Los frustrados planes de la dictadura uruguaya para asesinar a un legislador estadounidense.
Samuel Blixen
4 mayo 2018
Documentos de cancillería ilustran cómo los ministros Juan
Carlos Blanco y Alejandro Rovira secundaron los planes de la
inteligencia militar para que el coronel Fons y el mayor Gavazzo
pudieran ingresar a Estados Unidos para matar a Edward Koch.
El proyecto de asesinar en Washington al congresista Edward Koch,
representante demócrata por el distrito de Nueva York, fue una idea fija
de la dictadura, que desafió la relación histórica con Estados Unidos.
Fue una obsesión que se prolongó durante un año, entre 1976 y 1977,
según confirman documentos secretos elevados al entonces ministro de
Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, hoy condenado por delitos de
lesa humanidad, y a su sucesor Alejandro Rovira. El plan fracasó porque
el gobierno de Jimmy Carter, que asumió en enero de 1977, resolvió
declarar personas no gratas al coronel José A Fons y al mayor José
Gavazzo, antes de que la cancillería uruguaya concretara su designación
como miembros de la delegación del país ante las Naciones Unidas.
Había dos poderosas razones para ese encono: una, que el congresista
había prestado una sustancial ayuda a Wilson Ferreira Aldunate cuando el
dirigente blanco denunció, en una audiencia de un subcomité del
Congreso estadounidense, las reiteradas violaciones a los derechos
humanos cometidas por la dictadura; y otra, que Koch fue el autor de una
enmienda que obligaba al gobierno estadounidense a suspender su ayuda
militar a Uruguay. Anteriormente, el Departamento de Estado había negado
la autorización para que Gavazzo y Fons asumieran, el primero como
agregado militar en la embajada uruguaya y el segundo en la Junta
Interamericana de Defensa.
A diferencia de la postura del gobierno de Gerald Ford –condicionada
por el compromiso del secretario de Estado Henry Kissinger con el Plan
Cóndor–, el flamante gobierno de Carter prestó oídos a las versiones que
informaban del plan de asesinato. Había un antecedente reciente y
dramático: en setiembre de 1976 Orlando Letelier, ex canciller del
gobierno de Salvador Allende, fue asesinado en las calles de Washington
por un comando de la inteligencia chilena, mediante un atentado con
bomba.
NOTICIA DE UN ASESINATO. La primera noticia sobre la
intención de asesinar a Koch fue notificada por un agente de la Cia en
Montevideo en julio de 1976, pero el director de la agencia, George Bush
padre, desestimó la alarma. Un informe de la inteligencia del
Departamento de Defensa alertaba en octubre de 1976, desde Buenos Aires,
que se estaban formando equipos especiales con militares de los países
del Plan Cóndor para llevar adelante, en países fuera de Sudamérica,
“operaciones que incluyen asesinatos de terroristas o aliados de terroristas”, en lo que se definía como
“la tercera y muy secreta fase de la operación Cóndor”.
Para concretar el asesinato de un “blanco”, el Cóndor montaba dos
“teams”,
el primero, de localización y vigilancia: cuando la vigilancia
terminaba se despachaba otro grupo para que “ejecutara” al blanco. La
información brindada por el coronel Paul A Coughlin, agregado legal de
la embajada estadounidense en Buenos Aires (que
“tiene excelentes contactos en la Secretaría de Información del Estado –Side– y en la Policía Federal”),
establecía que los grupos operativos del Cóndor se estructuraban como
las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, incluso con un médico y un
experto en demoliciones; y estaban integrados por miembros de un país, o
por individuos de diferentes países. Los integrantes no actuaban como
miembros de las fuerzas armadas sino como “agentes” con documentos
falsos proporcionados por los correspondientes gobiernos.
Los informes que llegaban al Departamento de Defensa de Estados
Unidos redactados por el agregado militar en Buenos Aires, teniente
coronel John Bohach, coincidían con los trascendidos que en Montevideo
identificaban a Fons y Gavazzo como encabezando el
“team” que
debía encargarse de Koch. Ambos oficiales de inteligencia estaban
profundamente comprometidos en la estructura del Cóndor. El informe del
agregado de Defensa (desclasificado en diciembre de 2006) informaba que
“entre el 23 y el 27 de setiembre (1976)
miembros de la Side, operando junto con oficiales del servicio de
inteligencia militar uruguayo realizaron operaciones contra la
organización terrorista uruguaya Opr 33. Como resultado de estas
operaciones conjuntas la infraestructura ha sido eliminada”. Gavazzo
dirigió dichas acciones, que arrojaron más de 20 desaparecidos,
mientras que Fons las coordinaba y monitoreaba desde el Sid en
Montevideo.
La idea del asesinato había surgido cuando el parlamentario –que
después sería alcalde de Nueva York– comenzó a respaldar decididamente
las denuncias de Ferreira a partir de los asesinatos en Buenos Aires de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y se convirtió en un operativo
Cóndor, que involucró al Sid, a la Junta de Comandantes y a la
Cancillería, cuando fue aprobada la enmienda del Congreso.
A mediados de 1976 el agente de la Cia en Montevideo Frederick
Latrash mantuvo una conversación con Gavazzo y Fons durante una
recepción diplomática; es presumible que ambos tuvieran una estrecha
relación con Latrash por los vínculos que el Sid mantenía con la Cia.
Los militares le adelantaron a Latrash:
“Quizás deberíamos enviar a alguien a Estados Unidos para que se haga cargo de ese congresista Koch”.
Los dos oficiales agregaron que el “trabajo” bien podía hacerlo la
Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) chilena. Latrasch informó a
sus superiores en Langley; afirmó que, a su juicio, sólo se trataba de
una afirmación realizada por borrachos, pero se cuidó de informar al
embajador en Montevideo, Ernest Siracusa.
Hay un aspecto de esta intriga que aún no está debidamente aclarado:
el embajador Siracusa viajó a Washington en agosto de 1976 para
entrevistarse personalmente con Koch y disuadirlo de continuar la
campaña contra Uruguay por la violación de los derechos humanos. Invitó a
Koch a viajar a Montevideo para obtener una visión personal de la
situación. Koch, que aún no había sido informado de los planes contra su
vida (el director de la Cia, Bush, le informó recién en octubre,
telefónicamente, que existía tal información, pero que el plan era
chileno, y en noviembre el Fbi fue más concreto, señalando a la
inteligencia uruguaya), declinó la invitación por razones de agenda. Más
tarde, Siracusa alegó ignorancia, pero objetivamente un eventual viaje
de Koch a Uruguay hubiera facilitado grandemente el plan de asesinato.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INVASIÓN. En agosto de 1976,
la dictadura pensaba que podía jugar una carta para evitar la aprobación
de la enmienda: inventar una supuesta invasión de guerrilleros con el
objetivo de reinstalar la oposición armada, y demostrar que la amenaza
de la subversión seguía vigente. Esa necesidad imperiosa de demostrar
que la suspensión de la ayuda militar estadounidense podía poner en
peligro a la dictadura se materializó en un comunicado oficial, escrito y
leído ante las cámaras de televisión por el mayor Gavazzo, quien
informaba que tropas uruguayas habían desbaratado un intento de invasión
de guerrilleros que habían cruzado la frontera con Argentina a la
altura del Río Negro, que se habían realizado detenciones en varios
hoteles y pensiones de Montevideo y que un grupo había sido detenido en
un balneario, donde se incautaron armas; el comunicado hablaba de 62
detenidos pero sólo se aportaron los nombres de 14. Una parte de la
parodia consistió en trasladar a Shangrilá a cinco secuestrados del Pvp
en Argentina para que los vecinos del chalet asistieran, en vivo y en
directo, a la “captura” de los guerrilleros. Días después la prensa
nacional e internacional fue invitada a visitar el chalet Susy, en
Shangrilá.
La verdadera historia de este episodio la relató el periodista
Enrique Rodríguez Larreta, en su inicial denuncia en Argentina y después
ante la justicia uruguaya. Él integraba el grupo de 24 uruguayos que en
julio de 1976 estaban secuestrados en Automotores Orletti (el centro
clandestino del Cóndor en Buenos Aires) y fueron trasladados
clandestinamente a Montevideo. En el “300 Carlos” o “Infierno chico”,
una casa en Punta Gorda, continuaron siendo salvajemente torturados
hasta que el 14 de agosto fueron trasladados a las celdas del subsuelo
de la mansión, sede del Sid, en bulevar Artigas. Allí el mayor Gavazzo
propuso salvarles la vida a cambio de participar en la comedia. Las
negociaciones se prolongaron hasta octubre y se alternaron con sesiones
de torturas salvajes. Como éstas no doblegaban la negativa de los
secuestrados, Gavazzo alternativamente los amenazaba con devolverlos a
Argentina o simplemente ametrallarlos allí mismo.
DE TORTURADORES A DIPLOMÁTICOS. Para cuando
finalmente se llegó a un acuerdo, la ecuación ya había cambiado. El
Congreso de Estados Unidos había aprobado la enmienda. El presidente
Aparicio Méndez declaró:
“El mejor socio que tiene en estos momentos la sedición es el Partido Demócrata de Estados Unidos con Kennedy a la cabeza”.
Sin ayuda militar, Koch debía asumir las consecuencias de la
humillación uruguaya. Sin embargo, la primera parte del plan
(localización y vigilancia) debía esperar: el Sid estaba ocupado en
evacuar Automotores Orletti por los problemas con la contraparte de
terroristas de Estado argentinos. De esa manera se produjo el traslado
de todos los uruguayos que restaban allí recluidos (el llamado “segundo
vuelo”), más la argentina María Claudia García de Gelman; todos
permanecen desaparecidos.
Recién en diciembre de 1976 la cancillería uruguaya hizo sondeos para
obtener la visa diplomática estadounidense para Fons y Gavazzo. En
noviembre había sido electo Carter, y Kissinger se abstuvo de dar ese
paso (como sí lo había hecho con los sicarios de la Dina que mataron a
Letelier) cuando apenas faltaba un mes para que asumiera el nuevo
gobierno y él abandonara el Departamento de Estado.
El brevete fue postergado y después rechazado. La cancillería,
entonces, exploró otra vía para instalar a Fons y Gavazzo en Washington
con el paraguas de la inmunidad diplomática. Según un documento secreto
de la cancillería, titulado
“Posibilidad de enviar al coronel Fons como vicedirector del estado mayor de la Jid (Junta Interamericana de Defensa)
sin el consentimiento del gobierno de Estados Unidos de América”, las normas habilitaban al gobierno uruguayo a realizar esa designación
“en forma soberana”,
y fundamentaba que Estados Unidos no podía oponerse y que, además, por
el carácter regional de la Jid, estaba obligado a otorgar la visa
diplomática. Los asesores del ministro Blanco indicaban que el retiro de
la inmunidad diplomática podía concretarse
“con el pedido de
abandono del país para el caso de abuso de las prerrogativas de
residencia para personas que gocen de privilegios e inmunidades
diplomáticas”, pero que no se podía impedir la designación y por tanto el ingreso.
Blanco renunció al ministerio el 23 de diciembre de 1976. Su sucesor,
Alejandro Rovira, heredó el problema de la designación de Fons y
Gavazzo. Un memorándum sin fecha, pero seguramente posterior a marzo de
1977, contenía unas recomendaciones del director de Asuntos de Política
Exterior sobre
“Reacciones en relación con la declaración de que los
señores coronel Fons y mayor Gavazzo no son personas gratas al gobierno
de Estados Unidos”. Aconsejaba
“no tomar medidas de retorsión”,
es decir, la norma de declarar persona no grata a diplomáticos de la
contraparte, como medida de respuesta y represalia. Tal medida podría
perjudicar la
“comunicación fluida y expedita”, especialmente
“con
la gente del Pentágono y de los organismos de seguridad de Estados
Unidos en cuanto tienen puntos de vista similares a los nuestros y
pueden ser puntos de apoyo básicos”. De esta afirmación se deduce
que el Pentágono y la Cia discrepaban con el Departamento de Estado,
proclive a no suspender la ayuda militar a Argentina
“a causa de la importancia estratégica de sus costas”, pero mantener la suspensión para Uruguay. El asesor concluía que
“la conservación de una relación profesional con las fuerzas armadas argentinas”, otra de las razones para no suspender la ayuda militar,
“en el caso de Uruguay no juega y por eso se le cortó la ayuda”.
La cancillería, presumiblemente interesada en satisfacer los deseos
de la inteligencia militar, esbozó otra estrategia para obtener la visa
diplomática para Fons y Gavazzo. Otro memorándum elevado al ministro
Rovira, titulado
“Posibilidad de acreditar en la delegación de la República ante la Onu a los referidos oficiales superiores”, insistía en el argumento de que Estados Unidos no podía oponerse a la visa diplomática
“conforme a lo establecido en la Convención celebrada entre la Onu y el gobierno de Estados Unidos”, y por ende, no podría
“establecer
ningún obstáculo al tránsito de los representantes de los estados
miembros, con destino a, o provenientes del distrito administrativo de
la organización en la ciudad de Nueva York”.
La especificación tan puntual sobre las normas de tránsito y
desplazamiento, y su correspondiente argumentación tenían una razón muy
concreta: Fons y Gavazzo, como eventuales miembros de la delegación
uruguaya en las Naciones Unidas, debían desplazarse, si querían
concretar, al menos, la fase de vigilancia del objetivo en el plan de
asesinato, a la ciudad de Washington, donde trabajaba Koch y residía la
mayor parte del mes.
Cyrus Vance, el secretario de Estado del gobierno de Carter, manejaba
el “pedigrí” de los dos militares uruguayos a los que se insistía tanto
en convertir en diplomáticos. Sabía que Fons había representado a la
inteligencia militar uruguaya en el cónclave inaugural del Plan Cóndor,
en Valparaíso, en noviembre de 1975; y que Gavazzo era el oficial de
inteligencia responsable de secuestros, asesinatos, torturas,
desapariciones y extradiciones clandestinas de uruguayos refugiados en
Argentina.
Una manera de abortar cualquier intento de nombrarlos como delegados,
tanto de la Onu como de la Oea, era declararlos personas no gratas
antes de que fueran designados. En la bolada cayó también el general
Luis Vicente Queirolo, que en 1977 era agregado militar y tuvo que
abandonar Washington.
Todos los personajes de esta historia, salvo Gavazzo y Blanco, están
fallecidos: el general Queirolo falleció en noviembre de 1995; el
embajador Siracusa, en abril de 2000; el agente de la Cia Latrash, en
2002; el periodista Rodríguez Larreta, en marzo de 2007; el coronel
Fons, en 2011; y el congresista Koch murió en febrero de 2013.
