viernes, 6 de abril de 2018

Brasil sin miedo




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 Punto final para el progresismo
Lula a la cárcel

Foto: AFP, Mauro Pimentel.
 
 
Por Raul Zibechi
 
Con un Lula condenado y citado a la cárcel se cierra un ciclo político en América Latina. El ex presidente de Brasil prácticamente ya ha agotado las posibilidades de presentarse a las elecciones de octubre próximo, su partido será reducido a la mínima expresión, y el futuro de las izquierdas queda suspendido en un limbo del que no podrá salir siquiera en el mediano plazo.
Por seis votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal (Stf) rechazó el hábeas corpus presentado por los abogados del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De ese modo, pierde la chance de evitar la prisión antes de las elecciones presidenciales de octubre. Aunque el desenlace era previsible, supone una seria derrota para el Partido de los Trabajadores, para la izquierda brasileña y latinoamericana y, por supuesto, para el principal líder de esta corriente.
En la correlación de fuerzas que provocó esta derrota deben anotarse como mínimo tres aspectos: la potente irrupción de los altos mandos de las fuerzas armadas en el escenario político, algo inédito en tres décadas de posdictadura, la conformación de una nueva derecha militante, profundamente racista, antipopular y antidemocrática que polarizó al país y, por último, una izquierda paralizada que no ha sido capaz de comprender las nuevas realidades globales y regionales.
LA “ÉTICA” MILITAR. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, escribió en su cuenta de Twitter, horas antes del inicio de la sesión del Supremo Tribunal Federal que debía decidir si Lula irá a la cárcel: “Todos los esfuerzos deben ser hechos para prohibir la corrupción y la impunidad en la cotidianidad brasileña”.
La propuesta sería creíble si partiera de una institución habituada a castigar a los responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura militar (1964-1985). Pero los altos mandos siguen respaldando a los torturadores, les rinden homenajes públicos y sesgan el escenario político. En 2016, la Comisión Pastoral de la Tierra demostró que en los últimos 32 años hubo 1.722 asesinatos en el campo brasileño en el marco de la reforma agraria, de los cuales sólo 110 fueron a juicio y apenas 31 personas resultaron condenadas.
La institución que debería perseguir el crimen en Rio de Janeiro, donde interviene por orden del presidente Michel Temer, la define Villas Bôas como “guardián de los valores y principios de la moralidad y la ética”, pero no parece empeñada en encontrar a los asesinos de la concejala Marielle Franco.
Por lo menos otros tres generales apoyaron al comandante en mensajes públicos. El general Luiz Gonzaga Schroeder declaró a O Estado de São Paulo que si Lula no es enviado a la cárcel, “el deber de las fuerzas armadas es restaurar el orden”. Sólo el comandante de la fuerza aérea, Nivaldo Luiz Rosado, mostró un tono diferente al de los generales, al apuntar que la sociedad está “polarizada” y exigir a sus subordinados respetar la Constitución y no poner las convicciones personales por encima de las instituciones.
Más que una amenaza golpista, se trata de presiones –inadmisibles por cierto– a los 11 jueces del Supremo para que lleven a Lula a la cárcel. Presiones que no se escucharon cuando el Parlamento decidió impedir que la justicia procesara al presidente Temer. Por otra parte, 5 mil jueces y fiscales pidieron en carta colectiva que se mantenga el criterio de que un condenado en segunda instancia debe ir a prisión, mientras 3.200 abogados opinaron lo opuesto.
SOCIEDAD DIVIDIDA, PAÍS A LA DERIVA. La ofensiva política de los militares está enseñando, por partida doble, el desconcierto de la sociedad ante la increíble polarización social-cultural-política y la crisis de las instituciones democráticas. Cuando los militares se meten de lleno en la política, es porque las cosas andan mal. Muy mal. Con el tiempo, ese involucramiento genera incluso divisiones internas irreconciliables.
La pregunta es por qué los militares, los grandes medios, las iglesias evangélicas, los empresarios y el tercio de arriba del país, han hecho del odio una seña de identidad que ahora se focaliza en Lula, pero en el cotidiano se yergue contra negros y negras, izquierdistas, sexualidades disidentes y un largo etcétera donde entran todos los diferentes. Meses atrás, en un elegante shopping de Brasilia, un señor insultó a una mujer y a su hija cuando salían del cine tomadas de la mano porque creyó que eran lesbianas.
Si eso sucede en un espacio en el que predominan las clases medias blancas, puede imaginarse cómo será la vida cotidiana de las lesbianas faveladas, como Marielle Franco, por cuyo asesinato no se han levantado voces indignadas, ni en los cuarteles ni entre las clases medias acomodadas.
La hipocresía de la derecha brasileña impresiona. No sólo domina los medios, la justicia, las fuerzas armadas y las principales instituciones estatales y privadas de Brasil, sino que tuvo la habilidad de ganar las calles desde 2013, cuando la izquierda electoral retrocedió asustada ante la irrupción de multitudes contrariadas por los aumentos de precios del transporte y la represión policial.
El Movimiento Brasil Libre (Mbl), principal expresión política y militante de la nueva derecha, lleva casi cinco años haciendo sentir su poder en las calles, desde acciones masivas con cientos de miles de personas hasta pequeños grupos que la emprenden contra los estudiantes que ocupan escuelas secundarias o activistas feministas y Lgbt. Desde que desplazaron a la izquierda de las calles, no pararon un minuto. Consiguieron victorias importantes, como forzar al Banco Santander a retirar una exposición queer acusándola de “incitar a la pedofilia y zoofilia” (Público, 14-IX-17).
Estamos ante una nueva derecha militante, ante la cual la vieja izquierda se disuelve en el aire de una legalidad mezquina, en manos de jueces y fiscales que coinciden con los postulados de la intransigencia y el odio. No se inmuta ante la irracionalidad de sus argumentos, ni teme violentar el sentido común y las leyes para imponer sus postulados. Por ejemplo, aceptar que Temer siga siendo presidente cuando tumbaron a Dilma por mucho menos de los cargos que la justicia le imputa al actual presidente.
LA IZQUIERDA IMPOSIBLE. ¿Qué puede aprender la izquierda del juicio contra Lula y de la imposibilidad de presentarse como candidato? ¿Qué de la emergencia de la nueva derecha implacable, que no se detiene ante nada?
La primera cuestión es que la izquierda no puede seguir gobernando como lo hizo, en ancas de aquel lema (“Lulinha paz e amor”) que la catapultó a Planalto. En enero pasado, en un mitin en San Pablo, aseguró que ya no será el mismo de antes del juicio. “No puedo ser más radical. Pero tampoco puedo ser Lulinha paz y amor. Les di amor y me devolvieron golpes. Quiero probarles que no tiene sentido arreglar este país si el pueblo pobre no está incluido” (Uol, 19-I-18).
Lula sabe que no puede volver a gobernar, porque una sociedad polarizada no admite medias tintas como las que promovió durante sus dos gobiernos. Aquel tibio centrismo y la alianza con la derecha no son reeditables. Las fuerzas sociales que lubricaron la gobernabilidad (empresarios, evangélicos y sectores de las clases medias), retrocedieron espantados no por sus programas económicos sino porque los pobres empezaron a moverse y ocupar espacios a lo largo y ancho del país. Una reacción colonialista a tono con la peor historia del país, que ningún gobierno puede trasmutar.
La segunda cuestión es que la izquierda podría interrogarse sobre los caminos a seguir. Desde la caída del socialismo real (1989-1991), las diversas variantes de las izquierdas optaron por un pragmatismo rayano en la entrega de sus valores históricos. Con el afán de llegar al gobierno, diluyeron sus programas y labraron alianzas con las derechas pagando precios tremendos en legitimidad. En Brasil, nada menos que el matrimonio con el Pmdb del actual presidente, un partido que sólo piensa en obtener cargos y mantenerse en ellos.
El problema no es ganar o perder, capricho que siempre estuvo y estará sujeto al vaivén de los ciclos históricos. La cuestión de fondo es la identidad y la coherencia que debería emanar de ella. En momentos difíciles como los que atravesamos, vale la pena escuchar a las personas que atesoran sabiduría, como el historiador Eric Hobsbawm. En su Historia del siglo XX sostiene que la revolución española fue la causa más noble del siglo: “Para muchos de los que hemos sobrevivido es la única causa política que, incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y convincente como en 1936”.
No podemos decir lo mismo de las experiencias progresistas en América Latina. La corrupción se está llevando por delante una parte de lo conseguido por esos gobiernos. La otra parte es dilapidada por esa inentendible soberbia que desquicia, incluso, a quienes los apoyaron.
La crisis actual puede ser el momento adecuado para lanzar nuevas-viejas preguntas. ¿Puede cambiarse la sociedad desde el Estado? En los hechos, el Estado ha domesticado a las personas que asumen cargos. ¿Por qué las izquierdas siguen creyendo en algo que llamamos Estado de derecho, cuando las derechas dejaron de creer en la legalidad para imponer sus intereses por la fuerza? En consecuencia, ¿qué caminos habría que tomar para actuar fuera de los marcos de las instituciones, pero sin acudir a la violencia?

Eventualidades

El PT no ha parado de repetir que en cuanto a candidatos presidenciales no tiene “plan B”. Ahora la candidatura de Lula pende de un hilo casi transparente.
Le corresponde al Tribunal Superior Electoral (Tse) tomar la decisión final sobre la candidatura que más apoyo recoge en Brasil. Pero recién el próximo 15 de agosto, menos de dos meses antes de las elecciones, el Tse decidirá si acepta o no formalizar la candidatura del ex mandatario.
Hasta entonces el PT podrá conservar su pretensión de mantener a Lula como su candidato, incluso mientras éste cumpla su condena de 12 años y un mes en la cárcel. Sin embargo, varios analistas políticos señalan que Lula es inelegible y no podrá presentarse a la elección del próximo 7 de octubre, ya que la llamada ley de “foja limpia” no permite que personas que hayan sido condenadas en segunda instancia (es el caso de Luiz Inácio) sean validadas como candidatos.
Los abogados de Lula pretendían intentar impedir o postergar la detención de su cliente presentando recursos de amparo o “embargos”, pero según los especialistas estos recursos no cambiarían la condena de 12 años y un mes decretado por unanimidad por los jueces del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre por recibir un soborno (un apartamento tríplex en un balneario del estado de San Pablo) de la constructora Oas a cambio de favores en la petrolera estatal Petrobras. Los abogados de Lula siempre han argumentado que su cliente no es el propietario del apartamento.
M A J

Amenazas militares

Mário Augusto Jakobskind
Desde Rio de Janeiro
Entre todas las presiones militares que se ventilaron en público en Brasil en los días previos al fallo del Supremo Tribunal Federal (Stf) sobre el recurso de hábeas corpus, las declaraciones del general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa fueron las que más llamaron la atención.
Llegó a afirmar que en caso de que el Stf le concediera el amparo de hábeas corpus a Lula, podría estallar una “lucha fraticida”. Agregó que si éste dejara en libertad al ex presidente, sólo estaría actuando como “incitador” de la violencia entre los brasileños.
El general retirado no dudó en ir más lejos. Afirmó que si el tribunal permitía que Lula se presentara como candidato a presidente y luego fuera electo, “no quedará otra alternativa que la intervención militar”.
Días antes había advertido en un programa de radio que incluso podría haber “derramamiento de sangre” y que la crisis que se desataría sería resuelta “con balas”.
Las amenazas de Lessa fueron consideradas por el comando del ejército como una posición personal que no representaba a la institución. No se le hizo un llamado de atención, a pesar de que la ley prohíbe pronunciamientos de militares sin autorización superior.
Sorprendió que, tras las declaraciones del comandante del Ejército, general Villas Bôas, en la que afirmaba que el ejército comparte “el repudio a la impunidad”, el ministro interino de Defensa, Joaquim Silva e Luna interpretó que el comandante había querido reafirmar “el compromiso de la fuerza terrestre con los preceptos constitucionales, sin olvidar el origen de sus cuadros, que es el pueblo brasileño”. Amnistía Internacional y varios juristas condenaron, por su lado, la declaración de Villas Bôas al interpretarla como una presión hacia los jueces del Stf.
El presidente Temer prefirió no comentar las afirmaciones del comandante del Ejército, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, precandidato presidencial, afirmó que “en momentos de turbulencia, cuando sectores de la sociedad se posicionan de diferentes maneras, no se debe cuestionar el respeto a la Constitución”.

Sin esposas

Fue el juez Sérgio Moro, el primero en condenar a Lula, en 2017, por el caso del tríplex en Guarujá, quien acabó con las últimas esperanzas de impedir que Lula fuera detenido. El jueves de tarde lo mandó a la cárcel para que purgue su pena. Pero tuvo la delicadeza de concederle al ex presidente la posibilidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba para ser encarcelado antes de las 17 horas de este viernes.
Moro dispuso que estaría prohibido el uso de esposas sobre el ex mandatario “debido a la dignidad del cargo ocupado” por Lula y que por ese mismo motivo lo esperaba en la cárcel una celda reservada, una especie de “sala de Estado Mayor” donde estaría “separado de los demás presos”.
Sin embargo, estos gestos no ocultaron las críticas del juez contra la prolífica presentación de recursos o “embargos” con las que los abogados de Lula buscaban mantener viva la esperanza. Las calificó de “una patología protectora (…) que debería ser eliminada del mundo judicial”. La condena en segunda instancia no podrá modificarse, insistió.
F R T

La ética perdida

Raúl Zibechi
“Qué falta hace Leonel Brizola”, escribe el periodista Antonio Martins en Outras Palavras. Recuerda que en agosto de 1961, cuando era gobernador de Río Grande del Sur, los generales Odílio Denys y Orlando Geisel le lanzaron un ultimátum: “Exigían que desmovilizara a las miles de personas que convocó al Palacio da Piratini, para enfrentar una conspiración contra la asunción del vicepresidente João Goulart, luego de la renuncia de Jânio Quadros”.
Goulart era rechazado por lo militares por sus convicciones políticas de izquierda y vetaron su ascenso al poder. “Nadie me va a dar un golpe por teléfono”, fue la respuesta airada de Brizola.
Ordenó levantar barricadas en torno del palacio de gobierno e instaló nidos de ametralladoras en las terrazas. “Su fuerza militar era ínfima, pero su gesto mostró a los que resistían la arrogancia de las oligarquías, que no estaban solos y que había cómo luchar”, escribe Martins. Denys y Geisel retrocedieron, la multitud permaneció y Goulart asumió la presidencia.
La actitud de Brizola contrasta vivamente con la izquierda que emergió después de la dictadura. No se trata de armas, sino de la decisión de resistir. Estaba moldeado por otra cultura que la de Lula, con quien tuvo pésimas relaciones. ¿Cómo explicar los cambios?
La izquierda anterior al golpe no era ni mejor ni peor que la actual. Era diferente. Una buena parte de sus miembros no aspiraban a la comodidad que otorgan los cargos de poder, no soñaban en el consumo, ni en imitar los hábitos de los ricos. Tenían proyectos de vida colectivos que defendían poniendo el cuerpo.
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1 comentario:

  1. LOS CORRUPTOS Y COIMEROS DEBEN IR TODOS A LA CARCEL ACA Y EN TODO EL MUNDO, CON ESTA GENTE NO HAY LIBERACION NACIONAL NI SOCIALISMO...

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