Yo?... argentino

Samuel Blixen
2 Junio, 2017

Diversos organismos profundizaron la crítica al gobierno por su política sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. A la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que sesionó en Buenos Aires (donde se denunció el estancamiento de cerca de 300 causas judiciales y la inoperancia de las investigaciones sobre las amenazas de muerte del llamado “Comando Barneix”) se sumó ahora la denuncia sobre la ausencia del Estado uruguayo reclamando, como parte civil, la apelación ante los tribunales romanos, de la sentencia que eximió de culpa al capitán Jorge Tróccoli y otros 12 oficiales en la desaparición de uruguayos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.
Al primer cuestionamiento, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa aseguró que el gobierno “no fue citado” a la audiencia de Buenos Aires, pero Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, reveló que en Buenos Aires se leyó una carta en la que la cancillería aceptaba la invitación. Nin Novoa había dicho que la Cidh había convocado al Poder Judicial y al Parlamento y que ambos organismos estatales declinaron concurrir porque “no tenían nada que decir en este caso”. Olivera apuntó que la actitud del canciller confirma que el Estado tiene, en lugar de una mirada global sobre el tema, “una visión balcanizadora”. La Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó perentoriamente una explicación de por qué el Estado no se hizo presente en la audiencia de la Cidh, ausencia que, según Mirtha Guianze, “nunca había ocurrido hasta ahora”.
Sobre la afirmación de que el gobierno no había sido invitado, el canciller argumentó en rueda de prensa que “el Estado uruguayo ha dado pruebas fehacientes de lo que le importan los derechos humanos y del respeto a los mismos”. Al cierre de esta edición la cancillería dio a conocer un comunicado en el que afirma que es potestad del gobierno asistir a las audiencias, y que en este caso, aunque no concurrió, envió documentación.

Jorge Troccoli
Sin embargo, aumentando las sospechas sobre el verdadero alcance de la política gubernamental, también se supo que el Estado uruguayo declinó ser integrante de la parte civil que apeló, junto con representantes de familiares de las víctimas, la resolución del Tercer Tribunal de Asís, en Roma que, aun cuando condenó las prácticas terroristas de los estados miembros del Cóndor, declinó condenar a 13 oficiales uruguayos implicados en desapariciones de ciudadanos de origen italiano, entre ellos a Jorge Tróccoli, cuyo pedido de extradición, después de su fuga, tuvo un azaroso trámite que le permitió eludir la cárcel.
La apelación fue presentada por fiscales italianos, que esperan que en un año y medio el tribunal decrete el procesamiento de los uruguayos inculpados. La parte civil acompañó la apelación en el trámite que le corresponde, es decir, el reclamo de compensaciones, con lo que podrán aportar nuevos elementos de prueba. En particular el gobierno uruguayo podría presentar los nuevos elementos surgidos del estudio de archivos de Fusileros Navales (Fusna) cuyos oficiales participaron en los operativos que culminaron con la desaparición de varios uruguayos; en particular podría desmontar la argumentación del tribunal italiano, de que los oficiales no tenían necesariamente que conocer el destino final de los detenidos después desaparecidos. Pero se abstuvo de incorporarse a la demanda de apelación.
De hecho, el Estado no está representado en Roma, desde que fue cesado en sus funciones el abogado italiano Fabio Galiani, que lo representó desde que se inició el trámite de extradición de Tróccoli. La actuación de Galiani había sido particularmente criticada por organismos de derechos humanos y familiares denunciantes. Tras su cese, familiares de las víctimas interpusieron ante el Ministerio de Defensa Nacional un pedido de acceso a la información para conocer los términos del contrato que vinculó a Galiano con Uruguay. Según supo Brecha, el ministerio habría negado la información, aduciendo confidencialidad, pero, reclamando ante la justicia, un magistrado ordenó que se aportara la información. Al parecer, según trascendió, no existió contrato escrito y sólo se pudo saber de uno o varios pagos, por 600 mil euros, aunque no está claro si es por la totalidad de los servicios. El Estado uruguayo hasta ahora no ha designado a un nuevo abogado para que lo represente en las decisivas instancias de apelación.

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INDDHH pidió a Estado que explique por qué no concurrió a audiencias de la CIDH; Nin Novoa dijo que Ejecutivo no fue citado

31 • mayo • 2017
Santiago Sánchez

Tras cinco días de silencio, el Poder Ejecutivo se refirió, por intermedio de su canciller, Rodolfo Nin Novoa, a su ausencia en las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo en Buenos Aires el jueves 25. Según aseguró el jerarca durante la gira que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, que ahora se encuentra en Austria, la convocatoria a estas audiencias no estaba destinada al Poder Ejecutivo: “Se le hizo una convocatoria a la Suprema Corte de Justicia, al Parlamento y a las organizaciones sociales. Ambos [organismos estatales] decidieron que no tenían nada que aportar en este caso y no fueron. Al Poder Ejecutivo, no [lo convocaron]”, respondió en una rueda de prensa.

El canciller agregó que “el Estado uruguayo ha dado pruebas fehacientes de lo que le importan los derechos humanos y del respeto a los mismos”, y enumeró: a “la libertad de expresión, de prensa, las posibilidades de oportunidades y de trabajo, el castigo a los culpables a las violaciones de derechos humanos”. “Si algo ha hecho el gobierno uruguayo ha sido preocuparse de este tema”, aseguró.

El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, expresó su disconformidad con los dichos del canciller, al punto de sostener que sus propias palabras “son una prueba más de lo que nosotros denunciamos”. Dijo que “el Estado uruguayo, en lugar de tener una mirada global de las responsabilidades, que no son de los poderes sino del Estado en su conjunto, tiene una visión balcanizadora” del tema. “No se trata de tirarle el sayo a otro poder. La comparecencia debe ser en representación global del Estado, y no interesa quién tiene que cumplirlo”, agregó Olivera, quien señaló que la visión de Nin Novoa es “equivocada”. Como si fuera poco, recordó que el Estado uruguayo había respondido por escrito a la convocatoria a la audiencia, en una carta que fue leída allí, que, según aseguró, decía: “Aceptamos la invitación”. La carta, dijo, fue firmada por la propia cancillería.

También preocupada por la ausencia del Estado en las audiencias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le envió otra carta a la cancillería, en la que le solicita, en un “plazo máximo de cinco días hábiles”, que responda acerca de “los motivos de la no participación de las instituciones del Estado uruguayo involucradas en los asuntos tratados en las citadas audiencias convocadas por la CIDH”. La carta recuerda que “las audiencias temáticas forman parte de las herramientas con las que cuenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y constituyen instancias importantes de diálogo e intercambio”. Además, sostiene que resulta “preocupante” la ausencia de la “institucionalidad estatal de Uruguay” (lo que incluye a “todos los organismos públicos que ejercen el poder del Estado”) en encuentros que “abordan temas de alta importancia para la democracia del país, y que se relacionan directamente con sus obligaciones asumidas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En opinión de uno de los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH, Juan Faroppa, las declaraciones de Nin Novoa a la prensa no pueden ser consideradas una respuesta válida para la institución. “Las declaraciones a la prensa son sólo eso. Son importantes, pero una institución no puede manejarse en base a eso. Estamos esperando que nos contesten formalmente lo que se les preguntó formalmente, y no tenemos ningún elemento para pensar que no se nos va a contestar”, dijo.

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El Sr. ministro se vuelve a equivocar

01 • jun. • 2017
Milton Romani Gerner

La representación del Estado uruguayo en el exterior, y particularmente en los organismos multilaterales, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las invitaciones que se cursan, destinadas a cualquier repartición o poder del Estado, se hacen por intermedio de las misiones en el exterior, que las remiten a la Dirección General de Asuntos Políticos, al Departamento de Asuntos Multilaterales y, en este caso, a la Dirección de Derechos Humanos. No es un trámite administrativo. Es un mecanismo que asegura que el Estado uruguayo no esté omiso en ninguna instancia. Luego, es una decisión política estar o no estar presente.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda invitación es enviada a la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, que hace un seguimiento puntilloso y responsable de la actividad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Siendo Uruguay uno de los estados que más han defendido la autonomía e independencia de la CIDH y que han apoyado su acción en forma inclaudicable, la misión tiene una relación privilegiada en el diálogo, contacto y actividad de este organismo. Todos los comisionados y el equipo de la CIDH consideran a Uruguay un país amigo y colaborador. Esto, precisamente, fue lo que generó la dolorosa sorpresa expresada por su comisionado Francisco Eguiguren en la apertura de la 162ª audiencia de la CIDH.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no es un mensajero. Tiene, incluso, la obligación política de recomendar a quien ha sido invitado a estas actividades a concurrir, y persuadirlo (respetando la separación de poderes) de que lo haga. En última instancia, se hacen las consultas pertinentes para que un representante diplomático, enviado especialmente o residente en el lugar de la convocatoria, se haga presente y brinde información, aun escrita, de lo que sea discutido en el encuentro.

De alguna manera, haber enviado una nota es una forma de respuesta. La peor posible. Poco elegante, para decir lo menos. Políticamente significativa, para ser más precisos.

El argumento de que hay poderes del Estado que “no tienen nada que aportar” es insólito. Para la honorabilidad de la CIDH, para las organizaciones peticionantes y para todos los ciudadanos del país.

La tradición de Uruguay en derechos humanos no es lo que está en cuestión. ¿O sí? Hay que ir a escuchar para saber si estamos o no en falta, y dialogar sobre reparar algunas prácticas que impiden la salvaguarda de derechos. Señor canciller: los estados ceden soberanía para ser evaluados cuando violan derechos humanos o no los protegen, e incluso cuando no los promueven. Y los ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir a estos organismos supranacionales a pedir amparo.

¿Es pensable que Uruguay no se presentara al examen periódico universal de derechos humanos que realiza la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, bajo el argumento de que siempre respetó los derechos humanos y que no tiene nada que aportar? Todos los organismos multilaterales de derechos humanos realizan evaluaciones de los estados y le dan participación a la sociedad civil para conocer las denuncias u opiniones disímiles. Los estados serios concurren siempre. Esa ha sido nuestra tradición. Lo dicho: cualquier tercer secretario o escalafón más bajo de la carrera diplomática sabe que nunca, nunca, la silla de Uruguay puede estar vacía, aunque más no sea para escuchar y tomar nota.

Esperemos que esto haya sido sólo un error y que no marque un antecedente. Estamos a tiempo de reparar. No sé cómo. No es por el camino de las explicaciones que el señor ministro ha ensayado.

En octubre la CIDH sesionará en Uruguay. La rotación de sesiones en los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica fue una sugerencia, entre otros, de Uruguay, para quebrar la práctica de hacerlas siempre en Washington DC (teniendo en cuenta que Estados Unidos no ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Se necesita generar un clima amable.