01 • nov. • 2017 | Escribe: Natalia Uval
Abogado y ex secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Wilder Tayler fue propuesto para el cargo por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, por el Servicio Paz y Justicia y por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Fue designado como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en la primera ronda de votación, con apoyo de todos los partidos con excepción de Unidad Popular. Considera que los principales problemas que tiene el país en materia de DDHH son la situación de las cárceles y la ausencia de verdad y justicia para los crímenes de la dictadura. Afirma que los mecanismos de búsqueda de la verdad implementados en Uruguay “parecen haber fracasado” y que no hay “liderazgo político” que permita cambiar esta situación.
–¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos (DDHH) hoy en Uruguay? –Ese análisis no tiene sentido si uno no dice primero que en Uruguay ha habido mucho progreso en materia de derechos humanos. En los últimos 20 años, el país se ha modernizado mucho en esa materia. Habiendo dicho esto, hay algunos debes que a mí me parece que no se condicen con todo lo otro que ha pasado; en concreto, con los avances en la agenda de derechos, que ha sido realmente notable. El primer debe es el tema de los desaparecidos y de la justicia para las violaciones cometidas durante la dictadura. Es más que la lentitud; la falta de respuesta del Estado en esta materia es casi escandalosa. Tenemos un problema que si no se soluciona en pocos años, probablemente carguemos durante mucho tiempo. No es sólo el tema de los juicios, también está el tema de la verdad. Uruguay nunca tuvo un ejercicio sano, transparente y realista de búsqueda de la verdad. La verdad siempre se buscó a través de mecanismos que prometían eficacia a cambio de una cierta reserva y confidencialidad. Pero esos mecanismos parecen haber fracasado. No quiero, con esto, juzgar al Grupo Verdad y Justicia, que todavía está haciendo su trabajo, pero por lo menos no se han visto los resultados hasta el momento. Allí hay un debe muy grande con las víctimas, con los desaparecidos, con lo que se prometió. Tuvimos una sentencia el fin de semana que una vez más deja a las víctimas en desamparo [se refiere a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la prescriptibilidad de los delitos de la dictadura], pone a Uruguay en violación de sus obligaciones en materia de derecho internacional, constituye un obstáculo al proceso de reflexión necesario para que la sociedad pueda avanzar, y además erosiona la imagen pública del país. Acá en la INDDHH quedamos muy shockeados por el contenido de esta sentencia. No olvidemos que son más de 30 años, así que quizás haya llegado el momento de empezar a mirar el sistema de justicia uruguayo. Es un tema que hay que abordarlo de frente, hay que hacer un sinceramiento y pensar qué pasa con el acceso a la justicia cuando aquellos que piden justicia desde hace más de 30 años no la encuentran. Hay jueces y fiscales muy buenos y muy valientes, pero cuando hay una cúpula judicial, una orientación general... es muy difícil que logremos lo que se necesita. Estas son decisiones políticas, son políticas en sus contenidos y en sus consecuencias. Por supuesto que todo esto viene con un paquete jurídico extra, que es el análisis de la ley, el valor del derecho internacional de los DDHH, el tema de la imprescriptibilidad y la lectura de la Constitución de la República, etcétera, pero esta es una decisión política.
–¿Cuando dice “esta” se refiere a las sentencias judiciales? –A las decisiones de bloquear, por uno u otro camino, el avance de las causas sobre los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado.
–Que son decisiones de los actores judiciales.
–Son decisiones de actores judiciales, pero son esencialmente políticas, tanto por su génesis como por el terrible impacto que tienen. La justicia es política, y si alguien le dice que no es político, lo importante es saber que eso es parte de la política de esa decisión también.
–La decisión política, en este caso, ¿implica una decisión de no avanzar en las causas?
–Porque se hacen opciones, ¿verdad? El hecho de que el voto haya sido dividido deja muy claro que allí se hacen opciones. Yo no puedo decir cuál es el proceso interno que se da en el ánimo de cada magistrado, pero, en cualquier caso, estas consecuencias las deben tener calibradas y las tienen que haber anticipado. Entendámosnos: el derecho siempre abre un abanico de posibilidades en materia de interpretación. El hecho de que la mayoría de la SCJ haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los DDHH, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso [fue] para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política.
–Usted decía recién que es momento de empezar a mirar el sistema de justicia uruguayo. ¿Qué habría que cambiar, el mecanismo de selección de los integrantes de la SCJ?
–Yo creo que son esos temas. Acá lo que hay que decir, antes que nada, es que estamos en un Estado de derecho y este es el Poder Judicial que tenemos, así que se respeta lo que hay, porque lo peor que nos puede pasar es subvertir eso. Pero eso no quiere decir que la aplicación del derecho en este país, hoy, en esta materia, sea justa. Es profundamente injusta. Y es profundamente adversa a la vigencia de los derechos humanos, y es profundamente adversa al acceso a la justicia por gente que hace más de 30 años está esperando que su hora llegue, y no llega.
Está el problema de la selección de los jueces superiores, que se hace exclusivamente como un pacto político. En otros lados se conocen los currículos, hay audiencias públicas, la gente hace preguntas, se sabe de dónde vienen. Además no tienen por qué ser jueces; pueden ser académicos, propuestos por los abogados, por los estudiantes. Hay un dinamismo, una variedad por la que, de alguna manera, las autoridades del Poder Judicial se corresponden a la autoridad de un poder que es del pueblo. Nosotros tenemos algo que resulta un poco despegado, abstracto. Es un debe.
–También se refirió a que los mecanismos de negociación para la búsqueda de la verdad no dieron sus frutos. ¿Hay otras vías más efectivas para el acceso a la verdad, si miramos la experiencia internacional? –Hay posibilidades. Las comisiones de verdad, como en Chile, en Sudáfrica, en Argentina y en tantos países del mundo, en general son ejercicios de búsqueda de la verdad que se hacen con la ventana abierta, se hacen con transparencia, en audiencia pública, se transmiten por televisión, se generan registros sobre lo que pasó para que las futuras generaciones sepan. Son ejercicios diferentes, en los que las comisiones tienen la capacidad de obligar a la persona a comparecer, el Estado tiene que entregar los materiales, hay penas y sanciones por obstaculizar las investigaciones. Son esfuerzos intensos, dolorosos, pero que tienen la capacidad de sanar la fibra de la sociedad. Ahora, aquí ha habido un esfuerzo que también es importante dentro del contexto. Creo que al Grupo Verdad y Justicia hay que seguir apoyándolo, todavía no sabemos lo que puede dar, pero uno tenía la expectativa de que hubiera un liderazgo diferente en materia de búsqueda de desaparecidos, que hubiera un debate amplio, nacional, sobre la búsqueda pero también sobre lo que significó para el país, y no lo hemos tenido, ya que no existe una versión oficial de lo que pasó sancionada por el Estado.
El tema de verdad y justicia para las violaciones a los DDHH requiere no sólo conciencia, sino liderazgo y compromiso, y también coraje. Y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo. En el período pasado se hizo bastante daño, cuando desde la cúpula misma del Poder Ejecutivo se hablaba de no meter presos a los viejitos, se hablaba de toda una serie de cosas, como que este había sido un problema entre dos sectores guerreros.
–La teoría de los dos demonios.
–Sí, de alguna manera se propuso la teoría de los dos demonios y se adoptó esa doctrina, de un lado y de otro. Pero no es la verdadera; para la gran mayoría del pueblo eso no es cierto.
–Sin embargo, fue una imagen muy efectiva; Sanguinetti también la utilizó.
–Fue muy efectiva, claro, Sanguinetti la usó muchísimo. Pero la verdad es que la mayoría del pueblo no fue demonio, fue víctima. Esa parábola es una gran mentira. Los que vivimos aquí sabemos que no hubo una lucha entre dos demonios, hubo una cacería de conejos por parte de los militares. La sistematización de la tortura en este país alcanzó la dimensión de crímenes de lesa humanidad. Es muy importante para nuestro futuro que eso no se entierre. Y eso requiere liderazgo. Y yo no veo liderazgo o, si lo hay, es demasiado difuso en este momento.
–¿Qué otro problema enfrenta Uruguay en materia de DDHH?
–El segundo principal problema, que no hemos resuelto, es el tema de las cárceles. También ha habido progreso en esto, pero, de nuevo, hay lugares donde las condiciones carcelarias y de encierro caen por debajo de los estándares mínimos en materia de tratamiento humano y decente. Eso no se explica en el país hoy, porque nosotros no somos un país rico, pero tampoco somos un país sin los recursos para resolver eso. Esas poblaciones –y no hablo sólo de la población carcelaria, sino de los jóvenes infractores, de la gente que padece enfermedades mentales– representan los sectores más vulnerables de la sociedad o son sectores infractores, pero que sean infractores no quiere decir que se los tenga que hacer sufrir. Su pena es estar privados de libertad. ¿Qué sociedad somos, cómo es posible que no seamos capaces de resolver definitivamente la situación de un grupo de jóvenes infractores? ¿De qué estamos hablando, de 150 muchachos? Son cuatro clases de liceo. ¿Qué testimonio estamos dando sobre nosotros mismos cuando tenemos esta situación? Al mismo tiempo, hay esfuerzos importantes, como el de la cárcel de Punta de Rieles. Ha habido un esfuerzo importante para construir locales, pero lo que no me queda claro es por qué hay tantos presos en Uruguay. Nuestro promedio de personas privadas de libertad es altísimo.
–Porque no se usan las medidas alternativas a la prisión.
–Porque no se usan las medidas alternativas, y acá volvemos al tema judicial: ¿qué es lo que está pasando, por qué siempre se manda para adentro, por qué es tan fácil privar de libertad a la gente y tan complicado poner la tobillera? Creo que esto apela a cierta introspección por parte de los uruguayos y del Estado.
–¿Hay un estado de opinión pública que legitima de cierto modo estas medidas? Por ejemplo, el sociólogo y senador [suplente] Rafael Paternain habla de un “consenso punitivo”, lo que aplicaría por ejemplo a la decisión del Parlamento de subir la prisión preventiva de 90 a 150 días para los adolescentes infractores.
–Yo no sé si es un consenso punitivo, pero le puedo decir que es una vergüenza. No había necesidad. Además, en este momento por lo menos, yo no he notado un grito de la tribuna que pida eso, tampoco. Creo que el de Paternain es un punto muy válido, y es muy preocupante que así lo sea. No revela los orígenes de aquella sociedad liberal, solidaria, proactiva que nosotros tenemos y que se ve muchas veces en Uruguay. Ahí hay un tema que requiere que nos examinemos más profundamente. Y a mí lo que me llama la atención es que esto suceda habiendo avanzado tan profundamente en otras cosas –en las ocho horas del trabajo rural, en el trabajo doméstico, en el reconocimiento, por lo menos público, del derecho de las mujeres–. Sobre las condiciones inhumanas de detención, ¿cuánto tiempo pasamos hablando? Me parece que hay cierta selectividad en el fenómeno solidario, y es una pena.
–En materia del vínculo entre empresas transnacionales y Estados nacionales, ¿hay terreno para avanzar en DDHH?
–Sí, yo creo que hay terreno para avanzar. No es un tema que en Uruguay hayamos vivido con la intensidad que se vive en otros lugares, donde hubo cosas terribles en cuanto a la complicidad de empresas transnacionales en violaciones a los DDHH. Pero lo que para mí queda claro es que las empresas necesitan ser reguladas. ¿Por qué? No es sólo porque uno sea anticapitalista, porque en mi caso no [es así] necesariamente, además. Tienen que ser reguladas porque representan una forma del poder organizado tan importante en el mundo de hoy, que por su mera existencia el individuo, organizado o no, es más vulnerable frente a ese enorme poder e influencia que tienen estas corporaciones. La globalización, que ha traído tantas cosas buenas, también ha generado un fenómeno de dispersión de la rendición de cuentas y de la responsabilidad. Se comete una serie de abusos por parte de las empresas y cuando se empieza a buscar, no se encuentra ni el juzgado en el que se puede poner la denuncia. Y cuando se hace una denuncia por reparación, porque se echaron a perder las aguas en una comunidad, después no hay lugar para ir a reclamar la reparación: “Bueno, no, lo que pasa es que la empresa está constituida aquí, pero no allá”, y la empresa se retira, y lo que queda es una carcasa vacía, sin responsabilidad ni dinero.
–Cuando en Uruguay, por ejemplo, se discuten acuerdos de protección de inversiones, no se habla en clave de DDHH sino en términos exclusivamente económicos.
–No, no se habla en clave de DDHH, y muy frecuentemente no se hacen los estudios de impacto. Y los impactos no ocurren por casualidad, existen nexos de causalidad. A esta altura ya hay suficiente experiencia como para saber que, si las cosas se hacen así, van a traer estas consecuencias negativas. Sin embargo, estos estudios no se hacen, por razones de rapidez, para ahorrar dinero. Y muchas veces también se hacen sin transparencia. Yo no sé si UPM es bueno o malo. A mí me parece que una inversión de ese porte en principio no debería traer nada malo para el país, pero como no se sabe, hay un signo de interrogación.
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