Se lo llevan preso

 Samuel Blixen
 17 noviembre 2017


El sistema previsional de las Afap hace agua y el gobierno ensaya fórmulas que otorguen rentabilidad a las empresas aseguradoras privadas. Mientras, el Banco de Seguros asume todo el peso de la crisis y sostiene pérdidas acumuladas por millones de dólares. En cualquier caso, las jubilaciones se verán reducidas.

Atrapado en el fracaso del sistema de renta previsional, el Banco de Seguros del Estado (Bse) podría fundirse en 2019 como consecuencia de las pérdidas que asume por el pago de jubilaciones, si permanece incambiado el actual esquema de las Afap. Al finalizar este año las pérdidas por ese concepto alcanzarán los 100 millones de dólares, y el patrimonio de la institución es de unos 350 millones de esa moneda. Por el momento, algunas soluciones propuestas por el Banco Central de Uruguay (Bcu) para revertir la crisis no han tenido eco en el sector privado de las aseguradoras y de los bancos vinculados a las Afap.
La herencia de la ley de 1996 que impulsó la privatización parcial –pero obligatoria– del sistema previsional impone al gobierno un único camino: reducir las jubilaciones de las Afap y asumir las pérdidas por la vía del endeudamiento, hasta que nuevas reglas de juego aseguren al sector privado un nivel aceptable de ganancias.
EL ESTADILLO JUBILATORIO. El dilema del Bse deriva de la perversa estructura de las Afap, y de decisiones políticas. Las cuatro aseguradoras que operan en el país reciben del Bps los aportes de sus afiliados y los administran realizando colocaciones en títulos de deuda o compra de acciones (forestales, eólicas, etcétera). Pero una vez que el afiliado se jubila, el capital acumulado es transferido a una empresa aseguradora, que deberá pagar la jubilación hasta el fallecimiento, y aun después, si se aplica una pensión.
Hoy el Bse es la única aseguradora que atiende unas 13 mil prestaciones de todas las Afap, porque las aseguradoras privadas se retiraron del negocio hace unos diez años. La ley establece que serán las aseguradoras las que administren los capitales y paguen las prestaciones, pero no lo establece en forma obligatoria. Cuando dejó de ser negocio, las aseguradoras privadas se abstuvieron de participar en el asunto y quedó sólo el Bse, por decisión política, que sus directores asumieron aun con las prevenciones expresadas en numerosos informes al Banco Central y al equipo económico.
El proceso de deterioro de ese virtual monopolio de administración de rentas vitalicias previsionales comenzó a impactar en el balance del Bse en 2014, cuando tuvo que atender el pago de 7.680 prestaciones; y en 2016 se agudizó la crisis al producirse el “estallido” de las jubilaciones de afiliados de las Afap. Ese año el Bse tuvo una pérdida de 40 millones de dólares, y el futuro dibuja una curva de crecimiento geométrico que en el mediano plazo puede comerse la totalidad de su patrimonio. Mes a mes, año a año aumenta en catarata la cifra de jubilados que absorbe el Bse, y de esta manera disminuye el número de afiliados a las Afap, que hoy está en el orden de los 1.260.000.
Pese a las pérdidas acumuladas por la asistencia de la renta previsional (admitidas tanto por el directorio como por el Bcu), el Bse sigue dando ganancias anuales –a setiembre el resultado neto fue estimado en 19 millones de dólares–, lo que parecería contradictorio, porque la cifra de la pérdida es muy superior. Una fuente del banco explicó a Brecha que las pérdidas se están derivando a las tarifas de los otros servicios de seguros: “De no ser por ello, los seguros de automóviles, de vivienda o de vida podrían ser más baratos y más competitivos”.
El virtual monopolio de las rentas previsionales afecta al Bse en ambos sentidos: debe hacerse cargo de todas las jubilaciones de las Afap y a la vez deteriorar su posición de competencia con las aseguradoras privadas.

LA DESERCIÓN DE LOS PRIVADOS. El retiro de las aseguradoras privadas se produjo tras el cambio abrupto de las llamadas “condiciones externas” (léase crisis financiera mundial), cuando las tasas de interés se desplomaron. Por entonces había seis Afap: República, Integración, Capital, Unión, Comercial y Santander. Un proceso de concentración las redujo a cuatro: Santander se fusionó con Comercial y surgió Afinidad Afap, que después se transformó en Afap Sura; Capital y Unión se fundieron en Unión Capital Afap; y se mantuvieron República e Integración.
Al comienzo funcionaron emitiendo pólizas (de vida, de accidentes y de incapacidad) para las Afap las siguientes compañías de seguros: Bse, Compañía Cooperativa de Seguros Surco, Itt Hartford Seguros de Vida SA, Metropolitan Life Seguros de Vida SA, Real Uruguaya de Seguros; Santander Seguros y Alico, aunque en la práctica Metropolitan Life nunca emitió pólizas.
Simultáneamente con la concentración se consolidó la formación de “grupos previsionales integrados”, bancos, Afap y aseguradoras pertenecientes a un mismo grupo económico: República Afap=Brou, Bse; Integración Afap=Banco Bandes, Aseguradora Surco; Unión-Capital Afap=Banco Itaú, Porto Seguros; Afap Sura=Bancolombia, Seguros Sura (véase recuadro).
NADA DE PÉRDIDAS, SÓLO GANANCIAS. Hoy sólo el Brou mantiene en el mercado de la renta previsional al Bse como aseguradora, asumiendo pérdidas; las otras, privadas, se replegaron, mientras las entidades financieras asociadas –la brasileña Itaú, la venezolana Bandes y la colombiana Sura– permanecen en el sector rentable del negocio.
A fines de 2016 las cuatro Afap recibieron 1.027 millones de dólares del Bps; son los aportes jubilatorios de los trabajadores afiliados al sistema de administración de fondos de ahorro previsional. En lo que va de 2017 se traspasaron 817 millones de dólares.
La acumulación de los aportes jubilatorios suma actualmente 2.946 millones de dólares, de los cuales casi 2.000 millones están invertidos en el agro (principalmente la forestación), en el sector energético y en menor medida en el transporte, en servicios y en el sector financiero. Estas colocaciones han producido una rentabilidad superior en 8 por ciento a la evolución de los salarios. Visiblemente complacido, el presidente de la Asociación Nacional de Afap, Sebastián Peaguda, explicó a El Observador que “después de 20 años del régimen, las rentabilidades históricas son muy atractivas. Es difícil que, por más que una persona ahorre todos los meses, acceda a una inversión que le dé estos retornos”. Ciertamente, pero como las Afap privadas retiraron a sus aseguradoras del pago de la renta previsional, no contribuyen a superar el déficit que genera el sistema.
El representante por el Pit-Cnt en el directorio del Bps, Ramón Ruiz, escribió en su cuenta de Twitter: “En 2016 las Afap obtuvieron una ganancia de 43 millones de dólares y el Bse perdió 40 millones por pagar las prestaciones del régimen de Afap”.

LOS ELEMENTOS DE LA CRISIS. La deserción de las aseguradoras privadas tiene una explicación sencilla: el “descalce” entre lo que se le debe pagar al jubilado de la Afap y la renta que genera la inversión de las reservas. Quizás para hacer más aceptable el sistema, originalmente se fijó una tasa “optimista”, asociada al índice medio de salarios, que ninguna tasa de las colocaciones autorizadas llega a cubrir. De hecho, la pérdida acumulada del Bse es consecuencia de ese “descalce”: por cada 100 pesos que recibió de las Afap en el momento de la jubilación debe pagar 107 pesos.
No hay expectativa de que el “descalce” se reduzca sin una intervención estatal que modifique las reglas de juego; de lo contrario la erogación crecerá geométricamente a medida que se sumen nuevos jubilados del sistema de las Afap, que en masa están llegado a los 35 años de actividad.
Al tema de las tasas debe sumarse otro factor: la tabla de mortalidad ha aumentado en dos años, tanto para hombres como para mujeres; vivimos más, o dicho de otra forma, postergamos la muerte. Ese logro, consecuencia de las condiciones de vida y de los avances sanitarios, es un calvario para las prestaciones de la renta vitalicia previsional: los dos años de yapa no están cubiertos por el sistema, pero igual habrá que pagarlos.
El corsé del sistema se anuda con tres elementos definidos en la normativa de 1996: el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual; la expectativa de vida del afiliado de acuerdo a las tablas de mortalidad por sexo que determine el Bcu; y la tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora, que no podrá ser inferior a la tasa mínima en unidades reajustables (UR) que fije el Bcu (esa tasa ya fue reducida sin que resolviera el problema).
LAS SOLUCIONES. A los efectos de cubrir las pérdidas, el Banco Central emitió deuda en unidades reajustables exclusivamente destinada al Bse, que por otra parte paga los intereses. Pero fue sólo un remiendo: a mediados de octubre el presidente del Bcu, Mario Bergara, anunció una batería de medidas para instalar un equilibrio en el Bse y a la vez reincorporar a las aseguradoras privadas, impulsando elementos que otorguen rentabilidad y, por tanto, sean atractivos. Se anunció que algunas de esas medidas se aplicarían a partir de 2018, pero ya se sabe que en el sector privado fueron recibidas con frialdad.
Una de las modificaciones principales “prevé que la tabla de renta inicial mínima –parámetro que sirve de base para determinar el monto a cobrar mensualmente por lo acumulado en la Afap a lo largo de la vida laboral– deje de ser fijada por el regulador y pase a ser ‘una referencia’ a partir de la cual cada aseguradora deberá agregar sus costos y ganancias. De esa manera, cada aseguradora podrá fijar la renta inicial ‘libremente’”, dice un estudio elaborado por el Bps, cuya gerencia señaló que “la ‘extinción’ de la renta mínima va en contra de la normativa vigente”.
Otra modificación consistirá en aplicar una curva de tasas de interés que se actualizará semestralmente atada al rendimiento financiero de títulos de deuda u otros indexados al índice medio de salarios nominal. Hoy rige una tasa de interés técnica única de 1,5 por ciento que se aplica para toda la vida del jubilado.

Una tercera propuesta implica modificar las tablas de mortalidad: “serán dinámicas y el Bcu las actualizará cada año. Respecto de las originales, la esperanza de vida se ha incrementado dos años tanto para hombres (con el cambio pasa a ser 71,75 años) como para mujeres (pasa a ser 79,08)”. Para el representante de los trabajadores en el directorio del Bps, “las nuevas tablas de mortalidad que se usarán para calcular las rentas vitalicias rebajarán entre 12 y 15 por ciento las futuras jubilaciones”.
El Bcu autorizará a las aseguradoras a cobrar una comisión de 0,75 por ciento del rendimiento de las tasas para mejorar su eventual ganancia. El informe del Bps sostiene que “la aplicación de cualquier margen de ganancia, recargo de seguridad, carga de gastos administrativos o la aplicación de una tasa de interés más baja a la fijada por el Bcu, al igual que la utilización de cualquier tabla de mortalidad distinta a la establecida por el Bcu, no sería posible”.
Finalmente, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de creación de una nueva unidad de valor, que se llamará “unidad previsional”; fluctuará según el índice medio de salarios y permitirá emitir títulos de deuda pública destinados a las aseguradoras. El texto está a estudio de las comisiones de ambas cámaras y se presume que será aprobado antes de fin de año.
Al anunciar la batería de medidas para enfrentar el déficit que provoca el “descalce”, Bergara comunicó su íntima convicción de que su aplicación aparejaría un “equilibrio” en el sistema. Sin embargo, muy poco después, a comienzos del corriente mes, el vicepresidente de Bse, Guillermo Porras, puso en duda el optimismo del presidente del Banco Central: “La comisión de 0,75 por ciento del rendimiento de las tasas (que la nueva normativa permite cargar a la aseguradora al calcular la renta inicial) es insuficiente para que el negocio sea rentable y se reduzca el déficit de la institución”, declaró al diario El País. Otro twit del represente de los trabajadores en el directorio del Bse afirmaba que “cambios resueltos por el Bcu agregan más incertidumbres al fijar la renta vitalicia del régimen de ahorro individual (jubilación Afap)”. Las aseguradoras privadas mantuvieron un significativo silencio.
 QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE. Con el tiempo se ha instalado una lógica que, como un axioma, no parece requerir fundamentación: en materia de inversiones extranjeras el Estado debe asegurar una cierta rentabilidad. Si se dejara en manos del mercado, el sistema previsional de renta vitalicia se vendría al suelo, porque nada obliga al Bse a hacer el sacrificio de acumular pérdidas.
Como ningún sector de la economía, nacional o internacional, asegura hoy un retorno de las colocaciones de reservas previsionales con tasas de interés que superen el gasto por cada renta vitalicia, la única forma de lograr un saneamiento del sistema es definir una cierta rentabilidad “aceptable” para las aseguradoras privadas. No hay manera de obligar –a ellas y a las Afap– a contribuir con un porcentaje de sus ganancias, aun en mucha menor proporción que el sacrificio que sobrelleva el Bse, deteriorando sus cuentas y perdiendo competitividad.
Todo indica que en el correr de 2018 se entablará una negociación para definir el volumen de esa rentabilidad. Es muy factible que el interlocutor de las aseguradoras con el gobierno sea el propio Banco de Seguros, en tanto integrante de República Afap, porque en ello le va la vida.
Todo va a contribuir a satisfacer la rentabilidad que reclaman las aseguradoras privadas (y sus bancos asociados): niveles de comisiones, reducción de la renta inicial mínima, modificación de las tasas de interés. En cualquiera de los casos habrá dos consecuencias evidentes: los jubilados cobrarán menos, y el Estado asumirá las deficiencias del sistema emitiendo títulos que sean atractivos para el sector privado del sistema previsional.
En esencia, no hay ninguna diferencia con los antiguos salvatajes de bancos vaciados.

Participación accionaria de las AFAP

• Integración. Banco Bandes, 77,40 por ciento; Cabal, 8,10 por ciento; Fucac, 14,50 por ciento. Aseguradora: Surco Seguros.Sura. Grupo Sura Asset Management Sociedad de Inversión, 100 por ciento. Aseguradora: Seguros Sura.
• Unión-Capital. Banco Itaú, 100 por ciento. Aseguradora: Porto Seguros.
• República. Brou, 51 por ciento; Bse, 12 por ciento; Bps, 37 por ciento. Aseguradora: Banco de Seguros.

Ley de los “cincuentones”

Un parche problemático

Por Víctor Hugo Abelando
El 5 de diciembre es la fecha prometida por la bancada frenteamplista de Diputados para aprobar el proyecto de ley que permite que aquellos mayores de 50 años que fueron obligatoriamente afiliados a las Afap puedan volver al régimen solidario de previsión social. El compromiso incluye además que, una vez en el Senado, el texto recibirá sanción a “tapas cerradas”. De no aprobarse, quienes se jubilen por el régimen de las Afap recibirían un 30 por ciento menos de remuneración de la que percibirían si hubieran permanecido en el Bps.
Desde julio, cuando el Ejecutivo envió la iniciativa, a la actualidad, aparecieron diferencias dentro de los legisladores oficialistas y una advertencia de Economía sobre los costos del pasaje de los cincuentones al Bps, aunque el texto inicial fue aprobado por todo el gabinete.
La diferencia básica reside en el costo que representa para el Estado la incorporación de los mayores de 50 años al sistema tradicional de jubilaciones. El cálculo primario era de 2.500 millones de dólares, en un período de 48 años, para el pago de esas nuevas pasividades. Las nuevas cifras presentadas por Economía sostienen que el monto será de 3.700 millones de dólares en el mismo período. El incremento responde a que el Bcu aumentó la expectativa de vida de los uruguayos en dos años.
Con la aprobación del proyecto, los cincuentones ingresarían al Bps con lo aportado a las Afap, y esos recursos irán a un fideicomiso, con capacidad para hacer inversiones en bonos uruguayos. De acuerdo a las estimaciones del organismo de previsión, el dinero que estaría a disposición de la entidad estatal es de 1.500 millones de dólares. Esa cantidad permitiría financiar con holgura los primeros cinco años de las pasividades de los cincuentones, hasta llegar a los 10 años del pago en un empate y a generar déficit en los posteriores. De acuerdo a los números manejados en Diputados, los beneficiados por ese pasaje oscilan entre las 40 mil y 70 mil personas.
El proyecto fue uno de los compromisos del presidente Tabaré Vázquez ante la demanda de los perjudicados. Sin embargo, tanto desde el Fls como desde el Mef hay cuestionamientos. El diputado Alfredo Asti (AU) comentó a Brecha que la aprobación de la norma generaría más deuda pública, afectando al alza el déficit fiscal. Incluso recordó que algunas calificadoras de riesgo amenazan con modificar el grado inversor si el endeudamiento aumenta y el sistema se desfinancia. Por el contrario, su colega comunista Gerardo Núñez afirmó a este semanario que se trata de justicia social y que transcurrido el período de cinco años de vigencia de la ley, el FA debe iniciar un proceso de debate profundo del sistema previsional.
De acuerdo a la compulsa realizada por Brecha, tanto el Pcu, el Mpp, el Pvp y la 711 son partidarios de votar el texto sin modificaciones. Incluso varios recuerdan que en la plataforma que permitió el acceso en 2005 al gobierno se incluía, como una de las medidas a tomar, la derogación de las Afap. En el transcurso de los años, el tema desapareció del programa frenteamplista.