Taller de investigación criminal para fiscales e investigadores de Uruguay ofrecido por la embajada americana
3 de octubre de 2018 |
Escribe:
Natalia Uval Foto:
Federico Gutiérrez
Opinó que falla la articulación entre políticas de prevención y de control del delito.
Pese a las críticas y a los anuncios previos de “catástrofes”,
la evaluación del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal
(CPP) que hace la Fiscalía General de la Nación es “altamente positiva”.
Su titular, Jorge Díaz, considera que para mejorar la seguridad se
deben atacar las “causas” del delito y, principalmente, el factor
cultural.
La
semana pasada se anunció la creación de una nueva Fiscalía de
Homicidios. ¿Hay una sobrecarga de trabajo? ¿Cuál es el diagnóstico?
Lo que tenemos ahora, que no teníamos antes, es información. Más
información y de mejor calidad. Hoy podemos saber, en cada jurisdicción
territorial donde trabaja una fiscalía, qué volumen de denuncias hay,
por qué delitos, qué casos están siendo trabajados y cuáles se
archivaron. ¿Qué nos permite eso? Antes, la distribución de los recursos
humanos y materiales en el territorio se hacía sobre la base de una
información de menor calidad y, muchas veces, intuitivamente. Ahora, esa
asignación de recursos se hace en base a un buen nivel de información.
Por ejemplo, en Montevideo los delitos sexuales o de género eran una
especie de limbo. Y la realidad es que desde el 1° de noviembre hasta
ahora nos encontramos con una realidad que nos superó. Si hay un lugar
donde tenemos dificultades, es ahí, por el volumen de casos y por la
complejidad. De dos fiscalías de delitos sexuales y de género que
tenemos hoy en Montevideo, vamos a tener cinco; además, vamos a crear
una segunda fiscalía de Homicidios, una segunda de Delitos Económicos, y
una segunda de Drogas. Las fiscalías especializadas son las que están
más cargadas de temas, por eso necesitamos reforzarlas. Después, en el
interior, vamos a crear una tercera fiscalía en Ciudad de la Costa,
porque el volumen de asuntos de esa zona es altísimo. Estamos
convencidos de que sobre esa base vamos a obtener mejores resultados. El
balance [de la aplicación del nuevo CPP] para nosotros es altamente
positivo. Sólo con el sistema nuevo, la cantidad de formalizaciones
supera el promedio de procesamientos de enero-octubre del año pasado.
Fuimos revirtiendo un comienzo dificultoso, en el que había anuncios de
catástrofes y fracasos; pero en poco tiempo, los resultados son mejores
en este sistema que en el anterior, a 11 meses de funcionamiento.
97% de los procesos con el nuevo código se hizo por juicio abreviado. ¿Esto es un motivo de preocupación?
En principio, el hecho de que a la sentencia se llegue mediante un
juicio oral o mediante un proceso abreviado no nos preocupa. Lo que nos
preocupa es que no exista impunidad. Lo que tendremos que ver luego es
qué casos se resuelven en juicio oral y qué casos se resuelven en
abreviado. Si se resuelven todos los casos más graves por abreviado
tendremos un problema, porque la idea es que los juicios orales se
reserven para casos de delitos más graves.
Nosotros tenemos la óptica en el horizonte, no nos medimos por
tiempos políticos. La fiscalía es una institución cuyo jerarca se
mantiene diez años en el ejercicio de su función; yo empecé en abril de
2012 y termino en abril de 2022. No estamos urgidos por ciclos
electorales o políticos, sino que más bien es un ciclo institucional.
Una reforma de esta magnitud, evidentemente, uno no la puede medir a los
tres meses y sacar conclusiones en base a muestras estadísticas muy
chicas, donde además notoriamente inciden muchos otros factores. A
nosotros siempre nos pareció apresurado hacer una lectura única, lineal y
de inmediato sacar una conclusión. Tenemos que entender que la
seguridad y la cantidad de delitos no depende solamente de la eficacia
policial y de la labor de la Justicia. La seguridad es un fenómeno mucho
más complejo. En una política pública de seguridad hay dos acciones
básicas: una de prevención y otra de control. Las dos tienen que
funcionar en conjunto. Si ponés todo el énfasis en el control y no
atacás la prevención, la usina generadora de delitos sigue funcionando,
entonces nunca te van a alcanzar los recursos.
¿Qué fue lo que falló en materia de prevención?
95% de las personas que ingresan al sistema carcelario no terminó el
ciclo básico. Ahí está la madre del problema. La inmensa mayoría de las
personas privadas de libertad son jóvenes, analfabetos funcionales,
adictos y pobres. Lo que creo que no se ha dado nunca es una
articulación de las políticas de prevención y control, que involucre
todos los aspectos. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en “seguridad =
policía” y “prevención = patrullaje”. El patrullaje forma parte de la
prevención del delito, pero es una mínima parte; la parte más importante
está en atacar las causas del delito, que no solamente están en la
pobreza y en la miseria, porque quedó claramente demostrado que se
redujo la pobreza y, sin embargo, los delitos siguieron aumentando. Ese
discurso cayó por su propio peso. Pero, evidentemente, allí hay un
problema, y es el factor cultural. Cuando yo era chico, robar estaba mal
visto por todo el mundo. Hoy, en determinados sectores de la población,
robar no está mal. Porque vivimos en una sociedad en la que se cultiva
el éxito fácil, en una sociedad exitista, y en una sociedad consumista
el éxito está asociado a la disponibilidad de bienes económicos. La
única posibilidad de obtener éxito fácil esa gente es mediante el
delito; eso no lo vas a cambiar si no cambiás la matriz cultural. ¿Quién
es el más exitoso en esos sectores? El narco. Entonces, el narco se
transforma en una especie de ídolo. La cultura del narco en ciertos
segmentos de la sociedad ha permeado fuertemente. Ahí hay un trabajo que
hay que hacer a largo plazo, en el que tiene que estar involucrada la
escuela primaria. Tenemos una gran ventaja en el país: el Estado está
presente en todo el territorio; no ocurre como en otros países de
América Latina, donde hay sectores en los que el Estado no está, y ahí
el narco florece. Pero entonces, en primer lugar, no nos podemos ir. En
segundo lugar, tenemos que mejorar la calidad de la presencia. Hay que
atacar la causa, porque si sólo atacamos el control... Lo que pasa es
que vivimos en una sociedad enferma de control. Queremos controlar todo,
y creemos que podemos controlar todo. Y ese es el principal error.
Especializadas
Eso, desde el punto de vista jurídico, es un disparate, porque el
delito existe desde la promulgación de la ley. Podrá haber luego una
interpretación en un caso o en otro, si efectivamente se configura un
delito u otro. Esa es una discusión jurídica que tendremos que ver caso a
caso; puede haber un error, una diferencia de criterios, una
interpretación del tipo penal distinta. Pero decir que los delitos que
la ley de género establece no están vigentes es un absurdo. No se puede
poner excusas para no hacer valer los derechos.
¿Qué evaluación hacen de la implementación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos?
Hacemos una evaluación muy positiva. Desde el punto de vista
institucional, por primera vez dimos en la tecla en el cómo. Nunca
habíamos logrado el objetivo de tener una misma dirección de todas las
causas, un relacionamiento de las pruebas, una única estrategia desde el
punto de vista del Estado en la investigación. Ahora sí lo estamos
logrando, en muy poco tiempo.
Esas causas se tramitan por el Código del Proceso Penal antiguo, que
lamentablemente es escritural, lento, reservado, opaco. Todo eso
habilita la oposición de chicanas por parte de la defensa. Ahora, con el
nuevo código, como consecuencia de una audiencia de formalización que
se hizo en San Carlos por una persona acusada de narcotráfico, se
planteó la inconstitucionalidad y se suspendió el proceso, pasaron los
antecedentes a la Suprema Corte de Justicia [SCJ], y se armó
prácticamente una conmoción pública porque la persona acusada quedó en
libertad y no se le aplicaron medidas cautelares. Bueno, eso es lo que
viene pasando en las causas de derechos humanos hace 20 años, y no
generó conmoción ni nada por el estilo. Hay una posición de la SCJ que
establece que cuando se solicita una medida cautelar al inicio del
proceso, debería disponerse la cautelar sin perjuicio de tramitar la
inconstitucionalidad. Eso debería aplicarse a estas causas también. El
día que se disponga una cautelar, se dejará de interponer chicanas.
En
el tema del lavado de activos también hay lentitud en la tramitación de
causas que van por el código antiguo. En Argentina y Brasil se dice
incluso públicamente que en Uruguay es muy fácil lavar activos. A su
juicio, ¿cómo se está desempeñando la Justicia en esta área?
Las causas viejas vienen lento. Por el nuevo código, la mayor parte
de las denuncias que han ingresado se han resuelto rápidamente. Por
ejemplo, tenemos el caso de Marcelo Balcedo, en el que en estos días
probablemente se presente la acusación y se vaya a juicio oral. En los
casos viejos, la responsabilidad de la investigación la tiene el juez, y
sí, nosotros notamos que hay cierta burocratización de las
investigaciones en esos temas. Creo que Uruguay tuvo esa fama de lavar
dinero en el pasado en forma justificada. Era un modelo de país que con
la crisis de 2002 cayó: el sueño de la plaza financiera. Luego hubo una
política de combate al lavado de activos, se cambió la legislación y se
fueron mejorando los instrumentos. Pero también es verdad que tuvimos
hasta hace muy poco instrumentos jurídicos que seguían vigentes, como la
banca offshore. Creo que el país cambió radicalmente, lo que
no significa que haya sectores, sobre todo el no financiero, en el que
los controles son mucho más laxos. Pero los que nos cuestionan a
nosotros porque no tenemos causas por lavado son países que no tienen
causas por lavado, como Argentina y Brasil. Siendo un país mucho más
chico, tenemos muchas más causas por lavado nosotros que ellos. Hay un
asunto que el país tiene que encarar: los partidos políticos son sujetos
obligados a reportar operaciones sospechosas, y todavía no hay una real
dimensión de la magnitud de ese tema. Va a ser necesario saber de dónde
provienen todos los fondos que financian los partidos. Si uno mira la
región, ve que los principales casos de corrupción están asociados a la
financiación de los partidos.
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