Expropiación de la tierra

Esta aparente contradicción también refleja el modelo de desarrollo rural al que apuesta el FA. Mientras genera las condiciones y las garantías para que el capital transnacional motorice la economía vía inversión extranjera directa, implementa políticas compensatorias para la producción familiar y los asalariados rurales que intentan suavizar las aristas más excluyentes del modelo. El accionar del INC y la situación de la tenencia y distribución de la tierra en Uruguay son evidentes al respecto. Durante los primeros seis años de gobierno (2005-2010), el INC adquirió 45.000 hectáreas, mientras que las operaciones de compraventa y de arrendamiento de tierras promovidas por las políticas gubernamentales ascendieron a 3,72 millones de hectáreas y 4,85 millones de hectáreas respectivamente.

José Luis Perera

   

1.02.13

Reparto de tierras 

15 de enero

Revienta caballos. Columna de opinión.

Hace poco más de siete años, más precisamente el 15 de enero de 2006, tres organizaciones de Bella Unión ocupaban 32 hectáreas improductivas del Instituto Nacional de Colonización (INC). La medida de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de Calnu (Soca) y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU) levantó polvareda. No sólo porque fue la “primera” ocupación de tierras en nuestro país, sino porque fue nueve meses después de asumido el primer gobierno progresista y semanas antes del lanzamiento del proyecto ALUR (Alcoholes del Uruguay SA), “buque insignia” del FA en dicha localidad.
El entonces ministro de Ganadería, José Mujica, le reclamó a los trabajadores “no pongan palos en la rueda”. Más allá del necesario debate sobre la legalidad o ilegalidad de estas medidas, es interesante analizar aquella ocupación a la luz de sus “resultados concretos” y contrastarla con el contexto de tenencia y distribución de la tierra que terminó de evidenciar el Censo General Agropecuario de 2011 (ver nota abajo).
"Palos en la rueda": la famosa alocución reaccionaria de Mujica en Cerro Largo
La ocupación provocó que el Estado estableciera espacios de negociación para atender las demandas de los trabajadores donde se concretaron varias conquistas. En 2006, la recién creada ALUR arrendó un campo de 400 hectáreas para luego sub arrendarlas en fracciones de 10 hectáreas a 39 trabajadores de las organizaciones ocupantes. Durante 2007, el INC acordó con las organizaciones ceder las 32 hectáreas ocupadas a una cooperativa de trabajadores, donde además se instaló un Centro de Formación Popular con apoyo de la Universidad de la República, y se conformó una Comisión de Políticas de Tierras.
En el marco de esta comisión, integrantes de la UTAA accedieron a una fracción de 170 hectáreas, y luego negociaron durante casi dos años el ingreso a 2.000 hectáreas que el INC compró para satisfacer la demanda de los trabajadores. Estas 2.000 hectáreas se convirtieron en 2010 en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio, a la que accedieron más de 50 trabajadores que durante las últimas tres zafras de caña obtuvieron los mejores índices productivos de la zona. Más cerca en el tiempo, luego de que la UTAA presentara al INC un proyecto productivo para 100 familias y resolviera volver a ocupar tierras en enero de 2012, el Instituto compró 2.900 hectáreas para atender su reclamo.
Más allá de las inevitables dificultades para los nuevos colonos y de la fuerte dependencia con la industria, la movilización de los trabajadores de Bella Unión resultó una vía efectiva para el acceso a la tierra y para intentar superar condiciones de vida signadas por la pobreza, la zafralidad (el corte de caña dura como máximo cinco meses), el trabajo precario y mal remunerado.
Un segundo aspecto destacable es la aparición de la ocupación de tierras como medida de lucha. Más allá de que esta modalidad quedó prácticamente restringida a esta zona del país (salvo un caso en Kiyú en 2008), los trabajadores de Bella Unión protagonizaron otras cuatro ocupaciones de tierras generando reacciones contradictorias por parte del Estado.
Por un lado, respondió con entrega de tierras en los casos antes reseñados, lo que podría oficiar como una suerte de “legitimación” de las ocupaciones, pero por otro lado aprobó en abril de 2007 la Ley 18.116, que modificó el Código Penal facilitando los procesos penales por usurpaciones de fincas y predios, cuestionando penalmente la medida de ocupación.

Esta aparente contradicción también refleja el modelo de desarrollo rural al que apuesta el FA. Mientras genera las condiciones y las garantías para que el capital transnacional motorice la economía vía inversión extranjera directa, implementa políticas compensatorias para la producción familiar y los asalariados rurales que intentan suavizar las aristas más excluyentes del modelo. El accionar del INC y la situación de la tenencia y distribución de la tierra en Uruguay son evidentes al respecto. Durante los primeros seis años de gobierno (2005-2010), el INC adquirió 45.000 hectáreas, mientras que las operaciones de compraventa y de arrendamiento de tierras promovidas por las políticas gubernamentales ascendieron a 3,72 millones de hectáreas y 4,85 millones de hectáreas respectivamente. Más claro: por cada hectárea colonizada se vendieron 83 hectáreas y se arrendaron 108.
Por eso, y más allá de saludar que el INC entregó tierras después de 30 años, el escenario sigue siendo adverso para los más de 10.000 aspirantes a tierra, ya sean asalariados rurales que aspiran ganar niveles de autonomía y dignidad o productores familiares que quieren asegurarse la tenencia de la tierra y mejorar su escala, fundamental, entre otras cosas, para heredar el campo a sus hijos.
Quienes pensamos que los intereses de las mayorías pasan por ganar soberanía e igualdad a caballo de la movilización popular, la trayectoria trazada por los trabajadores de Bella Unión muestra un camino posible. Si el problema para “profundizar los cambios”, según el senador frenteamplista Ernesto Agazzi, es la falta de correlación de fuerzas y la ausencia de propuestas concretas, más que aislar políticamente la crítica al modelo de desarrollo rural, acusar a los trabajadores de “poner palos en la rueda” y criminalizar sus formas de protesta, habría que sostener y legitimar sus iniciativas, haciendo de la crítica una oportunidad para incrementar las adhesiones a un proyecto transformador. Esto si lo que se quiere es, efectivamente, torcer la realidad a favor de los más desposeídos. ¿O acaso hay otra forma de incrementar la correlación de fuerzas para avanzar en la democratización y apropiación de la riqueza nacional que no sea un incremento sostenido de la participación popular que desborde la institucionalidad vigente?

Gabriel Oyhantçabal

2.1.13 

Lejos de la ley

Peones de estancia trabajan “de sol a sol” y no se respeta el límite de jornada, afirman desde sindicato.

César Rodríguez es una de las caras visibles del Sindicato de Peones de Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a trabajadores de Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus integrantes fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias audiencias, el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera “más reacciones” de ese tipo contra la incipiente organización sindical.

-¿Cuándo se formó el Sindicato de Peones de Estancias?

-Se fundó el 28 de octubre en una asamblea de peones rurales en Pueblo del Barro, una localidad que está a unos 70 kilómetros de Tacuarembó capital, por la ruta 26. Asistieron unos 50 trabajadores entre peones, jornaleros, capataces, encargados de establecimientos, gente con y sin especialización y algunos con mucha antigüedad en el ramo. Muchos estaban hablando desde hace tiempo sobre la necesidad de juntarse y tener información de primera mano sobre los acuerdos salariales, estatutos y lo que el patrón tiene que hacer.

-¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?

-Se habló de la presencia de trabajadores brasileños indocumentados, y de situaciones como las que tenemos en Salto, donde hay establecimientos sin agua potable, sin energía de ningún tipo. El trabajador que fue despedido y retomado estaba a cargo de una estancia de 4.000 hectáreas, sólo con dos ayudantes. Reglamentariamente no existe nada que obligue a los patrones a tener un peón cada 500 hectáreas, por ejemplo. Hay un vacío legal en eso. Tenemos que empezar a hablar sobre la creación de categorías y cuáles herramientas de trabajo te tienen que dar. El estatuto dice que el trabajador tiene que recibir herramientas, pero no especifica cuáles. Los trabajadores rurales históricamente andan con su recado propio y armarte uno completo debe costar unos 8.000 pesos. Un recado tiene básicamente una jerga de lana tejida, una carona de suela gruesa sobre la que va el recado con estribera y estribos, y además cincha, pelegos, frenos, bozal y rebenque.

-¿El horario de trabajo sigue sin respetarse?

-Este trabajo es “el sin horario”. Incluso en el recibo de algunas estancias dice literalmente: sin horario. En algunos lugares se ha emprolijado, pero en otros se sigue trabajando de sol a sol. La gente pide que el MTSS llegue con inspecciones. También hay reclamos sobre liquidaciones de sueldos, aguinaldos, vacacionales, porque la gente no sabe si le están pagando bien o mal, o si están en blanco o en negro, y no tienen a quien recurrir, ni accesibilidad para un abogado.

-Las inspecciones no llegan…

-Es que son lugares sumamente aislados, donde los inspectores tienen dificultades para llegar y a veces la portera está cerrada con candado. Las inspecciones deberían ser combinadas, del MTSS con el Banco de Seguros.

-La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha colaborado en este proceso.

-La DGDR tiene el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones en formación brindando asesoramiento jurídico, técnico-social, etcétera. Hay un convenio con la Universidad de la República que puede aportar directamente técnicos y capacitación en oficios. Queremos que los trabajadores se empiecen a capacitar.

-¿Cómo es el tema de la alimentación?

-Hay un ficto por alimentación y vivienda, establecido por ley, y en cada laudo se reajusta. Dice que los trabajadores que no reciban comida y casa, conocidos en nuestra jerga como “secos”, tienen que recibir 1.909 pesos por mes o 76 pesos diarios. Se supone que eso cubre las cuatro comidas diarias y el estatuto es detallista en el tipo de comestibles; tiene que haber abundante fruta, por ejemplo. Pero en las estancias los surtidos son de elementos básicos y ahora le sacaron hasta la yerba. Hemos constatado que en algunos grandes establecimientos la gente no come bien.

-¿Cómo es la relación con los demás sindicatos rurales y con el PIT-CNT?

-Establecimos el vínculo formal con el PIT-CNT en Tacuarembó, al participar en los plenarios, y con la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines estamos en contacto permanente. La situación del trabajador despedido y reintegrado nos fortaleció e hizo que recibiéramos mucho apoyo. Pero prevemos que ese tipo de reacciones pueden llegar a ser más frecuentes. Ahora empezamos una campaña de afiliación fuerte que va a ir hasta el 30 de abril, que es el Día Nacional del Trabajador Rural, apuntando a ampliar la zona de influencia, el espectro de trabajo y fortalecer la organización.

-Es común que los asalariados rurales también trabajen en emprendimientos propios o familiares...

-Sí, en mi zona hay tres compañeros que son capataces, viven en el establecimiento donde trabajan y además accedieron a un predio que se explota en común, y ahora hay un rodeo que es propiedad del grupo. El predio está administrado por el Instituto Nacional de Colonización. Así logran un complemento del sueldo que ganan trabajando en las estancias. También hay pequeños productores familiares que explotan predios de su propiedad.

Luis Rómboli