martes, 28 de junio de 2011

Aratirí: El mal rayo que nos va a partir (parte 2)

Aratirí en guaraní significa relámpago

24 de junio de 2011

Autor: William Yohai

Después de nuestra estimación de ganancias futuras de la empresa Zamin ferrous (propietaria de Aratirí), 1500 millones de dólares anuales, el directivo de la asociación de trabajadores de la seguridad social, ATSS, Adolfo Bertoni, lo levantó. Efectivamente, hay datos que tienen por si mismos un alto poder explosivo.

La empresa, que sepamos, y por ahora, no ha dicho nada. Claro, está negociando la venta del 49% del paquete accionario. No luce demasiado conveniente salir a “demostrar” públicamente que va a ganar poco.

Pero, no convenía, tampoco dejar pasar el asunto sin respuesta. Así que Ignacio Salazar, directivo de Orosur y presidente de una cámara de la industria minera que integrarían (1) tres empresas grandes, a saber: Orosur, Cementos Artigas y Zamin, sale, a través de La Diaria(2), a responder:

“Desde la cámara minera, su presidente, Ignacio Salazar, advirtió a la diaria las consecuencias de eventuales nacionalizaciones y recordó la situación de países que hicieron procedimientos de este tipo, como Bolivia y Venezuela: "El interés de los inversores allí es muy bajo y cuando lo hacen buscan un retorno rapidísimo".

También se refirió al razonamiento que hizo ayer en diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, en cuanto a que en caso de nacionalizar la producción de hierro el retorno sería muy rápido, ya que Aratirí ganaría 1.500 millones de dólares por año. "Un negocio de este tipo, si fuera fácil, habría mucho más gente intentando llevárselo. Los negocios en la minería tienen altísimo riesgo y nunca se sabe exactamente cuánto mineral se va a sacar, por lo que muchas veces no logran su objetivo y pierden millones. Además, hay que tener en cuenta que si el precio del hierro y el tipo de cambio se modifica se puede pasar de una buena rentabilidad a la pérdida", sostuvo.


Respecto a la propuesta de Mujica de plebiscitar el proyecto de Aratirí, Salazar dijo que aunque vivió en muchos países, nunca en su vida vio algo igual sobre un proyecto concreto. Según sostuvo, en caso de que la ciudadanía se pronuncie contra el emprendimiento, la discusión será "de qué manera se va a indemnizar a la empresa".”

Su mensaje no podría ser más claro:

1) nos amenaza: si el proyecto se frustra, por no obtener la autorización final del estado tendremos que ver “de que manera se va a indemnizar a la empresa”. Yo no soy abogado; pero el Código de Minería es claro: el subsuelo pertenece a la nación y es facultad del estado conceder su explotación en ciertas condiciones. Hasta ahora, salvo que exista algún contrato secreto, (cosa que, lamentablemente, teniendo en cuenta la experiencia del firmado con Montes del Plata, no podemos descartar totalmente) estamos claramente a tiempo de evitar conceder a Aratirí el permiso para la explotación. La concesión aún no existe. Personalmente me gustaría ofrecer devolver a la empresa sus gastos hasta la fecha, con factura, naturalmente, para saber quienes en este país recibieron plata de la misma.

2) Sobre el tema de las ganancias, don Salazar no nos desmiente…afirma: "Un negocio de este tipo, si fuera fácil, habría mucho más gente intentando llevárselo. Los negocios en la minería tienen altísimo riesgo y nunca se sabe exactamente cuánto mineral se va a sacar, por lo que muchas veces no logran su objetivo y pierden millones. Además, hay que tener en cuenta que si el precio del hierro y el tipo de cambio se modifica se puede pasar de una buena rentabilidad a la pérdida",

Bueno, la última parte de la frase es válida para cualquier negocio. Es probable que si el precio del mineral de hierro standard vuelve de los 170 dólares la tonelada actuales (aproximadamente) a los poco más de 30 de hace 4 años, las empresas del ramo, si todo lo demás se mantiene igual, empiecen a perder.

Pero claro, dentro de las fluctuaciones de precios puede ocurrir lo contrario, o sea, que el precio suba aún más. Y que las previsiones de ganancias cambien…hacia arriba.

Respecto a la primera parte de su frase, “si fuera fácil….etc”, sabemos que a veces, en el curso de los negocios se producen hechos que podríamos llamar “irregularidades de mercado” (sin aludir en absoluto a algo ilícito), en las cuales una persona o empresa se encuentra de golpe con un gran negocio no descubierto por otros antes.

O sea: seguimos manteniendo nuestra estimación de ganancias futuras de la empresa basados en las que obtiene BHP Billiton a partir de sus negocios de mineral de hierro. En realidad haciéndole un descuento importante a estas.

De todas formas, Zamin, en este (y parece que también en otros) tema tiene la palabra. Sería muy interesante conocer cuales son las estimaciones (las de verdad, claro) de futuras ganancias de la empresa. Basándonos en los únicos datos ahora veraces: los precios actuales de costos y ventas.



Metal pesado

La apuesta minera avanza, a pesar de los reclamos ecologistas y hasta la cautela del gobierno. Las empresas extranjeras están listas para dar al país la mayor inversión desde Botnia. Y nadie quiere hablar de una fiebre pasajera.

Sebastián Cabrera

Un día se terminó pero Minas de Corrales supo ser uno de los pueblos más movidos del norte. Fue a comienzos del siglo pasado cuando la fiebre del oro lo llenó de forasteros dispuestos a trabajar en la mina. Era el progreso: en Cuñapirú, muy cerca de ahí, funcionaba la primera represa hidroeléctrica de América del Sur.

Uruguay, al menos dicen en Rivera, llegó a tener un stock per capita en oro que solo era superado por Francia. Pero en 1914, con la Primera Guerra Mundial, se desplomó el precio internacional del lingote y la compañía creada en 1878 con capitales franceses perdió su razón de existir.

La empresa abandonó la actividad minera súbitamente y allí quedaron las vagonetas cargadas. Del aerocarril que las transportaba 12 kilómetros solo se ven las torres, como esperando otra oportunidad.

Y fue otra alza de precios lo que disparó la codicia minera. Tras sobrellevar la ruina, Minas de Corrales desde la década de 1990 siente que le toca resurgir. Otra fiebre del oro, un estado que, como todas las fiebres, suele ser pasajero.

Esa es la vieja historia de la industria minera, un negocio especialmente cíclico en el que los precios internacionales son el factor relevante que hacen (o no) rentable una mina. Y que pueden detener repentinamente la explotación de un yacimiento, como pasó en Minas de Corrales.

Esta vez el oro no vino solo: también van por el hierro y otros minerales. Hace 10 años, la onza de oro estaba a unos 350 dólares. Hace dos años rondaba los 900 y hoy está a unos 1.400.

Así, la minera Orosur Mining -de capitales canadienses, que también explota plata- se apresta a construir una mina a 400 metros bajo tierra, en Minas de Corrales, muy cerca de donde funcionó aquella mina en el Novecientos. Aunque hay antecedentes en el país de "galerías" realizadas en forma más artesanal, esta será la primera mina subterránea de gran porte, mecanizada y con un diseño previo de ingeniería.

Hace unos años Orosur extraía tres gramos por tonelada de roca en el yacimiento El Arenal, que se empezó a explotar en 2004. Hoy saca un solo gramo, que se envía a una planta ubicada allí mismo, donde se realiza casi todo el proceso industrial. El yacimiento se mantiene en pie solo porque el precio del oro se triplicó. Así para obtener un kilo de oro, que se paga en el mercado alrededor de 49 mil dólares, deben removerse mil toneladas de material.

La firma necesita volver a los tres gramos de oro por tonelada y para eso hará la mina subterránea. "Si se junta un momento malo de producción con un momento malo de precio, vas a la bancarrota", explica, en una coqueta casa de Carrasco, Ignacio Salazar, un español que dirige Orosur desde 2008.

También gracias al alto valor del hierro, que en pocos años pasó de 40 a unos 150 dólares la tonelada, Aratirí -que en magnitud es a la minería, lo que Botnia a la forestación- presentará antes de fin de mes el proyecto de impacto ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y el proyecto de mina ante la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) para iniciar la fase de explotación en Valentines, en los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres.

La empresa, que pertenece al grupo de capitales indios Zamin Ferrous, ya ha invertido 85 millones de dólares, llegará a los 100 millones a fines de año y plantea una inversión total de 2.500 millones. Sería el primer proyecto de gran minería en el país.

Aratirí dice que producirá 18 millones de toneladas de concentrado de hierro al año: una vez y media lo que produce hoy toda la industria minera en Uruguay, un sector que tradicionalmente ha sido pequeño. La industria llegó en 2009 a 12 millones de toneladas al año, casi la misma producción del pico anterior, en 1998-1999. El negocio minero viene creciendo desde 1990, con una caída en la época de la crisis económica de 2002. Hasta ahora buena parte de la producción es para el mercado interno y cerca del 90% de la exportación es de oro.

CAMBIO. La izquierda -que siempre miró con desconfianza a una industria que es agresiva con el medio ambiente- abrió los brazos a una inversión como la de Aratirí para generar crecimiento económico. De hecho, el principal de la empresa en Uruguay es Fernando Puntigliano, director de la Administración Nacional de Puertos en el gobierno anterior.

Pero algo parece haber cambiado en los últimos días y el gobierno ahora quiere dar señales de que controla y exige, cuando se negocia el memorando de entendimiento con la empresa, que se convertirá en el contrato de inversión con el Estado uruguayo. La firma ya presentó una propuesta, que el Ejecutivo pedirá que se mejore, posiblemente en el capítulo de exoneraciones tributarias y de impacto ambiental.

Junto con las señales del Ejecutivo, el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou anunció una triple interpelación por Aratirí (ver página 8) y el senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) dijo a La Diaria que el gobierno debe ir "despacito" y analizar "con siete lupas" esa inversión debido a los posibles perjuicios al medio ambiente.

Un referente para la izquierda como el escritor Eduardo Galeano dijo hace unos días, cuando le entregaron el doctorado Honoris Causa en Mendoza, que las mineras "un día desaparecen dejando tras de sí solo agujeros y fantasmas". Con Aratirí también se envalentonaron los movimientos ecologistas.

El tema se trató el lunes en la reunión de gabinete productivo del Ejecutivo. Allí, según relataron a Qué Pasa participantes en la reunión, se afirmó que se pedirá a la firma mejorar la propuesta y que el gobierno "defenderá los intereses del país" para que el negocio sea beneficioso.

El presidente José Mujica pidió la palabra y dijo que "lo bueno" es que ya se sabe que en Valentines hay hierro y que es rentable explotarlo. Quizás, si se cae lo de Aratirí, otro hará el trabajo. Más allá del viento a favor por los precios internacionales, Aratirí concluyó que las reservas de hierro en Valentines son más grandes de lo que pensaba. Antes se hablaba de 188 millones de toneladas. Hoy ya se sabe que hay 1.500 millones de toneladas, pero puede haber hasta 4.000 millones, según la empresa.

Un ministro, que prefirió el anonimato por no tratarse de su área pero que participó de la reunión, explicó a Qué Pasa que la sensación que existe en el gabinete es que se va a "evaluar mucho" el impacto social y ambiental de la inversión y que "hay que ver si la inversión sale y si vale la pena dar el debate". Pero otro ministro apuntó que "hay tendencia favorable en el gobierno para que se concrete el proyecto", que "no está en tela de juicio".

En su despacho en la Dinamige, el director de minería, Pier Rossi, tiene una molestia concreta con el tema. Aratirí, dice, "ha adelantado en forma pública información que a veces es especulativa y no está fundada en datos veraces". Y alerta al Estado que "debe tener cuidado" con esas especulaciones y "no puede entrar en eso, no puede correr detrás de lo que la inversión opina, sino que debe estar ajustado a las informaciones que presenta". Una fuente del gobierno dijo que la firma ha manejado diferentes cifras sobre los volúmenes a explotar, incluso cuando no podía asegurar el proyecto.

Rossi descarta, eso sí, que Aratirí esté especulando con las tierras sin planes de explotar los yacimientos -una sospecha que a menudo acompaña a las mineras- ya que los volúmenes de hierro "ya le cierran". Qué Pasa se comunicó con la empresa, que comunicó que hace un mes decidió no hacer declaraciones públicas.

A fin de año Aratirí podría comenzar la explotación a cielo abierto si obtiene la concesión del gobierno. La firma ha anunciado un mineroducto de 230 kilómetros hasta una terminal que se instalará en La Angostura, entre La Esmeralda y Punta del Diablo en Rocha, en un predio del Ministerio de Defensa.

El puerto será de dedicación exclusiva para la exportación de hierro, principalmente a China. El ministro de Turismo, Héctor Lescano, dijo a Qué Pasa que ese puerto "no dañará las posibilidades del turismo rochense". Otros creen que sí.

Durante los tres años de obra (2011 a 2013), la inversión extranjera directa que recibirá el país aumentará 48% en relación al escenario base, según un informe del estudio Ferrere para Aratirí. La empresa estima que usará unos 1.500 trabajadores (95% uruguayos) durante la vida útil del proyecto (2014 a 2033) y dice que al año dejará 450 millones de dólares al país. Hace un año la empresa hablaba de 350 millones.

EL GRAN POZO. Ante el boom minero, ¿Uruguay va camino a ser un gran agujero?

"Esto es una burbuja", dice Carlos Anido, uno de los dos ingenieros de minas que hay en Uruguay. Es "una burbuja similar a la inmobiliaria, que luego explotó". Y durará pocos años, dice Anido, quien se recibió en la universidad belga de Lovaina en 1986 pero no trabaja en el rubro.

En cambio, desde Aratirí se afirma que no existe riesgo de "una burbuja" y que la inversión se caiga. Los estudios de la minera indican que el precio del hierro tendrá un pico que durará unos cinco años, luego bajará pero no a niveles anteriores.

Salazar, gerente de Orosur, dice, mientras toma un poco de té de manzanilla, que "hay un auge general, aunque la mayor parte de la población solo ve a Aratirí, que implica la mayor inversión y ha tenido avalancha de prensa". En Uruguay hay más de 30 empresas, 25 agrupadas en una asociación de pequeños mineros y las más grandes en la Cámara de la Minería, que integran Aratirí, Orosur y Cementos Artigas.

Con su acento vasco, Salazar no esconde que "pesar de toda la algarabía, Uruguay está lejos de lo que es un país minero como Chile, Argentina o Brasil, que tienen mucho más volumen y tradición". Hay sí un notorio aumento de la inversión: "Antes no pasaba nada. Hoy es una oportunidad de otra industria más".

Pero para este auge minero, Uruguay no se preparó. "Nunca se pensó que la minería podía ser algo estratégico", dice Alejandra Martínez, presidenta de la Asociación de Licenciados en Geología. "Los extranjeros vinieron a buscar el oro, el hierro y los diamantes que no fuimos capaces de sacar".

Rossi dice que, cuando aumentó la producción de oro en la década de 1990, Uruguay ingresó a "una minería de escala mayor que la tradicional" y con mayores exigencias, en un "un quiebre que nadie percibió". Rossi trabaja en la Dinamige hace 36 años y está en el cargo de director desde 2010. No le falta mucho para jubilarse.

El recurso minero "no estaba visualizado, como no estaba visualizado el sector forestal", explica. "Si hubiera habido planificación, ya deberían haber ajustado el marco legal para adaptarlo a los requerimiento de una minería de mayor escala, lo que estamos haciendo hoy con la presión de los tiempos".

En el edificio donde funciona la Dinamige no hay lujos. La oficina de Rossi solo recuerda que uno está sentado frente a un director de minería porque en la pared hay un reloj hecho sobre un ágata y porque hay un cuadro con una foto de una cantera de Ancap en Lavalleja. La Dinamige hoy tiene un solo inspector de minas (eran dos pero uno falleció) y la oficina no puede actualizar las estadísticas: eso era lo que hacía Rossi antes de ser director. La ley de policía minera data de 1920, cuando en las minas subterráneas ponían un canario como medida de seguridad. Si el canario moría, convenía salir.

No hay materia de derecho minero en la Facultad de Derecho y, si bien la opción de ingeniero en minas se creó en la década de 1940 en la Facultad de Ingeniería, se eliminó por falta de demanda: hoy hay solo dos ingenieros en minas y no están trabajando en el área. Las empresas extranjeras suelen traer sus ingenieros de confianza, que dirigen las dos primeras etapas: prospección y exploración.

Los geólogos entran en el sistema en la última etapa, en la explotación. Uruguay tiene menos de 100 geólogos. "Eso refleja la falta de profesionalidad de la geología: no siempre es necesario contar con un geólogo para determinados estudios", denuncia Martínez de la Asociación de Licenciados en Geología. La Dinamige hará un concurso para el ingreso de 17 funcionarios, entre ellos un geólogo para la inspección.

Y anuncia un llamado a licitación para elaborar un mapa geológico del país con fotografía satelital de alta definición, información que permitiría que las empresas sepan de antemano dónde están los yacimientos y qué hay allí. Hoy la información geológica que ofrece el gobierno a las firmas es mínima y Rossi dice que Uruguay "no ha sido investigado a fondo" por los sucesivos gobiernos.

El nacionalista Carlos Soares de Lima, director de Minería entre 2000 y 2002, opina que "hay futuro en la minería", pero que los proyectos deben ser "sustentables" y no "verdaderas aventuras" para que "no quede el país como un queso". Dice que influyen varios factores, además del precio internacional del producto: el porcentaje de mineralización de los yacimientos, la distancia con el mercado donde se comercializa y el manejo de volúmenes. Los dos últimos factores son desfavorables para Uruguay

Está el ejemplo de Mina Valencia en Lavalleja. Se buscaba dolomita pero el proyecto no fue rentable y, con 170 trabajadores, cerró el 14 de febrero de 1986.

En Rivera, Orosur trabaja en la construcción de la mina subterránea para poder seguir explotando oro cinco o seis años más y, en el medio, buscar otros yacimientos que permitan continuar con la producción minera. Esa que hoy apenas le da un gramo de oro por tonelada.

"Esto es como andar en bicicleta. Hay que seguir dando pedales: invertir y explorar", dice Salazar. Siempre que el precio del oro no se desplome y Minas de Corrales y otros parajes vuelvan a descubrir que no hay nada más triste que la gloria pasajera.
LA ETERNA BATALLA POR LA TIERRA

Los choques entre rurales y mineros no son nuevos. El ingeniero Carlos Anido dijo a Qué Pasa que en Uruguay "hubo una contradicción entre la agropecuaria y la minería" desde hace más de cien años. El Instituto de Geología, creado en el gobierno de José Batlle y Ordóñez, "se dedicó mucho a buscar agua, lo que le preocupaba a la producción ganadera".

Y el ex director de minería Carlos Soares de Lima dice que "del país minero sabemos poco" y "está subestudiado".
Diamantes, oro y níquel

Aratirí y Orosur no son las únicas empresas internacionales buscando minerales en Uruguay. La australiana Gladiator explora hierro en Rivera y podría realizar una inversión de unos 300 millones de dólares a partir de 2012. Y, además de Orosur, hay otras tres firmas canadienses en el país: Olyvut busca diamantes en Rivera, Pacific está atrás del níquel y B2Gold inició prospecciones de oro.

A esto se suma que Ancap constató que existe petróleo libre en rocas generadoras de hidrocarburos, en prospecciones realizadas en Artigas, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. Pero aún hoy (y hasta que no se concrete lo de Aratirí) el 85% de la producción minera es de materiales áridos -como arena o balasto- para la construcción y caliza para la industria del cemento. Esa producción se concentra en el área metropolitana.
MARCO LEGAL
Los cambios

Más plazo para las mineras en la etapa de búsqueda de yacimientos pero también un canon más alto a pagar al Estado y a los propietarios de tierras, son algunos de los cambios previstos en la reforma del Código de Minería, que tiene media sanción y está a estudio del Senado. El nuevo Código pasa de un plazo máximo de siete años para las etapas de prospección y explotación (búsqueda y estudio de yacimientos, antes de iniciar la explotación), a un plazo máximo de 12 años en esas etapas. El ingeniero en minas, Carlos Anido, informó al senador socialista Daniel Martínez que -con la tecnología actual- dos años de plazo es más que suficiente, pero eso es rechazado por el gobierno. Algunos temen que las empresas no hagan nada con las tierras, como el abogado Juan Andrés Ramírez: "Con Aratirí el gobierno lleva a doce años la posibilidad de reservar 100.000 hectáreas sin hacer nada". Las empresas sugieren que se mantenga un plazo extenso, pero que se exija un "compromiso de gasto" cada determinado tiempo. En cuanto al canon, ahora se tomará como base el valor del mineral ya industrializado, al momento de la venta; hasta ahora se tomaba el valor al extraerse. El presidente de la Cámara de Minería Ignacio Salazar dijo que, con ese cambio, el canon será "el doble o triple" y "uno de los más altos de Sudamérica", a pesar que baja del 8% al 5%.
La seguridad en la mina

El recuerdo del derrumbe en la mina San José en Copiapó, Chile, viene a la mente cuando se anuncia que en Rivera se construirá una mina subterránea. La presidenta de la Asociación de Licenciados en Geología, Alejandra Martínez, explica que debe haber sistemas de ventilación, extracción de gases contaminados y agua, además de control de temperatura y equipos especiales de seguridad. Pero Martínez admite que Uruguay no tiene "normativa de seguridad que le permita al Ministerio de Trabajo controlar las condiciones laborales en las minas subterráneas". La mina será construida por la filial chilena de la canadiense Redpath, que entrenará al personal uruguayo para sacar la producción. Ignacio Salazar, director de Orosur, dice que hay dos cosas que dan tranquilidad: la firma consiguió un préstamo de cinco millones de dólares del banco HSBC, que pide que se cumpla con determinados "standards". Y que cotiza en las bolsas de Toronto y Londres, "que demandan compromiso con seguridad y medio ambiente".


Política

24.6.11
El mundo del revés


Bordaberry presenta ley contra minería a cielo abierto y UNTMRA promueve diálogo entre las partes para aprovechar hierro.

El senador y líder del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentará un proyecto de ley para prohibir, a partir de la fecha en que ponga en práctica la norma, la "minería en su modalidad cielo abierto". El proyecto declara de "interés estratégico" los "yacimientos de sustancias minerales metálicas existentes en el subsuelo de la república, incluyendo la plataforma marina", y sentencia que a partir de la fecha de su eventual aprobación "no se otorgarán permisos ni concesiones para las actividades de cateo, prospección, exploración y explotación de minería a cielo abierto de metales pesados [...] excepto en los casos establecidos específicamente en la ley".

Entre las excepciones se encuentran los yacimientos que estén a más de tres kilómetros de cualquier población de más de 1.500 habitantes que se encuentren en zonas con índice Coneat 80 o inferior, que incorporen "un plan de cierre(s) de la(s) mina(s) que incluya una remodelación paisajística congruente con la existente previa a la explotación y que no usen "lixiviación con cianuro ni empleen sustancias químicas peligrosas para la salud o el ambiente".

Bordaberry es un ferviente opositor del proyecto minero de la empresa Aratirí, cuya eventual instalación el presidente José Mujica propuso que se dirima en un plebiscito consultivo. Respecto a este proyecto, ayer el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) Marcelo Abdala propuso cambiar las coordenadas del debate: "El problema no es Aratirí sí o no", sino que lo que es necesario dilucidar es "de qué forma se apropia la sociedad uruguaya de una futura cadena de producción que deje mejor parado al país". El dirigente explicó que nuestro país es rico en recursos geológicos e indicó que los yacimientos de hierro son de "excelente calidad". Según dijo, es necesario que Uruguay genere "eslabones productivos para desarrollar industria siderúrgica nacional que permita, en complementación productiva con los países de la región, alimentar el desarrollo industrial de nuestro país". Para Abdala, es necesario "desarrollar una discusión -con todos los actores involucrados- sobre de qué forma estos recursos implican la posibilidad de financiar nuestro proyecto propio", estudiando la "nacionalización completa del subsuelo" y "de manera de que "todo el mundo pueda aportar para el beneficio de la nación". También reconoció que desde su sindicato hay una postura crítica al proyecto de Aratirí, ya que la "exportación del mineral bruto" va en una misma línea que las exportaciones de materias primas sin valor agregado que hace nuestro país.

Desde la cámara minera, su presidente, Ignacio Salazar, advirtió a la diaria las consecuencias de eventuales nacionalizaciones y recordó la situación de países que hicieron procedimientos de este tipo, como Bolivia y Venezuela: "El interés de los inversores allí es muy bajo y cuando lo hacen buscan un retorno rapidísimo".

También se refirió al razonamiento que hizo ayer en diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, en cuanto a que en caso de nacionalizar la producción de hierro el retorno sería muy rápido, ya que Aratirí ganaría 1.500 millones de dólares por año. "Un negocio de este tipo, si fuera fácil, habría mucho más gente intentando llevárselo. Los negocios en la minería tienen altísimo riesgo y nunca se sabe exactamente cuánto mineral se va a sacar, por lo que muchas veces no logran su objetivo y pierden millones. Además, hay que tener en cuenta que si el precio del hierro y el tipo de cambio se modifica se puede pasar de una buena rentabilidad a la pérdida", sostuvo.

Respecto a la propuesta de Mujica de plebiscitar el proyecto de Aratirí, Salazar dijo que aunque vivió en muchos países, nunca en su vida vio algo igual sobre un proyecto concreto. Según sostuvo, en caso de que la ciudadanía se pronuncie contra el emprendimiento, la discusión será "de qué manera se va a indemnizar a la empresa".



Ver además:
Aratirí: El mal rayo que nos va a partir (parte 3)...
Aratirí: El mal rayo que nos va a partir (1)

lunes, 27 de junio de 2011

El delito de nacer pobre




Imputabilidad de menores
Ferrando: el 36% de niños son pobres

Jerarca de INAU dijo que infractores sufrieron la crisis


MALDONADO | M. GALLARDO | El País Digital | Sábado 18.06.2011

El director del INAU Jorge Ferrando advirtió que el debate sobre la minoridad infractora debe tener en cuenta que la principal causa del problema fue el descalabro financiero sufrido por el país en el año 2002.

En un debate sobre la rebaja de la edad de imputabilidad realizado ayer en la Facultad de Derecho del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Punta del Este, Ferrando señaló que no se podía ignorar que "muchos de estos adolescentes infractores de hoy son los niños que estaban entrando a la escuela en el año 2002. En esos años sus padres perdieron sus trabajos y estos se criaron en ambientes familiares inestables", dijo.

En 2004, agregó, más del 50% de los menores de diez años vivían en hogares pobres. "Hoy estamos alrededor del 36% pero que sigue siendo una cifra muy alta", dijo.

"Una cosa es educar, otra venir con uniforme"
Abusos policiales
De forma "totalmente sorpresiva" sintió un fuerte golpe en la puerta. "Se trataba de dos sujetos robustos, encapuchados, quienes de forma violenta, portando armas de fuego con las que me apuntaban, irrumpieron en la finca", cuenta en la denuncia que presentó ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.
"sin mediar palabras y sin identificarse comenzaron rápidamente a revisar la casa, revolviendo todo, sin ningún cuidado y sin motivo alguno".
En la denuncia  se advierte que el procedimiento se llevó a cabo "fuera de toda legalidad" e implicó una "peligrosa conducta desarrollada por quienes en nombre del aparato estatal han ajustado su conducta a varios tipos penales".

Se llevarán las riquezas por cuentas de vidrio


y también compraron parte de El Espectador.









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domingo, 26 de junio de 2011

Compromiso de Montevideo

2º ENCUENTRO LATINOAMERICANO POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Organizaciones de DDHH latinoamericanas exigen

tipificar la tortura como crimen de lesa humanidad



Los participantes del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia desarrollado en Uruguay, reclamaron que el delito de tortura sea tipificado como un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, en un documento denominado el Compromiso de Montevideo que fue divulgado en el Día Internacional contra la Tortura y en vísperas de los 38 años del golpe de Estado sufrido en este país en 1973.

La reunión de organizaciones de derechos humanos, contó con la presencia del diputado chileno Hugo Gutiérrez, las activistas argentinas María Sondereguer y Sara Waitman, la representante del Cejil, Liliana Tojo, y los brasileños Jair Kirschke y Afonso Lincks, que alternaron en las mesas de debate a las que enviaron sus intervenciones el jurista Alejandro Artucio y la periodista Stella Calloni.

El 2º Encuentro es la continuación de una primera reunión celebrada en Buenos Aires en marzo último, al cumplirse el 35 aniversario de su golpe de Estado, y es antesala de un evento similar que se organizará en Chile para el 11 de setiembre próximo, cuando se conmemore la fecha del golpe de Estado en el país trasandino. Los encuentros continuarán luego en Paraguay y Brasil.

En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Sociales, con cientos de espectadores en ambas jornadas de debate, se destacaron la intervenciones de los historiadores Clara Aldrighi y Alvaro Rico, el psiquiatra Miguel Scapusio, el abogado Pablo Chargonia, el maestro Miguel Soler, el sociólogo Enrico Irrazabal, el hijo de desaparecidos Valentín Enseñat y las víctimas de torturas Nélida Fontora, Baldemar Taroco e Ivonne Klinger.

La reunión en Montevideo fue convocada por las principales organizaciones de derechos humanos del país: Familiares de Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Hijos, ex presos políticos (Crysol), Casa Bertold Brecht, Fundación Zelmar Michelini, Fundación Mario Benedetti y el Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Cecso), auspiciados por el sindicato bancario (Aebu).



“Estamos indignados”

El periodista Roger Rodríguez señaló en las palabras de apertura del evento que “las organizaciones no gubernamentales uruguayas convocantes y quienes militamos en ellas, estamos indignados. Indignados por no considerarnos dignos de que nos ocurra lo que ha ocurrido en Uruguay en los últimos tiempos en materia de derechos humanos. Indignados con calma y sin exasperación. Indignados en forma esperanzada, con la convicción de la razón”.

“No somos dignos de que en Uruguay los tres poderes del Estado declaren inconstitucional una ley y ninguno de los tres la elimine del sistema jurídico. No somos dignos de la discusión y resultado del debate parlamentario que en ambas cámaras se dio sin anular la ley de caducidad. No somos dignos de que la Suprema Corte de Justicia considere homicidio los casos de desaparición forzada. No somos dignos de que el Poder Ejecutivo electo no cumpla su programa electoral o admita la presión o el desacato de las fuerzas armadas. No somos dignos de que se ataque o amenace a los fiscales o jueces que quieren cumplir su trabajo de indagar e impartir justicia. No somos dignos de que en nuestros países siga rigiendo la impunidad que protege a los violadores de los derechos humanos”, agregó

Por su parte, en el mensaje enviado por el diputado argentino Remo Carlotto, convocante del primer encuentro en Buenos Aires, se subrayó que “la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tiene indiscutibles denominadores comunes en el Cono Sur y en toda Latinoamérica. Hemos visto, a lo largo de los años, de las décadas como los organismos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los actores más dinámicos de nuestras sociedades, durante las dictaduras y con el retorno democrático han exigido el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. El conocimiento de la verdad y el juicio y castigo a los culpables de la comisión de crímenes de lesa humanidad entre los cuales está la aplicación de la tortura como uno de los actos más deleznables deben ser demandados por todos y todas”

“Simultáneamente a la acción criminal de las dictaduras en cada uno de nuestros países, la coordinación implementada por la denominada Operación Cóndor con sus consecuencias de secuestros, desapariciones y muerte, requiere de nuestra voluntad para demandar en forma conjunta la apertura de archivos y documentación, la identificación de las responsabilidades civiles y militares, que asolaron nuestra patria grande y el consecuente juicio y castigo a los culpables. Estoy convencido que este encuentro va en ese sentido trazado inicialmente en Buenos Aires en el mes de marzo”, dijo Carlotto.



Compromiso de Montevideo

La declaración final del encuentro, denominada el “Compromiso de Montevideo” se divulgó en la fría y lluviosa mañana del domingo 26 durante una concentración realizada en el Pasaje de los Derechos Humanos ubicado frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde se dejó instalada una pancarta que rezaba “Tortura: crimen de lesa humanidad imprescriptible”

El documento expresa:


Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.



Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores, militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicación de la tortura en la región implicó un plan supranacional, practicado en forma sistemática, con idéntica metodología y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo político y social, que requería la eliminación de toda resistencia popular y la instauración del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalización condicionada por la aceptación de distintos tipos de leyes de amnistía, punto final o autoperdón.



Nos comprometemos con los reclamos de las víctimas y sus familiares. Porque con la tortura se buscó la cosificación del ser humano, su deshumanización y su destrucción física y moral, para dañar no sólo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantón o la violación y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino también al cuerpo social, cultural y ético de convivencia, entretejido por la comprensión y la solidaridad, para generar el miedo y la desprotección de la sociedad, provocándole un daño transgeneracional con la interrupción de la continuidad del relato no oficial de su propia historia.



Nos comprometemos con la reparación a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su daño, secuelas físicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformándola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de políticas de reparación social a sus víctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque también es necesario repensar, desde una mirada de género y otras ópticas, las políticas de memoria, justicia y reparación, ante las características que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres.



Nos comprometemos con los juicios contra la tortura a nivel local e internacional. Porque las víctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder político, porque es un crimen imprescriptible que en cada país impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma.



Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educación que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prácticas y herramientas, porque es la educación la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitirá recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca más al terrorismo de Estado. Un Estado que deberá ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a través de órganos autónomos de contralor.

Montevideo, 26 de junio de 2011.



26 DE JUNIO

DÍA INTERNACIONAL EN APOYO

A VÍCTIMAS DE TORTURAS.



La comunidad internacional conmemora anualmente el 26 de Junio el “Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, con el fin de dirigir la atención mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de 12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes en las plantas de los pies, la asfixia por inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las palizas son métodos habituales de los torturadores para quebrantar la personalidad del individuo.
Aunque los daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y más difíciles de curar. Muchos supervivientes de la tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes. Rehuyen a la familia, la escuela y el trabajo y experimentan pérdida de confianza.

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Descripción de los efectos de la tortura.

Editorial Martha Passeggi.


Siempre nos referimos a las torturas físicas quizás, porque son los más visibles y de impacto desbastadores más inmediatos.

Pero para las torturas psíquicas no encontramos generalmente las palabras adecuadas y precisas para describirlas.

Sin embargo, estas heridas internas son las más demoledoras a largo plazo.



Definición de trauma:



Un hecho traumático lo constituye un episodio violento, grave e imprevisto fuera del campo de la experiencia humana ordinaria vivida por una o varias personas.

Esto configura un cuadro de alto impacto emocional con derivaciones fisiológicas y psíquicas.

Significa que se pone en juego todo un universo de efectos químicos y emocionales en el cuerpo.

Esa fue la situación que vivimos, los que fuimos detenidos- secuestrados en la época de la dictadura en este país y en toda la región.



Los opositores políticos al régimen dictatorial, en los primeros momentos en que éramos capturados pasábamos al estado de amenaza permanente a nuestra integridad física y psíquica.

Desde el primer momento nuestros cuerpos eran sometidos a salvajes torturas.

El promedio de edad que teníamos en esa época era de 20 a 35 años. Pero también una franja etárea de 50. 60 años.



Los primeros minutos del secuestro:

La indefensión de no saber que va a pasarme.

Un frío espeso rodea el cuerpo.

Una capucha impuesta o una venda nos sacaban del mundo exterior en forma brusca.

Allí comienza a funcionar el cuerpo como primera forma de defensa.

Aumenta la fuerza muscular y arterial.

La respiración se torna agitada en extremo, corta, alta.

La actividad cardiaca en paroxismo… taquicardias.

Las descargas internas, corporales de las llamadas “hormonas del estrés”, adrenalina, cortisona, serotonina, endorfina se vuelcan al torrente sanguíneo en forma continua.

Cuerpos sometidos a diversidad de aplicaciones aberrantes de torturas; golpes, patadas, asfixia por inmersión en recipientes de agua pestilente: con orín y materias fecales, asfixia con bolsas de nylon produciendo una desesperación inenarrable de sofoco, descargas intensas de electricidad, humillaciones, insultos; son parte de ese universo que los torturadores empleaban para someter y destruir a sus víctimas.



Y en el plano psicológico:

La atención activada en estado de alerta, a lo que nos hacían.

Los gritos, los ruidos se amplificaban; a nuestro alrededor.

Todo producía embotamiento de la emoción, disociación interna: replegados hacia nuestro interior para protegernos.

Al dolor del cuerpo se sumaba el dolor del espíritu, con aquellas torturas que no dejaban huellas visibles como las violaciones a mujeres y hombres por igual.

A su vez se volvía a amplificar los dolores, el miedo, el terror de sentir los gritos de los otros/as, de familiares, hijos, hermanos.

Esto nos dejaba en la incertidumbre e impotencia de no saber si tuviese un fin inmediato, certero. Todo lo contrario; permanecíamos por días, meses casi muriendo… de esa forma.

Era estar a disposición de ellos: los torturadores.

Los cuerpos sé cimbraban, por las descargas de electricidad aplicadas, intensas…continuas.

Sudaban nuestros cuerpos… casi adolescentes: de miedo, se erizaba la piel como primera alarma de peligro.

Y el cuerpo psíquico respondía tratando en céntimas de segundos, elaborar y volver a codificar nuevas alternativas de contrarrestar los peligros descargando más y más hormonas del estrés invadiendo todo el cuerpo, todos los cuerpos. Sintiendo el propio dolor y el ajeno.

La desnudez como método de desprotección, de vulnerabilidad tanto en hombres como en mujeres. Sólo que en la mujer tomaba otros parámetros culturales de los cuales se valían ellos: los torturadores.

Estas prácticas como otras infinitas, fueron parte de la instrucción que se les había impartido, en las academias norteamericanas a las cuales muchos de los militares habían tomado cursos intensivos: de cómo llevar al límite esos cuerpos heridos por fuera y por dentro.

El llanto una expresión tangible del cuerpo emocional muchas veces era sofocado por uno/a misma para que no fuese utilizado como elemento de fragilidad. Otras veces funcionaba como forma de descargas para recuperar fuerzas internas. Los gritos también.

Y así pasaban los días, porque el tiempo lo administraban ellos: los perpetradores.



Disponían de un resorte que los aparaba en la total impunidad: El estado uruguayo.

Militares y civiles todos complotando en igual función y responsabilidad.



El cerco impuesto nos acorralaba… no teníamos formas de salvarnos de las salvajes torturas.

Las transitábamos… apelando cada una/o a su fortaleza interior, convicción o suerte efímera.

Y en esa “danza” con la muerte; ellos se regodeaban del sufrimiento de sus víctimas.



La tortura; de ayer y de hoy sigue su itinerario de destrucción.



¿Hasta cuando debemos esperar; que los “nuevos ocupantes del estado” erradiquen esta práctica de nuestra cultura uruguaya?



¿Nos pedirán perdón por el ayer?..................



Y qué está pasando en estos momentos ¿yo escucho un grito de dolor? ¿Y usted?....



Martha Helena Passeggi

Año 2011.



MARTHA PASSEGGI.
reportera-gráfica.

A desarchivar




Piden desarchivar casos de crímenes de la dictadura



DESAPARECIDOS. ACONSEJAN AL GOBIERNO DESARCHIVAR "DE OFICIO"
Estado obligado a aplicar fallo de Corte IDH, dicen juristas
Dos abogados y un ex juez recomendaron además a los legisladores aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura.
Ejército. Este año dos tenientes realizarán el curso para ascender a capitán.
Los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea, y el ex juez Federico Álvarez Petraglia coincidieron en que el fallo de la Corte IDH, por el cual se declara que la Ley de Caducidad "carece de efectos jurídicos" por contravenir normas del derecho internacional, es de cumplimiento "obligatorio" para el Estado uruguayo. Los juristas disertaron, en el marco de una jornada de reflexión organizada por el grupo "Iguales y Punto", sobre las obligaciones del Estado para el cumplimiento de la sentencia en la causa "Gelman vs Uruguay".

En este sentido, el doctor Chargoñia aseguró que "todos los poderes del Estado están alcanzados por el ámbito de su competencia", ya que no se ordena su derogación, sino su desaplicación de hecho. Por tanto, "los jueces letrados están obligados hoy a cumplir la sentencia de la Corte IDH", en virtud del necesario "control de convencionalidad" entre la norma uruguaya y el derecho internacional. Los magistrados deberían consagrar la primacía de la Convención Americana sobre la norma jurídica uruguaya, estimó el abogado.

Asimismo, Chargoñia señaló que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de desarchivar "de oficio", sin necesidad de instancia de parte, todos los actos administrativos impulsados por anteriores gobiernos por los cuales se haya impedido la investigación de crímenes de la dictadura.

En tanto, el doctor Errandonea lamentó el último fallo de la Suprema Corte de Justicia por el cual se desestimó la aplicación del delito de "desaparición forzada", por significar un "freno" en el desarrollo de la jurisprudencia uruguaya en materia de derechos humanos.

El abogado destacó que en los últimos tres años el Poder Judicial estuvo en la vanguardia en materia de derechos humanos. Empero, "en mayo se contagió de un virus extraño", en virtud de no acompañar normas penales del ius cogens, como se hizo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma de octubre de 2009.

Por su parte, el ex juez Álvarez Petraglia centró su participación en los caminos a seguir para la búsqueda de justicia. En este sentido, el letrado llamó a preocuparse por la realidad, ya que el último fallo de la SCJ acompañó un "discurso jurídico" por el cual los crímenes de la dictadura estarían prescriptos el próximo 1º de noviembre.

Álvarez Petraglia afirmó que la solución está en manos de los legisladores, en cuanto aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura, para los cuales "la prescripción no ha operado", siguiendo el camino impulsado por Alemania para la persecución de los crímenes del nazismo.


FRASES
Pablo Chargoñia.
"La Corte IDH obliga a los jueces letrados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad".

Juan Errandonea.
"La Ley de Caducidad ya ha sido desaplicada por los últimos gobiernos y el Poder Judicial".

Federico Álvarez Petraglia.
La ampliación de los plazos de prescripción es "una solución posible, una solución al alcance de la mano".

Pablo Chargoñia. Petraglia.
"Elevar los plazos de prescripción no sería dar cumplimiento cabal" a la sentencia de la Corte IDH.

Juan Errandonea. Petraglia.
"El Poder Ejecutivo debe notificar a los otros poderes del Estado del fallo (de la Corte IDH), estamos en junio y todavía no lo hizo en forma oficial".


Uruguay asume DDHH de ONU
Naciones Unidas.
Nuestro país asumió en representación de América Latina y el Caribe la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El cargo será desempeñado por la embajadora de Uruguay en Ginebra, Laura Dupuy Lasserre.

"Deseo agradecer a todos los países la confianza depositada en Uruguay y en mi persona para ocupar tan alto cargo, y en particular agradecer a la región de Latinoamérica y el Caribe, por nominarme como su representante en esta mesa, en el sexto ciclo del Consejo de Derechos Humanos", manifestó tras asumir funciones.

La embajadora recordó que su padre fue preso político y torturado por la dictadura uruguaya y consideró que su designación es "un homenaje para mi familia y para todos aquellos que han sufrido la dictadura en Uruguay como en los países de nuestra región".
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh                                                    
Zelmar Michelini en el Tribunal Russell en Roma en abril de 1974