jueves, 7 de junio de 2007

NO PUEDE HABER CONCILIACIÓN SI HAY IMPUNIDAD

Fuente: La Juventud

CUESTIONAMIENTOS DEL DR. CHARGOÑA A LA POLÍTICA DE DDHH DEL GOBIERNO.

Dr. Pablo Chargoña: "Yo interpreto el discurso de Rosales como una provocación al mando superior a los efectos de tantear hasta dónde puede llegar con el discurso. Y la respuesta es que puede llegar bastante lejos si no tiene la baja, y no la tiene" Gustavo Magariños, a Diego Zorrilla de San Martín, a Alberto Voss Rubio; Arisbel Arocha; Bernardo Nicola y José Luis Bruno, del Servicio Exterior participaron en la OCOA, denunció el Dr. Chargoña "Creo que la claridad con que se debe expresar cualquier gobierno respecto al terrorismo de Estado sigue sin estar presente en la posición gubernamental, en la postura del gobierno" El Dr. Pablo Chargoña, abogado representante de familiares de presos, desaparecidos y asesinados durante la dictadura, asesor de la Secretaría de DD.HH. del PIT-CNT, cuestionó la política de DDHH del gobierno, sostuvo la imposibilidad de plantear una conciliación entre víctimas y victimarios, afirmó la necesidad de depurar a las FFAA y cuestionó la cadena de mando en tanto el Presidente puede oír un discurso como el del Gral. Rosales sin tomar medidas o aceptar el engaño al que ha sido llevado el Poder Ejecutivo respecto a la verdad sobre los desaparecidos. J.L. VÁZQUEZ: ¿Qué percepción te dejó la primera incursión que tuvo el Presidente y esta otra (la del lunes) que pareció querer aclarar un poco sobre su propuesta del "nunca más", luego haber sentido voces discordantes desde algunas organizaciones sociales y de derechos humanos? Dr. Chargoña: Si. Yo creo que hay que hacer un análisis político, desde la política de los derechos humanos. Cualquier posición de cualquier gobierno merece el análisis más profundo, más cuidado, desde la perspectiva de los derechos humanos. Me parece que hay que tratar de evitar un acercamiento o un abordaje complaciente, superficial, fácil, tanto como hay que evitar una crítica sin fundamento. Pero yo alerto sobre los abordajes fáciles o complacientes porque hay una construcción ideológica detrás o soportando tanto el decreto o la resolución del Poder Ejecutivo de diciembre pasado como este último discurso. Una construcción ideológica que apunta básicamente a la conciliación y es ahí donde uno tiene que ponerse en alerta porque si hay claro oscuros en la política de derechos humanos de un gobierno, entonces nunca será suficiente el análisis, el cuidado o la crítica sobre los aspectos oscuros de la política de derechos humanos. La historia de la humanidad enseña que los más grandes crímenes fueron preanunciados por voces minoritarias nunca escuchadas. Alguien salió a señalar la posibilidad del advenimiento del fascismo y no fue escuchado. Es decir, los temas de derechos humanos, los temas de políticas de Estado en materia de derechos humanos, me parece que tienen que merecer un análisis del ciudadano, de las personas; y un análisis político en profundidad, manejando determinadas categorías, determinados criterios de análisis para ver en dónde estamos parados. Yo hablaba de consenso ideológico, hay unos discursos que satisfacen a un gran espectro político de la derecha a la izquierda. Esto puede ser bueno cuando lo que se trata de convencer es bueno y puede ser muy malo cuando lo que se trata de convencer es criticable. Puede ser muy malo porque construye discursos únicos, difíciles de desarmar. A mí me parece que el discurso del Presidente de la República es muy efectista, muy inteligente y logra neutralizar las críticas que se habían venido desarrollando a partir de la resolución de diciembre pasado y a partir de algunos anuncios. Y esa neutralización, hay que ver si proviene del mero discurso de las palabras o proviene de las cosas. Es cierto que los discursos . importan, pero importan también las decisiones de los gobiernos. Y en este sentido yo creo que la claridad con que se debe expresar cualquier gobierno respecto al terrorismo de Estado sigue sin estar presente en la posición gubernamental, en la postura del gobierno. Aquella crítica originaria me parece que sustancialmente no ha podido ser levantada. ¿La crítica originaria cuál era? la de que se comparaba o se equiparaba, los crímenes de lesa humanidad con cualquier otra forma de la violencia. Y en esa comparación, en esa equiparación o en esa asimilación, hay un gravísimo error porque desde el Tribunal de Nüremberg para acá, la humanidad ha construido una noción de crimen de lesa humanidad, separándolo y distinguiéndolo de cualquier otra forma del delito, al punto que el año pasado se sancionó la ley de genocidio que distingue a los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es un crimen especialmente grave, cometido por la organización estatal o con la aquiescencia o el acuerdo del Estado a una población vulnerable en un marco de absoluta impunidad, donde las víctimas no tienen garantía ninguna porque no hay ningún control del poder, porque no hay control ni de la prensa ni de la justicia independiente, no hay ningún mecanismo de defensa. Este fenómeno del crimen del Estado, no puede ser diluido equiparándolo a las formas de la violencia insurreccional o a la violencia política, porque son fenómenos sociales completamente distintos y es claro que cuando se dice nunca más, la sociedad se está refiriendo al nunca más terrorismo de Estado, nunca más crímenes desde el Estado, crímenes cometidos por agentes públicos con medios de transporte públicos como aviones de la Fuerza Aérea o nunca más cementerios clandestinos en establecimientos públicos como son los cuarteles. No es el nunca más a cualquier cosa o nunca más a la violencia, y no es válida la equiparación porque si se equipara, entonces se destruye la conceptualización. Aquello que implicaba delimitar y distinguir delito ordinario o violencia insurreccional, de crimen de lesa humanidad, esa diferencia pierde sentido, pasa a debilitarse. Y con eso debilitamos varios de los conceptos jurídico-políticos que la humanidad entera ha elaborado. A partir de los crímenes del nazismo se construye la noción de imprescriptibilidad, estos crímenes no pueden ser perdonados de ninguna de las formas del perdón jurídico, a pesar del paso del tiempo. Y esto se da sólo con relación a los crímenes de lesa humanidad, no a cualquier otro delito. Igualmente se destruye la noción del carácter no amnistiable de estos delitos. Esto es esencial: los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, no existe ninguna forma tampoco de clemencia soberana o de amnistía, que sí puede aplicarse al delito ordinario o a otras formas de la violencia, pero nunca al crimen de lesa humanidad. ¿Por qué lo planteo? porque si debilitamos el concepto de crimen de lesa humanidad al socaire o en beneficio de una política de conciliación, etc., estamos debilitando esta conceptualización, estamos debilitando el reclamo de no amnistía o de declaración de invalidez de las leyes de amnistía o de seudo amnistía como la ley de Caducidad. Y esto implica un retroceso en la política de los derechos humanos. Debemos reclamar del ciudadano una politización, hay que decirlo claramente, creo que todas las personas, nosotros, tenemos que politizarnos respecto a estos temas y tener postura. Y politizarse pasa por definir claramente dónde estamos parados. Hay vigente una ley de Caducidad, esta ley de Caducidad carece de validez jurídica porque va contra los tratados internacionales que precisamente, definieron qué cosa es un crimen de lesa humanidad y por qué son imprescriptibles y por qué son inamnistiables. Entonces volviendo al discurso, más allá de la inteligencia verbal del discurso -que la tiene- más allá de la intención evidente de neutralizar una resistencia que se venía y se veía como bastante intensa al programado desfile cívico-militar del 19 de junio, lo que queda por el camino puede ser muy grave si simplemente apelamos a una suerte de equilibrio entre los reclamos de la derecha y los reclamos de los movimientos de los derechos humanos. Ese equilibrio es pernicioso si se pretende una auténtica política de los derechos humanos, que pasa por distinguir conceptualmente, simbólicamente e ideológicamente, el crimen que cometió el Estado uruguayo y que sigue cometiendo en la medida que los 200 desaparecidos siguen estando desaparecidos. Es importante para el Uruguay; el Uruguay tuvo un proceso de dictadura que tuvo su origen en el golpe de Estado que da un civil electo por el pueblo, Bordaberry. Es muy importante que la ciudadanía uruguaya describa los procesos de transformación del Estado de garante del derecho de las personas, en organización criminal, porque es un proceso como el que se dio en Uruguay, precedido de leyes emanadas de un Parlamento también electo, anterior al golpe de Estado, con la ley de Seguridad del Estado, con la aprobación de las Medidas prontas de seguridad, es decir, ese proceso más o menos insensible de advenimiento de la autocracia, tiene que ser claramente descubierto por el ciudadano porque el riesgo es que no se adviertan las crisis de los controles del Estado, del control del poder, y que en los anuncios de las tiranías futuras o de las violaciones futuras de los derechos humanos, no sea advertida. Y los derechos civiles y políticos son los derechos económicos y culturales. El problema es como dice la famosa frase: no haber olvidado nada pero no haber aprendido nada. Cuando hablamos de política de derechos humanos me parece que tenemos que hablar de una cultura de ciudadano para tener un ciudadano consciente y fiscalizador, un ciudadano fiscalizador del poder es alguien que es capaz de describir las formas de actuación del poder y capaz de advertir y preanunciar, cuando el poder se desborda, cuando el poder se excede, cuando el poder abusa. De ahí la importancia que los conceptos en el discurso o en las resoluciones, sean analizados con mucho espíritu crítico. J.L. Vázquez: Tú decías: hay que ver si el discurso del Presidente viene del discurso, de las palabras nada más o si viene por cosas que han sucedido. ¿A qué te referías con eso? ¿A posibles acuerdos que hayan y que no se conocen públicamente? Dr. Chargoña: Sea que se trate de acuerdos conocidos o no conocidos, o que no se trate de acuerdos, la crítica es posible de realizar. Yo creo que no es necesario ir a buscar supuestos contubernios o consensos o acuerdos ocultos. Creo que está de manifiesto, que está claro en las resoluciones. Yo tengo acá la resolución de diciembre del 2006 -a esto me refería con las cosas, los actos administrativos, qué cosas deciden los gobiernos más allá de los discursos- y la resolución del Poder Ejecutivo de diciembre del año pasado dice textualmente: "A efectos de que el país pueda mirar al futuro y encontrar caminos de reconciliación nacional, fíjase el 19 de junio de cada año como única fecha conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir estos episodios entre uruguayos". Los caminos de reconciliación nacional no son parte de unos acuerdos ocultos, sino que están puestos de manifiesto en esta resolución. Hay caminos de reconciliación o de conciliación y lo que hay que preguntarse es ¿conciliación entre qué? ¿Es entre víctimas y victimarios? entonces la conciliación es condenable desde el punto de vista de la política de derechos humanos. Lo que hay que argumentar es tener una política plena de derechos humanos que no pase por la conciliación cuando ésta es imposible porque no hay posible conciliación con los terroristas de Estado. Porque si no tenemos un discurso incoherente; por un lado hablamos de terrorismo de Estado y por otro lado apelamos a una conciliación que se da en términos deliberadamente vagos, deliberadamente ambiguos. Esto es muy común al discurso político, la ambigüedad, la generalidad intencional pretende la aceptación de partes muy distantes entre sí, tan distantes como ser víctima y ser victimario. La conciliación nacional no es una buena política de los derechos humanos, porque implica de alguna manera proteger o amparar a quienes violaron los derechos humanos. Es un mensaje simbólico que agrieta, que agrede la necesaria política de derechos humanos que en este caso debe ser muy clara. En esa misma resolución había otros numerales que decían cosas como "Declárase culminada la primera etapa de las actuaciones dirigidas a las investigaciones de las desapariciones forzadas" y no se establecía qué cosa iba a ser y sigue sin establecerse -porque esta es una resolución del Poder Ejecutivo-qué cosas se hacen en materia de investigación del paradero de los detenidos desaparecidos. Pero no sólo del paradero, sino de la situación de la desaparición forzada. El segundo numeral decía: "Mantiénese la secretaría de seguimiento, a efectos de recibir la información que en el futuro pudiere surgir y para realizar el seguimiento de las investigaciones existentes en el extranjero". ¿Cuáles son las informaciones que en el futuro pudieren surgir, de dónde se las espera? Es decir, se las espera simplemente, entonces acá hay una declaración de que el gobierno no tiene una postura activa de búsqueda de esos hechos que pueden dar lugar con el paradero de los detenidos desaparecidos y que pasa por la reconstrucción histórica a través de testimonios, de todo el itinerario de desaparición. No se puede nombrar a los represores, no se los puede identificar, porque esto puede traer aparejada alguna serie de rispideces. Pero esta resolución de diciembre, que es la resolución, que es el acto administrativo, que es la voluntad, no el discurso sino la voluntad de hacer, sostiene que si se recibe la información entonces se va a actuar y no es esa la posición que debe de reclamarse desde el punto de vista de la política de los derechos humanos en profundidad como nosotros queremos. Pretendemos un trabajo más activo en relación a los archivos, a los individuos, a las organizaciones, la OCOA, el SID, cómo actuaban, cómo operaban, y que vaya más allá naturalmente de una investigación histórica o de una investigación periodística que será muy importante pero que necesariamente deberá completarse con las decisiones del gobierno y del Poder Ejecutivo en particular. J.L. Vázquez: Decías también que no había que caer en un análisis fácil del discurso del Presidente porque era un discurso muy inteligente. ¿Te parece que hubo, has escuchado o leído análisis que han sido fáciles, que de repente se hicieron muy encima del discurso? Dr. Chargoña: Tal vez se hicieron muy apresuradamente. Yo sí he escuchado análisis demasiado rápidos en el elogio. Y eso a mí me preocupa porque una de las expresiones de elogio es que el Presidente habló con claridad del terrorismo de Estado. Que yo repaso el discurso y por lo menos no advierto la claridad en la definición. Tomo algunas expresiones: el Presidente habla de tiempos aciagos de la dictadura y de las décadas del 60, 70 y primera mitad de los 80. ¿Cuál es la claridad acá si volvemos al tema de la equiparación entre la década del 60 y la dictadura? En otro pasaje habla "del horror de otras épocas", en otro pasaje habla de "la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos"; en otro pasaje habla de "conjunto de actos que expresan el reconocimiento y responsabilidades que le caben al Estado ante el quebranto y el sufrimiento que han vivido tantos uruguayos y la Nación"; en otro pasaje habla de "enfrentamientos violentos entre uruguayos", reproducción del discurso del primero de marzo del 2005. Esto no es claridad conceptual. La precisión acerca de la forma de operar del terrorismo de Estado y la distinción con respecto a otras formas de la violencia, yo no veo que aparezca en este discurso. Creo que hay otros énfasis si distintos al de la resolución de diciembre pasado, pero me sigue pareciendo que falta esa claridad. Igualmente ayer escuchaba decir como elogio al discurso, que es la primera vez que se habla de terrorismo de Estado. Yo recuerdo que lo mismo se decía ante el informe de la Comisión para la Paz: es la primera vez que se habla de terrorismo de Estado. Vamos a ponernos de acuerdo ¿cuál es la primera vez? porque por definición una primera vez es una única, si no, estamos aplaudiendo cada tanto. Me parece una señal preocupante que desde el movimiento de los derechos humanos o desde la izquierda, que tiene una tradición o debería tener una tradición de análisis crítico exigente, haya comentarios elogiosos que -insisto- me parecen todavía apresurados o demasiado superficiales. J. L. Vázquez: Pablo, analizábamos el discurso del Presidente, en medio de una coyuntura importante donde se está trabajando para anular la ley de impunidad pero desde el Poder Ejecutivo no se tiene ninguna intención de eso; hay muchos Diputados, Ministros y Senadores que salen a defender el mantenimiento de esa ley de impunidad, el discurso del Presidente con esa defensa de la ley de impunidad, pero además con un discurso del Comandante ep Jefe Rosales y también lo pongo acá porque queremos hablar de eso también, con personal diplomático del país que tuvo vinculaciones importantes en épocas de la dictadura. Dr. Chargoña: Bueno, vamos a empezar por el tema de la ley de impunidad. En el discurso del Presidente del día de ayer se establece que iba a tener una estrategia y promover una revolución -dice textualmente- una revolución en materia de derechos humanos. Pero al mismo tiempo señalaba, repitiendo el discurso del primero de marzo del 2005, que es posible aclarar situaciones de violación de los derechos humanos en el marco de la legislación vigente para que la paz se instale en el corazón de los uruguayos en una obvia alusión a la vigencia de la ley de impunidad. No se puede tener una política firme en materia de derechos humanos y al mismo tiempo mantener la vigencia de los artículos 1, 2 y 3 de la ley de Caducidad, que son las normas de no castigo de los crímenes de lesa humanidad. Es imposible compatibilizar lo uno con lo otro. La pregunta que hay que hacerse es si la ley de Caducidad viola los derechos humanos sí o no. Me parece que esto es lo que instala el tema y no se lo plantea así porque la respuesta es obvia: la impunidad es violatoria de los derechos humanos en varias dimensiones por lo tanto cualquier agente político, cualquier sector que mantenga la vigencia de la ley de Caducidad, está inscribiendo su decisión política en la violación de los derechos humanos. ¿Por qué digo en más de una dimensión?: las leyes de no castigo, las leyes de impunidad, sea la ley de Caducidad o la de Punto final y obediencia debida en Argentina o la de Auto amnistía en Chile o cualquiera, violan el derecho de las víctimas de accederá los tribunales. Primera violación actual de los derechos humanos. Vamos a no hacer una referencia a la violación de los derechos humanos del pasado sino de la actualidad. Se viola hoy, segundo a segundo, en tanto se mantiene vigente la ley de Caducidad. Entonces por qué no se formula la pregunta si los artículos 1, 2 y 3 violan los derechos humanos, el artículo cuarto está vinculado con estos otros tres, pero ¿por qué no se formula la pregunta si las normas de no castigo violan los derechos humanos? Porque la respuesta dejaría en evidencia a cualquier sector político que dijese no me importa su nulidad, no me importa su vigencia. Estaría proclamando su falta de fe en esa política de derechos humanos. Por eso vuelvo a la distinción entre lo que es el discurso, la proclamación de defensa de los derechos humanos, y la acción política, lo que efectivamente hacen o dejan de hacer los legisladores que tienen en sus manos la posibilidad de declarar la nulidad de los derechos humanos. Esta es una dimensión de la violación de los derechos humanos; en la medida que se mantiene vigente, se bloquea en muchos casos el acceso a los tribunales. Pero además, toda ley de impunidad afecta la garantía genérica de los derechos de las personas en la medida que se perdonan los crímenes cometidos por el poder, esto destruye la generalidad de la protección de los derechos humanos, de lo que se llama la violación por parte del Estado del deber de garantizar los derechos humanos, respecto del pasado, del presente y del futuro. El mantenimiento de una ley de impunidad, dicen los organismos internacionales especializados en la materia, supone una forma de hipotecar, de lesionar, el estado de garantía de los derechos de las personas. De todos: los civiles, los políticos, los económicos, los culturales, los sociales. Entonces la primera cosa que hay que señalar es que es absolutamente incoherente una proclama de pleno respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de la ley de Caducidad en su vigencia. Los Parlamentos pueden emitir leyes válidas, buenas, malas o regulares, y pueden emitir leyes inválidas. Cuando un Parlamento emite una ley que viola los derechos humanos, ésta carece de validez jurídica por ser contraria a los pactos internacionales, específicamente a la Convención Americana sobre derechos humanos. Y esto la Comisión Interamericana de la OEA lo viene diciendo desde el año 92. La Comisión se puso de moda por su posición respecto a los banqueros, los Peirano. Bueno, esta Comisión le dice el Estado uruguayo desde el año 92 esto que estoy diciendo: que la ley de Caducidad viola el pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de derechos humanos y el Estado uruguayo no puede, por un lado, emitir el discurso de pleno respeto a los DDHH y por el otro lado, desobedecer recomendaciones de la Comisión Interamericana en este sentido. El segundo aspecto: yo escuchaba decir también ayer que el discurso del Presidente constituyó un mentís o una discrepancia con el discurso en Comandante en Jefe del Ejército. El Comandante Rosales niega la existencia del terrorismo de Estado cuando habla de actos individuales, presuntos actos además, genera una cierta duda, y eso me parece que debe ser visto como un discurso naturalmente a la interna de las fuerzas Armadas, pero como una provocación al mando superior de las fuerzas Armadas. No hay que ignorar la estructura de las FF.AA.. Las FF.AA. no es un ente autártico, tiene un mando superior. El mando superior está formado según nuestra Constitución de la República, por el Presidente y la Ministra de Defensa nacional. Yo interpreto el discurso de Rosales como una provocación al mando superior a los efectos de tantear hasta dónde puede llegar con el discurso. Y la respuesta es que puede llegar bastante lejos si no tiene la baja, y no la tiene; si el mando superior es capaz de escuchar esta suerte de desacato del Comandante en Jefe del Ejército y seguir este individuo siendo Comandante en Jefe del Ejército. Entonces la contradicción con el discurso de Rosales es relativa, en la medida que el mando superior no ejerce, en un tema tan grave y tan sensible, el poder que puede ejercer. Creo que el discurso del Comandante Rosales no es menos grave que lo que hizo Díaz reuniéndose con la oposición, y a Díaz le costó el cargo. Nadie puede dudar que Rosales sabía lo que estaba diciendo cuando sabía perfectamente que iba contra el criterio sostenido por el gobierno respecto a algunos aspectos de la revisión del pasado, esto entre comillas o el avance de algunas causas judiciales y lo dice de todas maneras. De modo que acá hay también un cierto déficit en esa política de los DD.HH., que si uno la coteja con lo que hizo Kirchner ahí nomás en Argentina, encuentra también diferencias. Hay una necesidad de depurar a las FF.AA.. Vamos a decirlo claramente: las FF.AA. es un ente estatal patológico, todavía sostiene en su seno individuos que no se ajustan al estado democrático de derecho. Mantienen y ocultan información sobre el paradero de los desaparecidos, reivindicando una conducta criminal y reproduciéndola también segundo a segundo con su silencio. Yo coincido con las voces que dicen que las FF.AA. ocultan información, la verdad está secuestrada como dice la plataforma de la marcha del 20 de mayo. Pero no se trata de simplemente adscribir a un discurso antimilitarista porque de esa manera le damos una suerte de inmunidad política al mando superior, le quitamos responsabilidad política: el problema es de las FF.AA. ¿pero el mando superior es ajeno a eso? No. El mando superior de las FF.AA. tiene alguna responsabilidad política, si no, volvemos a despolitizar el tema y el problema pasa a ser de que las FF.AA. no obedecen al mando sup.e-rior y el mando superior o el mando civil no puede hacer absolutamente nada. Eso sería coherente con la postura del gobierno de decir "en tanto me llegue información acerca de posibles enterramientos voy a ir a buscarlos". Es decir, ¿no tiene poder sobre la información que contienen las FF.AA.? Pero si esto es así, si el mando superior no tiene mando o no tiene poder sobre las FF.AA., hay que ponerlo sobre el tapete, hay que decirlo claramente porque entonces el Estado uruguayo tiene un problema mucho más grave que lo que se plantea o que lo que se presenta. En todo caso yo creo que si criticamos la falta de información de las FF.AA., hay que responsabilizar políticamente también al mando superior ejercido por dos civiles, para ser coherentes en la crítica y para ser coherentes en el reclamo. Y hablando de la depuración de las FF.AA. o de la necesidad de las bajas de quienes no profesan minimamente la fe en el estado democrático de derecho, nosotros hemos denunciado la desaparición de León Duarte y hemos denunciado a agentes diplomáticos que actuaron en Argentina en el año 1976. Es bastante conocido que en ese año en realidad desde mucho antes- pero en particular en el año 76, la coordinación entre agentes del Estado argentino y el Estado uruguayo operaban con mucha fluidez y fueron trasladados masivamente ciudadanos detenidos que tenían muchos de ellos estatutos de refugiado. Algunos sobrevivieron, los llamados del primer vuelo aunque siempre hay que repetir que hubo vuelos anteriores a ese de mediados del 76; otros están desaparecidos todavía. La Embajada uruguaya en Argentina obviamente que operaba en este marco, no solamente había integrantes militares de la OCOA operando en territorio argentino sino que también había civiles organizando los traslados clandestinos de personas que están detenidas todavía. En ese marco denunciamos a Gustavo Magariños, a Diego Zorrilla de San Martín, a Alberto Voss Rubio; Arisbel Arocha; Bernardo Nicola y José Luis Bruno. Zorrilla de San Martín, Voss Rubio, Arocha, Nicola y Bruno, son actualmente embajadores en distintos destinos en el gobierno actual y tienen esta imputación de la seriedad que estábamos diciendo. Diego Zorrilla de San Martín fue secretario de Juan Carlos Blanco, fue secretario de Julio César Vadora. ¡Fue secretario de Juan Carlos Blanco en el año 1976, secretario personal! Es inevitable vincular a este funcionario diplomático -reitero- en actividad en el actual gobierno, con los episodios más horrendos de la dictadura cívico-militar. Seguramente tiene información sobre la desaparición de Elena quinteros, sobre la desaparición de Duarte, de Gatti, de la gente que estuvo en Automotoras Orletti... Alberto Voss Rubio actualmente es embajador del Líbano; ayer me mencionaban la existencia de un documento, podría llamarse documento desclasificado o documento que se hace público, en donde Voss Rubio en el año 76 da directivas acerca del traslado de personas requeridas por la dictadura uruguaya y que fuesen detenidas en Buenos Aires, en Argentina; es decir que para que esto ocurriese, para que este circuito del Plan Cóndor fuese posible, no solamente actuó la Fuerza Aérea uruguaya con el Comandante Bonelli piloteando un avión con pasajeros que él no conocía (esto entre comillas), no solamente operaba el Ejército, no solamente operaba la Armada sino que también operaban personal civil, agentes diplomáticos muchos de ellos todavía en actividad. Y bueno, una política radical o revolucionaria en materia de derechos humanos supone varias cosas: la depuración de las FF.AA.; el análisis del presupuesto que se llevan las FF.AA. y que se le quita a la educación o a la salud pública, aspecto que nunca se menciona; y la vigencia de estas carreras diplomáticas sin ninguna perturbación, siendo que se trata de un personal civil que sostuvo la represión del Plan Cóndor. J.L. Vázquez: Y por parte del Presidente, Senadores, Diputados y Ministros que defienden la política de DD.HH. que lleva adelante el Poder Ejecutivo argumentan que la situación en materia de DD.HH. ha cambiado en el Uruguay y que fruto de ese cambio hay militares presos. ¿Qué análisis haces tú de eso Pablo? Dr. Chargoña: Yo fui el denunciante de los seis militares y de los dos policías presos, por eso puedo decir con toda tranquilidad que hay cosas que son insuficientes. En primer lugar es obvio que la violación sistemática de los DD.HH. no fue producto de ocho agentes del Estado, desde luego que hay que avanzar muchísimo más. En segundo lugar yo tengo que resistirme a los argumentos efectistas. ¿A qué me refiero? El hecho de que se avance en algunas causas, no'implica que se pueda avanzar en todas. Pongo un sólo ejemplo: el caso de María Claudia García de Gelman no tiene avances en la justicia uruguaya. Claro, no se lo menciona porque a los efectos de ese discurso persuasivo no conviene, pero eso es una realidad, la ley de impunidad implicó el bloqueo de esa causa, y que alguien me explique cuál es la diferencia entre la desaparición de María Claudia García de Gelman o la desaparición de cualquier otro compañero. Esa distinción entre víctimas tiene una explicación en la vigencia de la ley de impunidad y la ausencia de una política de DD.HH. que complete todos los aspectos que tiene que completar. Es decir, hay que alertar contra la ilusión que pueden generar algunos casos que avanzan. Yo sé que hay casos que avanzan, trabajo en eso, sé que avanzan con mucha dificultad también, o sea que es necesario que haya más información proveniente del Ministerio de Defensa Nacional para que la propia justicia pueda seguir avanzando, pero lo que me interesa -volvemos al análisis político que creo que el ciudadano tiene que hacer- desde el punto de vista de la política de los DD.HH., es no caer en el emblematismo de los casos como decían en Chile, cuando se tomaban algunos casos emblemáticos y se los utilizaba publicitariamente a los efectos de neutralizar reclamos más intensos y más ambiciosos en materia de política de DD.HH. Es decir: vean ustedes que estos casos están siendo analizados, se los explota públicamente, se los utiliza políticamente y se neutraliza una plataforma más intensa y más rica en esta materia. Entonces, el hecho de que haya algunas causas no quiere decir que no haya otras que no avanzan, no quiere decir que no haya otros problemas, no quiere decir que todas las denuncias puedan prosperar en la justicia porque -repito-, no es así ni tampoco puede suponer que no es necesario anular una ley como la ley de Caducidad porque en definitiva ese tipo de argumento apunta a esto: vamos a dejar el tema de lado porque total resulta inútil. No. Cualquier tema vinculado al tema de los DD.HH. resulta útil socialmente. "Si el mando superior (el Presidente) no tiene mando o no tiene poder sobre las FF.AA., hay que ponerlo sobre el tapete, hay que decirlo claramente porque entonces el Estado uruguayo tiene un problema mucho más grave que lo que se plantea o que lo que se presenta."

http://www.radio36.com.uy/entrevistas/2007/06/070607_chargona.html

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