Piedra fundamental

Se instaló la piedra fundamental para la construcción del Memorial de Ex Presas Políticas

3 octubre 2019

Las promotoras de la iniciativa reivindicaron la necesidad de visibilizar el aporte de las mujeres durante la dictadura.

Entre abrazos, aplausos y puños en alto fue descubierta este jueves la piedra fundamental para la construcción del Memorial de Ex Presas Políticas, que llevará el nombre “Las mujeres construimos historia defendiendo la vida”. Por resolución de la Asamblea General, la edificación será erigida en el Espacio Julia Arévalo, ubicado a unos metros del Edificio Artigas y frente al Palacio Legislativo. El memorial empieza a hacerse realidad semanas después de que la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo autorizaron la construcción, que también cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República.
La iniciativa fue promovida por una treintena de ex presas políticas en conjunto con la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol), organizaciones sociales y militantes de los derechos humanos. Lo que reivindican es la necesidad de que exista un memorial que “identifique y reconozca por parte del Estado uruguayo los aportes de las mujeres en las luchas” durante el período comprendido entre junio de 1968 y marzo de 1985, según aseguran en un texto que fue difundido durante el acto. Pero, además, aspiran a que el memorial quede instalado en un lugar emblemático del país y representativo de la democracia -como es el entorno del Parlamento- “a fin de transmitir a las generaciones venideras un mensaje de paz y de esperanza en la no repetición del terrorismo de Estado”.

La elección del lugar fue celebrada por Nélida “Chela” Fontora, quien en nombre del grupo de ex presas políticas dijo durante la ceremonia que no querían que el memorial se edificara frente a lugares de detención, “donde quedaron las paredes manchadas de sangre de compañeras y compañeros”. La militante aseguró que la decisión de construir este lugar de memoria es fundamental porque las mujeres “siempre estuvieron presentes a lo largo y ancho de la historia” y muchas “entregaron sus vidas por un mundo mejor, justo y solidario”, pero fueron “invisibilizadas durante años”. “Fuimos muchas las mujeres que resistimos la dictadura cívico-militar. Pretendieron quebrarnos con las torturas, con las violaciones, con el manoseo de nuestros cuerpos, pero no pudieron. Hoy, con los rostros diferentes, llenos de arrugas, mitigados por el dolor, seguimos andando”, afirmó Fontora, entre los aplausos de sus compañeras. “Fuimos una generación comprometida, con sensibilidades diferentes, con inserciones políticas y sociales diferentes, pero en todas nosotras había algo en común: la lucha por nuestros derechos y los derechos de todas y todos”, recordó.
Por su parte, el secretario general de Crysol, Enrique Chalar, destacó la construcción del memorial como un logro de la sociedad civil y dijo que constituye “un nuevo avance del Estado”, que a su entender “continúa asumiendo sus obligaciones, las que marcan las disposiciones constitucionales, las normas de derechos humanos en general y muy especialmente la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas”, que en su principio 22 refiere al derecho de las víctimas de violaciones del Estado a conmemoraciones y homenajes. Al mismo tiempo, Chalar pidió que la Justicia “cumpla su cometido de investigar, esclarecer y castigar” los delitos ocurridos durante la dictadura para asegurar que no vuelvan a repetirse, “especialmente cuando no hay obstáculos legales para que se actúe, aunque el poder económico y mediático de los criminales siga operando y presionando desde las sombras y desde los centros militares”.
En representación del Estado hablaron la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la senadora frenteamplista, Patricia Ayala, y la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros. La ministra Muñoz hizo énfasis en los memoriales como “recordatorios” y “gestos de reparación que la sociedad delega al futuro” y que “le señala a las nuevas generaciones de mujeres que la lucha por la democracia y por la Justicia es válida”. La senadora Ayala, en tanto, recordó a su madre, quien fue presa política, y pidió no olvidar a las niñas, niños y adolescentes que, como ella, vivieron el dolor “desde otro punto de vista y desde otro sentir” al tener a su madre y a su padre presos. Barros, por su parte, resaltó la represión y violencia que sufrieron las mujeres “en su doble condición de luchadoras y mujeres”. “La construcción de este memorial es reconocer su lucha y honrar su compromiso con la defensa de la democracia”, aseguró, antes de cerrar, con la voz entrecortada: “Sus voces ya no son silenciadas, ellas hablan. Nuestras voces hablan por ellas también”.

RadioUruguay.uy   Este jueves, con la presencia de varias autoridades, se colocó la piedra fundamental del memorial de las expresas políticas frente al Palacio Legislativo.

El memorial reconocerá la lucha de las mujeres presas durante la dictadura militar. “Lo celebramos como un nuevo avance en el logro de que el Estado continúe asumiendo sus obligaciones, dijo el secretario de Crysol”, Enrique Chalar.

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Chela Fontora, integrante de la Asociación de ex presos y presas políticas, denunció la invisibilidad con que viven las mujeres ex presas de la dictadura y reclamó que el memorial se construya a la brevedad.

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Pretenden que el memorial sea nominativo y cuente con los nombres de todas las mujeres que pasaron por centros de tortura y reclusión entre los años 1968 y 1985.
Representará la lucha de las mujeres de esos años, afirmó Adriana Zinola.

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Tribunales de Honor: resultados vergonzosos

Comandante en jefe Claudio Feola: un nuevo comentario desafortunado

Opinando N° 19 – Año 8 – Miércoles 2 octubre 2019

Tanto José Nino Gavazzo como “Pajarito” Silveira y Luis Maurente fueron sometidos a tribunales de honor por haber sido condenados, con sentencia firme, por parte de la justicia. A los tres, se les imputaron 28 homicidios especialmente agravados por su participación en actividades represivas durante el terrorismo de Estado.

Los medios de comunicación históricamente proimpunidad han intentado hacer pasar desapercibido u obscurecer ante la opinión pública el resultado de los mismos. Desde el primer momento, han intentado centrar la atención y el debate público sobre la conducta de los integrantes del Poder Ejecutivo. Es razonable, es parte de su estrategia al respecto.

El conocimiento en profundidad del expediente escandaliza a la mayoría de los ciudadanos. Pone en evidencia que los integrantes del tribunal de honor, generales Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González fueron legítimamente pasados a retiro. Deja muy mal parados a todos los senadores que recientemente se negaron a votar la destitución de aquellos generales que integraron el Tribunal de Alzada, generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry. Los tres siguen en actividad con mando de tropas, incluso.

Tribunales de Honor: un atropello a la ética

Los tribunales de honor fueron constituidos para analizar si el procesamiento y condena por parte del poder judicial constituía una falta que lesionara el honor de las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Honor, constituido por los generales Fajardo, Erramún y González, y el de Alzada eximieron de responsabilidad a los tres militares en la causa de fondo por el cual fueron expresamente creados: la condena de la justicia a los tres por haber participado en 28 homicidios especialmente agravados durante su actuación en la represión. Según informó Sudestada oportunamente, “Tanto el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2o turno, como la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron que la prueba para condenar a estos militares por los 28 homicidios es “francamente agobiante en su capacidad incriminatoria compartiéndose íntegramente la valoración efectuada, tanto por el Ministerio Público al acusar como por el señor juez al sentenciar”, y subrayaron que la “participación y responsabilidad... siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas”.

Para los tribunales del Ejército que intervinieron, la conducta de estos militares que, comprobadamente, secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 28 uruguayos, no cometieron ninguna falta que comprometa el honor de las Fuerzas Armadas. Pueden seguir siendo integrantes de las mismas. El procesamiento y condena por parte de todas las instancias del Poder Judicial no merece ser tenido en cuenta. Los dictámenes, con todas las garantías del debido proceso, no tienen ninguna validez: fueron hechos por civiles, ciudadanos de segunda categoría según su mentalidad.

Todos los generales que participaron, Guido Manini Ríos incluido, consideraron que secuestrar ciudadanos, torturarlos en centros clandestinos de detención, asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos, son actividades normales y razonables para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Realizar tales acciones contra ciudadanos indefensos no merece ningún reproche. A pesar de estar condenados y repudiados por la ciudadanía, pueden seguir percibiendo todos los beneficios correspondientes a los oficiales en situación de retiro: atenderse en los sectores VIP del Hospital Militar, lucir el uniforme que corresponde y ostentar los grados que obtuvieron cometiendo los crímenes más horrendos.

Gavazzo y “Pajarito” Silveira: un horror

El tribunal de honor y el de Alzada los eximieron de responsabilidad por la causa que generó la convocatoria del mismo: el procesamiento y condena judicial. Sn embargo haber guardado silencio ante la prisión del coronel retirado Juan Carlos Gómez, sabiendo que era inocente del delito que se le imputaba, llevó a que los generales entendieran unánimemente que habían cometido una “falta gravísima”. Por este motivo, solamente por éste, entendieron que ambos debían ser sancionados.

El fallo de los tres integrantes del tribunal de Honor y el de Alzada es ilustrativo del pensamiento, de la escala de valores, de los códigos, de las convicciones democráticas de quienes los integraron. En este caso: de la ausencia de ellas.

Los militares juran respetar y defender la Constitución y las leyes. Las leyes son disposiciones que regulan la vida de la sociedad para que ella sea posible. Las leyes son establecidas por un poder del Estado elegido democráticamente cada 5 años para ello. Ser condenado por un poder soberano del Estado por cometer un delito es una falta gravísima, violenta el juramento militar. Araújo Umpiérrez: otra perspectiva en la Aviación En un caso similar, la Aviación manejó un enfoque democrático, a diferencia de la Armada y el Ejército. Entendió que el aviador Araújo Umpiérrez, condenado por participar en el año 1976 en el asesinato y desaparición de Ubagesner Chaves Sosa, al ser condenado por el poder judicial, cometió una falta gravísima. Directamente lo apartó de sus filas.

Según informó La Diaria el pasado 4 de febrero que entrevistó al director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del MDN, Juan Delgado, el tribunal concluyó que Araújo, actualmente preso, cometió una “falta gravísima que afecta el honor de la institución militar”.

Los tribunales de honor se rigen por el Decreto 55/985. En el artículo 108 se explica que el tribunal podrá absolver al involucrado, o podrá considerar que su culpabilidad se debió a “imprudencia” –y en ese caso le corresponde una amonestación–, o podrá determinar su “descalificación por falta gravísima”, haciendo constar que la falta cometida “afecta el honor de las Fuerzas Armadas”. Este fue el caso de Araújo. En términos prácticos, implica que Araújo pasa a situación de reforma y sólo percibe un tercio de sus haberes de retiro (los restantes dos tercios los recibe su familia).

Crímenes de Lesa Humanidad

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, norma internacional que agrupa el conjunto de directivas y principios destinados a abordar situaciones como las vividas por Uruguay al retornar a la institucionalidad democrática, señala que los responsables de graves violaciones deben ser investigados a nivel penal y a nivel administrativo, para apartarlos de la institucionalidad. A nivel penal deben ser juzgados y condenados por la Justicia. A nivel administrativo, en Uruguay, al ser militares, corresponde que sean los Tribunales de Honor quienes adopten las sanciones previstas.

Los generales Fajardo, Erramún y González decidieron que Gavazzo, Silveira y Maurente no fueran sancionados por haber sido condenados por la Justicia. Los integrantes del tribunal de honor conocían, de primera mano, que los dos primeros, declararon su participación en actividades criminales. Los tres generales fueron perfectamente dados de baja.

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Todo tipo de abusos

Antonio Romanelli, un personaje siniestro.


>>>  Cara a cara...

..."En ese contexto represivo, inolvidable para todos quienes lo padecimos, el entonces alférez Antonio Romanelli, actuando como Capitán Ayudante del Sector Barracas durante el período 1978 - 1979, se caracterizó por su desenfadada saña represiva. Hostigó brutalmente a centenares de prisioneros en las 5 Barracas, 10 sectores, 40 reclusos por sector, durante su permanencia. Fue un auténtico verdugo especialmente con aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas, con los más viejos, con los más débiles y muy especialmente, fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria, durante el año 1972, con quienes eran judíos"...

>>> Otro testimonio

“Usted, Romanelli, está vivo en nuestra memoria y ahora más que nunca, cuando su imagen reaparece ante nosotros: hágase cargo de su exposición pública y sus intenciones políticas absolutamente coherentes con su vocación represiva”, agrega la carta. Los firmantes lo instan a que les haga un juicio por difamación y pida “un careo con cada uno” de los ex presos y les diga “en la cara” que mienten, si es que tiene pruebas. “Diga que mentimos cuando demos detalles, diga que mentimos cuando gente que hace 40 años que no se ve coincide en la versión de sus acciones represivas. O, mejor aún, tenga algo de coraje alguna vez y reconozca lo que hizo”, culmina la misiva.

Ex presos políticos reiteran su denuncia por malos tratos contra asesor en seguridad de Guido Manini Ríos 

3 de octubre de 2019 | Escribe: Mariana Cianelli

91 personas aseguran que practicó “todo tipo de abusos” durante la dictadura y lo instan a que desmienta “cara a cara” lo denunciado.

A principios de setiembre, un total de 41 ex presos políticos firmaron una carta pública en la que denunciaron a Antonio Romanelli, asesor de seguridad del presidenciable de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, por practicar “todo tipo de abusos” contra los detenidos, mientras fue guardia en el Penal de Libertad durante la dictadura. Este miércoles, los ex presos políticos publicaron una nueva misiva, firmada por 91 personas, en la que reiteran que el ahora asesor político fue capitán ayudante del sector Barracas del centro de reclusión durante 1978 y 1979 y “hostigó brutalmente a centenares de prisioneros”.
Luego de la publicación de la primera carta, Romanelli se negó a dar entrevistas a los medios que informaron el asunto y que lo contactaron y envió una carta para que fuera publicada por Radio Uruguay, Montevideo Portal y La República. Ante la negativa de los medios a publicar la carta, Romanelli los denunció ante la Justicia penal, solicitando que se le otorgue el derecho de respuesta previsto en la Ley de Prensa. La jueza Dolores Sánchez falló a favor del asesor del presidenciable de CA y los medios apelaron la sentencia.
En la misiva publicada este miércoles, los ex presos políticos sostienen que Romanelli elige el “camino de amedrentar” a estos tres medios por cumplir con su función. “Romanelli, los que estamos diciendo lo que hizo, somos nosotros, gente que usted maltrató y quiso aterrorizar”, se afirma la carta. Baldir Tabárez, integrante de Crysol, dijo a la diaria que “si Romanelli puede demostrar que no es cierto lo que decimos, que nos denuncie a nosotros, no a los medios”. Destacó que es “absolutamente cierto” lo que informaron y planteó que si el ex funcionario de la dictadura puede “rebatir” lo que “90 tipos” denuncian, que lo haga. Tabárez contó que los ex presos entendieron que había que transparentar “quién es” y, luego de la primera carta, otros ex presos políticos se sumaron para poner sus nombres en el nuevo comunicado. “No es que el resto fuera amable, pero él era un verdugo. Se dedicaba a tratar mal a compañeros judíos, viejos, con problemas psiquiátricos. Era un personaje siniestro”, aseguró. la diaria intentó comunicarse con la jefa de prensa de CA, pero no tuvo respuesta.
“Usted, Romanelli, está vivo en nuestra memoria y ahora más que nunca, cuando su imagen reaparece ante nosotros: hágase cargo de su exposición pública y sus intenciones políticas absolutamente coherentes con su vocación represiva”, agrega la carta. Los firmantes lo instan a que les haga un juicio por difamación y pida “un careo con cada uno” de los ex presos y les diga “en la cara” que mienten, si es que tiene pruebas. “Diga que mentimos cuando demos detalles, diga que mentimos cuando gente que hace 40 años que no se ve coincide en la versión de sus acciones represivas. O, mejor aún, tenga algo de coraje alguna vez y reconozca lo que hizo”, culmina la misiva.

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Romanelli y la tradición de no hacerse cargo de lo que hicieron

Uno de los firmantes, Waldir Tabárez, que estuvo recluido en dicho penal entre 1975 y 1982, dijo a Informe nacional que Romanelli “siempre tuvo una especial preocupación por maltratar compañeros, iba siempre un poco más allá de lo que podrían haber sido órdenes”.
Añadió que tenía “particular animosidad” contra enfermos psiquiátricos, los más viejos, los más débiles y “una predilección por maltratar a los compañeros de origen judío”.
Una vez más, Informe nacional intentó comunicarse con Romanelli para que pueda brindar su opinión al respecto, sin poder lograr una respuesta.

https://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/10/informe_191002_carta_presos.mp3?_=1

Hace pocos días un grupo de exreclusos del Penal de Libertad publicamos una carta que describe muy sintéticamente las acciones de Antonio Romanelli, por entonces desempeñando tareas como carcelero en el Sector Barracas de esa infame prisión.Dijimos que el entonces alférez Antonio Romanelli practicó todo tipo de abusos contra los que estábamos detenidos por la dictadura en ese lugar.La carta, en uno de sus pasajes dice "En ese contexto represivo, inolvidable para todos quienes lo padecimos, el entonces alférez Antonio Romanelli, actuando como Capitán Ayudante del Sector Barracas durante el período 1978–1979, se caracterizó por su desenfadada saña represiva.Hostigó brutalmente a centenares de prisioneros en las 5 Barracas, 10 sectores, 40 reclusos por sector, durante su permanencia.

Fue un auténtico verdugo especialmente con aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas, con los más viejos, con los más débilesy muy especialmente, fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria, durante el año 1972, con quienes eran judíos.Todos recordamos los “plantones”, “los malones”, “los islazos”, las requisas, los insultos, las amenazas, la destrucción sistemática de las manualidades, las sanciones injustificadas, las privaciones de todo tipo, el clima de angustia y terror.”Publicada esta carta por varios medios, Romanelli elije el camino de amedrentar a 3 de esos medios por cumplir con su función: publicar información. No era un editorial, no era un trascendido, fueron notas periodísticas e informaciones proporcionadas por los involucrados.

Si ya era grave que un individuo acusado de estas prácticas figure como asesor de un presidenciable, si es despreciable la actitud de negar sus acciones, por estas fechas asistimos a una nueva manifestación de la impunidad: amedrentar al medio que publica.No nos asombra, es la continuación de sus acciones en dictadura, y, como entonces, le pronosticamos un tremendo fracaso.Igual que no consiguió cambiar nuestra convicción de que la dictadura tenía que caer, ahora no conseguirá que los periodistas dejen de informar por miedo a sus amenazas.Romanelli, los que estamos diciendo lo que hizo, somos nosotros, gente que usted maltrató y quizo aterrorizar.Ud. esgrime el argumento de que nunca antes fue denunciado.

Ante esto, debemos aclarar a la ciudadanía -sobre todo a los más jóvenes-que materialmente es imposible realizar denuncia penal de todas las violaciones a los ddhh durante la dictadura: no habría sistema judicial en el mundo que pudiera procesarlas.Sin embargo, algo muy distinto es cuando alguien tan identificado y reconocido por sus víctimas se expone públicamente amparado en aquella imposibilidad y tal vez pretendiendo q sus acciones deplorables hayan sido olvidadas.

Los abajo firmantes decimos No! No nos hemos olvidado de Ud. Romanelli. Está vivo en nuestra memoria y ahora más que nunca, cuando su imagen reaparece ante nosotros: hágase cargo de su exposición pública y sus intenciones políticas absolutamente coherentes con su vocación represiva.Háganos un juicio por difamación. Es más, pida un careo con cada uno de nosotros y díganos en la cara que mentimos, diga que mentimos cuando demos detalles, diga que mentimos cuando gente que hace 40 años que no se ve, coincide en la versión de sus acciones represivas.O, mejor aún, tenga algo de coraje alguna vez y reconozca lo que hizo.

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>>> Silencio del Comité Central Israelita

Silencio total del sionismo que representa .
La comunidad judía tan sensible ante actos antisemitas, no dice nada?


 >>> La jueza Dolores Sánchez falló a favor de Antonio Romanelli.
Insistimos, no dimos información inexacta, publicamos una denuncia pública firmada con nombre, apellido y cédula por 41 ex presos políticos contra Romanelli. Buscamos su palabra y no quiso declarar. Aceptar una "rectificación" de información es aceptar que mentimos. No lo vamos a aceptar. Vamos al Tribunal de apelaciones.
Pero además Romanelli ni siquiera dice "dar su versión de los hechos", pretende que digamos que la información no era verdadera, que rectifiquemos y afirmar que lo que él sostiene es la verdad "los hechos como realmente ocurrieron".
Como no quiero darle por este medio difusión a su respuesta, sólo comparto tres párrafos, para que sepan de lo que hablamos.

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El asesor de Manini Ríos

>>> “Un auténtico verdugo”

La lista de denunciantes ahora se ha ampliado a un total de 91, siendo todas estas personas ex reclusos de las barracas de Libertad entre 1978 y 1979.
En una carta pública suscrita por todo ellos, dicen: “El entonces alférez Antonio Romanelli, actuando como capitán ayudante en el sector barracas en el periodo 1978 – 1979, se caracterizó por su desenfadada saña represiva”.
El documento continúa diciendo que Romanelli “hostigó brutamente a centenares de prisioneros” y fue “un auténtico verdugo, especialmente con los que padecían enfermedades psiquiátricas, los más viejos y los más débiles, y muy especialmente -fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria- con los judíos”.
“Todos recordamos los plantones, los malones, los islazos, las requisas, los insultos, las amenazas, la destrucción sistemática de las manualidades, las sanciones injustificadas, las privaciones de todo tipo, el clima de angustia y terror”, agrega la misiva.
“Los abajo firmantes, todos ex reclusos, sobrevivientes de dicho período, a 40 años de los hechos, lo recordamos perfectamente como una auténtica lacra social, potencial candidato sin excusas de ningún tipo, únicamente, a la mayor condena y repudio del conjunto de la sociedad”, termina.

Llevaron UPM NO a las NU y Helsinki

Lo que no se habló en el debate televisivo


>>> A las 10 hs en directo desde Heslinki




Discusión sobre UPM2 en la Universidad de Helsinki

Helsinki (FINLANDIA) jueves 3 de octubre, hora 10 de Uruguay

Mientras que en nuestro país el gobierno se niega a la discusión, mañana en la Universidad de Helsinki se desarrollará un evento-debate sobre UPM2 con participación de la empresa UPM, la academia finlandesa, la central de trabajadores de Finlandia y el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable)

La actividad organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki será moderada por el Profesor de Política Mundial Teivo Teivanen. Participará por UPM la Vicepresidente de relaciones con los accionistas Sra. Saara Tahvanainen, por el MOVUS el Periodista Victor Bacchetta, por los sindicatos finlandeses el Director del Centro para la Solidaridad Sindical Sr Janne Ronkainen y académicos de la Universidad de Helsinki.

Una excelente oportunidad de conocer visiones sobre UPM2 desde la sociedad finlandesa, en una discusión que no ha podido realizar en nuestro país ante la negativa del gobierno y la empresa de discutir abiertamente de un tema que nos afecta a todos.

La transmisión en vivo del debate podrá seguirse desde las 10 de la mañana de Uruguay en:

http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l21

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

2 se octubre de 2019.

Contactos de prensa:
Ana Filippini 098 407572
Raúl Viñas 099 648685
Victo Bacchetta 098 935317 (Solo Whatsapp)



Organizaciones sociales contrarias al contrato con UPM y sus consecuencias para Uruguay, se reunieron con un panel de expertos de las Naciones Unidas que estudia el tema de UPM en Uruguay

 El tema se tratará también la próxima semana en Univ. de Helsinki.

Integrantes de Organizaciones Sociales manifestaron su rechazo a UPM en reunión en la sede de Naciones Unidas (PNUD)

En la mañana de hoy integrantes de diferentes organizaciones sociales se reunieron con una decena de delegados de Naciones Unidas (*) y les manifestaron su total oposición al proyecto de una segunda planta de fabricación de celulosa de la empresa UPM en nuestro país.

«Este proyecto, pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo de forma arbitraria e inconstitucional, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país», manifestó Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y de la Coordinación Nacional contra UPM.

«Si se concreta, este megaproyecto, forestal, celulósico, portuario y ferroviario de UPM provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya», agregó.

Por su parte, Anita Hernández, integrante del movimiento de vecines No al tren de UPM, dijo que son más de 37.000 las personas afectadas por un tren de uso exclusivo para la empresa UPM, cuyas características son muy diferentes al tren de pasajeros que toda la vida vieron pasar cerca de sus casas. «Este tren que transportará químicos peligrosos a altas velocidades constituye un riesgo para los habitantes de la zona. Vemos con tristeza que el gobierno no nos protege y si lo hace con los intereses de una multinacional», declaró.

Mauricio Genta, estudiante universitario, integrante de la misma organización, manifestó preocupación por los impactos ambientales de este megaproyecto para las generaciones futuras. Señaló entre otros aspectos, la invasión de monocultivos forestales sobre las praderas, la afectación en el agua de esas plantaciones y de la fábrica de celulosa en el Río Negro, la proliferación de cianobacterias, la pérdida de carbono acumulado en las praderas y su impacto en la crisis climática como consecuencia del cambio del uso del suelo.

El doctor William Yohai presentó un análisis detallado de los graves perjuicios para la economía del país pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.600 millones de dólares americanos, mientras que UPM invertirá una cifra mucho menor excenta de impuestos y se instalará en zona franca. En su informe Yohai incluyó una tabla mostrando que la generación de empleos en el sector forestal celulósico no supera los 1000 empleos en una década.

El abogado Hoenir Sarthou, integrante del Movimiento Ciudadano UPM2 NO, centró su exposición en los aspectos jurídicos y las violaciones a la Constitución en que incurrió el Poder Ejecutivo al firmar un acuerdo con una empresa sin estar facultado para hacerlo. El contrato incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país, así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM. Copias del documento elaborado por William Yohai y la carta de las organizaciones uruguayas entregada al cónsul de Finlandia en junio de este año fueron repartidas a los participantes.



(*) Entre los representantes se encontraban Stefan Liller, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Flavio Scasso Analista de Programa, Serge Kapto Especialista en Políticas, George Gray Molina, Asesor en Economía, Gonzalo Pizarro, Asesor en Políticas Regionales , Pobreza y Derechos Humanos, Marco Steinberg Gerente de la Empresa Snowcone & Haystack de Finlandia entre otros.

MEMORANDUM PARA OFICIALES PNUD. 

Montevideo, 26 de setiembre de 2019

RESUMEN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTO UPM 2

Autores: Dr. Gustavo Melazzi, Dr. William Yohai

Este es un breve resumen, preparado con escasa antelación, del fruto de varios años de investigación, concretamente desde 2007 poco antes de que comenzara a funcionar la primera pastera (BOTNIA, hoy UPM1) en el país. Será, por tanto, apenas un esquema de un análisis más completo que aparecerá como parte de un libro de próxima publicación.

1) Qué comprende, resumidamente, el conjunto del proyecto y cuánto invierte cada parte. ROU, o sea, el Estado Uruguayo y UPM.

El cuadro pretende integrar la totalidad de los aspectos. Las fuentes: para la inversión de UPM nos basamos en la presentación pública de la empresa en julio de 2019.

Para la de Uruguay en el contrato ROU-UPM de noviembre de 2017 y diversas fuentes publicadas. Sólo algunos, menores, de los números se basan en estimados nuestros.

El tema de la energía, que ROU se obliga a comprar a UPM es controversial. Basándonos en información pública sobre capacidad de producción y demanda de energía (ver Administración del Mercado Eléctrico) hoy el país utiliza alrededor de 65% de su capacidad de generación. De las fuentes térmicas utiliza alrededor del 3-4% de la capacidad instalada. La demanda, por su lado crece a una tasa decreciente en el tiempo. De hecho los últimos 3 años no ha crecido.

Al mismo tiempo el costo de las fuentes renovables, básicamente eólica y solar fotovoltaica, cae en forma sistemática. Hemos constatado, ejemplo Xcell Energy en el estado de Colorado, EEUU, precios de energía eólica con respaldo en el orden de USD 20 el Mwh.

Nótese que Uruguay se compromete a pagar hasta un Twh. anual a una tasa de USD 72.5 el Mwh. Esto significa un costo de USD 1.450 millones en 20 años los cuales nosotros consideramos un subsidio encubierto a la empresa.

Con respecto a la generación eléctrica señalamos, asimismo, que la obligación que asume ROU de garantizar un flujo mínimo en el Río Negro para diluir los efluentes contaminantes de la planta causará un perjuicio (imposible de cuantificar por nosotros) en la generación eléctrica de UTE.

2) El proyecto del ferrocarril central le costará a Uruguay USD 2.400 millones. Parte de ellos se pagarán en 15 años a razón de USD 148,333 millones anuales. Como contrapartida UPM pagará por el uso de las vías férreas un máximo de USD 6 millones anuales. Documentos oficiales estiman que UPM utilizará el 80% del total de carga transportada por las nuevas vías. Se trata, en esencia, de una obra construida por y para UPM.

3) A fin de dar más claridad al análisis de la ecuación económica hemos elaborado un esquema de flujo de fondos del proyecto  a 15 y 30 años.

El cuadro pretende captar todos los ingresos que recibiría el Estado Uruguayo a partir de la instalación del proyecto UPM2.

El aporte a la economía local por los salarios (incluyendo cargas sociales, impuestos, etc.), basándonos en 3.000 empleos directos y un 50% más por concepto de compras locales y empleos indirectos lo estimamos en unos USD 700 a 800 millones en total.

Del cuadro anterior surge claramente el balance negativo que representa el proyecto para la economía real de Uruguay.

4) Una de las razones esgrimidas por el gobierno para justificar los enormes aportes al proyecto es la generación de empleo a partir del mismo.

El cuadro resume la evolución del empleo en el sector celulósico desde 2007 cuando recién en noviembre comenzó a funcionar la planta de BOTNIA-UPM hasta 2016. La fuente del cuadro es el informe anual de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) de 2016 modificado por nosotros para aislar el empleo en el sector celulósico específicamente. Queda claro que en los 10 años que abarca el cuadro (no ha habido modificaciones significativas desde entonces) el empleo ha crecido en apenas algo más de 1.000 posiciones a pesar de que en dicho período la producción de celulosa creció desde casi 0 hasta unos 2.3 millones de toneladas. Aclaramos que este cuadro no incluye, porque así lo definen las fuentes oficiales, los empleos en el sector transporte. De todas formas la inclusión de los mismos no cambiaría la esencia del fenómeno. Recordemos que la población asalariada en Uruguay ronda las 1,6 millones de personas.

4) Otra de las razones esgrimidas por el gobierno es el aumento del Producto Bruto Interno (pbi).

Del estudio detallado de las cuentas nacionales que publica el Banco Central del Uruguay (bcu) surge que, efectivamente, la instalación de UPM2 originaría un crecimiento del pbi del orden de 2-3%. Esto supone que el cómputo seguirá los mismos criterios que la instalación de las plantas ya existentes.

El problema es cuánto se reflejará ese crecimiento del pbi en la economía real del país. Que es lo que, en definitiva, importa. Dado que, según surge del flujo de fondos, el aporte fiscal será mínimo porque la planta estará en zona franca y además el propuesto acuerdo de precios de transferencia anticipados que consta en el contrato ROU-UPM probablemente reduzca o anule la tributación que deberían pagar las plantaciones de eucaliptus, el único beneficio del mentado aumento del pbi estaría en el correspondiente aumento de la capacidad de endeudamiento del país.

A esto se contrapone el aumento de la deuda pública que surge de la inversión que el Estado realiza en el proyecto. Según vimos, y aún restando los aportes de UPM2 a la economía, el mismo supera los USD 3.000 millones. O sea cerca del 6% del pbi actual que se cifra en el entorno de USD 55.000 millones. Un saldo negativo del flujo de fondos de USD 228 millones anuales implica un aumento del déficit fiscal ubicado hoy cerca del 5% del pbi de más de 8%. O sea, ceteris paribus el déficit pasaría a 5.4% del pbi. El mencionado aumento del pbi provocado por las exportaciones de celulosa no modifica significativamente este número.

Es importante que este tema tan importante ha sido soslayado por los informes de las calificadoras de riesgo que omiten analizar el costo que el proyecto implica en las cuentas del Estado.

5) Hemos realizado un estudio que compara la inversión pública comprometida en el proyecto UPM 2 con una de monto similar pero dedicada a la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. Esta necesidad existe hoy para varios cientos de miles de compatriotas. Sintetizando los resultados: Se podrían construir 75.000 viviendas en 15 años, empleando 6.000 personas en forma directa durante ese período y creando unos 20.000 empleos indirectos.

6) Ganancias de la empresa. Considerando que los últimos 10 años el precio de la celulosa ha promediado alrededor de USD 600 la tonelada y que el costo cash (según declara UPM en su “presentación” es de 280 dólares y que por depreciación y amortización se pueda llegar a un costo total de unos USD 350, las ganancias netas alcanzarían los más de USD 500 millones anuales. Sólo de impuesto a la renta de la actividad empresarial Uruguay está subvencionando a UPM por no menos de USD 125 millones anuales. Si aplicamos esta cifra a una vida del proyecto de 20 años la cuenta agrega unos USD 2.500 a los subsidios a UPM mencionados más arriba.

7) La negociación. Según declararon públicamente distintos jerarcas, tanto del gobierno cuanto de la empresa, las negociaciones para la instalación de UPM2 comenzaron en 2016. Según afirma la empresa en su presentación a los inversores mencionada, comenzó a plantar los árboles destinados a UMP2 en 2010. Y sigue: tienen actualmente (considerando montes en tierras propias, arrendadas y comprometidas por contrato) 380.000 hectáreas; suficientes para abastecer de madera la nueva planta.

O sea, al comenzar las negociaciones la empresa necesitaba construir una nueva planta para procesar la madera de los árboles que ya estaban creciendo. Resulta difícil explicar porqué el gobierno uruguayo aceptó aportar tan ingentes recursos al proyecto. La fuerza relativa de las partes al comenzar a negociar era disímil y el balance mucho mayor para el gobierno nacional.

EN SUMA: El proyecto UPM2 es profundamente negativo para los intereses de nuestro país. Existen aspectos ambientales y legales también negativos que no entran dentro del objeto de nuestro estudio.

Para eventuales aclaraciones, ampliaciones, etc. se puede comunicar a:

William Yohai 598 99600289 wilyo@adinet.com.uy o Gustavo Melazzi 2622 6584 melazzig@gmail.com

Los autores declaran que no tienen ningun interés económico que podría beneficiarse con la no instalación del proyecto UPM2.

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10 MOTIVOS POR LOS QUE "UPM2" NO NOS CONVIENE:


1) Uruguay se endeudará para invertir 4.500 millones de dólares (60% de la inversión total, incluidos el tren y la compra de electricidad innecesaria) sin recibir ninguna utilidad por el negocio. Toda la ganancia será para UPM.
2) El "contrato" le entrega a UPM el uso preferencial y gratuito del Río Negro. Para asegurar el caudal, se inundarán miles de hectáreas de tierra fértil. Millones de litros de agua volverán al Río cargados de sustancias contaminantes. Eso dañará al estado general de nuestras aguas y a nuestra industria turística, causando la pérdida de muchos empleos.

3) Se le conceden a UPM exoneraciones tributarias y privilegios que no tiene ninguna otra empresa o persona en Uruguay (uso preferencial de la ferrovía "24 horas al día los 365 días del año", el uso del Río, puerto exclusivo para su celulosa, alteración de las vías y reglas de circulación vehicular, etc.)
4) La extensión de plantaciones forestales, sobre todo de eucalyptus, daña y desertifica seriamente a la tierra, generando en verdad muchos menos empleos por hectárea que cualquier otra forma de agricultura.
5) Se le permite a UPM intervenir en la enseñanza de niños y adolescentes y en nuestros planes de desarrollo como país, mediante la creación de institutos tecnológicos co-dirigidos por la empresa.
6) Se le otorga a UPM un régimen laboral especial.
7) Se le garantiza que por 50 años no podremos cambiar nuestra legislación nacional ni departamental en forma que afecte sus ganancias.
8) En caso de conflicto, Uruguay se somete a la decisión de tribunales del Banco Mundial.
9) Uruguay queda atado al "contrato" por 50 años, pero UPM puede dejarlo sin efecto en cualquier momento, sin pagar ninguna multa, sólo dando aviso con un año de anticipación.
10) El "contrato" fue firmado por el Poder Ejecutivo en secreto, excediendo sus facultades constitucionales y sin autorización parlamentaria, para que no pudiéramos oponernos mediante un referéndum o con acciones judiciales de inconstitucionalidad.
¡¡UPM2 NO!!

EXPOSICIÓN DEL MOVUS EN HELSINKI  SOBRE EL ROL DE UPM EN URUGUAY

Organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro sobre Responsabilidad Empresarial y la Iniciativa Global sobre Extractivismos y Alternativas de la Universidad de Helsinki, el 3 de octubre tuvo lugar en esta ciudad un foro de discusión sobre la presencia de la empresa finlandesa UPM en Uruguay.

La pregunta formulada a los participantes fue: ¿Es este un caso de colonialismo finlandés, como dicen algunos críticos, o una oportunidad para un futuro sostenible, como sostiene el gobierno de izquierda de Uruguay?

Participaron en representación del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), integrante de la Coordinadora Nacional contra UPM, el periodista Víctor Bacchetta, los investigadores de la Universidad de Helsinki María Ehrnsytröm-Fuentes, Markus Kröger y Jussi Pakkasvirta, la vice-presidenta de Relaciones con los socios de UPM, Saara Tahvanainen, y el director del Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia (SASK), Janne Ronkaine. El foro fue moderado por el profesor de Política Mundial Teivo Teinaimen.

He aquí la presentación inicial realizada por el Movus:

Buenas tardes, es un placer para nosotros estar aquí y agradezco vuestra amabilidad por escucharnos. Agradezco a los organizadores este foro y en especial a Teivo TeinaInem por la iniciativa.
Antes que nada, no vengo a recriminarles lo que sucede en Uruguay con UPM.Somos responsables de lo que nos sucede en nuestro país y existe actualmente una importante movilización contra el gobierno nacional y UPM en Uruguay.
UPM es una empresa multinacional y se comporta como tal, lo que nos pasa a nosotros en Uruguay también les puede pasar a ustedes en Finlandia.

Nuestras objeciones a la nueva planta de celulosa de UPM en Uruguay.

1. Inversiones que Uruguay debe hacer para el proyecto de UPM

De acuerdo con las cifras oficiales, Uruguay invierte 4.624 millones de dólares, mientras UPM dice que invertirá 3.050 millones de dólares. Uruguay aporta el 60 % del capital del proyecto, pero no participa de sus ganancias y exime a la trasnacional de pagar impuestos (unos 4.000 millones de dólares). Debe tenerse en cuenta que, durante quince o treinta años, el flujo financiero del gobierno será negativo.
La nueva planta de celulosa proyectada por UPM en Uruguay compromete por varias generaciones el futuro del país, tanto por el aspecto financiero y la deuda externa como porque refuerza la función del país como simple proveedor de materias primas con graves impactos sociales y ambientales.
El proyecto de UPM es un muy mal negocio para Uruguay. La empresa y el gobierno afirman que se generarán muchos empleos, pero esto no es real.

2. Insuficientes evaluaciones de impacto ambiental del proyecto.

UPM decidió la ubicación de la planta de celulosa sin ninguna evaluación ambiental previa del estado uruguayo.
La Ley de Ordenamiento Territorial fue violada para autorizar la localización de la planta de celulosa en el Río Negro, el Proyecto Ferroviario y la Terminal Portuaria decididos por UPM.
El tren de UPM mantiene el actual trazado, cruzando áreas densamente pobladas con celulosa y productos químicos peligrosos. Ha surgido un amplio movimiento legal de vecinos contra esta decisión.
El contrato de inversión firmado por el gobierno uruguayo fijó plazos muy cortos para todas las autorizaciones ambientales de las diferentes partes del Proyecto UPM, incluidos los nuevos proyectos forestales de la empresa y sus asociados.
Los reducidos plazos de las autorizaciones han llevado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a pasar por encima de las normas vigentes.
Los técnicos de la Dinama reconocieron que UPM obtuvo la autorización para iniciar la construcción de la planta de celulosa sin que estuvieran definidos aspectos sustanciales del proyecto tales como el tratamiento de los efluentes.
¿Su puede llamar a esto responsabilidad por el medio ambiente?

3. El proyecto UPM agravará el daño a la fertilidad de la tierra, el impacto del efecto invernadero y la red hídrica del país.

Uruguay posee un ecosistema de praderas con una gran red hídrica, absolutamente apto para producir alimentos en forma natural. Sin embargo, estamos plantando árboles con destino a celulosa cuando se está deforestando la selva amazónica para realizar ganadería o agricultura.
Los estudios científicos muestran que el flujo de agua de una cuenca forestada se reduce significativamente y en momentos de estrés hídrico se reduce hasta en un 70 por ciento. Se dice que las plantaciones de árboles son mejores para contener el calentamiento global, pero también se ha demostrado que los pastizales naturales absorben más carbono que los monocultivos de árboles.
La nueva planta de celulosa de UPM captará 136 millones de litros de agua del río Negro y devolverá 107 millones de litros de efluentes todos los días. Para diluir el efluente de tal manera que no agrave la contaminación actual, Uruguay debe suministrar a UPM un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo. Esta demanda equivale al consumo de agua de 54 millones de personas.
El Río Negro está muy contaminado, la planta de celulosa de UPM no lo mejorará y no es aceptable compensar con una suma de dinero la degradación ambiental.
¿Se puede llamar a esto sostenibilidad ambiental?

4. Las grandes plantaciones de árboles y la planta de celulosa de UPM agravarán los problemas sociales en Uruguay.

Las plantaciones forestales requieren menos mano de obra que las otras actividades rurales. Por cada mil hectáreas, la lechería emplea 22 personas, la ganadería ovina ocupa de 18 a 20 personas y la ganadería vacuna extensiva emplea 5 personas; mientras que las plantaciones de árboles ocupan 1,5 personas.
Se dice que el nuevo proyecto UPM generará 8,000 nuevos empleos, se dijo más tarde que habrá 10,000, pero esto no es cierto. La construcción de la planta requerirá de dos a tres años y solo en seis meses se utilizará algo más de 5.000 personas. Pero en los siguientes 20 años, la planta de celulosa empleará a unos 500 trabajadores y poco más en el tren y la terminal portuaria.
El acuerdo de inversión establece (cláusula 3.6.10 c) el compromiso de incorporar a la ley positiva de Uruguay, ya sea en la forma de ley, decreto o, finalmente, como convenio colectivo, las normas resultantes de las negociaciones laborales con UPM.
Esto es una violación de la independencia del Poder Legislativo.

5. Intervención de UPM en planes de educación pública y propaganda empresarial oculta bajo tareas de beneficencia.

UPM utiliza una fundación benéfica, denominada Fundación UPM, para realizar tareas educativas con niños, jóvenes y docentes en la escuela primaria y en la enseñanza media. La Fundación UPN se presenta como cuidadosa del ambiente en aspectos secundarios, sin mencionar el impacto de su actividad principal.
Al mismo tiempo, el Contrato de Inversión ROU-UPM incluyó una cláusula (3.6.4 a) aceptando la interferencia de UPM en la educación pública al establecer que el estado uruguayo "deberá tener en cuenta de buena fe y aplicar los puntos de vista de UPM" para mejorar las instituciones de educación técnica del país.
Las acciones de la Fundación UPM comparten la filosofía de las colonias industriales del siglo pasado. Las ayudas de la empresa llevan siempre estampada su firma, de tal manera que la población sienta que tiene esos beneficios gracias a UPM.
Es una limosna frente al millón de dólares diarios que UPM gana con la planta de celulosa de Fray Bentos, gracias a las exenciones tributarias otorgadas por el estado uruguayo.
¿Se puede llamar a esto Responsabilidad Social Empresarial? No, esto es paternalismo y propaganda comercial encubierta.

6. Democracia y soberanía nacional. El Contrato ROU-UPM violenta el estado de derecho y la independencia de Uruguay.

La mayor inversión pública en la historia de Uruguay y también de UPM, se ha hecho a través de negociaciones y decisiones secretas para el sistema político y la sociedad uruguaya.
Varios juristas afirman que el contrato de inversión ROU-UPM es inconstitucional, no tiene apoyo legal ni cumplió el proceso administrativo establecido para los contratos del estado.
Para aceptar las demandas de UPM, el gobierno uruguayo pasó por encima de los atributos del Poder Ejecutivo e invadió los poderes Legislativo y Judicial.
Recientemente, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos han confirmado esas declaraciones.
Los compromisos asumidos y los beneficios otorgados por el gobierno a esta empresa constituyen un privilegio absoluto frente al resto de la economía nacional.
Estamos luchando contra la violación del estado de derecho en una república democrática como Uruguay y, aún más grave, contra la entrega de nuestra independencia a una empresa extranjera.
El contrato ROU-UPM no es un simple proyecto de inversión. Por estas razones, llamamos a este acuerdo un caso colonialista.
Muchas gracias.
Víctor L. Bacchetta.

No les llegará

RadioUruguay.uy   El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, reivindicó la actuación de los seis generales que integraron los tribunales de honor del Ejército en el caso Gavazzo.
Todos ellos fueron absueltos por el fiscal Rodrigo Morosoli al concluir que en tiempo y forma advirtieron a su superior, el excomandante Guido Manini Ríos, de las confesiones que hizo Gavazzo ante el tribunal de honor sobre la muerte de Roberto Gomensoro en un cuartel militar a comienzos de 1973.
Feola dijo a Subrayado que “quedó claro que la justicia falló y quedaron los militares absueltos. Fue archivada la causa”. “Esto da la pauta que hicimos las cosas como corresponde”, sostuvo.
“Lo que lamento es que dos generales cuatro estrellas fueron pasados a retiro”, indicó el jerarca militar.

http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/09/informe_190926_feola.mp3?_=1