http://audios.espectador.com/2017/11/07/20171107chediak.mp3
El magistrado fue entrevistado por Suena Tremendo
para hablar sobre su visión a propósito de cómo viene implementándose el
nuevo Código del Proceso Penal que empezó a regir la semana pasada. Al
respecto sostuvo que la “evaluación en los primeros 6 días es
absolutamente satisfactoria” y que “están tranquilos”. “Hay que darle
tiempo a la reforma, hay que darle tiempo a los operadores a adquirir
kilometraje, adquirir experiencia concreta todos los días a los efectos
de que la ciudadanía pueda apreciar las enormes ventajas que tiene”,
agregó.
Chediak también fue consultado a propósito de las críticas que recibió la corporación por declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que impiden computar plazo alguno de los delitos por terrorismo de Estado. La decisión de la SCJ generó, entre otros cuestionamientos, los de la senadora frenteamplista Constanza Moreira y Amnistía Internacional. La organización opinó que los crímenes cometidos en Uruguay en el período del gobierno militar deberían ser imprescriptibles ‘cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido’, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte.
El ministro de la Suprema Corte dijo que “a todos nos gustaría que la impunidad fuera cero. La tasa de resolución de delitos es de un dígito. No llegamos, salvo en los homicidios, a resolver el 10% de los delitos. En ninguna justicia de transición que yo conozca se puede llegar a hacer una justicia total, de la misma manera que no lo podemos hacer con los delitos de hoy”, agregó.
Por último, Chediak opinó que “en las estadísticas yo no conozco ningún país que tenga mejores números que Uruguay. En relación a los lamentables hechos de violación de los derechos humanos que acaecieron durante la dictadura, (el país) tiene los mejores números de procesamiento y condena a los responsables. No hemos condenado a responsables de cuarta o quinta magnitud, hemos condenados a expresidentes de la República, ministros, generales. Y cuando digo ‘hemos’, como dice Pérez Reverte: ‘hablar se dice fácil’; nosotros hemos puesto la firma en los recursos de tasación en esas condenas. En la mayoría de las condenas hemos puesto personalmente la firma y, a mucho orgullo, no hay países que hayan tenido números tan importantes de éxito en la persecución de los autores de esos deleznables delitos como el Uruguay. El país en vez de arrodillarse y pedir disculpas, debería estar orgulloso del éxito relativo que ha tenido en la persecución y el castigo de estos delitos”.
Chediak también fue consultado a propósito de las críticas que recibió la corporación por declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que impiden computar plazo alguno de los delitos por terrorismo de Estado. La decisión de la SCJ generó, entre otros cuestionamientos, los de la senadora frenteamplista Constanza Moreira y Amnistía Internacional. La organización opinó que los crímenes cometidos en Uruguay en el período del gobierno militar deberían ser imprescriptibles ‘cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido’, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte.
El ministro de la Suprema Corte dijo que “a todos nos gustaría que la impunidad fuera cero. La tasa de resolución de delitos es de un dígito. No llegamos, salvo en los homicidios, a resolver el 10% de los delitos. En ninguna justicia de transición que yo conozca se puede llegar a hacer una justicia total, de la misma manera que no lo podemos hacer con los delitos de hoy”, agregó.
Por último, Chediak opinó que “en las estadísticas yo no conozco ningún país que tenga mejores números que Uruguay. En relación a los lamentables hechos de violación de los derechos humanos que acaecieron durante la dictadura, (el país) tiene los mejores números de procesamiento y condena a los responsables. No hemos condenado a responsables de cuarta o quinta magnitud, hemos condenados a expresidentes de la República, ministros, generales. Y cuando digo ‘hemos’, como dice Pérez Reverte: ‘hablar se dice fácil’; nosotros hemos puesto la firma en los recursos de tasación en esas condenas. En la mayoría de las condenas hemos puesto personalmente la firma y, a mucho orgullo, no hay países que hayan tenido números tan importantes de éxito en la persecución de los autores de esos deleznables delitos como el Uruguay. El país en vez de arrodillarse y pedir disculpas, debería estar orgulloso del éxito relativo que ha tenido en la persecución y el castigo de estos delitos”.
Observatorio Luz Ibarburu evalúa nuevas acciones
Advierte “inacción” en las causas de DDHH
Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, adelantó que promoverán nuevas iniciativas para contrarrestar la inacción que, consideran, hay en las causas de derechos humanos. “Vamos a promover iniciativas para salir de la situación”, dijo en De diez a doce.
Se requiere voluntad política, dijo y aseguró que hay acciones jurídicas que se pueden desarrollar todavía. Aunque no descartan volver a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese camino no se presenta como el más adecuado ahora, cuando existe una “batalla contra el tiempo”, dijo. “Estamos en una batalla contra el tiempo y los caminos deben ser de acuerdo a esa situación”.
Escuchar la entrevista
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noviembre 3 2017
En un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que Amnistía Internacional ha podido analizar, ese Alto Tribunal ha reiterado que “los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad”. En dicho pronunciamiento, el Tribunal ha hecho lugar a un recurso contra dos artículos de la Ley 18.831, que impiden computar plazo alguno de prescripción para los llamados “delitos de terrorismo de estado” entre 1986 y 2011. Con ello la Suprema Corte de Justicia ha puesto prácticamente fin a la acción judicial entablada por una víctima de tortura y otros delitos, consagrando así la impunidad.
Amnistía Internacional reitera que los crímenes cometidos en Uruguay en el período del gobierno militar son imprescriptibles “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha refrendado esta postura en el caso Gelman contra Uruguay, sosteniendo la imprescriptibilidad de las “graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades estatales del Uruguay que, tal como lo determina la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado.
Comunicado de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su visita a Uruguay
“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, destacando la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.
El Alto Comisionado señaló que los esfuerzos de Uruguay para mejorar su situación general son reconocidos a nivel nacional e internacional. “Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, dijo.
“Para hacerlo, Uruguay debe garantizar que las estrategias para responder a sus desafíos más apremiantes se basen firmemente en los derechos humanos, lo que también significa que el gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, deben defender e implementar las obligaciones del país bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.
Durante sus reuniones con autoridades uruguayas y representantes de la sociedad civil, el Alto Comisionado expresó preocupación ante graves problemas de derechos humanos, tales como las denuncias sobre condiciones “deplorables e inhumanas” en muchos centros de detención. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, dijo.
El Alto Comisionado reconoció los pasos que ha dado Uruguay desde 2010 para mejorar las condiciones en sus cárceles, incluyendo a través del Comisionado Parlamentario Penitenciario. También celebró la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y expresó su esperanza de que esta nueva regulación ayude a aliviar el sobrecargado sistema penitenciario del país.
Sin embargo, a Zeid le alarmó la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, en particular la excesiva duración de la detención preventiva. Pidió a Uruguay garantizar que los jóvenes infractores sean protegidos de la violencia y la discriminación, y que puedan tener oportunidades reales de reinserción social. “En un país que envejece rápidamente como Uruguay, la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”, dijo.
Zeid también pidió a Uruguay hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen adecuadamente. “Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó.
El Alto Comisionado señaló asimismo que ” son preocupantes las persistentemente altas tasas de asesinatos de mujeres por motivos de género, cometidos en muchos casos por sus parejas o ex parejas, al igual que las dificultades que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia”. Zeid también urgió al gobierno a eliminar todas las restricciones y barreras a los servicios de salud reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto seguro, que fueron despenalizados en 2012, y la atención postaborto.
Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente Tabaré Vázquez y varios ministerios del gobierno, incluyendo la ministra de Desarrollo Social. Zeid saludó medidas recientes como un nuevo sistema nacional integrado de asistencia, la promoción de proyectos de ley como uno sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y la recientemente adoptada ley sobre salud mental.
Sin embargo, se mostró perturbado ante problemas como los altos índices de deserción en el sistema educativo, así como la persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad.
“Las autoridades deben abrazar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que significa no dejar a nadie atrás”, comentó el Alto Comisionado. “Con esto, el país será capaz de afrontar sus mayores desafíos de una manera inclusiva, haciendo que su situación de derechos humanos sea coherente con los estándares de vida de un país moderno como lo es Uruguay”, agregó.
El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno por abordar la impunidad ante crímenes del pasado cometidos durante la dictadura militar ocurrida en el país del 1973 al 1985, pero subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo.
Zeid también instó a las autoridades a investigar amenazas de muerte recibidas por funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en el procesamiento de casos penales vinculados a graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
El Alto Comisionado reconoció el firme apoyo de Uruguay a los derechos humanos en la escena internacional, incluyendo su trabajo como miembro electo del Consejo de Seguridad sobre paz y seguridad y su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido el principal patrocinador de resoluciones sobre diversos temas.
“Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir para otros países. Con las considerables fortalezas de Uruguay, y teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos, estoy convencido de que el país es capaz de superar sus desafíos de derechos humanos más acuciantes, para el beneficio de las personas”, dijo, agregando que su Oficina –incluyendo por medio de su Oficina Regional para América del Sur- está a disposición para apoyar en esta tarea.
Durante su visita, Zeid también participó en el 165° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, donde lanzó un plan de acción conjunto con la CIDH para la contribuir a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. También se reunió con representantes de la sociedad civil de todo el continente.
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