilla desde el vientre materno.
En otros momentos históricos, Arrieta se hubiera colocado un gorro frigio en la cabeza y, pica en mano, se habría sumado a aquella multitud que guillotinó reyes y hoy concita reverente admiración en los liberales burgueses. O, en otras condiciones, hubiera formado parte de la partida de Encarnación Benítez, que expropió latifundios bastante antes que Artigas promulgara el Reglamento de Tierras. ¿Serán mujeres y hombres con este carácter y estas actitudes los que nutrirán la fuerza social altamente ideologizada que, algún día, luchará por la revolución social? No lo sé, pero se puede afirmar que esa lucha no la darán los militantes adocenados, fabricados en serie para ser operadores de alianzas electoralistas de variada especie.
El frenteamplista no tolera la crítica y mucho menos que traten de mentiroso a su caudillo mayor. Votómetro en mano, le busca la quinta pata al gato y cree ver manos negras -o, más bien, blancas- tras el alboroto de los disconformes. No percibe lo peligroso que puede ser adjudicar al Partido Nacional la capacidad de mover los hilos de la movilización social. Le regala una virtud de la cual carece. Por otra parte, de tanto desafiarlos a verse en las urnas, la cortedad de miras terminará empujando buena parte de la montonera hacia el molino de Lacalle Pou.   
La institucionalidad
El señor presidente llama a confiar en la institucionalidad. Lo mismo hacen la Lucía y el Pepe. Sin embargo, aún despeinado, Tabaré es más creíble, porque el popular matrimonio no hace tanto que empuñó armas para derribar las mismas instituciones que ahora alaban, paradigma de revolucionarios convertidos en demócratas burgueses.
Ahora bien, ¿por qué confiar en las instituciones? ¿no son las mismas que esconden la brecha entre el que nada tiene y el dueño de todo? ¿no son el instrumento de las corporaciones extranjeras para adueñarse del territorio, de sus industrias, finanzas y de las mentalidades? ¿no son las que funcionan en base al clientelismo y el acomodo? Lo lamento, será cosa de viejo irredento, pero así funciona la democracia electoral y parlamentaria. El sistema necesita de la mentira y la demagogia como del aire que respira. Si el señor presidente puede utilizarlas para vengarse despiadadamente de un plebeyo sin-poder, ¿por qué confiar en las instituciones?
¿Cómo confiar en partidos políticos que se alternan para disfrutar del acomodo y del uso abusivo de sus prerrogativas? ¿Cómo confiar en un Instituto que protege privilegiados y desaloja colonos que quieren trabajar la tierra? Utópico es creer que la justicia social y el poder popular se pueden alcanzar transitando los caminos electorales y parlamentarios, cuando ellos, precisamente, son el truco de magia conque la clase dominante pacifica espíritus y doma disidencias.  
¡Ser respetuoso de la investidura presidencial! ¿Qué? ¿Es un manto sagrado? ¿Por qué respetar investiduras que los investidos usan para hacer sentir que su poder es ilimitado? El respeto no se gana con cifras y estadísticas que sirven para un barrido o un fregado, sino con la coherencia entre los hechos y el horizonte imaginario que se cultivó en las campañas electorales. El respeto a la investidura que se exige a Gabriel Arrieta apenas es un recurso ideológico para domesticar los otros baguales que puedan surgir por ahí. La presidencia ha perdido la mayúscula que tuvo en el 2005.
Es cierto, como se informa en la página de presidencia, Gabriel Arrieta ocupó un baldío propiedad de los ladrones del Banco de Créditos y debe renta al Instituto ¿ello lo obliga a inclinar la testuz? Corremos el riesgo de condenar al hereje para no cuestionar cómo se ejerce el poder desde la institucionalidad.
Jorge Zabalza



[1] Entrevista de Emilio Martínez Muracciole. ‘La Diaria’. 12 de octubre de 2015


[2] ‘BÚSQUEDA´ N° 1877. 28 de julio de 2016










Irresponsables e inútiles

Para todos los gustos: judíos, umbandistas y metodistas



Familiares de desaparecidos se retiraron del grupo por Verdad y Justicia creado por Vázquez por falta de voluntad política del gobierno 








Comunicado a la opinión pública

Montevideo, 1° de marzo 2018.



Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria.

Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente.

Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas.

El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes.

Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.

Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales “chicanas”.

Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).

No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).

La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias.

Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.

Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas.

La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.

No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.

Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.

Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.

Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos


>>> No sobrevivió
>>> El grupo variopinto de Tabaré

Para el presidente  DDHH es un tema religioso

Este es el caso de los diputados frenteamplistas Macarena Gelman, víctima del Plan Cóndor y nieta restituida del poeta argentino Juan Gelman, y Felipe Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado por la dictadura argentina (1976 - 1983). Ambos se integraron en el grupo, junto con Emilia Carlevaro en representación de las asociación de familiares de desaparecidos, y representantes de colectivos también perseguidos durante los años de la dictadura.

En concreto, el grupo lo completan Mario Cayota en representación de la Iglesia Católica; el pastor Ademar Olivera, por la Iglesia Metodista; Pedro Sclofsky, ex presidente d el Comité Central Israelita de Uruguay, y la mae Susana Andrade, en nombre de los afrodescentienes y la religión afroumbandista. 

>>> Nunca hicieron nada


>>> Macarena Gelman te lo explica

Como manejar a los familiares desde el estado

https://www.teledoce.com/ya-emitidos/di%C2%ADa-perfecto/macarena-gelman-explica-como-va-a-trabajar-el-grupo-de-trabajo-por-verdad-y-justicia/