Ayer la jueza penal Julia Staricco citó a las personas amenazadas por
el “Comando Pedro Barneix” para informarles del estado actual de la
investigación. En la audiencia también estuvieron presentes la fiscal de
cuarto turno Silvia Porteiroy funcionarios policiales afectados al
caso. Según la magistrada hasta la fecha no se ha podido identificar el
IP de quienes el 25 de enero de 2017 enviaron el correo electrónico con
amenazas de muerte a un grupo de trece personas elegidas entre
funcionarios públicos y personalidades nacionales y extranjeras
vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Staricco explicó que
las indagaciones se encaminaron a establecer la “trazabilidad” del
mensaje con el fin de llegar a la identificación de los autores a través
del origen del correo pero queel trabajo hecho con la colaboración de
la Facultad de Ingeniería y el FBIno logró romper la codificación de las
plataformas electrónicas desde las que fueron enviadas. Otras pericias
forenses, como el análisis semántico del texto de la amenaza, tampoco
aportaron información relevante.
Al fin de la audiencia, la
abogada del Observatorio Luz Ibarburu, Florencia Retamosa, enfatizó en
la importancia de no circunscribir la investigación a los aspectos
tecnológicos y la necesidad de ampliar el campo de investigación
vinculando esta amenaza a otros hechos como el robo al laboratorio del
Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en marzo de 2016 en
la Facultad de Humanidades o la amenaza al Fiscal de Corte en noviembre
pasado. A los hechos señalados por Retamosa hay que agregar las
amenazas e intimidaciones también impunes que sufrió el periodista Roger
Rodríguez y el coordinador ejecutivo del Observatorio Raúl Olivera,
casos todos en los que el Estado no ha logrado establecer
responsabilidades.
El POVO SEM MEDO de San Bernardo ya está en camino al sindicato de los obreros del ABC contra la prisión de lula
Congregados en vigilia, movimientos sociales brasileños planean defender a @LulapeloBrasil ante una posible detención
>>> La jueza del voto
Los poderes del estado
>>> "Los gobiernos del PT y el golpe en Brasil" con José Paulo Netto
Punto final para el progresismo
Lula a la cárcel
Foto: AFP, Mauro Pimentel.
Por Raul Zibechi
Con un Lula condenado y citado a la cárcel
se cierra un ciclo político en América Latina. El ex presidente de
Brasil prácticamente ya ha agotado las posibilidades de presentarse a
las elecciones de octubre próximo, su partido será reducido a la mínima expresión, y el futuro de las izquierdas queda suspendido en un limbo del que no podrá salir siquiera en el mediano plazo.
Por seis votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal (Stf)
rechazó el hábeas corpus presentado por los abogados del ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. De ese modo, pierde la chance de evitar la
prisión antes de las elecciones presidenciales de octubre. Aunque el
desenlace era previsible, supone una seria derrota para el Partido de
los Trabajadores, para la izquierda brasileña y latinoamericana y, por
supuesto, para el principal líder de esta corriente.
En la correlación de fuerzas que provocó esta derrota deben anotarse
como mínimo tres aspectos: la potente irrupción de los altos mandos de
las fuerzas armadas en el escenario político, algo inédito en tres
décadas de posdictadura, la conformación de una nueva derecha militante,
profundamente racista, antipopular y antidemocrática que polarizó al
país y, por último, una izquierda paralizada que no ha sido capaz de
comprender las nuevas realidades globales y regionales. LA “ÉTICA” MILITAR. El comandante del Ejército,
general Eduardo Villas Bôas, escribió en su cuenta de Twitter, horas
antes del inicio de la sesión del Supremo Tribunal Federal que debía
decidir si Lula irá a la cárcel: “Todos los esfuerzos deben ser hechos para prohibir la corrupción y la impunidad en la cotidianidad brasileña”.
La propuesta sería creíble si partiera de una institución habituada a
castigar a los responsables de torturas y asesinatos durante la
dictadura militar (1964-1985). Pero los altos mandos siguen respaldando a
los torturadores, les rinden homenajes públicos y sesgan el escenario
político. En 2016, la Comisión Pastoral de la Tierra demostró que en los
últimos 32 años hubo 1.722 asesinatos en el campo brasileño en el marco
de la reforma agraria, de los cuales sólo 110 fueron a juicio y apenas
31 personas resultaron condenadas.
La institución que debería perseguir el crimen en Rio de Janeiro,
donde interviene por orden del presidente Michel Temer, la define Villas
Bôas como “guardián de los valores y principios de la moralidad y la ética”, pero no parece empeñada en encontrar a los asesinos de la concejala Marielle Franco.
Por lo menos otros tres generales apoyaron al comandante en mensajes públicos. El general Luiz Gonzaga Schroeder declaró a O Estado de São Paulo que si Lula no es enviado a la cárcel, “el deber de las fuerzas armadas es restaurar el orden”.
Sólo el comandante de la fuerza aérea, Nivaldo Luiz Rosado, mostró un
tono diferente al de los generales, al apuntar que la sociedad está
“polarizada” y exigir a sus subordinados respetar la Constitución y no
poner las convicciones personales por encima de las instituciones.
Más que una amenaza golpista, se trata de presiones –inadmisibles por
cierto– a los 11 jueces del Supremo para que lleven a Lula a la cárcel.
Presiones que no se escucharon cuando el Parlamento decidió impedir que
la justicia procesara al presidente Temer. Por otra parte, 5 mil jueces
y fiscales pidieron en carta colectiva que se mantenga el criterio de
que un condenado en segunda instancia debe ir a prisión, mientras 3.200
abogados opinaron lo opuesto. SOCIEDAD DIVIDIDA, PAÍS A LA DERIVA. La ofensiva
política de los militares está enseñando, por partida doble, el
desconcierto de la sociedad ante la increíble polarización
social-cultural-política y la crisis de las instituciones democráticas.
Cuando los militares se meten de lleno en la política, es porque las
cosas andan mal. Muy mal. Con el tiempo, ese involucramiento genera
incluso divisiones internas irreconciliables.
La pregunta es por qué los militares, los grandes medios, las
iglesias evangélicas, los empresarios y el tercio de arriba del país,
han hecho del odio una seña de identidad que ahora se focaliza en Lula,
pero en el cotidiano se yergue contra negros y negras, izquierdistas,
sexualidades disidentes y un largo etcétera donde entran todos los
diferentes. Meses atrás, en un elegante shopping de Brasilia,
un señor insultó a una mujer y a su hija cuando salían del cine tomadas
de la mano porque creyó que eran lesbianas.
Si eso sucede en un espacio en el que predominan las clases medias
blancas, puede imaginarse cómo será la vida cotidiana de las lesbianas faveladas,
como Marielle Franco, por cuyo asesinato no se han levantado voces
indignadas, ni en los cuarteles ni entre las clases medias acomodadas.
La hipocresía de la derecha brasileña impresiona. No sólo domina los
medios, la justicia, las fuerzas armadas y las principales instituciones
estatales y privadas de Brasil, sino que tuvo la habilidad de ganar las
calles desde 2013, cuando la izquierda electoral retrocedió asustada
ante la irrupción de multitudes contrariadas por los aumentos de precios
del transporte y la represión policial.
El Movimiento Brasil Libre (Mbl), principal expresión política y
militante de la nueva derecha, lleva casi cinco años haciendo sentir su
poder en las calles, desde acciones masivas con cientos de miles de
personas hasta pequeños grupos que la emprenden contra los estudiantes
que ocupan escuelas secundarias o activistas feministas y Lgbt. Desde
que desplazaron a la izquierda de las calles, no pararon un minuto.
Consiguieron victorias importantes, como forzar al Banco Santander a
retirar una exposición queer acusándola de “incitar a la pedofilia y zoofilia” (Público, 14-IX-17).
Estamos ante una nueva derecha militante, ante la cual la vieja
izquierda se disuelve en el aire de una legalidad mezquina, en manos de
jueces y fiscales que coinciden con los postulados de la intransigencia y
el odio. No se inmuta ante la irracionalidad de sus argumentos, ni teme
violentar el sentido común y las leyes para imponer sus postulados. Por
ejemplo, aceptar que Temer siga siendo presidente cuando tumbaron a
Dilma por mucho menos de los cargos que la justicia le imputa al actual
presidente. LA IZQUIERDA IMPOSIBLE. ¿Qué puede aprender la
izquierda del juicio contra Lula y de la imposibilidad de presentarse
como candidato? ¿Qué de la emergencia de la nueva derecha implacable,
que no se detiene ante nada?
La primera cuestión es que la izquierda no puede seguir gobernando
como lo hizo, en ancas de aquel lema (“Lulinha paz e amor”) que la
catapultó a Planalto. En enero pasado, en un mitin en San Pablo, aseguró
que ya no será el mismo de antes del juicio. “No puedo ser más
radical. Pero tampoco puedo ser Lulinha paz y amor. Les di amor y me
devolvieron golpes. Quiero probarles que no tiene sentido arreglar este
país si el pueblo pobre no está incluido” (Uol, 19-I-18).
Lula sabe que no puede volver a gobernar, porque una sociedad
polarizada no admite medias tintas como las que promovió durante sus dos
gobiernos. Aquel tibio centrismo y la alianza con la derecha no son
reeditables. Las fuerzas sociales que lubricaron la gobernabilidad
(empresarios, evangélicos y sectores de las clases medias),
retrocedieron espantados no por sus programas económicos sino porque los
pobres empezaron a moverse y ocupar espacios a lo largo y ancho del
país. Una reacción colonialista a tono con la peor historia del país,
que ningún gobierno puede trasmutar.
La segunda cuestión es que la izquierda podría interrogarse sobre los
caminos a seguir. Desde la caída del socialismo real (1989-1991), las
diversas variantes de las izquierdas optaron por un pragmatismo rayano
en la entrega de sus valores históricos. Con el afán de llegar al
gobierno, diluyeron sus programas y labraron alianzas con las derechas
pagando precios tremendos en legitimidad. En Brasil, nada menos que el
matrimonio con el Pmdb del actual presidente, un partido que sólo piensa
en obtener cargos y mantenerse en ellos.
El problema no es ganar o perder, capricho que siempre estuvo y
estará sujeto al vaivén de los ciclos históricos. La cuestión de fondo
es la identidad y la coherencia que debería emanar de ella. En momentos
difíciles como los que atravesamos, vale la pena escuchar a las personas
que atesoran sabiduría, como el historiador Eric Hobsbawm. En su Historia del siglo XX sostiene que la revolución española fue la causa más noble del siglo: “Para
muchos de los que hemos sobrevivido es la única causa política que,
incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y convincente como en
1936”.
No podemos decir lo mismo de las experiencias progresistas en América
Latina. La corrupción se está llevando por delante una parte de lo
conseguido por esos gobiernos. La otra parte es dilapidada por esa
inentendible soberbia que desquicia, incluso, a quienes los apoyaron.
La crisis actual puede ser el momento adecuado para lanzar
nuevas-viejas preguntas. ¿Puede cambiarse la sociedad desde el Estado?
En los hechos, el Estado ha domesticado a las personas que asumen
cargos. ¿Por qué las izquierdas siguen creyendo en algo que llamamos
Estado de derecho, cuando las derechas dejaron de creer en la legalidad
para imponer sus intereses por la fuerza? En consecuencia, ¿qué caminos
habría que tomar para actuar fuera de los marcos de las instituciones,
pero sin acudir a la violencia?
Eventualidades
El PT no ha parado de repetir que en cuanto a candidatos presidenciales no tiene “plan B”. Ahora la candidatura de Lula pende de un hilo casi transparente.
Le corresponde al Tribunal Superior Electoral (Tse) tomar la decisión
final sobre la candidatura que más apoyo recoge en Brasil. Pero recién
el próximo 15 de agosto, menos de dos meses antes de las elecciones, el
Tse decidirá si acepta o no formalizar la candidatura del ex mandatario.
Hasta entonces el PT podrá conservar su pretensión de mantener a Lula
como su candidato, incluso mientras éste cumpla su condena de 12 años y
un mes en la cárcel. Sin embargo, varios analistas políticos señalan
que Lula es inelegible y no podrá presentarse a la elección del próximo 7
de octubre, ya que la llamada ley de “foja limpia” no permite que
personas que hayan sido condenadas en segunda instancia (es el caso de
Luiz Inácio) sean validadas como candidatos.
Los abogados de Lula pretendían intentar impedir o postergar la
detención de su cliente presentando recursos de amparo o “embargos”,
pero según los especialistas estos recursos no cambiarían la condena de
12 años y un mes decretado por unanimidad por los jueces del Tribunal
Regional Federal 4 de Porto Alegre por recibir un soborno (un
apartamento tríplex en un balneario del estado de San Pablo) de la
constructora Oas a cambio de favores en la petrolera estatal Petrobras.
Los abogados de Lula siempre han argumentado que su cliente no es el
propietario del apartamento. M A J
Amenazas militares
Mário Augusto Jakobskind Desde Rio de Janeiro
Entre todas las presiones militares que se ventilaron en público en
Brasil en los días previos al fallo del Supremo Tribunal Federal (Stf)
sobre el recurso de hábeas corpus, las declaraciones del general
retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa fueron las que más llamaron la
atención.
Llegó a afirmar que en caso de que el Stf le concediera el amparo de hábeas corpus a Lula, podría estallar una “lucha fraticida”. Agregó que si éste dejara en libertad al ex presidente, sólo estaría actuando como “incitador” de la violencia entre los brasileños.
El general retirado no dudó en ir más lejos. Afirmó que si el
tribunal permitía que Lula se presentara como candidato a presidente y
luego fuera electo, “no quedará otra alternativa que la intervención militar”.
Días antes había advertido en un programa de radio que incluso podría haber “derramamiento de sangre” y que la crisis que se desataría sería resuelta “con balas”.
Las amenazas de Lessa fueron consideradas por el comando del ejército
como una posición personal que no representaba a la institución. No se
le hizo un llamado de atención, a pesar de que la ley prohíbe
pronunciamientos de militares sin autorización superior.
Sorprendió que, tras las declaraciones del comandante del Ejército,
general Villas Bôas, en la que afirmaba que el ejército comparte “el repudio a la impunidad”, el ministro interino de Defensa, Joaquim Silva e Luna interpretó que el comandante había querido reafirmar “el
compromiso de la fuerza terrestre con los preceptos constitucionales,
sin olvidar el origen de sus cuadros, que es el pueblo brasileño”.
Amnistía Internacional y varios juristas condenaron, por su lado, la
declaración de Villas Bôas al interpretarla como una presión hacia los
jueces del Stf.
El presidente Temer prefirió no comentar las afirmaciones del
comandante del Ejército, mientras que el presidente de la Cámara de
Diputados, Rodrigo Maia, precandidato presidencial, afirmó que “en
momentos de turbulencia, cuando sectores de la sociedad se posicionan de
diferentes maneras, no se debe cuestionar el respeto a la Constitución”.
Sin esposas
Fue el juez Sérgio Moro, el primero en condenar a Lula, en 2017, por
el caso del tríplex en Guarujá, quien acabó con las últimas esperanzas
de impedir que Lula fuera detenido. El jueves de tarde lo mandó a la
cárcel para que purgue su pena. Pero tuvo la delicadeza de concederle al
ex presidente la posibilidad de presentarse voluntariamente ante la
Policía Federal de Curitiba para ser encarcelado antes de las 17 horas
de este viernes.
Moro dispuso que estaría prohibido el uso de esposas sobre el ex mandatario “debido a la dignidad del cargo ocupado” por Lula y que por ese mismo motivo lo esperaba en la cárcel una celda reservada, una especie de “sala de Estado Mayor” donde estaría “separado de los demás presos”.
Sin embargo, estos gestos no ocultaron las críticas del juez contra
la prolífica presentación de recursos o “embargos” con las que los
abogados de Lula buscaban mantener viva la esperanza. Las calificó de “una patología protectora (…) que debería ser eliminada del mundo judicial”. La condena en segunda instancia no podrá modificarse, insistió. F R T
La ética perdida
Raúl Zibechi
“Qué falta hace Leonel Brizola”, escribe el periodista Antonio Martins en Outras Palavras.
Recuerda que en agosto de 1961, cuando era gobernador de Río Grande del
Sur, los generales Odílio Denys y Orlando Geisel le lanzaron un
ultimátum: “Exigían que desmovilizara a las miles de personas que
convocó al Palacio da Piratini, para enfrentar una conspiración contra
la asunción del vicepresidente João Goulart, luego de la renuncia de
Jânio Quadros”.
Goulart era rechazado por lo militares por sus convicciones políticas de izquierda y vetaron su ascenso al poder. “Nadie me va a dar un golpe por teléfono”, fue la respuesta airada de Brizola.
Ordenó levantar barricadas en torno del palacio de gobierno e instaló nidos de ametralladoras en las terrazas. “Su
fuerza militar era ínfima, pero su gesto mostró a los que resistían la
arrogancia de las oligarquías, que no estaban solos y que había cómo
luchar”, escribe Martins. Denys y Geisel retrocedieron, la multitud permaneció y Goulart asumió la presidencia.
La actitud de Brizola contrasta vivamente con la izquierda que
emergió después de la dictadura. No se trata de armas, sino de la
decisión de resistir. Estaba moldeado por otra cultura que la de Lula,
con quien tuvo pésimas relaciones. ¿Cómo explicar los cambios?
La izquierda anterior al golpe no era ni mejor ni peor que la actual.
Era diferente. Una buena parte de sus miembros no aspiraban a la
comodidad que otorgan los cargos de poder, no soñaban en el consumo, ni
en imitar los hábitos de los ricos. Tenían proyectos de vida colectivos
que defendían poniendo el cuerpo.
.
En la inauguración de la empresa SIEMM SRL en 2013.
Trasladaron personas que no existen
>>> ASSE pagó 5.000 pesos por traslados desde Bella Unión
Los vínculos entre ASSE,
el hospital de Bella Unión y la empresa Siemm –de traslado de
pacientes– podrían formar parte del guion de una comedia de enredos.
Los
nombres que se entrecruzan en la historia están bajo la lupa de la
comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que analiza presuntas
irregularidades en la gestión de ASSE desde 2008 a la fecha.
Estos son los principales personajes de la historia:
Marcos García
El
actual director del hospital de Salto creó la empresa Siemm SRL en mayo
de 2011. Al tiempo que se creó la empresa dedicada al traslado de
pacientes, en el hospital de Bella Unión empezó a desmantelarse
progresivamente el servicio de emergencia que prestaba la propia ASSE
con sus recursos. En 2013, el hospital contrató a Siemm para que se
hiciera cargo del servicio. García envió previamente una nota a su
superior alertando de un posible conflicto de intereses por ser el
jerarca del hospital (asumió la dirección en 2012), pero el Directorio
de ASSE lo pasó por alto.
Federico Eguren
El
actual director del hospital Pereira Rossell también estuvo involucrado
en la trama del hospital de Bella Unión. Es uno de los dueños y socios
fundadores de Siemm, y se había desempeñado como director del hospital
antes que García. Cuando se creó Siemm, Eguren estaba al mando del
hospital Español. La subdirectora de esa unidad era Valeria Celada,
quien en 2015 pasó a la dirección del hospital de Bella Unión, donde
continuó extendiendo el contrato con la empresa de su excompañero. En
2016, Celada asumió como directora de la región norte, controlando,
entre otros, al hospital de Bella Unión.
Beatriz Silva
Fue
presidenta de ASSE durante la pasada administración. Bajo su mandato,
el hospital de Bella Unión contrató a una empresa propiedad del director
del centro. Ante la comisión investigadora, Silva negó conocer a los
dueños de Siemm. Sin embargo, estuvo presente en su inauguración y posó
para la foto con los médicos empresarios.
Susana Muñiz
En
2011, cuando se creó la empresa Siemm, Muñiz era directora del Segundo
Nivel del organismo. En marzo de 2013 asumió como ministra de Salud,
cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2015, cuando se convirtió en
presidenta de ASSE. En su comparecencia ante la comisión investigadora
de la Cámara de Diputados, el pasado lunes 2 de octubre, Muñiz
reconoció que la contratación de Siemm fue un error, aunque señaló que
fue un tema de la administración pasada. Sin embargo, la actual
presidenta impulsó y recomendó un convenio entre ambas partes.
*La
nota fue modificada porque contenía un error. Marcos García no era
director del Hospital de Bella Unión en 2011, cuando se creó Siemm SRL.
Asumió ese cargo en 2012.
>>> Inauguración de la empresa SIEMM
>>> Semanario Búsqueda de fiesta Empresa de ambulancias de exdirectores de centro de salud pública de Bella Unión cobró por traslados de personas que “no existen”
Búsqueda
Escribe Federico Castillo
Los
tres directores de hospitales cuestionados por contratar a su propia
empresa de ambulancias ( Siemm) en el centro de salud de Bella Unión,
“manejaron” y “recabaron” información del hospital para crear el
servicio y “siempre” mantuvieron vínculos con la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Siemm. Las autoridades sanitarias
del momento desoyeron varias advertencias sobre un posible conflicto de
interés público y privado, la empresa realizó traslados que no se
ajustan al objeto de la licitación, facturó IVA por duplicado en la
“mayoría de las órdenes” y además cobró una “cantidad importante” de
traslados de “personas que no existen”, ya que los nombres y/o cédulas
de identidad que surgen en las boletas del servicio de emergencia móvil
no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Identificación
Civil (DNIC).
Estas son algunas de las 37
apreciaciones finales incluidas en un informe sobre el caso elaborado
por la Policía y entregado al fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.
La Justicia comenzó a investigar las presuntas irregularidades en torno
a la contratación de este servicio de ambulancias en Bella Unión a
mediados de noviembre de 2017. La i nvestigación fue abierta de oficio
por el fiscal Carlos Negro tras la respuesta a un pedido de informes al
Tribunal de Cuentas solicitado por el diputado blanco Martín Lema y
luego de que el tema tomara estado público a través de la prensa.
El
20 de marzo, el fiscal Pacheco les tomó declaraciones a los tres
jerarcas involucrados: Federico Eguren, actual director del Hospital
Pereira Rossell; Rodrigo Barcelona, actual director del Hospital
Pediátrico del Pereira Rossell, y Marcos García, actual director del
hospital de Salto.
En los próximos días el
fiscal solicitará citar a trabajadores del hospital de Bella Unión,
dijeron a Búsqueda fuentes de la investigación. La defensa de los
indagados, a cargo de Cecilia Salom, del estudio del penalista Gonzalo
Fernández, presentó días atrás un extenso escrito defendiendo las
actuaciones de los jerarcas.
Según el i
nforme de la Policía — al que tuvo acceso Búsqueda—, Siemm comenzó a
gestarse al menos dos años antes de su inauguración, que fue en marzo de
2013. En ese tiempo, Eguren, Barcelona y García “recabaron información
para poder crear la empresa” mientras desempeñaban funciones para ASSE,
específicamente en el Hospital de Bella Unión. En 2013, con García como
director, el hospital contrató a Siemm para que se hiciera cargo del
servicio de ambulancias. De acuerdo con el documento, García fue uno de
los primeros en alertar a sus superiores que podía haber conjunción del
interés público con el privado. Ni la entonces presidenta de ASSE,
Beatriz Silva, ni la entonces ministra de Salud, Susana Muñiz, hicieron
algo al respecto. Ambas estuvieron en la inauguración de la empresa. Un
detalle que recoge el informe policial es que Muñiz declaró en su
momento que en su calidad de ministra concurrió a “decenas de
inauguraciones de servicios tanto públicos como privados” y agregó que
lo hacía “sin que ello implique una vinculación de ningún tipo”. El
investigador que firma el informe concluyó sin embargo que todos los
eventos a los que asistió eran de carácter público. La excepción, dice
en el documento, fue la inauguración de Siemm.
La
irregularidad en la contratación de la empresa se terminó confirmando
en noviembre de 2013, meses después de aquel evento en el que estuvieron
Silva y Muñiz, tras un informe preliminar a cargo de los auditores
Gonzalo Oxandabarat y Carlos Butiérrez. Ambos concluyeron que Siemm “no
se encontraba en condiciones” para ser contratada, debido a que el
director integraba la sociedad de propietarios. Y aunque este se haya
desligado formalmente de la empresa — cedió su parte en junio de 2013—
declaró una “relación informal con el servicio” que hacía inconveniente
su compra. De todas formas, la primera licitación se hizo en mayo, por
lo que García contrató a Siemm mientras formaba parte de la empresa. Lo
admitió el exgerente general de ASSE, Richard Millán, en el Parlamento.
“Fue solo un mes”, dijo primero. “Es cierto que Marcos García estuvo un
mes y medio, pero se excusó; las autoridades lo avalaron y él no se
escondió”. Luego siguió: “Él avisó, dijo. No sé si es un atenuante, no
soy jurista”. Lema le retrucó con ironía: “Como ASSE decide que es un
mes nomás les da respaldo a estos jerarcas. A modo de sugerencia
propongo que se establezca hasta dónde hay tolerancia para que todos
puedan saber hasta dónde hay coronita y hasta dónde no”.
Según el informe policial, si bien García se desvinculó del servicio, “nunca se desvinculó de las cuentas bancarias de Siemm”.
Dos
años tarde. Los auditores Oxandabarat y Butiérrez recomendaron a ASSE
que haga un arbitraje con un técnico independiente que evaluara y
autorizara los traslados, algo que no se puso en práctica. El documento
elaborado para Crimen Organizado remarca este punto. Dice que de hecho,
recién en el año 2015 la gerencia general de ASSE dispuso una i
nvestigación administrativa con relación a hechos que se alertaron en
2013. Durante todo ese tiempo la empresa Siemm continuó vendiendo
servicios al Hospital de Bella Unión. El resultado de la investigación —
ordenada en ese momento por Marlene Sica, ahora vicepresidenta de ASSE—
fue una amonestación verbal para García. Esa fue la única sanción. Y
tras la reprimenda se siguió contratando a Siemm hasta que en 2016 ASSE
resolvió destinar más flotas propias en Bella Unión para terminar con
las tercerizaciones. Desde entonces disminuyeron las solicitudes del
servicio, admitió a Búsqueda el director ge- neral de SAME, François
Borde. En los tres años en que operó Siemm en Bella Unión hubo un
aumento de 71 traslados en relación con los efectuados por medios
propios de ASSE, concluye el informe.
Cédulas
inexistentes e IVA duplicado. Una de las conclusiones de la
investigación es que los precios establecidos en los contratos
realizados con Siemm, de acuerdo con resoluciones, se realizaron con IVA
incluido. “Y en la mayoría de las órdenes de compra emitidas por el
Hospital de Bella Unión y las boletas de la emergencia móvil, se cobró
el precio establecido agregando el IVA, lo que aumenta los valores a ser
abonados por la administración”. Lo otro que llamó la atención del
investigador es que de acuerdo con los nombres y/o cédulas de identidad
que surgen en las boletas de la empresa y planillas del hospital, “se
logró establecer en una cantidad importante que no existen los números
de cédula, por ende no existen las personas, o sea que se cobra por sus
traslados, siendo que las personas no existen”.
Los
indagados alegaron en su defensa que en algunos casos se trató de niños
recién nacidos que todavía no estaban registrados en el DNIC.
>>> La irrupción de FANCAP
Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería (i), y Salvador
Sprovieri, secretario general de la Federación ANCAP, ayer, antes de la
presentación del balance financiero del ejercicio 2017 de la empresa.
Después de varios años de resultados negativos, ANCAP reafirmó su tendencia a la recuperación con una ganancia en 2017 de 39 millones de dólares –1.125 millones de pesos corrientes–. La presidenta del ente; Marta Jara, que ayer encabezó la presentación de los resultados financieros, señaló que esto permitirá continuar consolidando el patrimonio de la empresa, que de 2011 a 2015 acumuló pérdidas por unos 800 millones de dólares.
Detallando los resultados por línea de negocios, el gerente general Ignacio Horvath señaló que “se mantuvieron las tendencias de 2016”: los combustibles y lubricantes arrojaron ganancias operativas de 2.375,2 y 69,1 millones de pesos, respectivamente; mientras que el gas natural y el pórtland dieron pérdidas de 28,3 y 356,4 millones de dólares, respectivamente. El resultado operativo total fue positivo, de 2.059,7 millones de pesos corrientes –casi 72 millones de dólares–.
Con respecto a las tarifas, se explicó que el aumento de costos unitarios de los combustibles fue parcialmente compensado por un mayor volumen de ventas, y Horvath aseguró que se están “parametrizando los costos y trasladando a tarifas aquello que supera la ganancia objetivo”. Adelantó que sólo habrá incrementos en función del tipo de cambio (estimado en 30,5 pesos por dólar) y el valor del barril (63 dólares) y sostuvo que se seguirá la evolución de ambos parámetros para “actualizar los costos de venta”. También reafirmó el compromiso de lograr “una reducción de 25 millones de dólares en gastos gestionables con respecto a 2017”.
Se destacó que el directorio está “trabajando en la transparencia” y que un hito en este sentido es el nuevo diseño del sitio web de ANCAP, que además de ampliar el acceso a información pública y contener la publicación de donaciones y publicidad recibidas y realizadas por la empresa, cuenta con un acceso a la paramétrica en la que se basa el directorio para fijar las tarifas del combustible.
En cuanto a las empresas vinculadas de ANCAP, el buen desempeño de Distribuidora Uruguaya de Combustibles SA (DUCSA) determinó, según Jara, que el resultado en su conjunto fuera “neutral”.
Shell y una irrupción
Después de que caducara el acuerdo de Shell con Gas Sayago para “evaluar el eventual desarrollo conjunto de una terminal de importación de gas natural licuado”, el 31 de marzo, y de que el gobierno anunciara que no va a renovarlo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, explicó que la decisión respondió a una cuestión de plazos, ya que el potencial mercado de compra de regasificado es Argentina, país que todavía no ha regulado las condiciones. En este contexto, y con “la premisa es que el Estado de Uruguay no corra riesgos”, afirmó que “no tiene sentido mantener las condiciones de exclusividad”, aunque eso “no significa, para nada, que el proyecto esté cerrado”.
Una vez comenzada la presentación del balance, integrantes de la Federación ANCAP ingresaron en la sala del tercer piso para protestar contra la intención de contratar a una naviera para el servicio de fletes de combustibles desde la refinería de La Teja en Montevideo a los centros de distribución de Colonia (Juan Lacaze) y Paysandú, una tarea que actualmente se lleva a cabo con el buque-tanque ANCAP IX. La situación se resolvió cuando Cosse conversó con los manifestantes y les aseguró que los recibiría para escuchar sus planteos.
COSECHANDO AMIGOS - ROMPKBZAS ANCAP es como Pandora pero sin la esperanza
La empresa Carboclor, propiedad de ANCAP en Argentina, ya cerró sus
plantas petroquímicas y mientras busca un comprador sólo mantendrá el
negocio de “almacenaje y logística portuaria en Campana”. Esta empresa
perdió 32 millones de dólares el año pasado y ya tuvo que despedir a 150
trabajadores.
Hoy se informa que CABA,
la filial de ANCAP productora de bebidas alcohólicas, perfumes y
solventes cerrará. Esta empresa perdía 1.000.000 de dólares al año y
llegó a un acuerdo para retiros incentivados y distribución de personal.
Le quedará alguna marca para vender “si hubiera algún interesado”,
dijo el director Diego Labat a El País.
En el año 2011 se
genera una asociación que se llama Talobrás que está integrada por
ANCAP, Puertas del Sur y Petrobras y comercializa combustible para la
aviación. La petrolera brasileña brinda los servicios que antes tenía
Shell y vende 3 millones de litros de combustible por mes. Hasta la
caída de PLUNA, ANCAP vendía 6 millones de litros por mes y Puertas del
Sur nada. Pero en un memorándum de entendimiento firmado entre ANCAP y
Puertas del Sur, consorcio del grupo Eurnekian operador de los
aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, este grupo le cede a la
empresa extranjera Golden Sails el 100% de la distribución de
combustible, según informó FANCAP.
En tanto hoy comenzó un
conflicto y paralización en distribución de combustible decretado por el
sindicato ante un llamado a licitación por el que se privatizará el
transporte fluvial de combustible.
Fuentes sindicales señalaron
que “pocas veces se puede ver una trama tan compleja de intereses que
involucra a empresas, funcionarios públicos y cargos políticos. Una
trama que se desarrolla en profundidad a partir de lo que los militares
llamaron el Plan Maestro de reconversión de ANCAP, en el período de
finales de la década del setenta hasta el primer gobierno democrático
de Julio M. Sanguinetti. Un poco de memoria nos permite atar algunos
cabos y recordar eventos que pautaron el futuro del área de transporte,
comercialización de hidrocarburos:
1) En 1976 se construyó la
Terminal del Este de ANCAP, con el fin de dar cabida a los grandes
petroleros y especialmente a las pretensiones de La Armada de
transportar petróleo, la creación de la OPEP tuvo un impacto
trascendente en la política de las multinacionales, como reseña el
Contra Almirante Oscar Lebel en su libro. La obra incluyó la Boya
petrolera, la construcción de un oleoducto submarino, una terminal de
tanques, sala de bombas y un oleoducto desde Maldonado a Montevideo.
Obra tan faraónica como inútil en un país con gran capacidad portuaria y
posibilidades de desarrollar otra estrategia Logística.
2)Simultáneamente
en 1978 se inaugura la Planta de La Tablada, como unidad de
almacenamiento y distribución de combustibles. Esta Planta permitió
modernizar el sistema de despacho, pero principalmente brindarle a las
Empresas de Trasporte y a las Distribuidoras de Combustible, garantías
de abastecimiento y gestión sobre activos públicos. La centralidad del
producto y las vías de transporte aseguradas facilitaron el desarrollo
de una flota de transporte que autogestiona la operativa de carga de
combustible, por un lado, y por otro el bum de Acodike y Río Gás (hoy
también Megal y Ducsa) en la carga y comercialización de gas (GLP).
3)La
compra del buque tanque Ancap Noveno significó sin duda un
reforzamiento de una estrategia de logística fluvial muy conveniente
para el Uruguay.Botado el 20 de Marzo de 1979, y construido en Japón por
el astillero Tsuneishi SBCo Ltd, con 104 mts de Eslora y 17. 5 mts de
Manga, y es capaz de transportar 3.600.000 lts de combustibles en 10
bodegas capaces de contener producto pesado, liviano, incluso alcohol.
Una formidable embarcación que por su forma, estructuras de tanques, y
calado, trepa el Rio Uruguay con disposición y tecnología que aún
resulta avanzada en esta época, logrando hasta 13,3 nudos de velocidad.
Los
sindicalistas afirman que “los estertores de la dictadura fueron el
telón de fondo de un reparto de activos públicos que culminó con decenas
Estaciones de Servicio en manos de hijos y entenados de "El Proceso".
Es así que desde el año 1987 ANCAP no gestiona Estaciones de Servicios,
tampoco transporta gasoil o nafta. La distribución de combustibles y su
comercialización es realizada por agentes privados. Entre el año 2011 y
el 2016, la torta de la distribución (no la venta), ha significado 250
millones de dólares de ganancia para los agentes privados
Aunque
algunos defensores de estas políticas dirán que el combustible ha
aumentado menos que la media histórica (comparativamente), está claro
que el proyecto de izquierda prometía otra cosa.
Durante estos
años aumentó el margen de ganancia del sector privado, trepando a
porcentajes únicos en el ranking latinoamericano. Hechos objetivos que
el más racional de los liberales no esperaba que se mantuvieran durante
un gobierno del Frente Amplio, unidos a una carga impositiva abrumadora
que cae sobre toda la población, transformado la energía en un bien
privativo y no en un derecho humano”.
Y finalmente sostienen que
“la intención de hundir el buque tanque Ancap Noveno es más de lo mismo,
está facilitada por la oportunidad de negocio de empresas
multinacionales, y una vez más por quienes tienen un pie en el Estado y
otro en el sector privado. La frutilla de esta nueva etapa de
privatizaciones en ANCAP parecen ser las Plantas de distribución
existentes en todo el país, desde donde los operadores privados
intentarán aumentar sus ganancias. Apropiarse de la gestión de los
activos físicos, vender, transportar y poseer el almacenamiento.
La
gestión del directorio encabezado por Marta Jara viene a profundizar
los aspectos más regresivos de la política económica del gobierno
progresista, pero se instala luego de una pesada carga-país dejada por
el anterior Directorio”, afirmaron desde el sindicato.
Ahora
FANCAP (Federación ANCAP)se plantea el relanzamiento de la Comisión de
Defensa de ANCAP creada para impulsar el plebiscito del 2003, promotora
del triunfo en favor de ese ente con la administración pública.
Pero
antes tendrán que explicarnos muy bien lo que nos van a proponer
defender. Porque ANCAP es de todos, dicen. Pero todos colaboramos para
sostenerla que es diferente
Hasta ahora la empresa pública ha sido
coto de intereses menores ya sean directores, gerentes, empresarios e
incluso el sindicato.
Cuando era dirigida hacia el desastre y el
sindicato sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, decidió callarse
a cambio de beneficios.
Entonces muchas cosas tendrán que cambiar para que el ciudadano vuelva a percibir a ANCAP como la empresa de todos.
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20 Feb 2018 ... Mónica Riet Bustamante SI QUIEREN CONOCER LA VERDAD DE QUIÉN ES
GRABRIEL ARRIETA , vaya y entren a su página Gabriel arrieta. Lo conozco
desde que ocupó con un grupo, cooperativo esa tierra de San José que luego
poco a poco los otros fueron abandonando pues es duro, las políticas ...
