>>> Tierra Libre 31 marzo 2019
Montevideo, lunes 1 de abril de 2019
Ante la constatación de omisiones inadmisibles por parte de las autoridades del Ministerio de De-fensa y el Ejército Nacional, no poniendo a disposición del Poder Judicial la información que se desprende de las investigaciones llevadas adelante por el Tribunal de Honor del Ejército, en las cuales se hizo manifiesta la responsabilidad de José Gavazzo en el asesinato del compañero Roberto Gomensoro.
El PIT-CNT declara su más absoluto repudio a las prácticas de las cúpulas militares que siguen sosteniendo, amparados en la impunidad, el ocultamiento de los responsables del terrorismo de Estado. La impunidad es un entramado de poder que se moviliza desde todos sus resortes para entorpecer las investigaciones que permitan a la sociedad uruguaya conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la última Dictadura.
Respaldamos la decisión del presidente Tabaré Vázquez de solicitarle la renuncia al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y la destitución del comandante en jefe del Ejército José González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún y el general Gustavo Fajardo, integrantes los últimos tres del Tribunal de Honor.
La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, demostra-do con lucha en lo que fue una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado de Bordaberry del 27 de junio de ese año. Reafirmamos la vigencia absoluta de la resolución que dio origen en el año 1964 a la unidad sindi-cal, en función de la cual, el conjunto del movimiento obrero responderá con huelga a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática. ¡Memoria, verdad y justicia! ¡Nunca más terrorismo de Estado! Secretariado Ejecutivo
Comunicado de Presidencia de la República
“El Señor Presidente ha adoptado en el día de la fecha las siguientes decisiones:
- Cesar al Comandante en Jefe del Ejército, Gral. de Ejército José González, quien pasará a retiro obligatorio;
- Cesar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. de Ejército Alfredo Erramún, quien pasará a retiro obligatorio;
- Requerir la venia correspondiente de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los Generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 192 literal G) del Decreto Ley 14.157 - Orgánico de las Fuerzas Armadas, en la redacción dada por la Ley 19.189.
Los
nombrados integraron el Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores N° 1 del Ejército Nacional que juzgaron sucesivamente las
conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis
Alfredo Maurente Mata.
El
expediente administrativo referido al contenido de los fallos emitidos,
fue puesto a consideración de la Presidencia de la República a los
efectos de pronunciarse sobre la homologación o no de dichos fallos.
El
12 de marzo de 2019 se emitieron los actos administrativos
correspondientes, haciéndose constar en ambos pronunciamientos la
discrepancia con los fallos del Tribunal Especial de Honor, habida
cuenta que los mismos, entre otras cuestiones, planteaban la lógica de
cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio,
contrariamente a lo que es valor entendido en un Estado de Derecho,
donde todos deben respetar los fallos judiciales, no sólo por su valor
jurídico, sino por su innegable trascendencia social.
El
mismo 12 de marzo, el Poder Ejecutivo cesó al ex Comandante en Jefe del
Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos, en virtud de las
apreciaciones que vertiera al momento de elevar los fallos,
entendiéndose que su actitud resultaba absolutamente incompatible con el
cargo en que venía desempeñándose, a cuyo efecto se libró un detallado
Comunicado que fue publicado en la página web de la Presidencia de la
República.
Como
consecuencia de la difusión pública de declaraciones vertidas al
Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército
Nacional que juzgaron las conductas de Jorge Silveira Quesada y José
Nino Gavazzo Pereira, en el día de la fecha se solicitó con carácter
urgente al Ministerio de Defensa Nacional los antecedentes de las
actuaciones de dicho Tribunal Especial de Honor.
El
Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente,
haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos
dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría
de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba
pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General
de la Nación.
El
Señor Presidente de la República ordenó la inmediata remisión a la
Fiscalía General de la Nación, de los testimonios vertidos por José Nino
Gavazzo Pereira, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata en
el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal Especial
de Honor, lo que fue cumplido.
Según
surge de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero
mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo
Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el
Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron en forma
deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del
Decreto 55/985, que dispone “cuando el Tribunal de Honor intervenga en
cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o
militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que
corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el
Superior se pronuncie”.
La
grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que
conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un
delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar
dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de
2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su
cese.
En
consecuencia, las resoluciones adoptadas hoy, con la conformidad de la
unanimidad de los integrantes del Consejo de Ministros, guardan
correspondencia con las omisiones señaladas.
Montevideo, 1° de Abril de 2019.”
Ejército: en total seis generales fueron cesados
Presidente solicitara al Senado.. pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo>>>> Retorciendose en el comando
Reunion de Generales en este momento en el Comando del Ejercito.
La noche mas larga del 3er gobierno del FA.
El Fiscal de la Republica Dr. Diaz, envió el reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, decreto 55/1985, artículo 77, que dice que cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de delito común o militar su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta que el superior se pronuncie. El Ministro con licencia medica desde hace dias y problemas graves de salud, por un lado, y por otro el subsecretario de Defensa, Montiel del CAP-L ....grupo politico del ex- ministro Eleuterio Fernández Huidobro, no leyo las notas del Tribunal de Honor, ni informo al Presidente. Tampoco el Presidente del FA J. Miranda, reacciono en tiempo y forma debida.
Acabamos de vivir la noche mas larga de la democracia uruguaya del siglo XXI. De una una “crisis democrática y etica" de las instituciones armadas, y su llamado "Tribunal de Honor", que acaba de deshonorar a la Constitucion y a al Poder Judicial por delito de omision, agravado de ignorar el principio de Lesa Humanidad.
La omision, y las declaraciones a repeticion de Manini Rios, de poner a las FFAA, por fuera y por encima del Estado de derecho constitucional, por parte de Oficiales Superiores, nostalgicos de la dictadura uruguaya (1973-1985) que forzó al exilio a cerca de 380.000 personas, yen donde hubo más de 5.000 presos políticos “procesados” por tribunales de dudosa arbitraridad durante el gobierno civico-militar. Y mas de 20.000 personas fueron detenidas por sospecha de oposicion al regimen de facto. Mas una lista que demuestra los 195 casos de detenidos desaparecidos. Y otra lista de torturadores prófugos. Mas la ley de Impunidad para los militares negociada en el Club Naval para el retorno de la democracia " bajo vigilancia". Coloca al orden del dia, que... La ley de caducidad y el “espíritu de la ley de caducidad” debe ser anulada. En Uruguay, todos los delitos tienen una fecha de prescripción, excepto los crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Honor del ejercito, omitio este principio, del derecho constitucional y su filosofia del derecho, nacional e internacional, mundialmente aceptado por el Occidente y por el Uruguay, desde 1945, por los Juicios de Núremberg o Procesos de Núremberg, contra el nazismo. Y en Uruguay por el Proceso a Bordaberry y al General Gregorio Álvarez, por Terrorismo de Estado, contra los subersivos de la guerrila tupamara y otras organizaciones , y contra la sociada civil del Uruguay, sindicatos, partidos, parroquias, funcionarios publicos, intelectuales, artistas, ONG, profesores, trabajadores, mujeres, profesionales, politicos/as y jovenes.
En el presente, la corrupción castrense y las divisiones internas, vinculadas a gastos reservados y de seguridad nacional, de miles de millones de pesos que benefician indirectamente a generales de la República y a la Caja Militar de jubilaciones, han creado angustias en los Altos Mandos, pero su miedo principal es que el FA y aliados..empujen al fin de la filosofia de la Caducidad. Pero los que hoy tienen 40 años, y no son, ni fueron protagonistas en el pasado, no tienen capacidad intelectual, ni independencia ideologica, ni fuerza, para re-construir unas FFAA, modernas conceptualmente civilizadas a la estilo de Europa o de influencias social-democratas tipo suecas o suizas. Y estan asociados a complicidades de vinculos socio-antropologicos con las visiones y conceptos que provienen de los servicios de inteligencia militar y doctrinal de los EEUU., mas su admiracion tecnologica por ese modelo. Solo un gran debate nacional y restructuracion con una re-fundacion de las FFAA, podrian dernos la esperanza, de que un paso civilizatorio ..es posible en Uruguay. Pero a nivel societal, el problema es que las FFAA , viven en un "proceso de muerte lenta", presupuestal y conceptual. No hay intelectuales capaces de crear una nueva filosofia politica para las FFAA..y su deterioro funcional y doctrinal a todos los niveles .....es por goteo...
Alberto Perez Iriarte.
>>> La asociacón ilicita para delinquir
Tribunal de Honor de las FFAA de Uruguay, a fundamentado el encubrimiento de delitos de Lesa Humanidad, que son imprescriptibles por la Constitucion y por las Cortes Penales Internacionales. El propio Comandante en Jefe de las FFAA de Uruguay en tanto que miembro del Tribunal dd Honor procedio a favorecer y ser complice de encubrir delitos de Lesa Humanidad cometidos por Oficiales de las FFAA durante la Dictadura.
EL FISCAL envía las Actas del Tribunal de Honor Militar...al Tribunal de Flagrancia para peritaje constitucional.
MANINI RIOS , factible de un sumario y de otras investigaciones judiciales : La grave omisión del Tribunal de Honor, también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, Manini Rios, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó un informe al ejectivo, ocultando las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su propio cese.
>>> Omisión deliberada
José Gavazzo y Jorge Silveira, delincuentes de lesa humanidad.
Tanto en el tribunal relativo a Gavazzo y Silveira como en el de Maurente, la Presidencia resaltó que hubo
“la discrepancia con los fallos del Tribunal Especial de Honor, habida cuenta que los mismos, entre otras cuestiones, planteaban la lógica de cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio, contrariamente a lo que es valor entendido en un Estado de Derecho, donde todos deben respetar los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social”.
De inmediato, el gobierno alude a la publicación de la comparecencia de Gavazzo ante el Tribunal de Honor, en la que reconoce haber sido responsable del asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro en la unidad militar de Paso de los Toros en 1973.
Como consecuencia de esa publicación en el diario El Observador
“se solicitó con carácter urgente al Ministerio de Defensa Nacional los antecedentes de las actuaciones de dicho Tribunal Especial de Honor”, señaló el Poder Ejecutivo.
“El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”, acto que no se había producido al momento del pedido presidencial.
Según el comunicado, el presidente Vázquez
“ordenó la inmediata remisión a la Fiscalía General de la Nación, de los testimonios vertidos por José Nino Gavazzo Pereira, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata en el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal Especial de Honor”.
El pronunciamiento del Poder Ejecutivo explica, asimismo, que
“de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985”.
Dicha norma establece que
“cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.
La Presidencia resalta además que
“la grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su cese”.
>>> Díaz: nunca se denunció
El Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, explicó por qué decidió remitir la publicación periodística sobre la comparecencia de Gavazzo a la fiscalía de Flagrancia y al fiscal especializado de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.
Díaz dijo que el sábado se encontra con
“la situación” de que se habían puesto en conocimiento del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de
“hechos delictivos” sin que se cumpliera lo que disponen los reglamentos en cuanto a la obligación de informar a los superiores y detener sus actuaciones cuando eso sucede.
El titular de la Fiscalía dijo ignorar si se produjo la información a los superiores por parte del Tribunal pero sí confirmó que nunca hubo una denuncia judicial de los hechos.
“Puede haber, eventualmente, un hecho delictivo en la omisión de un funcionario público de denunciar”, subrayó.
Díaz aclaró que los fiscales actuante deberá determinar dos delitos diferentes. Por un lado, en el caso de Perciballe
“la admisión del homicidio y las circunstancias de la pretensión de desaparición del cuerpo” por parte de Gavazzo. Por otra parte,
“la eventual omisión en denunciar ese delito por parte de aquellos funcionarios que tuvieron conocimiento”, en referencia a los miembros del Tribunal de Honor, que ahora fueron destituidos por el gobierno.
Todavía resta establecer si en esa omisión también incurrieron el exministro de Defensa Jorge Menéndez y el viceministro Daniel Montiel, ya que el presidente Tabaré Vázquez aseguró que no estaba en conocimiento del contenido de las actas del Tribunal, a pesar de haber firmado la resolución sobre los fallos.
A la opinión pública
En el comunicado emitido el 20 de marzo pasado, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, expresó claramente lo que hoy se confirma.
1 – Ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados; los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García. A pesar de esto los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva.
2 – Respaldamos la rápida respuesta del Presidente y confiamos que el Senado actúe en consecuencia.
3 – Entendemos que para nombrar un nuevo Comandante en Jefe, se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los Derechos Humanos; la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia como corresponde.
4 – El Parlamento tiene en el orden del día la discusión de la Reforma de la Ley Orgánica Militar. En esta discusión se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia. Por lo tanto entendemos que debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario, deben modificarse sus planes de estudio y sus cometidos deben atenerse a lo estrictamente dictado por la Constitución. 5 – Visto lo anterior confirmamos una vez más que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una “Guardia Nacional” integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año.
Verdad - Justicia – Memoria.
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Vázquez nombró al nuevo comandante con actas del Tribunal sobre Gavazzo a su disposición
Lo que se quiso ocultar
Durante las actuaciones Gavazzo reconoció que fue quien arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro para hacerlo desaparecer y dio detalles del asesinato de este militante preso y torturado en instalaciones del grupo de artillería Nº 1.
En el cuartel La Paloma, sede del grupo de artillería Nº 1 también murió otro militante tupamaro, Eduardo Pérez Silveira. De acuerdo al testimonio de “pajarito” Silveira al Tribunal de Honor militar Gavazzo gaseo al detenido con una granada de gas para luego fue llevado en grave estado producto de las torturas al Hospital Militar donde murió. Pérez Silveira aún está desaparecido.
El genocida “pajarito” Silveira también acusó a Gavazzo de tener responsabilidad y participación en el segundo vuelo de la muerte que trasladó presos políticos desde Buenos Aires y lo incriminó en la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Increíblemente y luego de este tipo de confesiones y relatos, los miembros del “Tribunal de Honor”, José González (hasta ahora nuevo comandante del Ejército), Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, omitieron esa obligación de la normativa y entendieron que no había pruebas suficientes para condenar a Silveira y Gavazzo por estos graves crímenes y que los hechos no estaban lo suficientemente aclarados. El tribunal condenó a ambos a la ridícula medida de “no usar el uniforme” por no haber declarado que el Coronel Gómez (que estuvo 3 años preso por la causa Gomensoro) era inocente.
El fallo, una antología de impunidad y encubrimiento, fue refrendado luego por otros 3 militares (Romano, Salaberry y Sequeiro) y luego por el propio excomandante Manini Ríos o sea que en total 7 de los 16 generales del Ejército lo hicieron. Posteriormente, con dudas y salvedades, también fue homologado por el Poder Ejecutivo.
La complicidad del gobierno
Las revelaciones de los pormenores de las actas del “Tribunal de Honor” vuelven a poner en primer plano las responsabilidades de los distintos gobiernos del Frente Amplio en la impunidad del terrorismo de Estado y de la reivindicación de esa época que realizan las Fuerzas Armadas.
Luego de haber dejado a actuar durante años a Manini Ríos con su injerencia en asuntos políticos y sus conductas profundamente antidemocráticas poniendo en su lugar a un claro continuador de ese mismo pensamiento como José González, que al asumir reivindicó la obra de Manini y fue partícipe directo en el “Tribunal de Honor”.
¿Como puede ser que un militar que ampara, protege y silencia las confesiones y revelaciones de Silveira y Gavazzo sea “premiado” por el Frente Amplio dándole el cargo de Comandante del Ejército? ¿Cuál es el grado de acuerdos y negociaciones que tiene el Frente Amplio con estas Fuerzas Armadas cómplices del terrorismo de Estado que reivindican su accionar en la dictadura y obstaculizan de todas las maneras posibles el accionar de la Justicia?
Esta falta de acción del Frente Amplio, que va en el sentido de la reconciliación y la vuelta de página muestra la actualidad del Pacto del Club Naval con la que todo el régimen político quiso preservar al aparato represivo del Estado y evitar cualquier cuestionamiento.
El juego a la derecha
El nombramiento de un continuador como González, del que ahora se conoce que fue incapaz de la más mínima crítica ante las revelaciones de torturas y crímenes políticos, revela también que las Fuerzas Armadas guardan tal autonomía que son capaces de imponer nombramientos por encima del poder político.
En el día de ayer sectores del oficialismo (Michellini, Nuñez, Puig, Castillo entre otros) se escandalizaban y pedían la renuncia de González. Pero antes de estas terribles declaraciones no dijeron nada, aun sabiendo que el nombramiento de González era más de lo mismo, y que más allá de los nuevos datos conocidos ya se sabía que el nuevo comandante era la continuidad de Manini y que la protección de genocidas y torturadores está amparada por las Fuerzas Armadas de conjunto y sostenida por el gobierno que ellos mismos integran.
Tras la resolución tomada por Vázquez, muchos saludaron la decisión, pero otros remarcaron que el presidente debió haber leído las actas del tribunal militar.
Cuando el mandatario homologa los textos del tribunal, lo hace señalando que se vieron los fallos de las actas, en los que debería figurar las confesiones de Gavazzo y Silveira y su integración (el destituido comandante estaba allí).
Algunos dirigentes políticos, como el diputado Ope Pasquet, dijo que la resolución había sido acertada, pero criticó que haya sido "tarde", ya que consideró que Vázquez leyó efectivamente las actas en donde todo quedó esgrimido. También Larrañaga es otro que salió a posar descaradamente en este asunto.
Las declaraciones hipócritas de estos dirigentes derechistas buscan deslindarse de responsabilidades cuando son los que con el conjunto del régimen han sostenido y defendido la impunidad de los genocidas.Vázquez homologó el fallo.— Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 1 de abril de 2019
Por eso el principal OMISO en todo este lamentable proceso ha sido el propio Vázquez. Con los Derechos Humanos nadie puede ser omiso. Ni los subordinados como el Ministro y el Comandante. Tampoco el Presidente Vázquez.
Pero en tiempos de avances derechistas en la región ¿Quién realmente le está haciendo el juego a la derecha?; ¿quien la deja actuar para que envalentone y tome fuerza?
Como no relacionar el silencio cómplice ante las declaraciones que surgen del tribunal de honor (que como mínimo merecían una condena absoluta y su paso a la Justicia) con la propia represión de hace unas pocas semanas a los que se manifestaron en la Marcha por el Agua.
¡Acabar ya con la impunidad!
No se trata de simples hechos del pasado, como los militares y los propios dirigentes del Frente Amplio nos quieren hacer creer.
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Las fuerzas represivas han sido alimentadas, profesionalizadas y
modernizadas por este gobierno a lo largo de sus 3 periodos. Es el
propio gobierno quien ha fortalecido a la Dirección de Información e
Inteligencia (DII) y el Departamentos de Operaciones Encubiertas,
organismos que se encargan de fichar, infiltrar y perseguir opositores.Su cometido no es otro que atacar la protesta social, vigilar y criminalizar a todos los que resisten los embates del capital y su sed de ganancia y explotación.
No se trata simplemente de destituir a González y a algunos otros, hay que ir a fondo contra toda una organización que protege criminales de lesa humanidad. Para empezar deben ir presos también toda la oficialidad (empezando por Manini Ríos) y funcionarios civiles que intentaron ocultar esta información surgida del llamado “Tribunal de honor”, como a su vez todos los genocidas civiles y militares de la dictadura que todavía permanecen impunes. Se debe también cuestionar la función de la institución Fuerzas Armadas y el conjunto del aparato represivo cuyo cometido no es otro que sostener este orden social.
>>> También habrá que purgar
