Los translados clandestinos del 78

Fuente: CARTA POPULAR PAG. 6


La documentación desclasificada del Departamento de Estado norteamericano, aportada por Lille Caruso, y la descifrada de la embajada de Uruguay en Buenos Aires confirman los crímenes que las Fuerzas Armadas niegan.

Habían transcurrido apenas 24 horas del acto en la Plaza Independencia, cuando el Dr. Oscar López Goldaracena presentó ante el juez Luis Charles una denuncia penal por el traslado de uruguayos desde Argentina a nuestro país, intercambio de prisioneros en ambas márgenes del Plata y el intento de anular su condición de "subversivo" a uno de ellos a cambio de 8 mil dólares.
Goldaracena presentó como prueba un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU. y un informe confidencial de la embajada de Uruguay en Buenos Aires.
En conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Goldaracena expresó que, "de la misma forma que se detenía en Uruguay a ciudadanos argentinos, se hacía un canje de favores", trasladando a compatriotas de Argentina a Uruguay.
La contundencia de los documentos obtenidos y los testigos presentados la semana pasada ante el juez Luis Charles, no hace otra cosa que contradecir los buenos oficios del Dr. Tabaré Vázquez cuando pretende instalar un Nunca Más que incluye la reconciliación. Y hablar de reconciliación es prematuro.
Especialmente si se tiene en cuenta que algunos de los militares asistentes al acto del 19 de junio están involucrados en los traslados clandestinos entre ambas márgenes del Plata.

Una de las integrantes de la lista proporcionada por el Departamento de Estado norteamericano fue detenida en la Dirección Nacional de Migraciones en Buenos Aires y trasladada en avioneta a Montevideo. Elsa Altuna estuvo varios años presa en Punta de Rieles y ahora declaró como testigo ante el juez Luis Charles. El montonero Oscar de Gregorio fue detenido en el puerto de Colonia del Sacramento y devuelto en helicóptero a su país de origen. La devolución de Osear de Gregorio habría sido resuelta en uno de los cónclaves de la dictadura uruguaya atendiendo a un pedido del dictador Jorge Rafael Videla. "Y también está el caso del diputado peronista Jaime Dri, trasladado probablemente en avioneta por el tipo de transporte que él declara", destacó López Goldaracena.
A juicio del conocido abogado, "es impensable que Alvarez pudiera desconocer los hechos". El teniente general Gregorio Alvarez asumió como comandante en Jefe del Ejército el 1º de febrero de 1978 y la causa ahora denunciada tiene que ver precisamente con hechos ocurridos ese año.
Los 23 documentos fueron obtenidos en Estados Unidos por Lille Caruso, dirigente comunista, activista por los derechos humanos y viuda de Alvaro Balbi, asesinado por la dictadura.
Al expediente se adjunta otro obtenido en nuestra cancillería y fechado el 2 de junio de 1976 - con carácter confidencial - en la embajada de Uruguay en Argentina. Conviene destacar que seguramente parte de la documentación haya sido estudiada y agregada al expediente del juez Charles por el abogado López Goldaracena, por cuanto el primer documento se presentó el pasado miércoles 20.
El documento desclasificado obtenido en EE.UU.

Tiene varias tachaduras y en letra manuscrita figura la fecha del 20 de abril de 1978. Fue dirigido desde la embajada de EE.UU. en Buenos Aires para el Secretariado de Defensa en Washington D.C.
Sobre el inicio expresa: "Asunto posible devolución de refugiados uruguayos.

1) Funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han expresado su preocupación a los funcionarios de la Embajada aquí con respecto a la devolución de más de 21 refugiados uruguayos. La ACNUR posee información que establece que autoridades argentinas permitieron a Operativos de Inteligencia del Ejército uruguayo que llevaran adelante operaciones en Buenos Aires a fines de diciembre y enero para arrestar a un número de refugiados residentes en Argentina. Los funcionarios de ACNUR especulan que las autoridades uruguayas creían que estas personas podrían haber estado conectadas con el Grupo Accionista Unificado (Sic) GAU, que habría protagonizado esfuerzos antisubversivos (Sic) recientes dentro de Uruguay.
2) En un caso, que fue especialmente indicado por ACNUR al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, se contactó a la familia de un refugiado uruguayo secuestrado y se informó que el pago de US$ 8000 aseguraría que el miembro capturado de la familia (dos renglones tachados) fuera absuelto de los cargos de subversión a su regreso al Uruguay (hay varias tachaduras más).
3) La ACNUR está preocupada por la devolución y por el hecho de que las autoridades argentinas permitieran a las Fuerzas de Seguridad uruguayas llevar adelante operaciones en Buenos Aires. Se sospecha que se trata de una devolución de favores al Gobierno uruguayo (GOU) a cambio de la operación en el caso de Osear Rubén de Gregorio.

4) La ACNUR protestó por un caso similar pero aislado de devolución que tuvo lugar a fines de 1977 a las autoridades argentinas y uruguayas. La protesta tuvo como consecuencia una investigación judicial en Argentina y un acuerdo por parte del Gobierno uruguayo para otorgar, al refugiado (nombre ocultado) que hubiera sido regresado a la fuerza al Uruguay, un permiso para ser asentado como refugiado directamente desde Uruguay.
5) los siguientes son los nombres de los 21 uruguayos y un brasilero que, según cree ACNUR han sido regresados a la fuerza al Uruguay: Elsa Zulma Altuna Fernández, Gustavo Raúl Arce Vieira, María Antonia Castro Huerga Martínez, Yolanda Casco de D'Elía, Julio César D'Elía Pallares, Edmund Sabino Dossetti Techeira, Mario Martínez, Heber Edmundo O'Neil Velázquez, Elba Lucía Gándara Castromán, Miguel Ángel Ríos Casas, Atalivar Castillo, Graciela Noemí Basualdo, Alberto Corchs (dos renglones tachados), Helena Lerena de Corchs, Célica Gómez Rosano, Gustavo Alejandro Goycoechea Camacho, Carolina Barrientes, Andrés Fontoura, Jubelinho Carneiro de Fontoura, Carlos Cabezudo, Raúl E. Borelli Catango (siguen varias líneas inentendibles o tachadas).
6) La Embajada agradecería cualquier información acerca de la reaparición o del estado de estas personas. Castro". N. de R. : Castro era el embajador de EE.UU. en Argentina.

El documento confidencial de la embajada de Uruguay en Buenos Aires.
Está fechado el 2 de junio de 1976, firmado por el funcionario S. Vess Rubio y expresa: "Se aprueba y se comparte todo lo actuado por la Embajada y la Sección Consular en esta materia y en las demás vinculadas con los recientes hechos de notoriedad. Stop. En consecuencia se servirá continuar prestando toda la asistencia y amparo a su alcance a los uruguayos que pudieran requerirla o necesitarla en el contexto del informe de referencia y en el marco del Derecho Internacional. Stop. Si se tratare de personas legalmente requeridas por autoridad competente de Uruguay se servirá proveer a su traslado a la República. Diplomacia".
Este documento corresponde a la Sección Confidenciales de la Embajada de Uruguay en Argentina. Al principio es algo confuso porque no expresa cuales son "los recientes hechos de notoriedad", pero al final es clarísimo: trasladar como fuere a los uruguayos radicados en Argentina. El Plan Cóndor funcionaba al tope desde hacía más de dos años.

29.06.07 los Translados clandestinos del 78
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