Programa de TNU de la relación de las FFAA con la sociedad civil. Con Javier González Guyer, Luis Puig y Aníbal Gloodtdofsky
La sanción al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini
Ríos, y los coletazos que esta medida tuvo en la Rural del Prado, cuando
la banda de la Escuela Militar tocó una marcha de reconocido tinte
partidario, no son más que la cáscara de algo más profundo e
inquietante. No haremos una extensa lista de los episodios que han
sucedido desde hace un tiempo; más bien quisiéramos usarlos como
demostrativos de lo que algunos grupos o individuos están haciendo de
manera más o menos sistemática y con lo que pretenden incidir
políticamente.
El primer episodio que se nos viene a la mente es el de la operación realizada contra el laboratorio del Grupo de Investigación en Antropología Forense, en marzo de 2016. El mismo año se hizo público el archivo que tenía en su casa un retirado militar (con características de personaje de Edgar Allan Poe) y se comenzaron a conocer y confirmar las sospechas de muchos que decían que los aparatos represivos del Estado continuaban vigilando a las organizaciones y activistas que buscan cambiar la realidad y que denuncian las injusticias del sistema (aunque la lista se engrose también con los partidos fundacionales y sus líderes, parece claro que el objetivo a vigilar era otro). Recientemente se presentó un informe de la comisión investigadora parlamentaria que estudió este tema y, por unanimidad, se decidió pasar todos los antecedentes a la Justicia para que investigue (¿qué pasará allí con todos estos antecedentes?, ¿hay posibilidades reales de que se investigue y se haga justicia? Relacionado con lo anterior, salta una pregunta: ¿qué sucede con las denuncias por los delitos cometidos antes y durante la dictadura por agentes del Estado que asesinaron, torturaron, desaparecieron, extorsionaron, robaron, etcétera?, ¿este pase de antecedentes a la Justicia correrá la misma suerte?). Otro hecho que va en la misma sintonía es la amenaza del llamado Comando Barneix, realizada o descubierta en febrero de 2017. A lo anterior se suma que este año han sido atacadas varias de las marcas de la memoria, además del memorial que recuerda a los desaparecidos.
Además, deberíamos relacionar estos hechos con lo que está ocurriendo en algunos países de Europa con el resurgimiento o la reafirmación de las derechas reaccionarias (Holanda, Alemania, Italia, Suiza, Francia); en el Cercano Oriente con las acciones del denominado Estado Islámico; y en nuestra región. Las derechas muestran sus acciones en distintos lugares, adaptándose a nuevas realidades o nuevas percepciones de la realidad.
En un mundo donde el flujo de información es constante, donde la subjetividad es un territorio hegemonizado por la lógica de la religión del mercado (al decir de Franz Hinkelammert, religión en la que nos encontramos inmersos todos de una u otra manera), las nuevas derechas ganan espacios y parecen extenderse en todo el planeta.
Un paréntesis. Todos estos hechos y el crecimiento de la violencia de derechas no podríamos despegarlos de los efectos del capitalismo globalizado, de la nueva fase de este sistema-mundo-moderno que avanza aniquilando cualquier forma de vida. Y avanza presentándose como racional y al mismo tiempo de sentido común. Entonces, y para intentar no perdernos en laberintos, parece clave no caer en una suerte de sensación de catástrofe que lleva a la inacción, a la parálisis. Con la conquista de América, la historia de la humanidad tuvo un cambio radical y este proceso trajo aparejado un inimaginable cambio: la elaboración de las categorías científicas que hasta hoy son dominantes, la construcción de un nuevo marco categorial.
Fue el inicio de la modernidad, la explotación de los millones de esclavos, la explotación de los millones de indígenas, la explotación de la naturaleza; debería hacernos pensar en lo que sucede hoy en Uruguay, en la región y en el mundo entero. Y esto es una acción indispensable para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Hay intereses variados que pretenden que nos quedemos en los episodios concretos, sin ampliar las miradas, o que nos detengamos en lo electoral como único punto o como aspecto central de la etapa. Salir de ese límite nos permitirá tener otra perspectiva de más largo aliento, estratégica y profunda.
Continuando con lo que veníamos diciendo, un dato no menor es que en la región (cuando decimos “región” hacemos referencia a nuestra América: la de los indígenas, negros, campesinas sin tierra, obreras explotadas, desocupadas, etcétera) hay gobiernos decididos a utilizar de forma constante la violencia para conservar o ampliar los privilegios de los sectores dominantes (ejemplos: Brasil, Argentina, Colombia). Y también está como una sombra acechando desde hace años una posible intervención militar a Venezuela (hace unos días lo explicitó nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y lo hizo nada menos que en Colombia, donde se asesina a un líder social por día prácticamente, pero eso no le preocupa a casi nadie).
Hace casi 100 años, dos diputados propusieron la eliminación del Ejército. Fue en 1920 cuando Emilio Frugoni y Celestino Mibelli plantearon esta necesidad. La vigencia de ese planteo parece sorprendente.
En los fundamentos afirman que los gastos en salarios de los oficiales hacen inviable el presupuesto nacional. Dichos salarios, afirmaban los diputados, hacen que se dedique un gran porcentaje de la riqueza producida en el país a un puñado de personas. Y en aquel tiempo todavía no estaba el problema de la Caja Militar. El proyecto también planteaba que el Hospital Militar debía pasar a la Asistencia Pública y transformarse en una institución civil.
Y en lo profundo del proyecto está la afirmación siguiente, que quisiéramos citar textualmente: “Tampoco podemos considerar al Ejército una protección necesaria ante el imaginario peligro de una agresión externa. Pero si el hecho inaudito de una agresión a nuestra independencia se consumase, ¿seríamos más fuertes con nuestro ejército –formidable para nuestro erario público, pero insignificante en comparación de cualquier ejército de los que podrían invadirnos– que con legítima y confesada debilidad?”.
El proyecto, a su vez, aclaraba que ese ejército había sido usado para reprimir a las huestes del partido blanco, quienes juntando a algunos miles de hombres y caballos, una y otra vez habían protagonizado levantamientos contra las autoridades electas (de forma fraudulenta, sin dudas).
Otro paréntesis. El Uruguay de 1920 era muy distinto del actual. Solamente una ilusión, una construcción mitológica nos hace ver que somos el mismo país.
En aquellos años en los que las potencias desarrollaron una guerra imperial, Uruguay acumuló una gran riqueza por las ventas a las potencias de sus productos ganaderos (lana, carne y cuero). Era la época en que José Batlle y Ordóñez (tótem dentro del relato mitológico uruguayo) ejercía su influencia (no sin resistencias dentro de su propio partido, como en la sociedad –especialmente en los sectores conservadores: en 1916 habían fundado la Federación Rural, institución que iría al choque de las decisiones de gobierno que entendía que perjudicaban a los intereses de los estancieros–) y, al decir de Milton Vanger, creaba su época.
Con respecto a este punto, quisiera resaltar el supuesto con el que desarrolla Vanger sus obras sobre la época de Batlle y Ordóñez, que lo tienen como figura central en su relato (y en general en toda la historiografía que ha estudiado esa época). Su supuesto se basa, según sus palabras, en los teóricos de la autonomía política, más precisamente en Martin Carnoy (The State and Political Theory, 1984), quienes plantean que en una sociedad de un capitalismo inmaduro los políticos pueden decidir libremente con respecto a la clase dominante, escapando a su control. Este planteo permite hacer un análisis flexible de los intereses de clase.
Ahora bien, ¿qué concepto de capitalismo manejan?; ¿qué significa vivir en un “capitalismo inmaduro”?; ¿cómo construyen esta categoría?; ¿los historiadores o cientistas sociales que estudiaron esta época profundizaron en este punto o lo tomaron de manera acrítica, sin someterlo a un análisis exhaustivo?
Si pensamos en los crímenes cometidos por integrantes del Ejército o en cómo oculta esta institución, hasta el día de hoy, información respecto de esos crímenes, podemos también encontrar otro argumento para sumar a la supresión del Ejército.
Es importante recordar que los restos de Julio Castro aparecieron en 2011 en el Batallón 14 y se comprobó que lo torturaron y lo ejecutaron con un balazo en la cabeza. Esa es una de las muchas historias que carga el Ejército.
Pero intentemos complejizar esta situación. ¿Cómo fue posible llegar a que integrantes de una institución del Estado cometieran estos crímenes? ¿Cómo es posible que, al día de hoy, se continúen negando dichas acciones? O peor aún, ¿cómo es posible que se permita que se nieguen a declarar ante la Justicia?
Como se comprenderá, la respuesta hay que buscarla y construirla, no está dada ni, menos aun, es evidente. Una pista para tener presente en una respuesta es que el Estado uruguayo en su proceso de conformación tuvo episodios funestos muy similares al cometido en el caso de la muerte de Julio Castro: el oriental liso y llano con su Ejército exterminó (o intentó hacerlo, mejor dicho) a los indígenas que impedían el aumento de la concentración de la tierra y que creían que podían vivir en ellas, tal como lo habían hecho hasta entonces.
Sin embargo, la mitología estatal –es decir, la mitología oficial (y la del Partido Colorado)– reconoce a Fructuoso Rivera como un héroe, como una figura que contribuyó en la construcción de este sagrado país. Y por eso es que en las afueras de la terminal terrestre por donde pasa más gente se encuentra una estatua que lo revive y lo hace estar presente todos los días para cientos de personas que pasan por allí. Quizá no lo miran, quizá no saben quién fue ni qué hizo, pero está allí formando parte del espacio público y, por tanto, jugando un papel en el imaginario colectivo.
“Uruguay tiene diversas y viejas conductas sociales autoritarias”. Con esta sentencia comienza el primer capítulo del libro de Javier Correa Morales Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Si enlazamos la masacre que tuvo como jefe al oriental liso y llano y al proceso que describe este autor, podemos ver que hay una continuidad en ese modelo social autoritario. También puede explicar que un presidente de una Junta Departamental afirme, en 2018, que “acá va a tener que venir otra dictadura para que estos sabandijas se terminen de una vez”.
En definitiva, hace 100 años ya se había propuesto la disolución del Ejército. El planteo sigue teniendo vigencia. Algunos de los fundamentos siguen también teniendo plena vigencia o aun son más evidentes hoy (hacemos referencia a que si un país quiere invadir a Uruguay lo hará en un par de horas, como lo proyectó el Ejército brasileño a principios de la década del 70 del siglo pasado). Hoy existen otros fundamentos que se sostienen en las acciones y omisiones que cometieron integrantes de esta institución, y que ella misma no ha hecho más que ocultar información y manipular situaciones para continuar y profundizar los privilegios históricos que ha mantenido históricamente.
¿No ha llegado el momento de emprender un movimiento para hacer posible esta propuesta? ¿Estamos dispuestos a hacerlo?
Héctor Altamirano es docente de Historia.
El primer episodio que se nos viene a la mente es el de la operación realizada contra el laboratorio del Grupo de Investigación en Antropología Forense, en marzo de 2016. El mismo año se hizo público el archivo que tenía en su casa un retirado militar (con características de personaje de Edgar Allan Poe) y se comenzaron a conocer y confirmar las sospechas de muchos que decían que los aparatos represivos del Estado continuaban vigilando a las organizaciones y activistas que buscan cambiar la realidad y que denuncian las injusticias del sistema (aunque la lista se engrose también con los partidos fundacionales y sus líderes, parece claro que el objetivo a vigilar era otro). Recientemente se presentó un informe de la comisión investigadora parlamentaria que estudió este tema y, por unanimidad, se decidió pasar todos los antecedentes a la Justicia para que investigue (¿qué pasará allí con todos estos antecedentes?, ¿hay posibilidades reales de que se investigue y se haga justicia? Relacionado con lo anterior, salta una pregunta: ¿qué sucede con las denuncias por los delitos cometidos antes y durante la dictadura por agentes del Estado que asesinaron, torturaron, desaparecieron, extorsionaron, robaron, etcétera?, ¿este pase de antecedentes a la Justicia correrá la misma suerte?). Otro hecho que va en la misma sintonía es la amenaza del llamado Comando Barneix, realizada o descubierta en febrero de 2017. A lo anterior se suma que este año han sido atacadas varias de las marcas de la memoria, además del memorial que recuerda a los desaparecidos.
Además, deberíamos relacionar estos hechos con lo que está ocurriendo en algunos países de Europa con el resurgimiento o la reafirmación de las derechas reaccionarias (Holanda, Alemania, Italia, Suiza, Francia); en el Cercano Oriente con las acciones del denominado Estado Islámico; y en nuestra región. Las derechas muestran sus acciones en distintos lugares, adaptándose a nuevas realidades o nuevas percepciones de la realidad.
En un mundo donde el flujo de información es constante, donde la subjetividad es un territorio hegemonizado por la lógica de la religión del mercado (al decir de Franz Hinkelammert, religión en la que nos encontramos inmersos todos de una u otra manera), las nuevas derechas ganan espacios y parecen extenderse en todo el planeta.
Un paréntesis. Todos estos hechos y el crecimiento de la violencia de derechas no podríamos despegarlos de los efectos del capitalismo globalizado, de la nueva fase de este sistema-mundo-moderno que avanza aniquilando cualquier forma de vida. Y avanza presentándose como racional y al mismo tiempo de sentido común. Entonces, y para intentar no perdernos en laberintos, parece clave no caer en una suerte de sensación de catástrofe que lleva a la inacción, a la parálisis. Con la conquista de América, la historia de la humanidad tuvo un cambio radical y este proceso trajo aparejado un inimaginable cambio: la elaboración de las categorías científicas que hasta hoy son dominantes, la construcción de un nuevo marco categorial.
Fue el inicio de la modernidad, la explotación de los millones de esclavos, la explotación de los millones de indígenas, la explotación de la naturaleza; debería hacernos pensar en lo que sucede hoy en Uruguay, en la región y en el mundo entero. Y esto es una acción indispensable para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Hay intereses variados que pretenden que nos quedemos en los episodios concretos, sin ampliar las miradas, o que nos detengamos en lo electoral como único punto o como aspecto central de la etapa. Salir de ese límite nos permitirá tener otra perspectiva de más largo aliento, estratégica y profunda.
Continuando con lo que veníamos diciendo, un dato no menor es que en la región (cuando decimos “región” hacemos referencia a nuestra América: la de los indígenas, negros, campesinas sin tierra, obreras explotadas, desocupadas, etcétera) hay gobiernos decididos a utilizar de forma constante la violencia para conservar o ampliar los privilegios de los sectores dominantes (ejemplos: Brasil, Argentina, Colombia). Y también está como una sombra acechando desde hace años una posible intervención militar a Venezuela (hace unos días lo explicitó nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y lo hizo nada menos que en Colombia, donde se asesina a un líder social por día prácticamente, pero eso no le preocupa a casi nadie).
La necesidad de un Ejército hoy
Ahora sí estamos en condiciones de ir a lo central de esta nota. ¿Existe la necesidad de tener un ejército permanente en una sociedad como la de Uruguay hoy? ¿Para qué se necesita? ¿Cuál es el rol que cumple esta institución hoy? ¿Qué objetivos tiene?Hace casi 100 años, dos diputados propusieron la eliminación del Ejército. Fue en 1920 cuando Emilio Frugoni y Celestino Mibelli plantearon esta necesidad. La vigencia de ese planteo parece sorprendente.
En los fundamentos afirman que los gastos en salarios de los oficiales hacen inviable el presupuesto nacional. Dichos salarios, afirmaban los diputados, hacen que se dedique un gran porcentaje de la riqueza producida en el país a un puñado de personas. Y en aquel tiempo todavía no estaba el problema de la Caja Militar. El proyecto también planteaba que el Hospital Militar debía pasar a la Asistencia Pública y transformarse en una institución civil.
Y en lo profundo del proyecto está la afirmación siguiente, que quisiéramos citar textualmente: “Tampoco podemos considerar al Ejército una protección necesaria ante el imaginario peligro de una agresión externa. Pero si el hecho inaudito de una agresión a nuestra independencia se consumase, ¿seríamos más fuertes con nuestro ejército –formidable para nuestro erario público, pero insignificante en comparación de cualquier ejército de los que podrían invadirnos– que con legítima y confesada debilidad?”.
El proyecto, a su vez, aclaraba que ese ejército había sido usado para reprimir a las huestes del partido blanco, quienes juntando a algunos miles de hombres y caballos, una y otra vez habían protagonizado levantamientos contra las autoridades electas (de forma fraudulenta, sin dudas).
Otro paréntesis. El Uruguay de 1920 era muy distinto del actual. Solamente una ilusión, una construcción mitológica nos hace ver que somos el mismo país.
En aquellos años en los que las potencias desarrollaron una guerra imperial, Uruguay acumuló una gran riqueza por las ventas a las potencias de sus productos ganaderos (lana, carne y cuero). Era la época en que José Batlle y Ordóñez (tótem dentro del relato mitológico uruguayo) ejercía su influencia (no sin resistencias dentro de su propio partido, como en la sociedad –especialmente en los sectores conservadores: en 1916 habían fundado la Federación Rural, institución que iría al choque de las decisiones de gobierno que entendía que perjudicaban a los intereses de los estancieros–) y, al decir de Milton Vanger, creaba su época.
Con respecto a este punto, quisiera resaltar el supuesto con el que desarrolla Vanger sus obras sobre la época de Batlle y Ordóñez, que lo tienen como figura central en su relato (y en general en toda la historiografía que ha estudiado esa época). Su supuesto se basa, según sus palabras, en los teóricos de la autonomía política, más precisamente en Martin Carnoy (The State and Political Theory, 1984), quienes plantean que en una sociedad de un capitalismo inmaduro los políticos pueden decidir libremente con respecto a la clase dominante, escapando a su control. Este planteo permite hacer un análisis flexible de los intereses de clase.
Ahora bien, ¿qué concepto de capitalismo manejan?; ¿qué significa vivir en un “capitalismo inmaduro”?; ¿cómo construyen esta categoría?; ¿los historiadores o cientistas sociales que estudiaron esta época profundizaron en este punto o lo tomaron de manera acrítica, sin someterlo a un análisis exhaustivo?
Si pensamos en los crímenes cometidos por integrantes del Ejército o en cómo oculta esta institución, hasta el día de hoy, información respecto de esos crímenes, podemos también encontrar otro argumento para sumar a la supresión del Ejército.
Es importante recordar que los restos de Julio Castro aparecieron en 2011 en el Batallón 14 y se comprobó que lo torturaron y lo ejecutaron con un balazo en la cabeza. Esa es una de las muchas historias que carga el Ejército.
Pero intentemos complejizar esta situación. ¿Cómo fue posible llegar a que integrantes de una institución del Estado cometieran estos crímenes? ¿Cómo es posible que, al día de hoy, se continúen negando dichas acciones? O peor aún, ¿cómo es posible que se permita que se nieguen a declarar ante la Justicia?
Como se comprenderá, la respuesta hay que buscarla y construirla, no está dada ni, menos aun, es evidente. Una pista para tener presente en una respuesta es que el Estado uruguayo en su proceso de conformación tuvo episodios funestos muy similares al cometido en el caso de la muerte de Julio Castro: el oriental liso y llano con su Ejército exterminó (o intentó hacerlo, mejor dicho) a los indígenas que impedían el aumento de la concentración de la tierra y que creían que podían vivir en ellas, tal como lo habían hecho hasta entonces.
Sin embargo, la mitología estatal –es decir, la mitología oficial (y la del Partido Colorado)– reconoce a Fructuoso Rivera como un héroe, como una figura que contribuyó en la construcción de este sagrado país. Y por eso es que en las afueras de la terminal terrestre por donde pasa más gente se encuentra una estatua que lo revive y lo hace estar presente todos los días para cientos de personas que pasan por allí. Quizá no lo miran, quizá no saben quién fue ni qué hizo, pero está allí formando parte del espacio público y, por tanto, jugando un papel en el imaginario colectivo.
“Uruguay tiene diversas y viejas conductas sociales autoritarias”. Con esta sentencia comienza el primer capítulo del libro de Javier Correa Morales Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Si enlazamos la masacre que tuvo como jefe al oriental liso y llano y al proceso que describe este autor, podemos ver que hay una continuidad en ese modelo social autoritario. También puede explicar que un presidente de una Junta Departamental afirme, en 2018, que “acá va a tener que venir otra dictadura para que estos sabandijas se terminen de una vez”.
En definitiva, hace 100 años ya se había propuesto la disolución del Ejército. El planteo sigue teniendo vigencia. Algunos de los fundamentos siguen también teniendo plena vigencia o aun son más evidentes hoy (hacemos referencia a que si un país quiere invadir a Uruguay lo hará en un par de horas, como lo proyectó el Ejército brasileño a principios de la década del 70 del siglo pasado). Hoy existen otros fundamentos que se sostienen en las acciones y omisiones que cometieron integrantes de esta institución, y que ella misma no ha hecho más que ocultar información y manipular situaciones para continuar y profundizar los privilegios históricos que ha mantenido históricamente.
¿No ha llegado el momento de emprender un movimiento para hacer posible esta propuesta? ¿Estamos dispuestos a hacerlo?
Héctor Altamirano es docente de Historia.
>>>> El comandante desde su arresto sigue metiendo la púa
Se refleja en las páginas de la publicación la dinámica de una
Institución que sigue su marcha hacia el futuro, con su vocación de
servicio intacta, a pesar de las dificultades que día a día se
presentan, que son superadas en base al espíritu militar y de cuerpo y a
la entrega permanente de sus integrantes.
Cada
vez somos más conscientes de la importancia que reviste para nuestro
país, contar con un Ejército profesional, cohesionado y comprometido con
su misión.
En ese camino estamos y nada ni nadie nos apartará de él…
El Comandante en Jefe del Ejército
General de Ejército
Guido Manini Ríos
Militares se abroquelan en defensa de sus privilegios
Samuel Blixen
14 septiembre 2018
Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército, Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable que pase a retiro.
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez que un jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece evidente que, de haberse resuelto de otra manera los episodios anteriores, las consecuencias de los actuales desplantes hubieran sido diferentes. Se discute, entonces, si el presidente Tabaré Vázquez actuó con debilidad, evitando la destitución, o si los 30 días de arresto a rigor con que fue sancionado el teniente general constituye una movida inteligente del primer mandatario. Sea como sea, el gobierno se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar trata de forzar la muñeca de un presidente en medio de operativos de inteligencia y rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se olvida de lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.
DIMES Y DIRETES. Era inevitable que Manini Ríos volviera a hablar sobre la reforma de la Caja Militar. Como sabe cualquier dirigente sindical, la defensa del salario es la herramienta más idónea, y en el caso del comandante, una oportunidad inmejorable si, como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa como un verdadero caudillo (véase entrevista en estas páginas). Por ahora, al parecer, se trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”. Averiguar para qué es tarea de analistas.
Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo Pasa, de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera instancia y que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de un solo diputado del Frente Amplio para consagrarse en ley. Sintéticamente, Manini afirma que las medidas propuestas para reducir el déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones de dólares anuales, también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y soldados, el personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán llegar al mínimo jubilatorio. Las diferencias de enfoque en materia de cuentas aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general retirado, en presencia del comandante, había calificado de mentiroso al subsecretario de Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el mismo general contó la anécdota a un periodista y el gobierno no tomó, al menos abiertamente, ninguna medida. Ahora el propio comandante insinúa que quien miente es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo que da a entender que no se trata de un debate sobre diferencia de criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar una agresión.
Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México, donde permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba que había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus declaraciones a Océano FM. El arresto comenzará a regir desde el momento en que el militar se notifique, esto es, en la mañana del martes 18. La medida fue adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas en acuerdo con el ministro Menéndez, pero el tema fue discutido ese lunes en el Consejo de Ministros (véase nota aparte). Ya en ese momento se dispararon los rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País, que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no prosperó por “la oposición del Mpp”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a considerar (en su sector). Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la vuelta. Y, además, no creo que consulten al Mpp, en todo caso será una situación que discutan en el Consejo de Ministros”.
Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”; para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo, habrá que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos Díaz una sanción similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y Jorge Batlle, que no consideraron la eventualidad de una humillación al reunirse con el comandante del Ejército sin autorización del comandante supremo.
Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una actitud que no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que se apoyaba en la tradición, como antes hacían también los ministros que perdían el respaldo parlamentario en una interpelación. En este caso, la actitud del teniente general Manini recién se saldará formalmente cuando regrese al país, pero todo hace pensar que cumplirá los 30 días de arresto con tal de permanecer en el cargo. Visto el antecedente más cercano, las circunstancias no son las mismas. Díaz violó expresamente la norma al entrevistarse con personalidades políticas sin el consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a sabiendas”, dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura, “apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por asesinatos y desapariciones.
Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la resolución presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal parece que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el presidente Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento merecieron observaciones, que no merecieron medidas más graves en atención a la lealtad institucional que ha manifestado Manini hasta ahora. Esa aclaración del presidente fue considerada, ésta sí, como una debilidad, una inoportuna práctica del recurso “una de cal y otra de arena”.
CARTAS Y COQUETEOS. Hubo dos consecuencias inmediatas de la decisión de arrestar a rigor a Manini. Una fue la reacción de la oposición política, blanca y colorada, que no ahorraron cuestionamientos al gobierno. En una especie de paroxismo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía a concurrir, en la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir a Manini “como lo hicimos con Wilson”. Puesto que sería demasiado atribuirle a Botana una ironía tan fina como para creer que está sugiriendo que habría que encarcelar a Manini como encarcelaron a Ferreira Aldunate a su regreso al país en 1984, hay que concluir que su apoyo al militar sancionado es tal que hunde sus raíces en la historia. Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al gobierno y coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo a Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple impulso electoralero de golpear al gobierno.
Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado Rubio, de Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no obstante, respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene como referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de independencia de sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que “hay que apoyar al gobierno en esta situación. Es muy importante una señal de mando; hay que marcar con firmeza y claridad cuando un militar cruza la línea”.
Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan otras cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares retirados anunciando movimientos castrenses, como acuartelamientos y órdenes de desplazarse hacia Montevideo. En el ámbito político se coincide en que dichos audios son falsos, es decir, no corresponden a conversaciones telefónicas auténticas de supuestos oficiales de reserva que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una muestra de apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.
Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es mucho más grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las usinas de rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos de la oficialidad en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción fuera un agravio a toda la institución militar.
Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el respaldo puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas fuertes antes de llegar a la ruptura del orden institucional.
Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando retorne al país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo son sus reiteradas apariciones públicas, incluidas aquellas que notoriamente incorporaban la mentira, como lo fue la falsa información sobre presuntos enterramientos de detenidos desaparecidos.
Las FF.AA son una institución piramidal , y a partir de los 1960 , fueron reformadas como policía política y u ejército de ocupación por el pentágono, no son un ejército de guerra convencional , salvo Brasil quedo demostrado en guerra de Malvinas, los que más combatieron fueron los militares de carreras y los “colimbas”, los oficiales torturadores como el capitán Astis cuando tuvieron que combatir en serio se entregaron , sus oficiales son formados con mentalidad reaccionaria y resentimiento social hacia el civil, acaso porque ellos permiten que la tropa le diga”pichis”, a todo lo que civil, y los oficiales son hipócritas hacia el civil,no son formados como las fuerzas de otros países donde la mitad de su carrera la hacen con los civiles acá a los 15 años los meten dentro de la fuerza ydespues es el único mundo que conocen, los milicos por eso son una casta y familia entre ellos , se casan con las hijas de otros camaradas, es muy raro ver un civil o casado con una mujer de la fuerza o a la inversa . Ellos nos odian y odian todo lo que es cultura, la persona culta para los milicos es un zurditos pichi de mierda
ResponderEliminar