Por Roger Rodriguez
2 junio 2017
Parte 2
7) UN “REPATRIADO” POR AIR FRANCE
En un recuadro (http://www.lr21.com.uy/politica/339537-trasladado-por-air-france) de otro artículo para ‘‘La República’’, se denunció la situación sufrida por el uruguayo Carlos A. R.C., otra víctima de los traslados ilegales:
A principios de 1974, el uruguayo Carlos A. R. C. fue víctima de un insólito secuestro y traslado compulsivo a Uruguay. Lo detuvo la Policía Federal en una calle de Buenos Aires y, aunque no era acusado de nada ni pertenecía a ningún grupo político, terminó preso en un calabozo del tercer piso de una unidad que describe como la sede de Coordinación Federal que comandaba el subcomisario Alberto Villar.
Luego de 20 días preso, un policía le comunicó que “le salió el asilo para Francia” y sin entender demasiado lo que le ocurría, lo llevaron a cortarse el pelo y le permitieron lavarse por primera vez, antes de meterlo en un automóvil, sin esposas, junto a cuatro agentes que en el trayecto conversaban sobre las posibilidades de triunfo de Francois Miterrand o Giscard D’Estaing aquel 19 de mayo.
Llegaron al aeropuerto de Ezeiza y lo llevaron al mostrador de Air France donde sacaron un pasaje para el vuelo con destino a París, previa escala en Montevideo. Los agentes entregaron al detenido al propio capitán de la aeronave francesa que lo acompañó hasta un asiento y le advirtió que “se portara bien”. Las dos azafatas se asombraron cuando Carlos les explicó su situación de desaparecido y les pidió que le enviaran un mensaje a su esposa, contó a LA REPUBLICA.
En sendas tarjetas postales de la compañía aérea francesa, Carlos escribió una nota dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, otra al abogado Leandro Despoui y una tercera a su hermano radicado en Bélgica. Cuando llegó a Montevideo, funcionarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia lo bajaron del avión, le pusieron una capucha, le tomaron sus huellas dactilares en la DNII y lo llevaron al cuartel de La Paloma, donde lo interrogó el mayor Gavazzo. Su esposa en Montevideo, también fue detenida por el capitán Jorge Silveira.
Carlos permaneció dos meses preso y torturado. Solo le preguntaban por una persona. Finalmente lo liberaron, probablemente por la acción de ACNUR, que logró sacarlo de Uruguay. Carlos conserva un par de aquellas postales que, quizás, le salvaron la vida.
8) LA COORDINACIÓN EN MARCHA
El 13 de noviembre de 2008, en el marco de la misma investigación periodística, ‘‘La República’’ publica un artículo titulado “El atento observador francés”, (http://www.lr21.com.uy/politica/339536-el-atento-observador-frances) donde se profundiza en la incidencia de la Inteligencia militar francesa en el entrenamiento de los represores sudamericanos y se dan nuevos elementos de las consecuencias de aquella reunión de coordinación de 1974, previa al encuentro de Santiago de Chile en noviembre de 1975, donde se creó el hoy famoso “Plan Cóndor”.
A partir de esa reunión, dos años antes del golpe de Estado en Argentina, el Departamento de Asuntos Exteriores (DAE) de la superintendencia de seguridad de la Policía Federal argentina pasó a ocuparse del seguimiento y detención de los extranjeros requeridos por las dictaduras vecinas. Las operaciones las hacía la propia Triple A, donde ya actuaba Aníbal Gordon, quien fue enlace con los chilenos que asesinaron al general Carlos Prats en setiembre de 1976 y desde entonces era el nexo de los represores uruguayos en Buenos Aires.
El 24 de junio de 1974, otra patota de represores argentinos y uruguayos, también entró a la fuerza en un local de la calle México en Buenos Aires, donde estaba reunido un grupo de exiliados uruguayos al cumplirse un año del golpe de Estado. Fueron detenidas y fichadas 101 personas. Muchos de ellos sería luego secuestrados y están hoy desaparecidos. En el operativo estuvo al mando el subcomisario Alberto Villar.
Los exiliados uruguayos permanecieron detenidos por casi un mes, durante el cual fueron interrogados en la Super Intendencia de la Policía Federal, donde les hicieron registro dactiloscópico y les tomaron fotos. El abogado Leandro Despoui presentó un Habeas Corpus por todo el grupo acusado de “alterar el orden”. Los hombres permanecieron presos en la cárcel de Villa Devoto y las mujeres en la prisión de San Miguel.
El caso fue denunciado por la publicación “Noticias” y los detenidos, que estuvieron a punto de ser trasladados a Usuaia, fueron liberados una noche de julio. La mayoría de los liberados pasó a una situación de clandestinidad. Uno de ellos pudo confirmar que el teléfono de su casa en Montevideo estaba “pinchado” ya que luego de una llamada sus familiares fueron amenazados y uno, hasta torturado en Inteligencia Policial.
La “Operación Gris”, como se la denominó, dejó en manos de la coordinación represiva desde aquel año 1974, un listado de uruguayos que serían perseguidos durante los años siguientes. Entre los “fichados” estaban Juan Pablo Errandonea, Ruben Prieto y Juan Pablo Recagno, quienes terminarían siendo desaparecidos en Orletti en 1976; y Andrés Bellizzi y Gustavo Inzaurralde, desaparecidos en 1977. Los cinco fueron condenados en aquel operativo...
9) LA MUERTE DETRÁS DE WASHINGTON BARRIOS
Washington Javier Barrios Fernández había nacido en Cúcuta, Colombia, pero se había nacionalizado uruguayo. Había estudiado en el Maturana y en el Palotti, y cursaba Derecho. Era militante del MLN-Tupamaros y trabajaba en la Agencia Marítima Dodero S.A. desde donde podía cumplir un rol estratégico en el ingreso y egreso de “encomiendas” y personas.
Se terminaría vinculando a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en la que unían fuerzas el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de Argentina, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) de Uruguay.
Cuando la JCR hizo pública su existencia en un comunicado difundido el 15 de febrero de aquel 1974, la coordinación represiva ya estaba en funcionamiento, y Washington Barrios se convirtió en el principal objetivo de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, que habrían recibido una advertencia desde Argentina sobre el robo de armas y granadas que el ERP había logrado el año anterior, cuando copó un batallón militar en Córdoba.
De acuerdo a una investigación periodística realizada para ‘‘La República’’, (que no se llegó a publicar porque hubo una crisis empresarial con envíos al seguro de paro), el miedo a esas armas pudo motivar la saña con la que el 21 de abril de aquel año se atacó la casa de la calle Mariano Soler 3048, en la que se acribilló a las jóvenes Diana Maidanick (21), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19) esposa de Washington Barrios y embarazada de tres meses.
En la investigación histórica sobre la represión, realizada por el profesor Álvaro Rico, se pudo constatar que aquel operativo fue realizado por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2, comandado por los generales Juan Rebollo, Julio César Rapela y Esteban Cristi, y ejecutado por los mayores Armando Méndez, José “Nino” Gavazzo y Manuel Cordero, al mando de los capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el teniente Jorge Silveira. No encontraron a Barrios ni a las temidas armas; dejaron muerte.
Washington Barrios había viajado a Buenos Aires el 20 de abril, y allí se enteró de lo ocurrido. Un uruguayo, exiliado entonces en Buenos Aires y que llegó a verlo en el Café Tortoni donde se reunían los compatriotas, recuerda que Barrios estaba destrozado y dispuesto a todo. No le extrañó que terminara siendo capturado en Córdoba el 17 de setiembre siguiente, junto a otros dos militantes del ERP.
Barrios se declaró “combatiente” y exigió la aplicación de la Convención de Ginebra; sin embargo, aunque lo procesaron, sólo le iniciaron una causa penal por ingresar ilegalmente al país (dijeron que por su condición de colombiano debía presentar pasaporte). El 11 de octubre lo trasladaron desde Córdoba a La Plata y lo encarcelaron en una unidad cercana a Lomas de Zamora, para que cumpliera una pena de cinco meses de prisión.
Barrios fue interrogado por militares uruguayos en Argentina. El 22 de octubre, los oficiales Gavazzo y Méndez volvieron a la casa de la calle Mariano Soler y le dijeron a la madre que su hijo se encontraba bien. Incluso, Armando Méndez devolvió la moto que le habían robado. Según el expediente judicial de La Plata, Barrios cumplió su pena el 20 de febrero de 1975 y debía ser trasladado a Córdoba, o liberado.
En la investigación histórica de Rico se explica: “El último oficio del Juzgado dice que: el Sr. Washington Javier Barrios Fernández desaparecido del coche policial que lo conducía con custodia desde el juzgado Federal Nº 3 en la ciudad de La Plata el día 20 de febrero de 1975 (no sabiendo hacia donde era conducido)”... Washington Barrios fue entregado a los uruguayos y probablemente trasladado a Montevideo. Su desaparición, como las muertes de Diana, Laura y Silvia, fue consecuencia de la coordinación represiva que existía en 1974.
10) LA REPRESIÓN INTERNA URUGUAYA
El asesinato de las “pibas de abril” y el traslado y desaparición de Washington Barrios, no fueron los únicos casos de represión interna en aquel fatídico año. En la investigación realizada para el diario ‘‘La República’’, se contextualiza lo que ocurría dentro y fuera de fronteras, antes de que en 1975 se formalizara el Plan Cóndor:
A principios de 1974, el general Gregorio Álvarez dejó el Estado Mayor Conjunto y pasó a la División Ejército IV. Lo sucedió en el ESMACO el coronel (PAM) José Cardozo, quien también ocupó la secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). El general Julio César Vadora fue designado agregado militar en Estados Unidos y el coronel Ramón Trabal fue enviado a la agregaduría en París, de donde no regresaría.
El presidente Juan María Bordaberry realiza entonces dos reuniones presidenciales: el 12 de febrero se encuentra con el mandatario argentino Juan Domingo Perón y el 16 de marzo, durante los actos de asunción en Brasil del general Ernesto Geisel, se reúne con el general Augusto Pinochet, en lo que se constituye en el primer encuentro regional de dictadores, al que también asiste el boliviano general Hugo Banzer.
A su regreso, Bordaberry confirma como comandantes con los grados de Teniente General a Hugo Chiappe Posse (que en marzo sería desplazado por el general Vadora, quien el siguiente 4 de setiembre se reuniría con el propio general Geisel), como Brigadier General a José Pérez Caldas (a quien subrogaría el Brigadier Dante Paladini) y como vicealmirante a Víctor González Ibargoyen.
A partir de entonces, la represión se incrementó dentro y fuera de fronteras. En Uruguay, desaparecen José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Olivar Laura Sena Rodríguez, y matan a Aldo Perrini Gualo, Julio Larrañaga, Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanick, Ricardo Alberto Blanco, Víctor Hugo Padilla, Nybia Sabalzagaray, Idilio De León Bermúdez, Iván Morales y Gilberto Coghlan.
Uno de los grupos que fue particularmente reprimido en ese año fue el Partido Comunista Revolucionario (PCR). En junio de 1974 fueron detenidos ocho de sus militantes (tres de ellos en Argentina) y en el mes de diciembre fueron apresados otros 39 simpatizantes, entre ellos Luis Eduardo González González detenido el 13 de diciembre, muerto en la tortura y desaparecido, a quien el general Esteban Cristi denunció como fugado.
Documentos desclasificados muestran hoy que la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) daba cuenta desde el 15 de enero de 1974 de las actividades del PCR en Buenos Aires, donde se le implicaba en la formación de la Unión Artiguista Libertadora (UAL). Otro documento firmado por el Mayor Ernesto Rama, entonces jefe de operaciones de OCOA, hacía referencia a los militantes PCR en Argentina.
En ese período, en Argentina fueron asesinados Guillermo Jabif, Daniel Banfi, Luis Latrónica, Raúl Parachnik y Raúl Feldman, y fueron desaparecidos Washington Barrios y Natalio Dergan, a la vez que Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanel, fueron trasladados a Uruguay y fusilados en Soca como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.
11) IVÁN MORALES: LA CONFESIÓN DE CORDERO
El 19 de enero de 2009 se pudo esclarecer lo ocurrido con Iván Morales Generali, gracias a la publicación de un documento en el que el entonces mayor Manuel Cordero le informaba al segundo comandante de la División de Ejército I (entonces el general Luis V. Queirolo), cómo se les había muerto en la tortura aquel 21 de noviembre de 1974. (http://www.lr21.com.uy/politica/349...).
Iván Morales, quien se encontraba exiliado en Argentina, había viajado a Montevideo el día anterior para conocer a su hijo recién nacido, pero fue detenido en el domicilio de una compañera en Malvín Norte y “luego de un breve pasaje de 30 minutos por dependencias del Departamento IV” de la DNII, conducido al Regimiento de Caballería N° 6 que comandaba el teniente coronel Omar Goldaracena. La coordinación represiva volvía a funcionar.
El “parte” redactado por Cordero permite imaginar el calvario sufrido por Iván Morales (http://www.lr21.com.uy/politica/349...):
“SEÑOR 2º COMANDANTE DE LA DIVISION DE EJERCITO I
De acuerdo a su orden verbal, cúmpleme informar a usted que:
Luego de varios días de investigaciones y habiéndose efectuado alrededor de 12 detenciones se llegó a ubicar a una persona de alias “JUAN”, cuyo nombre verdadero respondía al de IVAN MORALES GENERALI.
El citado residía en la ciudad de Buenos Aires, habiendo llegado al Uruguay por vía Aliscafo el día 20 de noviembre de 1974, a la hora 20.00 a visitar a una concubina que tenía domicilio en el núcleo habitacional de Malvín Norte, Calle 126, Nº 2076, Apto. 201.
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| El torturador Manuel Cordero |
El día 21 de noviembre de 1974, próximo a la hora 12.00 y sabiendo que el citado se encontraba en tal dirección, se montó un operativo con apoyo de los Departamentos 4 y 5 de Policía con personal de civil.
El resultado de tal acción fue la captura del mismo, el que luego de un breve pasaje de 30 minutos por dependencias del Departamento IV, fue trasladado a la Unidad Base (Reg. “AS” de Cab. Nº 6).
Apenas llegado, se le comenzó a interrogar y luego de algunas evasivas admite ser integrante de la OPR 33 desde el año 1969-70, funcionando con distintos alias (PEPE, DANIEL, JAVIER y JUAN). Admitió ser reclutado por GRIOT AVONDET alias “Montes” o “Campos”, requerido, encargado de la Cárcel del Pueblo de la OPR 33 en la calle Humberto 1ero.
Prosiguiendo el interrogatorio y sin presión admite participar en el rapto de Molaguero, siendo el encargado del trato, ser Comando militar en el año 1972 y tener varios compañeros bajo su mando, entre ellos el fallecido Idilio De León Bermúdez.
Preguntado por su actual funcionamiento y actividades entra en un cerrado mutismo negándose a hablar. Ante esto se le manifiesta que se van a emplear otros métodos, como amenaza.
Ante esto dice que no va a aguantar pero que va a hablar, como esto solo son argumentos dilatorios se lo deja recostado, preparándosele para trasladarlo a otro lugar de la Unidad.
En estas circunstancias se suspende momentáneamente el interrogatorio por unos 15 o 20 minutos, en espera de trasladarlo a otras dependencias.
En ese lapso se habla por 2 o 3 veces con el detenido el cual contesta, llegado un momento en que se nota que comienza a respirar con dificultad, se lo intenta reaccionar con masaje al corazón, mientras urgentemente se llama al enfermero de la Unidad, que llega a los pocos segundos.
En ese instante, éste informa que el detenido presenta muestras de haber fallecido, comprobándolo instantes después, que así había sido.
Sucedidos los hechos narrados se le da cuenta al Jefe de la Unidad, Tte. Cnel. Goldaracena, quien a su vez ordena al suscrito que dé cuenta al Comando del OCOA.
Asimismo pongo en su conocimiento que de una revisación practicada en el domicilio del citado detenido, se incautó material subversivo y un portafolios con berretín en donde se hallan las claves para descifrar mensajes y grabaciones incautadas en la ciudad de Buenos Aires a un ciudadano de apellido Presno hechos que se investigan en la actualidad.
Saluda a usted atentamente.
Mayor MANUEL J. CORDERO”
El parte firmado por el mayor Cordero, una confesión de la muerte por torturas de Iván Morales.
13) VUELO CERO: LOS FUSILADOS EN SOCA
El 24 de octubre de 2006, en el diario ‘‘La República’’, se anunció que el caso de los cinco fusilados de Soca sería finalmente presentado ante la Justicia civil (http://www.lr21.com.uy/politica/227430-presentan-ante-la-justicia-penal-el-caso-de-los-fusilados-de-soca).
Trabal y los fusilados en Soca, un represalia que en realidad podría estar encubriendo el homicidio del militar en Francia.
La información que se había acumulado durante 32 años, permitía demostrar que las víctimas habían sido secuestradas en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, que permanecieron en varios centros clandestinos de reclusión en Argentina, que fueron trasladadas en el llamado “vuelo cero” a Montevideo, donde las mantuvieron en el centro de torturas “300 R” en una casona de Punta Gorda antes de ejecutarlas y abandonar sus cuerpos cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de ese año. Un niño, Amaral García, fue el primer menor apropiado por los represores y fue recuperado diez años después.
El 21 de diciembre de 1974 un comunicado oficial de la Jefatura de Policía de Canelones daba cuenta de la aparición de cinco cadáveres en las cercanías de la localidad de Soca. La información ocupó las primeras planas de los diarios La Mañana, El Día y el País.
Dos días antes había sido asesinado en París el ex director de Inteligencia, coronel Ramón Trabal, cuyos restos contaba la prensa serían repatriados a Uruguay en esos días. El homicidio del militar se adjudicaba a una brigada internacional presuntamente vinculada al MLN-Tupamaros.
“Las primeras observaciones demostraron a simple vista que los cadáveres presentaban varias heridas de armas de fuego (de calibre 45 y 9 mm) que les habrían provocado la muerte. Todos los cuerpos estaban vestidos con ropas y calzado de procedencia argentina y, entre ellas, se encontraron cigarrillos y fósforos del mismo origen y también uruguayos. Todos los cuerpos carecían de documentación que pudiera facilitar su identificación”, decía el comunicado.
Pese a esa “dificultad” para identificarlos, en el propio comunicado policial se daban los datos filiatorios de los occisos, como sus antecedentes ideológicos y prontuariales. “Ninguna de estas personas se encontraba requerida en la actualidad”, sugería el parte de la “efectiva” Policía canaria.
Durante tres décadas aquel homicidio colectivo quedó cubierto por el “silencio austero”. Se dijo que había sido una represalia por el homicidio de Trabal. Se estableció el mensaje de que diez subversivos serían ejecutados por cada militar muerto. El régimen nunca reconoció aquel fusilamiento.
14) EL TESTIMONIO DE JULIO ABREU
El 7 de noviembre de 2005, ‘‘La República’’ publicó el testimonio de Julio Abreu (http://www.lr21.com.uy/politica/193980-el-sobreviviente-de-los-fusilados-de-soca-rompe-un-silencio-de-30-anos), un uruguayo que por 30 años había mantenido en silencio la verdad sobre lo ocurrido con los cinco uruguayos cuyos cuerpos aparecieron fusilados en la localidad de Soca, el 21 de diciembre de 1974, sólo horas después de que se produjera el asesinato del coronel Ramón Trabal en París.
Julio Abreu narró entonces (...) que fue secuestrado el 8 de noviembre de aquel año en Buenos Aires junto a Floreal García, su esposa Mirtha Hernández, el pequeño Amaral García (quien permanecería desaparecido diez años en Argentina), Héctor Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanel, con quienes fue trasladado ilegalmente a Montevideo por vía aérea.
Abreu, señaló entonces tres lugares donde permanecieron recluidos en Argentina, que según identificó a LA REPUBLICA el informante que aportó los datos que permitieron encontrar al niño Simón Riquelo y denunciar el “segundo vuelo” de Orletti, se tratarían de la Brigada de San Justo, la sede de Coordinación de la Policía Federal y un sitio de Campo de Mayo donde había casas rodantes, iguales a las que describe su testimonio.
El sobreviviente confirma que entre noviembre y diciembre de 1974 la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) ya estaba operando en el traslado ilegal de opositores secuestrados en Argentina. Y de aquel “vuelo cero”, aunque le habían inyectado un somnífero, pudo recordar un avión con asientos de a dos (“como un ómnibus”) y que alguien con acento uruguayo se sentó a su lado le preguntó su nombre y datos personales.
El testimonio de Abreu coincide con el de Antonio Viana Acosta, también trasladado por vía aérea en junio de 1974 y determina nuevas preguntas para el comandante en jefe de la aviación, brigadier general (av) Enrique Bonelli, quien luego de confirmar los vuelos de Orletti en 1976 al presidente Tabaré Vázquez, aseguró que no había registros de posteriores traslados.
Bonelli no dijo si había datos anteriores a los traslados de Orletti. Abreu señala que en Montevideo, los seis secuestrados fueron llevados a la Casona de Punta Gorda, donde fueron torturados hasta que un día a fines de diciembre, sacaron a los cinco militantes tupamaros del lugar y no volvió a verlos. “Bueno ya los matamos, están todos muertos estos comunistas", oyó decir a su regreso al oficial que se los había llevado.
A Abreu lo soltaron bajo amenaza de muerte luego de “pasearlo” en un avioneta (varios traslados posteriores serían en una aeronave similar a la que describe) para fingir que recién lo estaban trayendo desde Buenos Aires. Tiempo después comprendió que era el único sobreviviente de los fusilados de Soca, pero ante la amenaza mantuvo su silencio hasta otorgar la entrevista a LA REPUBLICA
Continúa...
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