El presidente aseguró que no participó de la reunión
Por Hoenir Sarthou
2 abril 2020
El Presidente oyó atentamente todo lo que le decía cada uno de sus visitantes. Oía y, cada tanto, anotaba algún dato en una libreta. Pocas veces intervino, sólo para responder alguna pregunta concreta o comentar brevemente cierto aspecto de lo que se le decía.
Lo que se le decía era previsible, ya que sus visitantes eran miembros de la Comisiòn Nacional por “Uruguay Soberano”, que se oponen a la instalación de la planta UPM2 y promueven una reforma constitucional para dejarlo sin efecto. Se le decía algo que el debe conocer muy bien: que el Contrato ROU UPM tiene una cláusula, la número 7, que permite al Uruguay suspender el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en caso de catástrofes imprevisibles e irresistibles, entre las que se prevé expresamente el caso de una epidemia.
Uruguay está, desde el 13 de marzo, en situación de emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus declarada en gran parte del mundo.
No toca analizar aquí si las medidas dispuestas, ajustadas moderadamente a las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son las necesarias para prevenir el contagio y sus efectos. Lo cierto es que el País está formalmente en situación de emergencia y que la mayor parte de las actividades laborales y sociales se han paralizado, miles de personas están ingresando al seguro de desempleo o perdiendo sus trabajos y sus ingresos, la enseñanza en todos los niveles está suspendida y hay recomendación de que cada persona permanezca en su casa hasta nuevo aviso.
¿Alguien cree que, en esas circunstancias, es posible continuar las obras y asumir el gasto y el endeudamiento que implica el Contrato ROU UPM?
Resulta obvio que no. Al menos por dos razones. Una es que la continuidad de las obras de construcción implicaría transgredir las normas de prevención dispuestas. La otra es que la emergencia sanitaria aparejará una emergencia social de costo aun incalculable, cuya atención le requerirá al gobierno usar todos los recursos materiales del País e incluso endeudarse para complementarlos.
Todas estas cosas sobrevolaban en el aire durante la reunión, mientras que el Presidente, Dr. Luis Lacalle Pou, flanqueado por el Secretario de la Presidencia, Dr. Alvaro Delgado, oía a sus visitantes y tomaba notas ocasionales.
Ninguno de los dos podía ignorar que sus visitantes eran y son fervientes opositores a la instalación de UPM2. Así como ninguno de los visitantes ignoraba ni ignora que Lacalle se ha declarado partidario de la instalación de UPM2, aunque ha sido muy crítico con las condiciones pactadas en el Contrato.
Sin embargo, esa discrepancia sustancial se volvió menor durante la reunión. El peso de la realidad la volvía menor. Tal como están las cosas, tanto partidarios como opositores a la instalación de UPM2 deben coincidir en que nada es lo que era en el Uruguay, y que la continuidad de las obras, al menos inmediata, es imposible. De hecho, ya están paralizadas por las restricciones que afectan al ramo de la construcción.
¿Qué es lo que le queda por definir al Presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo?
En principio, si dentro del plazo contractual de veinte días hábiles, a contar desde la declaración de la emergencia, plazo fijado en la misma cláusula 7, comunicará a UPM la suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones de Uruguay por “causa extraña no imputable”, o si correrá el riesgo de no hacer esa comunicación y de que Uruguay quede como mero incumplidor del Contrato.
¿Qué harían ustedes en esa situación?
Materia completamente aparte es que un nutrido grupo de uruguayos, entre los que están la mayoría de los visitantes del Presidente, estemos impulsando una reforma constitucional para declarar nulo y dejar sin efecto al Contrato ROU UPM, así como para hacer preceptiva la aprobación legislativa y la posibilidad de referéndum respecto de los contratos de inversión que endeuden al País más allá de un período de gobierno. Materia distinta porque de lo que se trata ahora es de definir si el País va a invocar a su favor una cláusula que lo favorece, sin que eso implique definición de fondo sobre el Contrato.
Cuando las intervenciones de los visitantes terminaron en la sala del Edificio de Presidencia, el Presidente tomó la palabra.
¿Saben qué dijo?
Que no diría nada. Que había tomado nota de todo lo oído y que no respondería en el momento. Pero dijo algo más: dijo que no era partidario de la confidencialidad, pero que, paradójicamente, en este caso haría uso de ella.
Hay respuestas largas que no dicen nada y otras muy cortas que dicen mucho.
A todos los asistentes les quedó claro que algo se está cocinando en la cabeza del Presidente, y en las de su equipo, respecto a UPM2.
¿Qué es?
Que sea la rescisión del Contrato resulta impensable, dada su postura constante respecto a UPM2. La mera suspensión de nuestras obligaciones resulta demasiado obvia y no ameritaría su reserva. Todo indica que hay otros planes, que, me atrevo a suponer, muy probablemente incluyan la renegociación del Contrato.
Tengo el convencimiento de que nada bueno para Uruguay puede salir de esa acta de entrega de nuestra soberanía y de nuestros recursos que es el Contrato ROU UPM. Por eso apuesto decididamente por su anulación vía reforma constitucional.
Sin embargo hay que reconocer algo. Después de dos años en que fue imposible que algún miembro del gobierno se aviniera siquiera a dialogar sobre el dichoso contrato, un Presidente recibe a varios uruguayos que discrepan con él en ese tema, los escucha, admite tácitamente que UPM2 es un problema (el sólo hecho de dar la entrevista lo prueba) y deja entrever que habrá novedades sobre el asunto.
Es altamente probable que discrepemos sobre lo que corresponde hacer en definitiva con UPM2, pero hay un profundo alivio en saber que gobernantes y gobernados coincidimos en reconocer un problema cuando lo tenemos delante. Aunque –reitero- quizá después tengamos mucho que discutir sobre las soluciones.
>>> Vendepatrias del lado de las multinacionales
Decepcionante postura de Lacalle Pou a favor de UPM Es igual a los que se fueron En las grandes cosas : van de la mano
"Uruguay mantiene el apoyo forestal desde 1987" clarito Lacalle Pou , los presidentes son simples gerentes de los que gobiernan realmente
Varios representantes del gobierno mantuvieron este jueves una reunión con representantes de la empresa finlandesa UPM, a pedido del presidente de la República Luis Lacalle Pou para evaluar “la situación global y del país”, según indicó el mandatario en conferencia de prensa. Se trató del primer encuentro formal de la nueva administración con la empresa de celulosa.
De la reunión participaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y varios ministros, entre ellos la de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el titular de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto HeberArbeleche y el de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. El presidente no estuvo presente, pese a ser quien solicitó esa instancia.
El mandatario aseguró en la conferencia de prensa que “la inversión sigue adelante”. Lacalle destacó “el apoyo a la ley forestal, al tratado de protección de inversiones” y a las inversiones de plantas de celulosa en el país.
De todos modos, recordó cuando en 2017 llamó a sala como senador a cinco ministros porque consideraba “que el gobierno estaba negociando de mala manera”. “Todas esas cosas las sigo pensando al día de hoy. También sigo pensando que lo que el Estado se comprometió es una marca país”, afirmó.
A nivel global, la compañía finlandesa dejó de lado sus proyecciones económicas por la incertidumbre creada por el avance mundial del covid-19 pero aclaró que su desempeño estuvo dentro de lo esperado en el primer trimestre.
En un comunicado que emitió el 20 de marzo, remarcó que su posición financiera es “fuerte”, con ingreso neto de caja en su hoja de balance y altas reservas líquidas.
Comisión anti UPM dice que gobierno tiene hasta el 13 de abril para notificar suspensión de obra
Durante la campaña electoral, Lacalle había dicho varias veces que si era electo se iba a renegociar todo lo que se pudiera con la multinacional. En diciembre, ya como presidente electo, recibió a una delegación de UPM y pidió a los finlandeses un mayor compromiso en materia de calidad del agua, pese a que en el contrato de inversión firmado entre el gobierno uruguayo y la pastera se estableció una inversión de US$ 10,5 millones para fortalecer los "planes nacionales de mejora de la calidad del agua de río Negro".
En ese encuentro los empresarios le habían solicitado otra reunión en marzo.
Este martes, en tanto, Lacalle recibió a representantes contrarios a la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM en Paso de los Toros que le solicitaron que considerara una cláusula del contrato con la pastera que habilita la posibilidad de la suspensión de las obras por “causa extraña no imputable”.
Para los movimientos contrarios a la instalación de la planta, la situación de emergencia sanitaria puede estar comprendida dentro de esa excepción. Según esos movimientos, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 13 de abril para informar a la empresa si pone en pausa o no las obras.
El mandatario se limitó a decir en la conferencia que la inversión sigue y que “no hay conclusiones” sobre el encuentro para anunciar, pero que cuando haya que hacer anuncios, se los hará.
>>> De tal palo...
MONTEVIDEO, 23 ago 1996 (IPS) - El ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, su esposa y varios de sus familiares directos estarán desde hoy bajo la lupa de la justicia, que pretende averiguar delitos en los planes estatales de forestación.
La forestación se ha convertido en uno de los negocios de largo plazo más rentables en Uruguay y Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995, tiene en su patrimonio familiar 1.762 hectáreas, muchas de ellas forestadas durante su gobierno.
El juez Ruben Eguliz y el fiscal José Luis Barbagelata, que inciaron este viernes la investigación, dijeron a IPS que junto a la denuncia se presentaron múltiples documentos sobre las propiedades señaladas en la maniobra.
Esta nueva denuncia, que involucra directamente al ex presidente, se suma a una serie que colocó bajo la lupa de la justicia a varios de sus colaboradores directos durante su gobierno.
Esta es la primera vez en la historia uruguaya que un ex presidente electo democráticamente es colocado en el banquillo de los acusados por actos vinculados a decisiones tomadas durante el ejercicio del poder.
La denuncia afirma que durante la gestión de Rosario Pou al frente de la Direccion Forestal, entre 1990 y 1994, se tomaron varias medidas que favorecieron económicamente a campos propiedad de Lacalle y de sus familiares.
La funcionaria, que es prima hermana de la esposa del ex mandatario, Julia Pou, fue contratada por el Poder Ejecutivo para coordinar un proyecto forestal financiado por el Banco Mundial.
Entre los hechos se destaca que en 1991 se constituyó una sociedad con el objeto de realizar actividades agropecuarias y de forestación en la que participan Rosario Pou y el senador Luis Alberto Heber, uno de los principales colaboradores del ex presidente.
Los préstamos que concede el Estado uruguayo para planes de forestación sólo incluyen a predios que tienen un bajo índice de productividad, lo que les permite acceder a subsidios y beneficios crediticios.
Varios de los campos cuestionados tenían índices superiores que no les permitían recibir esos beneficios, pero medidas administrativas tomadas en 1993 y 1994 entre la Direccion Forestal y el Poder Ejecutivo les permitió revertir la situación.
Lacalle pareció estar alertado de la denuncia, porque en una entrevista publicada este jueves al diario El País de Montevideo desvirtuó versiones de supuestas irregularidades.
El semario Brecha recordó este viernes que en diversas declaraciones previas Lacalle se refirió a sus propiedades y señaló que según su investigación el ex presidente es propietario de casi el doble de las hectáreas que declaró poseer.
Desde la aprobación de la Ley Forestal, en 1987, en este país de 187.000 kilómetros cuadrados se plantaron 120.000 hectáreas, lo que representan 150 millones de árboles, con una inversión cercana a los 60 millones de dólares.
Uruguay tiene 3,6 millones de hectáreas aptas para la forestación, de las cuales 78 por ciento son eucaliptus, 20 por ciento pinos y el resto montes naturales.
Los subsidios y exoneraciones impositvas entre 1989 y 1994 fueron de 25 millones de dólares y la inversión privada en ese mismo período alcanzó a 37 millones de dólares.
En 1995 se aprobaron 147 proyectos forestales que alcanzaron a 44.061 hectáreas. Durante ese mismo año los préstamos del estatal Banco República para el sector tuvieron un incremento de 12 por ciento con relación a 1994.
Voceros del gobierno dijeron a IPS que en un plazo de cinco años la producción anual de madera llegará a 2,6 millones de toneladas, previsiones que convierten al sector en uno de los de mayor dinamismo.
Ese volumen de madera supondrá la salida de ocho barcos cargados por mes y tres camiones de 30 toneladas descargando diariamente en el puerto cada 15 minutos durante las 24 horas, dijeron los voceros.
Uruguay es uno de los pocos países del mundo que sustenta su produccion forestal en bosques implantados, preservando los naturales para evitar impactos negativos.
Hasta este año la corrupción fue un tema tabú en la sociedad uruguaya, en particular para los dirigentes políticos, que acostumbraban a actuar corporativamente y a cerrar filas ante atisbos de irregularidades.
Ese dique se rompió y ahora se investiga la privatización de un banco comprado por una fiduciaria italiana, maniobras en el poderoso Banco de Seguros del Estado y en la comisión que administra una represa hidroeléctica, y pagos irregulares en los suministros al Estado.
Todos las denuncias involucran a parlamentarios y funcionarios de relieve del gobierno de Lacalle, que incluyen a Enrique Braga, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía. (FIN/IPS/rr/ag/ip/96
