Pese a las críticas y a los anuncios previos de “catástrofes”, la evaluación del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que hace la Fiscalía General de la Nación es “altamente positiva”. Su titular, Jorge Díaz, considera que para mejorar la seguridad se deben atacar las “causas” del delito y, principalmente, el factor cultural.

La semana pasada se anunció la creación de una nueva Fiscalía de Homicidios. ¿Hay una sobrecarga de trabajo? ¿Cuál es el diagnóstico?

Lo que tenemos ahora, que no teníamos antes, es información. Más información y de mejor calidad. Hoy podemos saber, en cada jurisdicción territorial donde trabaja una fiscalía, qué volumen de denuncias hay, por qué delitos, qué casos están siendo trabajados y cuáles se archivaron. ¿Qué nos permite eso? Antes, la distribución de los recursos humanos y materiales en el territorio se hacía sobre la base de una información de menor calidad y, muchas veces, intuitivamente. Ahora, esa asignación de recursos se hace en base a un buen nivel de información. Por ejemplo, en Montevideo los delitos sexuales o de género eran una especie de limbo. Y la realidad es que desde el 1° de noviembre hasta ahora nos encontramos con una realidad que nos superó. Si hay un lugar donde tenemos dificultades, es ahí, por el volumen de casos y por la complejidad. De dos fiscalías de delitos sexuales y de género que tenemos hoy en Montevideo, vamos a tener cinco; además, vamos a crear una segunda fiscalía de Homicidios, una segunda de Delitos Económicos, y una segunda de Drogas. Las fiscalías especializadas son las que están más cargadas de temas, por eso necesitamos reforzarlas. Después, en el interior, vamos a crear una tercera fiscalía en Ciudad de la Costa, porque el volumen de asuntos de esa zona es altísimo. Estamos convencidos de que sobre esa base vamos a obtener mejores resultados. El balance [de la aplicación del nuevo CPP] para nosotros es altamente positivo. Sólo con el sistema nuevo, la cantidad de formalizaciones supera el promedio de procesamientos de enero-octubre del año pasado. Fuimos revirtiendo un comienzo dificultoso, en el que había anuncios de catástrofes y fracasos; pero en poco tiempo, los resultados son mejores en este sistema que en el anterior, a 11 meses de funcionamiento.

97% de los procesos con el nuevo código se hizo por juicio abreviado. ¿Esto es un motivo de preocupación?

En principio, el hecho de que a la sentencia se llegue mediante un juicio oral o mediante un proceso abreviado no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no exista impunidad. Lo que tendremos que ver luego es qué casos se resuelven en juicio oral y qué casos se resuelven en abreviado. Si se resuelven todos los casos más graves por abreviado tendremos un problema, porque la idea es que los juicios orales se reserven para casos de delitos más graves.

El Ministerio del Interior evaluó en su momento que el incremento de los delitos se debió a la aplicación del nuevo CPP, y usted expresó discrepancias. ¿Qué balance hace ahora, con más información a la vista?

Nosotros tenemos la óptica en el horizonte, no nos medimos por tiempos políticos. La fiscalía es una institución cuyo jerarca se mantiene diez años en el ejercicio de su función; yo empecé en abril de 2012 y termino en abril de 2022. No estamos urgidos por ciclos electorales o políticos, sino que más bien es un ciclo institucional. Una reforma de esta magnitud, evidentemente, uno no la puede medir a los tres meses y sacar conclusiones en base a muestras estadísticas muy chicas, donde además notoriamente inciden muchos otros factores. A nosotros siempre nos pareció apresurado hacer una lectura única, lineal y de inmediato sacar una conclusión. Tenemos que entender que la seguridad y la cantidad de delitos no depende solamente de la eficacia policial y de la labor de la Justicia. La seguridad es un fenómeno mucho más complejo. En una política pública de seguridad hay dos acciones básicas: una de prevención y otra de control. Las dos tienen que funcionar en conjunto. Si ponés todo el énfasis en el control y no atacás la prevención, la usina generadora de delitos sigue funcionando, entonces nunca te van a alcanzar los recursos.

¿Qué fue lo que falló en materia de prevención?

95% de las personas que ingresan al sistema carcelario no terminó el ciclo básico. Ahí está la madre del problema. La inmensa mayoría de las personas privadas de libertad son jóvenes, analfabetos funcionales, adictos y pobres. Lo que creo que no se ha dado nunca es una articulación de las políticas de prevención y control, que involucre todos los aspectos. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en “seguridad = policía” y “prevención = patrullaje”. El patrullaje forma parte de la prevención del delito, pero es una mínima parte; la parte más importante está en atacar las causas del delito, que no solamente están en la pobreza y en la miseria, porque quedó claramente demostrado que se redujo la pobreza y, sin embargo, los delitos siguieron aumentando. Ese discurso cayó por su propio peso. Pero, evidentemente, allí hay un problema, y es el factor cultural. Cuando yo era chico, robar estaba mal visto por todo el mundo. Hoy, en determinados sectores de la población, robar no está mal. Porque vivimos en una sociedad en la que se cultiva el éxito fácil, en una sociedad exitista, y en una sociedad consumista el éxito está asociado a la disponibilidad de bienes económicos. La única posibilidad de obtener éxito fácil esa gente es mediante el delito; eso no lo vas a cambiar si no cambiás la matriz cultural. ¿Quién es el más exitoso en esos sectores? El narco. Entonces, el narco se transforma en una especie de ídolo. La cultura del narco en ciertos segmentos de la sociedad ha permeado fuertemente. Ahí hay un trabajo que hay que hacer a largo plazo, en el que tiene que estar involucrada la escuela primaria. Tenemos una gran ventaja en el país: el Estado está presente en todo el territorio; no ocurre como en otros países de América Latina, donde hay sectores en los que el Estado no está, y ahí el narco florece. Pero entonces, en primer lugar, no nos podemos ir. En segundo lugar, tenemos que mejorar la calidad de la presencia. Hay que atacar la causa, porque si sólo atacamos el control... Lo que pasa es que vivimos en una sociedad enferma de control. Queremos controlar todo, y creemos que podemos controlar todo. Y ese es el principal error.

Especializadas

En los últimos meses, varios pedidos de formalización en casos de abuso sexual se hicieron por la figura de “atentado violento al pudor” y no por el delito de “abuso sexual”, previsto en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer basada en Género. Algunos fiscales sostienen que al no conformarse los juzgados especializados en género que preveía la ley, están imposibilitados de formalizar por esos delitos.

Eso, desde el punto de vista jurídico, es un disparate, porque el delito existe desde la promulgación de la ley. Podrá haber luego una interpretación en un caso o en otro, si efectivamente se configura un delito u otro. Esa es una discusión jurídica que tendremos que ver caso a caso; puede haber un error, una diferencia de criterios, una interpretación del tipo penal distinta. Pero decir que los delitos que la ley de género establece no están vigentes es un absurdo. No se puede poner excusas para no hacer valer los derechos.

¿Qué evaluación hacen de la implementación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos?

Hacemos una evaluación muy positiva. Desde el punto de vista institucional, por primera vez dimos en la tecla en el cómo. Nunca habíamos logrado el objetivo de tener una misma dirección de todas las causas, un relacionamiento de las pruebas, una única estrategia desde el punto de vista del Estado en la investigación. Ahora sí lo estamos logrando, en muy poco tiempo.

El fiscal Ricardo Perciballe ha formulado varios pedidos de procesamiento por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero aún no ha habido decisiones judiciales. ¿Hay lentitud en la tramitación de estos casos?

Esas causas se tramitan por el Código del Proceso Penal antiguo, que lamentablemente es escritural, lento, reservado, opaco. Todo eso habilita la oposición de chicanas por parte de la defensa. Ahora, con el nuevo código, como consecuencia de una audiencia de formalización que se hizo en San Carlos por una persona acusada de narcotráfico, se planteó la inconstitucionalidad y se suspendió el proceso, pasaron los antecedentes a la Suprema Corte de Justicia [SCJ], y se armó prácticamente una conmoción pública porque la persona acusada quedó en libertad y no se le aplicaron medidas cautelares. Bueno, eso es lo que viene pasando en las causas de derechos humanos hace 20 años, y no generó conmoción ni nada por el estilo. Hay una posición de la SCJ que establece que cuando se solicita una medida cautelar al inicio del proceso, debería disponerse la cautelar sin perjuicio de tramitar la inconstitucionalidad. Eso debería aplicarse a estas causas también. El día que se disponga una cautelar, se dejará de interponer chicanas.

En el tema del lavado de activos también hay lentitud en la tramitación de causas que van por el código antiguo. En Argentina y Brasil se dice incluso públicamente que en Uruguay es muy fácil lavar activos. A su juicio, ¿cómo se está desempeñando la Justicia en esta área?

Las causas viejas vienen lento. Por el nuevo código, la mayor parte de las denuncias que han ingresado se han resuelto rápidamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Marcelo Balcedo, en el que en estos días probablemente se presente la acusación y se vaya a juicio oral. En los casos viejos, la responsabilidad de la investigación la tiene el juez, y sí, nosotros notamos que hay cierta burocratización de las investigaciones en esos temas. Creo que Uruguay tuvo esa fama de lavar dinero en el pasado en forma justificada. Era un modelo de país que con la crisis de 2002 cayó: el sueño de la plaza financiera. Luego hubo una política de combate al lavado de activos, se cambió la legislación y se fueron mejorando los instrumentos. Pero también es verdad que tuvimos hasta hace muy poco instrumentos jurídicos que seguían vigentes, como la banca offshore. Creo que el país cambió radicalmente, lo que no significa que haya sectores, sobre todo el no financiero, en el que los controles son mucho más laxos. Pero los que nos cuestionan a nosotros porque no tenemos causas por lavado son países que no tienen causas por lavado, como Argentina y Brasil. Siendo un país mucho más chico, tenemos muchas más causas por lavado nosotros que ellos. Hay un asunto que el país tiene que encarar: los partidos políticos son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y todavía no hay una real dimensión de la magnitud de ese tema. Va a ser necesario saber de dónde provienen todos los fondos que financian los partidos. Si uno mira la región, ve que los principales casos de corrupción están asociados a la financiación de los partidos.