Que la muerte no le gane a la justicia

Cordero no quiso abrir la boca

El represor uruguayo se negó a declarar y quedó detenido en el Hospital Militar

El coronel Juan Manuel Cordero llegó extraditado desde Brasil. El juez Oyarbide lo había llamado a indagatoria en el marco de la causa Plan Cóndor. Permanecerá internado en el hospital para que se le hagan exámenes médicos. Lo defiende el abogado de Cecilia Pando.

Cordero fue identificado por sobrevivientes como interrogador del centro clandestino Orletti.

El coronel Juan Manuel Cordero, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Uruguay, se negó a declarar ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide y quedó detenido en el Hospital Militar Central, donde será sometido a exámenes médicos durante 48 horas. El represor uruguayo, identificado como interrogador por sobrevivientes del centro clandestino Automotores Orletti, fue extraditado desde Brasil en el marco de la causa Plan Cóndor, que investiga la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Su defensa en la Argentina la asumió el abogado Eduardo Sinforano San Emeterio, el mismo que defendió en Corrientes al condenado torturador Juan Carlos de Marchi y que defiende a la apologista del genocidio Cecilia Pando en una causa por amenaza de degüello.

Con pantalón de gimnasia claro, remera roja y barba de varios días, el represor llegó al aeroparque a las 8.28 en un vuelo de línea proveniente de Paso de los Libres, su primera escala en Argentina. Media hora después salió esposado y custodiado por miembros de Interpol rumbo a dependencias de la Policía Federal en la calle Azopardo, donde un médico lo revisó y confirmó que estaba en condiciones de declarar. Cuando llegó a Comodoro Py, igual que en el aeroparque, lo esperaban varios fotógrafos, aunque el represor evitó mirar a las cámaras en todo momento.

En el edificio de los tribunales lo esperaba San Emeterio, con quien mantuvo un diálogo de una hora antes de sentarse frente a un secretario del juez Oyarbide. Cordero se esmeró en explicar que su capacitación era similar a la de un oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas y aseguró que nunca tuvo problemas con la Justicia. Cuando comenzaron a leerle las pruebas que lo incriminan como interrogador en la mesa de torturas de Orletti, escuchó con atención, asintió ante cada nombre que le sonó familiar y sólo un par de veces gesticuló por la negativa. Luego de que el interrogador se negó a responder preguntas, San Emeterio demostró su exhaustivo conocimiento del panorama de camas desocupadas en el Hospital Militar y consiguió que Oyarbide le concediera a su cliente 48 horas en el nosocomio, a priori destinado a militares argentinos.

“Está lúcido, pero se lo ve como un hombre muy mayor y el juez decidió hospitalizarlo hasta que los exámenes cardiológicos permitan saber su verdadera condición de salud y determinar dónde permanecerá detenido”, informó una fuente judicial. Los problemas de salud fueron la excusa utilizada por el abogado Julio Favero para obtener en Brasil que Cordero gozara del privilegio de arresto domiciliario. Cuando la prensa lo grabó en un bar mientras tomaba cervezas, fumaba y después corría para evitar las cámaras, los fiscales se quejaron ante las autoridades, que ordenaron la realización de un chequeo médico. Fijaron fecha para el 23 de noviembre pasado, pero Cordero no asistió. La semana pasada adujo una descompensación justo cuando la policía de Brasil se aprestaba a detenerlo para concretar la extradición. Luego, su médico personal Leonardo Nin planteó que no estaba en condiciones de viajar y exhibió distintos análisis clínicos para mostrar los problemas de arritmia que lo aquejarían desde hace años.

Miembro de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que actuó junto al Servicio de Información y Defensa (SID) de Uruguay, Cordero fue uno de los principales especialistas en interrogatorios del terrorismo de Estado uruguayo. Según detalló el periodista Roger Rodríguez en el diario La República, ya en noviembre de 1973 Cordero asesinó bajo torturas a Iván Morales Generali. Su actuación en la Argentina data de al menos una año antes del golpe de Estado: ya en febrero de 1974 torturó en Buenos Aires al uruguayo Antonio Viana Acosta. Apodado “303” por ser el tercer jefe del centro de torturas “300 Carlos” de la OCOA, en su país fue sindicado como responsable directo de las torturas y la desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte, ante quien violó a una compañera por una extorsión de dinero –según documentó La República–, y del traslado del “segundo vuelo” por el que otros 22 uruguayos fueron desaparecidos.

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Enviado por Antonio Viana