La producción documental muestra al senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio y al pastor evangélico Luis Antonio Rivera (armado) como protagonistas de los acontecimientos de los hechos lustrosos, que dejaron 18 víctimas mortales, con impactos de bala y tortura y signos de haber sido torturados.
Telesur - Documental por Canal 7 de Bolivia - Tomado de ComunicaBolivia
Luigino Bracci
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Un documental de la estatal Televisión Boliviana (Canal 7) presentó el pasado 24 de noviembre nuevas evidencias de que la masacre de campesinos en el departamento de Pando, el pasado 11 de septiembre, fue perpetrada por los llamados dirigentes cívicos y funcionarios de la Prefectura. En la cinta se identifica con claridad a los involucrados portando armas de gran calibre, los cuales dejaron un saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos.
El documental no tuvo repercusión en Venezuela en ese momento debido a que los habitantes del país estaban pendientes de las elecciones regionales, por lo que se ha decidido publicarlo de nuevo, una semana después.
El presidente Evo Morales, acusa al ex gobernador Leopoldo Fernández de ser el responsable de parte de los hechos. Fernández, actualmente está confinado en la ciudad de La Paz.
La producción documental muestra al senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio y al pastor evangélico Luis Antonio Rivera (armado) como protagonistas de los acontecimientos de los hechos lustrosos, que dejaron 18 víctimas mortales, con impactos de bala y tortura y signos de haber sido torturados.
Un documental de la estatal Televisión Boliviana (Canal 7) presentó este lunes nuevas evidencias de que la masacre de campesinos en el departamento de Pando, el pasado 11 de septiembre, fue perpetrada por los llamados dirigentes cívicos y funcionarios de la Prefectura.
En la cinta se identifica con claridad a los involucrados portando armas de gran calibre, los cuales dejaron un saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos. El presidente Evo Morales, acusa al ex gobernador Leopoldo Fernández de ser el responsable de parte de los hechos. Fernández, actualmente está confinado en la ciudad de La Paz.
La producción documental muestra al senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio y al pastor evangélico Luis Antonio Rivera (armado) como protagonistas de los acontecimientos de los hechos lustrosos, que dejaron 18 víctimas mortales, con impactos de bala y tortura y signos de haber sido torturados.
También se logran identificar a Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura; a Akito Franco (armado), funcionario prefectural; a Edberto Mayna Silva secretario general del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura; a Hugo Mopi, director de Comunicación, como participantes de la Masacre de Porvenir.
En la represión actuaron José Oliveira, contratista de la Prefectura; Chamaco Soria, cuñado y guardaespaldas del prefecto Leopoldo Fernández; Elías Apuri, presunto narcotraficante de Porvenir; y William Ferreira, primo de Leopoldo Fernández.
Durante el material fílmico, se observa al principio a Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico de Pando, quien reaparece a lo largo de la cinta en varias de las escenas junto a funcionarios de la Prefectura. En las imágenes, instiga a nueve representantes de los campesinos que intentaban cruzar la zanja abierta en el camino a Porvenir, para que vuelvan a sus poblaciones, amenazándolos con tomar otro tipo de medidas, como el uso de armas de fuego si no lo hacían.
Asimismo, desde diferentes ángulos, se ven los autores de la masacre disparando contra vehículos y una columna de campesinos cuando intentaban retirarse de la localidad de Porvenir, al sur de Cobija.
Luego de la publicación del video, una comisión especial de la Cámara de Diputados citó a declarar a varias de las personas aparecidas en el corto de media hora.
El secretario de la Comisión Especial, Jorge Silva (del MAS), anunció que una vez que terminen con las declaraciones, la Comisión verá la necesidad de constituirse otra vez en Pando a fin de atender algunos vacíos legales.
En otro sentido, Silva opinó que en ese departamento las personas no están atemorizadas por la presencia de militares, sino por el posible retorno de grupos violentos.
Mientras, autoridades y legisladores señalaron la importancia de fortalecer la presencia castrense en la zona, tras la decisión del Ejecutivo, de levantar el estado de sitio, a solicitud de la Corte Nacional Electoral. De acuerdo con el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, la medida busca proteger a la población y la soberanía nacional en ese territorio fronterizo con Brasil y Perú.
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