Samuel Blixen
10 noviembre, 2017
El gobierno está jaqueado entre las críticas a su
política de derechos humanos y las arremetidas militares por el déficit
de la Caja Militar.
En la noche del domingo 15 de octubre uno de los centinelas de guardia en las instalaciones del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, detectó a tres personas que habían ingresado al cuartel y que estaban operando un dron que sobrevolaba, a baja altura y muy lentamente, diversos sectores del predio donde, casualmente, se retomaron las tareas de excavación en busca de enterramientos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura. El centinela no atinó a disparar contra el dron, que voló la zona por espacio de 20 minutos, ni a detener a los intrusos.
Esa fue al menos la versión que el coronel Juan Santurio aportó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), que impulsa las excavaciones, siguiendo un criterio de coordinación que requiere la comunicación de cualquier novedad. El Batallón número 13 de Infantería (hoy Servicio de Transporte del Ejército), donde fueron ubicados los restos de Fernando Miranda, se sospecha que oculta enterramientos de algunos de los desaparecidos del centro clandestino de reclusión 300 Carlos.
Hace más de un año, otro episodio de características anormales y nunca aclarado –la aparición de una carcasa de granada en la zona de trabajo– impuso la suspensión de las tareas de búsqueda de enterramientos, en la eventualidad de que el campo estuviera “minado”.
Pero el episodio del dron –para el caso de que fuera un “operativo” similar al de la granada– tuvo otra derivación: las autoridades del Gtvj instaron a los mandos del batallón a que realizaran la correspondiente denuncia, para determinar cómo fue posible el ingreso de desconocidos y cómo se explica que no fueran detenidos el dron ni sus operadores. Oficiales del Ejército consultados coincidieron en que “si hay un dron espiando en mi cuartel, lo bajo”. El Gtvj emitió un comunicado en el que califica de acto “intimidatorio y de provocación” el ingreso de las tres personas, episodio que “enrarece el clima de trabajo y pretende generar temor a los equipos actuantes”.
PERFIL BAJO. Las excavaciones, retomadas tras un análisis más fino de los datos y testimonios sobre posibles ubicaciones de tumbas clandestinas, siguieron con el cronograma definido. Si el episodio del dron fue otro intento para que se suspendieran las tareas, el objetivo fracasó. Pero es un elemento que opera en un marco de especial tensión entre el gobierno y los militares, donde la cuestión de los derechos humanos es otra pieza de canje.
De un tiempo a esta parte el lenguaje militar respecto del gobierno y de las autoridades ha ingresado en el destrato y el insulto. Todo es pretexto para la agresión: “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, dice un comunicado del Centro Militar parafraseando al presidente Vázquez, a raíz de una compra de munición para el Ministerio del Interior que no tuvo en cuenta la opinión del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército.
El debate sobre el déficit de la Caja Militar también enciende el enojo de los generales, que consideran que sus cifras sobre los montos de las jubilaciones militares son las únicas auténticas. Ese criterio le dio derecho al comandante del Ejército, Hugo Manini Ríos, y al general Nelson Pintos, a insultar al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
El incidente, especialmente grave, ocurrió hace exactamente un año, en noviembre de 2016, en el despacho del ministro de Defensa Nacional, al que concurrieron, además del ministro Jorge Menéndez, el comandante Manini Ríos, el comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, el almirante Daniel Núñez, comandante de la Armada, y el general Pintos, por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Ferreri asistían como miembros del gobierno.
Era la segunda reunión para analizar el déficit de la Caja Militar; la primera había ocurrido una semana antes, y registró discrepancias sobre las cifras. Entre una y otra reunión Ferreri concedió una entrevista a Desayunos informales, de Canal 12, en la que reiteró la información contable que maneja el gobierno. A modo de saludo, el general Manini le dijo a Ferreri: “Usted es un mentiroso”. Y el general Pintos le dijo: “Te lo expliqué la semana pasada. No podés ser tan hijo de puta”. Ante la sorpresa de los civiles, sólo Murro atinó a intervenir para bajar la pelota al piso.
El episodio se mantuvo en estricto secreto, aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias (el ministro Menéndez, que dice no haber oído los insultos, ha ordenado estudiar el caso), y no habría tomado estado público si el general Pintos, recientemente retirado, no hubiera acudido a El Observador para exponer el entredicho. Nadie desmintió la versión del general Pintos, un oficial que en 2016 fue indagado por la justicia en un caso de tráfico de influencias en un trámite de importación de armas, y que tuvo por lo menos dos entredichos con el actual ministro: uno, cuando fue desautorizado ante un grupo de senadores porque había afirmado que hacía 45 años que no se invertía en equipos para las Fuerzas Armadas; y otro, cuando fue sancionado por una afirmación en un informe: “los congoleses están para la guerra y para satisfacer a sus mujeres”.
El bajo perfil que el gobierno exhibe frente a estos exabruptos (y de ahí la ostensible intención del general Pintos, a pesar de estar impedido de incursionar en aspectos políticos) como en materia de derechos humanos, revela la delicada situación de una estrategia que evita, en cualquier tema, la confrontación con los militares, lo que inevitablemente los envalentona, debilitando la posición del ministro. Algunas decisiones, como el anuncio de que se instalarán tribunales de honor para los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, tratan de recuperar posiciones y, en todo caso, aparecen como respuestas a los operativos de inteligencia, como el episodio del dron.
A FAVOR DE LA IMPUNIDAD. En este contexto no es casualidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en votación dividida, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que había establecido la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo de Estado, impulsando una nueva marcha atrás que beneficia a la impunidad. Es todo un símbolo, también, que el fallo beneficie en primer lugar al coronel José Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios.
El rechazo que provocó el fallo en diversos ámbitos, políticos y de derechos humanos, fue más allá del hecho puntual de la imprescriptibilidad, cuyo efecto sobre las causas judiciales fue señalado por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecios, Ielsur, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional; es un cuestionamiento de índole más general que responsabiliza directamente al gobierno.
Así, en una entrevista concedida a La Diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló: “El hecho de que la mayoría de la Scj haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso (fue) para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política”. Según Tayler, el encare de la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado requiere coraje y compromiso, “y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo”.
La senadora Constanza Moreira, por su parte, denunció la “complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos”. Y esa complicidad “dice mucho sobre nuestra clase política, y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad”. La senadora calificó a la Scj como un sistema de elite y, además, endogámico, “un brazo político del Estado que no tiene control externo”. Cuestionó la actitud de los gobiernos frenteamplistas que, a pesar de tener mayorías parlamentarias, no las hicieron valer cuando hubo que resolver la designación de los miembros de la Scj, permitiendo que se impusieran, en la negociación por la obtención de mayorías especiales, los criterios de los partidos de la oposición, “que no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido”.
Jaqueado desde distintos frentes, el gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar.
En la noche del domingo 15 de octubre uno de los centinelas de guardia en las instalaciones del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, detectó a tres personas que habían ingresado al cuartel y que estaban operando un dron que sobrevolaba, a baja altura y muy lentamente, diversos sectores del predio donde, casualmente, se retomaron las tareas de excavación en busca de enterramientos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura. El centinela no atinó a disparar contra el dron, que voló la zona por espacio de 20 minutos, ni a detener a los intrusos.
Esa fue al menos la versión que el coronel Juan Santurio aportó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), que impulsa las excavaciones, siguiendo un criterio de coordinación que requiere la comunicación de cualquier novedad. El Batallón número 13 de Infantería (hoy Servicio de Transporte del Ejército), donde fueron ubicados los restos de Fernando Miranda, se sospecha que oculta enterramientos de algunos de los desaparecidos del centro clandestino de reclusión 300 Carlos.
Hace más de un año, otro episodio de características anormales y nunca aclarado –la aparición de una carcasa de granada en la zona de trabajo– impuso la suspensión de las tareas de búsqueda de enterramientos, en la eventualidad de que el campo estuviera “minado”.
Pero el episodio del dron –para el caso de que fuera un “operativo” similar al de la granada– tuvo otra derivación: las autoridades del Gtvj instaron a los mandos del batallón a que realizaran la correspondiente denuncia, para determinar cómo fue posible el ingreso de desconocidos y cómo se explica que no fueran detenidos el dron ni sus operadores. Oficiales del Ejército consultados coincidieron en que “si hay un dron espiando en mi cuartel, lo bajo”. El Gtvj emitió un comunicado en el que califica de acto “intimidatorio y de provocación” el ingreso de las tres personas, episodio que “enrarece el clima de trabajo y pretende generar temor a los equipos actuantes”.
PERFIL BAJO. Las excavaciones, retomadas tras un análisis más fino de los datos y testimonios sobre posibles ubicaciones de tumbas clandestinas, siguieron con el cronograma definido. Si el episodio del dron fue otro intento para que se suspendieran las tareas, el objetivo fracasó. Pero es un elemento que opera en un marco de especial tensión entre el gobierno y los militares, donde la cuestión de los derechos humanos es otra pieza de canje.
De un tiempo a esta parte el lenguaje militar respecto del gobierno y de las autoridades ha ingresado en el destrato y el insulto. Todo es pretexto para la agresión: “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, dice un comunicado del Centro Militar parafraseando al presidente Vázquez, a raíz de una compra de munición para el Ministerio del Interior que no tuvo en cuenta la opinión del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército.
El debate sobre el déficit de la Caja Militar también enciende el enojo de los generales, que consideran que sus cifras sobre los montos de las jubilaciones militares son las únicas auténticas. Ese criterio le dio derecho al comandante del Ejército, Hugo Manini Ríos, y al general Nelson Pintos, a insultar al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
El incidente, especialmente grave, ocurrió hace exactamente un año, en noviembre de 2016, en el despacho del ministro de Defensa Nacional, al que concurrieron, además del ministro Jorge Menéndez, el comandante Manini Ríos, el comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, el almirante Daniel Núñez, comandante de la Armada, y el general Pintos, por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Ferreri asistían como miembros del gobierno.
Era la segunda reunión para analizar el déficit de la Caja Militar; la primera había ocurrido una semana antes, y registró discrepancias sobre las cifras. Entre una y otra reunión Ferreri concedió una entrevista a Desayunos informales, de Canal 12, en la que reiteró la información contable que maneja el gobierno. A modo de saludo, el general Manini le dijo a Ferreri: “Usted es un mentiroso”. Y el general Pintos le dijo: “Te lo expliqué la semana pasada. No podés ser tan hijo de puta”. Ante la sorpresa de los civiles, sólo Murro atinó a intervenir para bajar la pelota al piso.
El episodio se mantuvo en estricto secreto, aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias (el ministro Menéndez, que dice no haber oído los insultos, ha ordenado estudiar el caso), y no habría tomado estado público si el general Pintos, recientemente retirado, no hubiera acudido a El Observador para exponer el entredicho. Nadie desmintió la versión del general Pintos, un oficial que en 2016 fue indagado por la justicia en un caso de tráfico de influencias en un trámite de importación de armas, y que tuvo por lo menos dos entredichos con el actual ministro: uno, cuando fue desautorizado ante un grupo de senadores porque había afirmado que hacía 45 años que no se invertía en equipos para las Fuerzas Armadas; y otro, cuando fue sancionado por una afirmación en un informe: “los congoleses están para la guerra y para satisfacer a sus mujeres”.
El bajo perfil que el gobierno exhibe frente a estos exabruptos (y de ahí la ostensible intención del general Pintos, a pesar de estar impedido de incursionar en aspectos políticos) como en materia de derechos humanos, revela la delicada situación de una estrategia que evita, en cualquier tema, la confrontación con los militares, lo que inevitablemente los envalentona, debilitando la posición del ministro. Algunas decisiones, como el anuncio de que se instalarán tribunales de honor para los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, tratan de recuperar posiciones y, en todo caso, aparecen como respuestas a los operativos de inteligencia, como el episodio del dron.
A FAVOR DE LA IMPUNIDAD. En este contexto no es casualidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en votación dividida, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que había establecido la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo de Estado, impulsando una nueva marcha atrás que beneficia a la impunidad. Es todo un símbolo, también, que el fallo beneficie en primer lugar al coronel José Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios.
El rechazo que provocó el fallo en diversos ámbitos, políticos y de derechos humanos, fue más allá del hecho puntual de la imprescriptibilidad, cuyo efecto sobre las causas judiciales fue señalado por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecios, Ielsur, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional; es un cuestionamiento de índole más general que responsabiliza directamente al gobierno.
Así, en una entrevista concedida a La Diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló: “El hecho de que la mayoría de la Scj haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso (fue) para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política”. Según Tayler, el encare de la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado requiere coraje y compromiso, “y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo”.
La senadora Constanza Moreira, por su parte, denunció la “complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos”. Y esa complicidad “dice mucho sobre nuestra clase política, y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad”. La senadora calificó a la Scj como un sistema de elite y, además, endogámico, “un brazo político del Estado que no tiene control externo”. Cuestionó la actitud de los gobiernos frenteamplistas que, a pesar de tener mayorías parlamentarias, no las hicieron valer cuando hubo que resolver la designación de los miembros de la Scj, permitiendo que se impusieran, en la negociación por la obtención de mayorías especiales, los criterios de los partidos de la oposición, “que no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido”.
Jaqueado desde distintos frentes, el gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar.
Entrevista de Daniel Roselli. Fue la jueza que condenó al ex presidente Juan María Bordaberry. Su nombre es Mariana Mota. Recibió todo tipo de presiones, hubo políticos que fueron a la Suprema Corte a pedir que la sacaran el Poder Judicial, y finalmente fue trasladada a un Juzgado Civil para opacarla, pero es imposible tapar el sol con un dedo.
9 noviembre 2017
Oriunda de la ciudad de Colonia, esta mujer delgada de
53 años de edad ha escrito las historias más trascendentes de los
estrados judiciales uruguayos. De profesión abogada, la hoy ex jueza
Mariana Mota integra desde el mes de agosto el Consejo Directivo de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de
Uruguay.
Se recibió a los 27 años de edad, cuando corría el mes de febrero del año 1991. Ese mismo año se postuló para un cargo en el Poder Judicial y comenzó su carrera en diferentes destinos en el interior de la República hasta llegar a Montevideo.
Recordada por sus fallos contra los principales genocidas de la dictadura uruguaya, la doctora Mariana Mota recibió presiones desde las distintas fuerzas políticas partidarias uruguayas. Por ejemplo, el ex presidente colorado Jorge Batlle y el ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre, fueron directamente a la Suprema Corte de Justicia para que fuera sacada de su cargo.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
En un espacioso y silencioso salón de la Institución Nacional de Derechos Humanos, EL ECO repasó la historia de los hechos más trascendentes que tuvieron como protagonista a la doctora Mariana Mota.
– ¿Cómo se vinculó a las causas de delitos de lesa humanidad?
-Fue particular. Mi primer destino fue en Castillos (Rocha) y una semana antes de que me trasladaran ocurrió el asesinato de Rony Scarcella, que era un ex militante del MLN, un ex preso político y ese caso parece que hubiera signado las posteriores actuaciones. Además fue un crimen que nunca fue aclarado. Yo tenía competencia de urgencia, no tenía la causa y me estaba yendo a otro destino. Recuerdo que fue una situación muy enigmática, porque estaba encapuchado con un tiro en la cabeza. Aún lo recuerdo, porque a una le queda en la memoria cada una de las muertes que ve. Es como un archivo que queda en la cabeza. Y cuando no se aclaran, permanecen con un signo de interrogación al lado.
El periplo de Mariana Mota
Desde allí la doctora Mariana Mota comenzó un periplo por distintos puntos del país: Young, San José, Paysandú, Dolores, luego Ciudad de la Costa y finalmente Montevideo.
En la capital del país le asignaron el Juzgado Penal de 7º Turno, y allí había varias causas sobre hechos ocurridos durante la dictadura, y la única que estaba en trámite en relación a delitos de lesa humanidad era la de Juan María Bordaberry. Después había otras paralizadas o semiparalizadas.
“A la causa de Bordaberry le dimos un poco más de impulso porque estaba bastante lenta y después dimos sentencia (fue en febrero de 2010). Eso generó el impulso por parte de víctimas y familiares de abrir otras causas conexas. Una por tortura, entre otras, cuando Uruguay no se había investigado por tortura hasta ese momento
– ¿De qué año estamos hablando?
-Yo entré en el 2009 y la sentencia de Bordaberry fue en febrero del 2010. A partir de ese momento se abre la causa por tortura y otra sobre la muerte de Ubagesner Cháves Sosa que había sido desaparecido y sus restos fueron ubicados en el 2005. A partir de que la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el 2009, se promueve la inconstitucionalidad de otras dos causas: una era la de los fusilados de Soca* y la otra de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía muerto en el Batallón de Ingeniería Nº 9, cuyo cuerpo después fue trasladado para Rocha. Recuerdo que aún en dictadura la familia pidió una segunda autopsia, y el juez y el fiscal realmente se enfrentan al régimen y le otorgan el derecho. Después pagan por ello, porque el régimen los traslada, los hostiga y son obligados a renunciar al Poder Judicial. Pero es una autopsia que determinó las verdaderas razones de la muerte.
En este caso existía una particularidad: había fotos del cuerpo, donde se veían las heridas. Porque los cadáveres de quienes habían muerto en las prisiones se los entregaban a los familiares a cajón cerrado y con la prohibición de abrirlos. Obviamente con un informe médico sobre la causa de la muerte que no era real.
Entonces, a partir de un pedido de la fiscalía de investigar otras muertes y, cuando se logra trámite mediante que se declare inconstitucional la ley de caducidad para los fusilados de Soca y para el caso de Hugo de los Santos, se abre un abanico enorme de causas. A partir del expediente de Hugo de los Santos se arma un expediente por cada muerte que allí estaba denunciada. Entre ellas estaba la del carmelitano Aldo Perrini. La familia hizo luego la denuncia, pero ya estaba pedida la inconstitucionalidad.
El efecto dominó y la multiplicación de causas
A partir de estas causas, de las sentencias, la doctora Mariana Mota se convierte en una amenaza para los genocidas, pero a la vez es punto de referencia para las víctimas o sus familiares y le comienzan a llover las causas. “Por la sencilla razón de que cuando las personas advierten que un organismo funciona, lo utilizan, como en cualquier ámbito de la vida”, dice con sencillez.
Por ello el Juzgado de Mota termina aglutinando muchas causas de derechos humanos. “Tenía dos juzgados: el normal con los casos cotidianos, de delitos comunes, y el juzgado de las causas de derechos humanos”, cuenta.
– ¿Tenía muchas presiones del sistema político?
– Sí (dice si quiera pasar desapercibida), porque cuando se comienzan a emitir los pronunciamientos judiciales, se avanza en las causas, se convoca a militares y a víctimas y familiares, eso inevitablemente genera un estado público porque importa, importa a la gente, pero ello también genera rechazo de los sectores que no querían que eso se ventilara. ¡Por algo existió la ley de caducidad! No fue porque alguien la trajo de otro mundo. Esos mismos sectores que intentaron que no se investigara, paralizar todo, después trataron de desestabilizar las investigaciones.
-¿De qué forma?
-Con una sucesión de denuncias contra mi trabajo, sobre la forma de cómo trabajaba, qué sacaba… eso estaba dentro de las reglas de juego. Porque claro, hay causas en las que uno no tiene tantas obstáculos procesales, pero en estas sí que había… Y después con la prensa también, porque había medios a los que sí les interesaba informar sobre qué pasaba con las causas de los derechos humanos, pero había otros que estaban en la vereda de enfrente.
-¿Qué decían?
-Se llegó a cuestionar mi forma de proceder, como que yo desconocía cualquier garantía judicial. Fue en la causa del general Calcagno, porque yo lo había procesado por la desaparición forzada de dos uruguayos en Paraguay: Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Así lo entendió también el Tribunal. Pero en ese proceso y en el pasaje del Juzgado al Tribunal, se dijo que yo había violado el principio de inocencia y me dijeron de todo un poco.
-Pero no quedó en eso…
-No, ahí fue el ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005) y el ex vice presidente Gonzalo Aguirre (Partido Nacional, 1990-1995), a plantearle a la Suprema Corte que me sacaran del Poder Judicial. Pero eso no fue un hecho aislado, sino que todas las semanas había un hecho, un comentario, en contra mía. Después se inserta lo de la marcha, el reportaje en Página 12 (Argentina). Lo que pasa es que yo no estaba resolviendo sobre el hurto de la verdulería, sino que era pesado… Pero bueno, la opción era: o miro para el costado, o trabajo. Hice esto último.
-Situaciones como cuando la Suprema Corte la retiró del caso de Aldo Perrini.
-Me sacó el expediente, en una forma totalmente irregular. Y fue el día que yo iba a dictar sentencia.
-En este cúmulo de denuncias y hechos ¿nunca encontró denuncias o hechos que involucraran al doctor Julio Ma. Sanguinetti?
– ¿Contra él?
– Sí.
– No, nunca hubo. Es interesante -dice reflexionando-, se podría investigar qué tanto participó él en lo que supuestamente fue la Operación Zanahoria, si hubo o no remoción de cuerpos, también en lo que fue el ocultamiento de archivos. Había algunas personas que cuestionaban por qué no se ha investigado -porque todavía se puede hacer- la actuación del ex presidente en el avance o detención de las causas sobre los derechos humanos.
– ¿En esos años la justicia uruguaya respondía a un pensamiento filosófico de ocultamiento de la causas de derechos humanos?
-En realidad no era de oposición, sino de desconocimiento, que es más grave aún.
– ¿Cómo de desconocimiento?
-Salvo honrosas excepciones, como el caso de Mirtha Guianze u otros fiscales, que conocían los hechos, que conocían la jurisprudencia internacional, que conocían los procesos que se estaban llevando a cabo en otros países de América, el 90% de los jueces no parecían saber de la existencia de estas cosas y cuando aparecían las denuncias en nuestro juzgado, demostraban un desconocimiento que realmente era preocupante. Desconocimiento sobre cómo abordar a una víctima de terrorismo de Estado, como investigar un hecho, qué normativa se aplica, todo eso tiene una particularidad. Porque no olvidemos que lo normal es que el Estado proteja el derecho de las personas, no que los viole. El Estado tiene el deber de la protección a la víctima.
-¿Por eso su papel se tornó tan trascendente?
-Sí, porque los pocos que trabajamos en esto nos tornamos más visibles y más fácilmente atacables. Si hubiera sido todo el Poder Judicial que hubiera tomado esta situación como una violación a los derechos humanos y hubiera dicho acá hay que aplicar toda esta batería de normativa, todo hubiera sido diferente.
– ¿Quién fue el responsable de esta situación? ¿El Estado como tal o la Suprema Corte de Justicia?
-Es que mientras estuvo la ley de caducidad vigente no se podía investigar absolutamente nada, porque impedía a los jueces investigar estas causas. Tenían que preguntarle al Poder Ejecutivo si podían hacerlo y este decía que no. Entonces mientras esto sucedió no se tramitaba nada, y si no se tramitaba no había cuestionamientos jurídicos. No hubo la necesaria discusión jurídica que deberían hacer los operadores del derecho. Eso no se dio. Sí pasó en otros países, como en la Argentina. Ellos debatieron sobre si eran casos de lesa humanidad, si prescribían o no, la ley de obediencia debida, todo esa discusión se dio antes. Y acá no, no pasó nada…
-Pero si Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre se permitieron ir a hablar a la Suprema Corte, fue porque sabían que era permeable, que tenían llegada.
-Claro, lógico. La visita de estas personas no fue un hecho aislado, fue parte de una cadena de presiones. De esa me enteré porque ellos mismos lo dijeron, sin ningún problema. Después siguieron otros cuestionamientos. En realidad era todo ambiente en el que era difícil definir quién se oponía. Había diferentes sectores y de diferentes lados. Por eso la conclusión es que había un Estado al que no le interesaba resolver esto. Eso era lo más preocupante.
-¿Tuvo pruebas sobre si hubo un pacto entre los militares y el MLN Tupamaros para que las causas de derechos humanos no avanzaran en el gobierno de José Mujica?
– No, no tuve. Pero se habló mucho, de muchos pactos, de muchas cosas…
– Pero concretamente…
-Y los rumores me llegaban. Lo único concreto es que no se avanzó. Eso es objetivamente cierto, después… saber quién es responsable es otra historia. Porque pudo haber un pacto entre militares y MLN, pero las cosas no son aisladas. Y si hubo un pacto entre ellos dos, existe todo el resto de organismos que deberían oponerse a ello o someterse. Y ahí la decisión no es sólo de ese eventual pacto -si realmente existió- sino también de quienes obraron en consecuencia a ello.
-¿Recibió amenazas de muerte personalmente?
-No, no, personalmente no. Fueron genéricas, como aquel video que apareció de encapuchados que amenazaba a jueces y fiscales, que no me generó ninguna inquietud. Son como cíclicos, como que periódicamente aparecen. Luego sucedió el robo en la Facultad de Humanidades, apareció el Comando Barneix, y ahora se violentaron los lugares donde se buscan desaparecidos…
– ¿Son hechos aislados o hoy fuerzas que operan?
– Lo preocupante es que aparecen estos hechos porque no hay una respuesta concreta. Si el Estado y todos sus órganos tuvieran una posición clara y firme de que están interesados en esclarecer las causas de derechos humanos, de encontrar a los desaparecidos y de responsabilizar a quienes cometieron y ampararon estos delitos, creo que no habría duda de la posición del Estado y por lo tanto no cabría aceptar ningún tipo de amenaza, ni tolerarlas. Porque ¿cuánto afectan estas amenazas a las víctimas? ¿Cuánto afectan a las investigaciones? ¿A los testigos? Creo que el mensaje verdadero es atemorizar…
– ¿Qué pude decir del caso de Vladimir Roslik?
– Creo que ahí hubo un problema del propio sistema judicial, que archivó el caso porque dijo que había prescrito, y entonces no se avanzó. Cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que si el Tribunal entendía que había prescrito, amparando lo que había dicho el Juzgado de Primera Instancia, se tendría que haber planteado la casación a la Corte y si ésta mantenía la prescripción, pasar el caso a los organismos internacionales. No se puede aceptar que prescriba un delito de lesa humanidad. Y más en un caso que está totalmente individualizado. Fue al final de la dictadura, todo individualizado, muy conocido. En paralelo, fue como los primeros crímenes antes de la dictadura, cuando se discutía sobre ellos en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Roslik, se sabe todo, cuándo, dónde y quiénes lo hicieron. Todo se sabe, fueron funcionarios públicos. Entonces la gran omisión fue no continuar.
– ¿Por qué cree que es necesario saber qué pasó y cómo en la historia reciente?
-Para que no vuelva ocurrir. Justamente por eso. La justicia no sólo es para sentenciar e investigar, sino que tiene que dar un mensaje claro de que cuando hay una conducta fuera de las reglas, se sanciona. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad es para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué ocurrieron? Puede ser por muchas circunstancias, pero seguramente hubo organismos estatales que no estuvieron lo suficientemente aptos o fuertes para evitar este tipo de vulneración. Entonces el cometido del Estado, en su función de proteger y defender a los derechos humanos, es tener políticas públicas eficientes para evitar que vuelva ocurrir. Lo que se llama garantía de no repetición. Pero para tener garantía de no repetición, tenemos que saber lo que pasó.
Se recibió a los 27 años de edad, cuando corría el mes de febrero del año 1991. Ese mismo año se postuló para un cargo en el Poder Judicial y comenzó su carrera en diferentes destinos en el interior de la República hasta llegar a Montevideo.
Recordada por sus fallos contra los principales genocidas de la dictadura uruguaya, la doctora Mariana Mota recibió presiones desde las distintas fuerzas políticas partidarias uruguayas. Por ejemplo, el ex presidente colorado Jorge Batlle y el ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre, fueron directamente a la Suprema Corte de Justicia para que fuera sacada de su cargo.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
En un espacioso y silencioso salón de la Institución Nacional de Derechos Humanos, EL ECO repasó la historia de los hechos más trascendentes que tuvieron como protagonista a la doctora Mariana Mota.
– ¿Cómo se vinculó a las causas de delitos de lesa humanidad?
-Fue particular. Mi primer destino fue en Castillos (Rocha) y una semana antes de que me trasladaran ocurrió el asesinato de Rony Scarcella, que era un ex militante del MLN, un ex preso político y ese caso parece que hubiera signado las posteriores actuaciones. Además fue un crimen que nunca fue aclarado. Yo tenía competencia de urgencia, no tenía la causa y me estaba yendo a otro destino. Recuerdo que fue una situación muy enigmática, porque estaba encapuchado con un tiro en la cabeza. Aún lo recuerdo, porque a una le queda en la memoria cada una de las muertes que ve. Es como un archivo que queda en la cabeza. Y cuando no se aclaran, permanecen con un signo de interrogación al lado.
El periplo de Mariana Mota
Desde allí la doctora Mariana Mota comenzó un periplo por distintos puntos del país: Young, San José, Paysandú, Dolores, luego Ciudad de la Costa y finalmente Montevideo.
En la capital del país le asignaron el Juzgado Penal de 7º Turno, y allí había varias causas sobre hechos ocurridos durante la dictadura, y la única que estaba en trámite en relación a delitos de lesa humanidad era la de Juan María Bordaberry. Después había otras paralizadas o semiparalizadas.
“A la causa de Bordaberry le dimos un poco más de impulso porque estaba bastante lenta y después dimos sentencia (fue en febrero de 2010). Eso generó el impulso por parte de víctimas y familiares de abrir otras causas conexas. Una por tortura, entre otras, cuando Uruguay no se había investigado por tortura hasta ese momento
– ¿De qué año estamos hablando?
-Yo entré en el 2009 y la sentencia de Bordaberry fue en febrero del 2010. A partir de ese momento se abre la causa por tortura y otra sobre la muerte de Ubagesner Cháves Sosa que había sido desaparecido y sus restos fueron ubicados en el 2005. A partir de que la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el 2009, se promueve la inconstitucionalidad de otras dos causas: una era la de los fusilados de Soca* y la otra de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía muerto en el Batallón de Ingeniería Nº 9, cuyo cuerpo después fue trasladado para Rocha. Recuerdo que aún en dictadura la familia pidió una segunda autopsia, y el juez y el fiscal realmente se enfrentan al régimen y le otorgan el derecho. Después pagan por ello, porque el régimen los traslada, los hostiga y son obligados a renunciar al Poder Judicial. Pero es una autopsia que determinó las verdaderas razones de la muerte.
En este caso existía una particularidad: había fotos del cuerpo, donde se veían las heridas. Porque los cadáveres de quienes habían muerto en las prisiones se los entregaban a los familiares a cajón cerrado y con la prohibición de abrirlos. Obviamente con un informe médico sobre la causa de la muerte que no era real.
Entonces, a partir de un pedido de la fiscalía de investigar otras muertes y, cuando se logra trámite mediante que se declare inconstitucional la ley de caducidad para los fusilados de Soca y para el caso de Hugo de los Santos, se abre un abanico enorme de causas. A partir del expediente de Hugo de los Santos se arma un expediente por cada muerte que allí estaba denunciada. Entre ellas estaba la del carmelitano Aldo Perrini. La familia hizo luego la denuncia, pero ya estaba pedida la inconstitucionalidad.
El efecto dominó y la multiplicación de causas
A partir de estas causas, de las sentencias, la doctora Mariana Mota se convierte en una amenaza para los genocidas, pero a la vez es punto de referencia para las víctimas o sus familiares y le comienzan a llover las causas. “Por la sencilla razón de que cuando las personas advierten que un organismo funciona, lo utilizan, como en cualquier ámbito de la vida”, dice con sencillez.
Por ello el Juzgado de Mota termina aglutinando muchas causas de derechos humanos. “Tenía dos juzgados: el normal con los casos cotidianos, de delitos comunes, y el juzgado de las causas de derechos humanos”, cuenta.
– ¿Tenía muchas presiones del sistema político?
– Sí (dice si quiera pasar desapercibida), porque cuando se comienzan a emitir los pronunciamientos judiciales, se avanza en las causas, se convoca a militares y a víctimas y familiares, eso inevitablemente genera un estado público porque importa, importa a la gente, pero ello también genera rechazo de los sectores que no querían que eso se ventilara. ¡Por algo existió la ley de caducidad! No fue porque alguien la trajo de otro mundo. Esos mismos sectores que intentaron que no se investigara, paralizar todo, después trataron de desestabilizar las investigaciones.
-¿De qué forma?
-Con una sucesión de denuncias contra mi trabajo, sobre la forma de cómo trabajaba, qué sacaba… eso estaba dentro de las reglas de juego. Porque claro, hay causas en las que uno no tiene tantas obstáculos procesales, pero en estas sí que había… Y después con la prensa también, porque había medios a los que sí les interesaba informar sobre qué pasaba con las causas de los derechos humanos, pero había otros que estaban en la vereda de enfrente.
-¿Qué decían?
-Se llegó a cuestionar mi forma de proceder, como que yo desconocía cualquier garantía judicial. Fue en la causa del general Calcagno, porque yo lo había procesado por la desaparición forzada de dos uruguayos en Paraguay: Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Así lo entendió también el Tribunal. Pero en ese proceso y en el pasaje del Juzgado al Tribunal, se dijo que yo había violado el principio de inocencia y me dijeron de todo un poco.
-Pero no quedó en eso…
-No, ahí fue el ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005) y el ex vice presidente Gonzalo Aguirre (Partido Nacional, 1990-1995), a plantearle a la Suprema Corte que me sacaran del Poder Judicial. Pero eso no fue un hecho aislado, sino que todas las semanas había un hecho, un comentario, en contra mía. Después se inserta lo de la marcha, el reportaje en Página 12 (Argentina). Lo que pasa es que yo no estaba resolviendo sobre el hurto de la verdulería, sino que era pesado… Pero bueno, la opción era: o miro para el costado, o trabajo. Hice esto último.
-Situaciones como cuando la Suprema Corte la retiró del caso de Aldo Perrini.
-Me sacó el expediente, en una forma totalmente irregular. Y fue el día que yo iba a dictar sentencia.
-En este cúmulo de denuncias y hechos ¿nunca encontró denuncias o hechos que involucraran al doctor Julio Ma. Sanguinetti?
– ¿Contra él?
– Sí.
– No, nunca hubo. Es interesante -dice reflexionando-, se podría investigar qué tanto participó él en lo que supuestamente fue la Operación Zanahoria, si hubo o no remoción de cuerpos, también en lo que fue el ocultamiento de archivos. Había algunas personas que cuestionaban por qué no se ha investigado -porque todavía se puede hacer- la actuación del ex presidente en el avance o detención de las causas sobre los derechos humanos.
– ¿En esos años la justicia uruguaya respondía a un pensamiento filosófico de ocultamiento de la causas de derechos humanos?
-En realidad no era de oposición, sino de desconocimiento, que es más grave aún.
– ¿Cómo de desconocimiento?
-Salvo honrosas excepciones, como el caso de Mirtha Guianze u otros fiscales, que conocían los hechos, que conocían la jurisprudencia internacional, que conocían los procesos que se estaban llevando a cabo en otros países de América, el 90% de los jueces no parecían saber de la existencia de estas cosas y cuando aparecían las denuncias en nuestro juzgado, demostraban un desconocimiento que realmente era preocupante. Desconocimiento sobre cómo abordar a una víctima de terrorismo de Estado, como investigar un hecho, qué normativa se aplica, todo eso tiene una particularidad. Porque no olvidemos que lo normal es que el Estado proteja el derecho de las personas, no que los viole. El Estado tiene el deber de la protección a la víctima.
-¿Por eso su papel se tornó tan trascendente?
-Sí, porque los pocos que trabajamos en esto nos tornamos más visibles y más fácilmente atacables. Si hubiera sido todo el Poder Judicial que hubiera tomado esta situación como una violación a los derechos humanos y hubiera dicho acá hay que aplicar toda esta batería de normativa, todo hubiera sido diferente.
– ¿Quién fue el responsable de esta situación? ¿El Estado como tal o la Suprema Corte de Justicia?
-Es que mientras estuvo la ley de caducidad vigente no se podía investigar absolutamente nada, porque impedía a los jueces investigar estas causas. Tenían que preguntarle al Poder Ejecutivo si podían hacerlo y este decía que no. Entonces mientras esto sucedió no se tramitaba nada, y si no se tramitaba no había cuestionamientos jurídicos. No hubo la necesaria discusión jurídica que deberían hacer los operadores del derecho. Eso no se dio. Sí pasó en otros países, como en la Argentina. Ellos debatieron sobre si eran casos de lesa humanidad, si prescribían o no, la ley de obediencia debida, todo esa discusión se dio antes. Y acá no, no pasó nada…
-Pero si Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre se permitieron ir a hablar a la Suprema Corte, fue porque sabían que era permeable, que tenían llegada.
-Claro, lógico. La visita de estas personas no fue un hecho aislado, fue parte de una cadena de presiones. De esa me enteré porque ellos mismos lo dijeron, sin ningún problema. Después siguieron otros cuestionamientos. En realidad era todo ambiente en el que era difícil definir quién se oponía. Había diferentes sectores y de diferentes lados. Por eso la conclusión es que había un Estado al que no le interesaba resolver esto. Eso era lo más preocupante.
-¿Tuvo pruebas sobre si hubo un pacto entre los militares y el MLN Tupamaros para que las causas de derechos humanos no avanzaran en el gobierno de José Mujica?
– No, no tuve. Pero se habló mucho, de muchos pactos, de muchas cosas…
– Pero concretamente…
-Y los rumores me llegaban. Lo único concreto es que no se avanzó. Eso es objetivamente cierto, después… saber quién es responsable es otra historia. Porque pudo haber un pacto entre militares y MLN, pero las cosas no son aisladas. Y si hubo un pacto entre ellos dos, existe todo el resto de organismos que deberían oponerse a ello o someterse. Y ahí la decisión no es sólo de ese eventual pacto -si realmente existió- sino también de quienes obraron en consecuencia a ello.
-¿Recibió amenazas de muerte personalmente?
-No, no, personalmente no. Fueron genéricas, como aquel video que apareció de encapuchados que amenazaba a jueces y fiscales, que no me generó ninguna inquietud. Son como cíclicos, como que periódicamente aparecen. Luego sucedió el robo en la Facultad de Humanidades, apareció el Comando Barneix, y ahora se violentaron los lugares donde se buscan desaparecidos…
– ¿Son hechos aislados o hoy fuerzas que operan?
– Lo preocupante es que aparecen estos hechos porque no hay una respuesta concreta. Si el Estado y todos sus órganos tuvieran una posición clara y firme de que están interesados en esclarecer las causas de derechos humanos, de encontrar a los desaparecidos y de responsabilizar a quienes cometieron y ampararon estos delitos, creo que no habría duda de la posición del Estado y por lo tanto no cabría aceptar ningún tipo de amenaza, ni tolerarlas. Porque ¿cuánto afectan estas amenazas a las víctimas? ¿Cuánto afectan a las investigaciones? ¿A los testigos? Creo que el mensaje verdadero es atemorizar…
– ¿Qué pude decir del caso de Vladimir Roslik?
– Creo que ahí hubo un problema del propio sistema judicial, que archivó el caso porque dijo que había prescrito, y entonces no se avanzó. Cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que si el Tribunal entendía que había prescrito, amparando lo que había dicho el Juzgado de Primera Instancia, se tendría que haber planteado la casación a la Corte y si ésta mantenía la prescripción, pasar el caso a los organismos internacionales. No se puede aceptar que prescriba un delito de lesa humanidad. Y más en un caso que está totalmente individualizado. Fue al final de la dictadura, todo individualizado, muy conocido. En paralelo, fue como los primeros crímenes antes de la dictadura, cuando se discutía sobre ellos en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Roslik, se sabe todo, cuándo, dónde y quiénes lo hicieron. Todo se sabe, fueron funcionarios públicos. Entonces la gran omisión fue no continuar.
– ¿Por qué cree que es necesario saber qué pasó y cómo en la historia reciente?
-Para que no vuelva ocurrir. Justamente por eso. La justicia no sólo es para sentenciar e investigar, sino que tiene que dar un mensaje claro de que cuando hay una conducta fuera de las reglas, se sanciona. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad es para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué ocurrieron? Puede ser por muchas circunstancias, pero seguramente hubo organismos estatales que no estuvieron lo suficientemente aptos o fuertes para evitar este tipo de vulneración. Entonces el cometido del Estado, en su función de proteger y defender a los derechos humanos, es tener políticas públicas eficientes para evitar que vuelva ocurrir. Lo que se llama garantía de no repetición. Pero para tener garantía de no repetición, tenemos que saber lo que pasó.
La Dra. Mariana Mota como principal de la Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió con el municipio de Carmelo y luego dio una charla en el Club Unión
La falta de colaboración del Estado en las investigaciones de las causas de violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar, y la necesidad de continuar las investigaciones para contemplar el derecho de las víctimas a saber lo que pasó, en las causas penales donde fallecen los imputados, fueron dos de los numerosos planteos que recibieron anoche en Carmelo los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Invitados por la comisión local de Memoria, la Doctora Mariana Mota encabezó la delegación que explicó la tarea de la institución y habló sobre la responsabilidad del estado en el conocimiento de la verdad histórica.
El estado uruguayo no colabora en la investigación de las causas de lesa humanidad que se tramitan en la justicia como consecuencia del terrorismo de Estado vivido durante la pasada dictadura cívico militar. Así lo señaló este miércoles en Carmelo la titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos Dra. Mariana Mota, en el marco de una disertación que en conjunto con integrantes de la Institución realizaron en esta ciudad. Mota señaló que no hay un compromiso del poder legislativo y del poder Ejecutivo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos.
Ante una consulta del público sobre la colaboración del poder ejecutivo de la época con el entonces general Pedro Barneix, imputado en la causa sobre la muerte del Aldo Perrini en 1974, la Dra. Mota señalo que no le constaba apoyo del Poder Ejecutivo a Barneix pero si explicó que el Estado nunca colaboró con la investigación de ninguna de las causas vinculadas al terrorismo de Estado “el Estado debería mirase a si mismo y reconocer su accionar terrorista” señaló “yo no puedo decir que el Poder Ejecutivo decir que amparó a Barneix en el tiempo que trabajé con la causa, no puedo decirlo. Lo que si puedo decir es que el Estado no colaboró en lo que es la investigación, no solo de la causa sino en todas las causas. En realidad la responsabilidad no es únicamente del Poder Judicial que no avanza sino en que no hay un compromiso del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en la investigación de este tema que nos compete a todos. Este es un tema que es del Estado, que el Estado se volvió contra sus habitantes cuando en realidad debió protegerlos, entonces el Estado debería mirarse a si mismo recocer su accionar terrorista, y hacer el camino contrario y ayudar a recuperar eso. Y para hacer eso tiene que reconocerlo y cambiar. Cambiar conducta no es derivandoselo al poder judicial como si fuera un tema exclusivamente jurídico. En ese sentido puedo acompañar que el poder ejecutivo no ha hecho y colaborado lo suficiente en poner garantía a las víctimas e acompañar alas víctimas. Es muy dificultad recordar las cosas para volver a decirlas no ha ayudado en la búsqueda de archivos las pruebas las tienen que seguir buscando los familiares y los denunciantes. Las cuestiones reparatorias también hay un debe, el estado repara algunas víctimas y otras no. no hay una verdadera reaccionaron integral” señalo.
La titular de la Institución nacional de Derechos humanos se refirió al abanico de derechos que incluye el trabajo de la comisión y habló de la poca disposición que hay de los juzgados de que esas causas avancen y reclamó el derecho a las víctimas a saber la verdad más allá de los casos de la muerte de los imputados
La situacional es conocida, dijo “hay como una seguidilla de planteos de recursos por parte de los indagados que paralizan el avance de las causas, creo que no es solamente eso sino la poca disposición que hay de los juzgados de que esas causas avancen. No se les da prioridad y cuando se tramitan esos recursos se enlentecen y no se tramitan de forma rápida como deberían, señaló Mota “yo que vengo del Poder Judicial es costumbre que cuando hay posición tomada de la jurisprudencia en un tema, los casos como que cuesta que el organismo tome oposición pero después la reiteración de esa casuística se resuelve más rápido. Si vamos a decir lo mismo no nos vamos a tomar meses para pensarlo. Esto que parece saludable lo ha hecho la Corte con otros casos, con otras situaciones, concretamente en lo que son recursos de inconstitucionalidad”.
Pero paradójicamente en esto se toman todo el tiempo, “se toman meses y terminan resolviendo igual que los restantes casos. Entonces el proceso enlentece las causas porque hay que esperar meses.
Eso agota tiempo, los testigos son mayores y las víctimas. Cuando se muere el indagado la causa judicial se cierra porgue no hay posibilidad de establecer una sanción entonces pierde sentido el juicio penal y se cierra la causa. La víctima queda sin saber que es lo que pasó y ahí hay una falta del Estado porque si bien a los efectos de la justicia penal eso tiene sentido, no tiene sentido para las víctimas que han demorado tanto en esperar una respuesta a lo que ha pasado. En estas causas que han sido tan demoradas”.
Entonces, “tenemos además una situación de una mala interpretación una falta de consideración en los progresos de jurisprudencia de otros países de entender que son delitos de les humanidad. Acta todavía discutimos si son delitos de lesa humanidad. En Argentina eso no se discute y en Chile llegas a decir que no es un delito de lesa humanidad te tiran por la ventana porque hasta los propios militares lo aceptan y no lo discuten. Entones acá el poder judicial salvo algunas sentencias aisladas, en general lo niegan, plantean que son delitos comunes entonces prescriben entonces se corta la posibilidad de investigar. Es grave porque no hay otra instancia posterior a la corte, hay que ir a un juicio internacional y eso demora mucho tiempo”.
Acompañada por la docente Manuela Abrahan y el Sociólogo Alvaro Colistro, la Dra. Mariana Mota participó de una invitación de la Comisión de la Memoria Carmelo por los Derechos Humanos, que se realizó anoche en el club unión de esta ciudad ante una numerosa concurrencia.
DRA. MARIANA MOTA TODO MUY LINDO, PERO QUE PASO CON RONY SCARZELLA....
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