Se hizo la denuncia

19/10/2018 Denuncia penal contra la “proposición” de un nuevo golpe de Estado

Organizaciones de derechos humanos denunciaron al presidente del Centro Militar, Carlos Silva, por instigación al delito, apología del crimen e incitación al odio

Para cerca de 20 organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos, el presidente del Centro Militar, el coronel reitrado Carlos Silva Valiente, cometió apología del delito e
“instigación pública a delinquir” al formular una
“proposición” de nuevo golpe de Estado porque, según el oficial retirado, en Uruguay
“no se respeta la democracia”.

Por ello, estas organizaciones civiles patrocinadas por el abogado especializado en Derechos Humanos, Daoiz Uriarte, presentaron una denuncia penal contra quien fuera vocero y miembro activo de la Logia Tenientes de Artigas que será estudiada por la Fiscalía General de la Nación, a fin de decidir si inicia juicio contra el militar.


En una
entrevista realizada por el periodista César Bianchi en Montevideo Portal, el presidente del Centro Militar formuló varias declaraciones que son calificadas como delictivas por las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Crysol, el PIT CNT, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, el Observatorio Luz Ibarburu, Rebeldia Organizada, Reactiva Contenidos, Plenaria Memoria y Justicia y la Mesa Permanente contra la Impunidad, entre otras.


El corone retirado
“cuestiona la existencia de la democracia en el Uruguay, negando la existencia de una dictadura, ni de un terrorismo de Estado, negando que Gregorio Álvarez haya sido un dictador, todo lo cual constituye una negación de un hecho objetivo de nuestra historia justificando la existencia de tales hechos y por tanto defendiendo la violación de la Constitución , delito previsto muy especialmente en nuestra Carta Magna en su artículo 330 (Atentado a la Constitución) y en el artículo 132 del nuestro Código Penal”, alega la denuncia a la que accedió
Sudestada.


“Pero además, señala particularmente la posibilidad de que los militares vuelvan a usurpar el poder en el caso de que la democracia sea afectada por una dictadura comunista, y también expresa que el Uruguay no vive en democracia, que no hay democracia en el Uruguay, lo cual constituye una forma de apología del golpe de Estado y de proposición a retomar dicha actitud por las Fuerzas Armadas”, asevera la demanda.

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En la entrevista de Montevideo Portal, el periodista recuerda que en otro momento le había preguntado a quien también fuera presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés,
“ante qué eventualidad podrían volver los militares a tomar el poder” y que aquel oficial retirado le respondió:
“Ante una dictadura de izquierda”. Al formularle la misma pregunta a Silva Valiente, éste contestó:
“Lo mismo. Ante una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora”.

Las organizaciones civiles encuentran en estas declaraciones un llamado a atentar contra la Constitución:
“Nos preguntamos, esta última afirmación no es una incitación clara y contundente a los militares a tomar el poder por un militar que aunque en retiro ostenta grado de coronel y es presidente del poderoso Centro Militar ¿?”.

La denuncia argumenta que no se trata de un hecho de libre ejercicio de la libertad de expresión:
“Esto podría considerarse una simple opinión por más extremista que pueda considerarse pero la misma, ubicada en el contexto actual, tanto en el tiempo como en el medio elegido demuestra claramente la intención de transmitir un mensaje, no una simple expresión de pensamiento”.

Y basa esta interpretación en tres razones:
“Hace las declaraciones en su condición con total conciencia y voluntad de ser el presidente del Centro Militar; expresa que los militares no dejan de serlo ni aún en el retiro; señala especialmente al periodista que ‘él sabe que sus dichos causarán revuelo, pero no le importa”.

De hecho el Centro Militar difundió la entrevista en su página de Facebook, donde quedó registrado el día y la hora en que promovió el contenido de los dichos de Silva Valiente.

El artículo 147 del Código Penal establece que
“el que instigare públicamente a cometer delitos, será castigado, por el solo hecho de la instigación, con pena de tres a veinticuatro meses de prisión”. Por otra parte, el artículo 148 indica la misma pena para “el que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos”.

En tanto, el artículo 29 de la ley 18.026 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad) señala que
"el que hiciere, públicamente, la apología de hechos anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley (2006), que hubieran calificado como crímenes o delitos de haber estado vigente la misma, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

“No cabe la menor duda de que en el Uruguay ocurrieron hechos durante la dictadura que hoy estarían comprendidos en la ley tales como los homicidios, la tortura, la desaparición forzada de personas”, subraya la demanda. Y alega que si bien se ha discutido
“mucho” en doctrina y jurisprudencia respecto de si la ley 18.026
“podía o no aplicarse ya que es posterior” a la dictadura, lo que
“no se ha discutido es la existencia del terrorismo de Estado y de los crímenes señalados” por cuanto para las organizaciones de derechos humanos
“el artículo 29 resulta de plena aplicación”.

Silva Valiente dijo en la entrevista:
“Para mí no hubo una dictadura. Hubo un vacío de poder... fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se le fue de las manos, había un movimiento revolucionario y no lo pudieron manejar. Internacionalmente (Gregorio Álvarez) no es considerado un dictador, tuvo reconocimiento internacional. Cuando hay reconocimiento internacional es una valoración más que importante para un presidente”.

De acuerdo a la denuncia la
“culpabilidad” del oficial retirado
“es a título de dolo directo”, porque su voluntad “
es la manifestación del pensamiento consistente en loar (no es necesaria la glorificación) un hecho con o sin narración del mismo o a su autor, con intento de propaganda o cuando menos para eliminar la repugnancia de los demás”, según la explicación del penalista Fernando Bayardo Bengoa (1923-1987), citando al jurista Vincenzo Manzini (1872-1957), autor del Tratado de Derecho Penal Italiano.


“Como sea obviamente negar la existencia de la dictadura, del terrorismo, tortura y desapariciones delitos por los cuales han sido condenados muchos integrantes del proceso desde el ex presidente Bordaberry hasta Gregorio Álvarez es claramente justificar y negar sus delitos, despreciando la acción judicial y comparando un gobierno democrático con el ejercido espuriamente por Álvarez e instigar indirectamente a cometer el delito y violar o desobedecer las leyes”, afirma la denuncia.

Diversas organizaciones de derechos humanos se presentaron este mediodía ante la Fiscalía para denunciar penalmente al presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva Valiente, por apología del delito.

En una entrevista con Montevideo Portal Silva dijo que “en Uruguay no hubo una dictadura” y que la búsqueda de desaparecidos “es un curro donde se dilapidan los fondos públicos”.
También aseguró que ahora en Uruguay no hay democracia y que estaban dadas las condiciones para que volvieran los militares al poder.
El abogado Daoiz Uriarte presentó la denuncia penal y calificó los dichos del militar retirado como una apología del delito.
En la puerta de la Fiscalía se concentraron madres e hijos de desaparecidos en una muestra de apoyo a la denuncia y en reclamo de verdad y justicia.
Entre ellas estuvo Alba González, madre de un desaparecido, que rogó por información que permita dar con los restos de su hijo y otras víctimas de la dictadura (1973-1984).

>>> “Curro, mafia y gays”

Las organizaciones de derechos humanos entienden que
“no solamente el delito de Atentado a la Constitución resulta defendido y justificado” por el militar retirado
“sino también los demás delitos previstos en la ley 18.026”, y que
“inclusive se habla en forma despreciativa de la búsqueda de los desparecidos” cuando Silva Valiente manifiesta:
“Me parece un gastadero de plata y un curro. Con todas las letras: es un curro, de toda esa mafia, están gastando un dineral para hacer agujeros como el que hizo (el abogado de derechos humanos, Oscar López) Goldaracena allá en el Chuy. ¡Es un curro! La gente tiene que saberlo. No van a encontrar nada, porque no tienen información ni hay quien se la dé”.

El periodista de Montevideo Portal le preguntó a Silva Valiente cuál era el propósito de una nota que refería a gays difundida por una revista que comparte el Centro Militar, y el oficial retirado contestó:
“Volvemos al tema anterior: la disolución de la familia, la difusión de conductas antinaturales, que no son del orden natural. Entendemos que es una conducta antinatural que afecta a la familia. No nos gusta”.

“O sea que como presidente del Centro Militar comparte una publicación y señala que el ser gay es una conducta antinatural, que afecta a la familia, lo cual no hace pensar en que se ha vulnerado el espíritu del delito previsto en el artículo 149 bis, del Código Penal (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)”, aseveran los denunciantes.


La demanda cita al penalista Miguel Langón para afirmar que
“promover el desprecio” consiste en
“instigar a otro u otros a tomar a alguien por vil, rebajarlo, disminuirlo, quitarle valor, tenerlo por poca cosa…” y juicio de este jurista ya fallecido “también todo tipo de violencia simbólica o incluso institucional contra alguien”.

“Parece claro que la gente rechace lo antinatural, lo contrario a la familia… Digamos que es el equivalente a engendro, monstruo…”, sostiene la demanda penal.


El artículo 149 Bis del Código Penal, señala que
“el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.

>>>  La condena de la INDDHH y del PIT-CNT

Sobre las declaraciones del presidente del Centro Militar

18 octubre, 2018

Recientemente se conocieron declaraciones vertidas por el actual presidente del Centro Militar en entrevista realizada por un órgano de prensa. En dicha oportunidad, el militar retirado, Carlos Silva Valiente, efectúa una serie de afirmaciones que mueven a la preocupación de la INDDHH en tanto que son contrarias a las nociones de derechos humanos o tienen contenidos reñidos con los hechos históricos por los que ha transitado nuestro país.
La INDDHH tiene entre sus cometidos la información y difusión amplia de los derechos humanos encontrándose en tal concepto la visión de las mejores formas de protección de los derechos de poblaciones vulnerables.
En tal sentido, y sin perjuicio del derecho a la libertad de expresión que el Estado democrático de derecho garantiza a todo habitante de la República, la INDDHH observa que el entrevistado sostiene posiciones discriminatorias y cuestiona avances legislativos que han procurado superar los obstáculos a los que se han visto enfrentados varios grupos de poblaciones vulnerables tales como las mujeres, la población trans, etc.
Por otra parte, preocupa la posición negacionista que sobre el período del terrorismo de Estado se explicita en la entrevista. Afirmar que en Uruguay no hubo dictadura es ir contra la historia escrita y documentada de este país. Esta posición no solo no tiene sustento alguno en los graves sucesos por los que ha transitado el Uruguay, sino que minimiza las profundas y nefastas consecuencias que el terrorismo de Estado ha dejado en el tejido social en general y a las víctimas en particular. Asimismo, descalificar la sostenida búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, resultado de ese terrorismo de Estado donde participaran integrantes de las Fuerzas Armadas deslindando responsabilidad en estas como en otras graves atrocidades es una revictimización a los familiares que legítimamente reclaman por verdad y justicia.
La INDDHH condena las expresiones de Silva Valiente porque en forma alguna contribuyen a la construcción de una sociedad democrática, único modelo de Estado que garantiza la convivencia pacífica y el libre ejercicio de los derechos. –