El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Carlos Coitiño, dijo que así como está la reforma de la caja militar es un “engaña pichanga”, ya que no soluciona nada. Además manifestó que en el relacionamiento de poderes que se da con la familia militar, esta última es la que impone condiciones que nada tienen que ver con la Justicia.
El diputado dijo que en la relación entre el poder político y los militares, desde hace muchos años se impone las condiciones de los uniformados, en todos los ámbitos, y que nada tiene que ver con la aplicación de Justicia.
Coitiño recordó las expresiones vertidas hace unos días por el presidente del Centro Militar, Carlos Silva Valiente, en referencia a la visión que tienen los retirados, y sostuvo que, aunque la ley se modifique, serán muchos los juicios que le plantearan al estado.
Botín de guerra
El gobierno de Tabaré Vázquez parece dispuesto a encarar el abultado déficit de la Caja Militar a través de una reforma que extendería la edad de retiro de los uniformados y cambiaría aspectos básicos de su privilegiado régimen jubilatorio. El Poder Ejecutivo estima que inyectará más de 1.500 millones de dólares para pagar las pasividades militares durante esta administración.
Marcos Rey
Rosario Touriño
12 noviembre, 2015
Alrededor de 100 mil pesos mensuales de jubilación cobran, en promedio, cientos de coroneles uruguayos retirados del Ejército y la Fuerza Aérea, así como los capitanes de navío de la Armada. Jubilados antes de los 55 años de edad, los coroneles están en condiciones de cobrar esas altas pasividades durante un larguísimo tiempo –en promedio dos décadas–, puesto que la expectativa de vida de los hombres uruguayos ronda los 73 años. Son cifras que contrastan bastante con los 14.639 pesos de jubilación que llegan, también promedialmente, a los bolsillos de los 400 mil jubilados civiles de Uruguay.
Estas suculentas jubilaciones de los altos mandos castrenses se deben a que, al igual que todos los demás militares, no tienen topes jubilatorios como el resto de los ciudadanos, ni deben cumplir un mínimo de 30 años de aportes personales ni 60 años de edad para retirarse. Por el contrario, con sólo 20 años de servicio –y en algunos grados con apenas 38 años de edad– pueden retirarse y seguir trabajando en la actividad privada. Al jubilarse, además, pasan a cobrar automáticamente según el grado inmediato superior y se retiran con el 100 por ciento del sueldo, amén de otros beneficios adicionales en caso de haber ejercido la docencia militar. Buena parte de este régimen diferencial ni siquiera es conocido por la ciudadanía, ya que las reglas de las jubilaciones de los uniformados no suelen ser un asunto que desvele a las tertulias ni a quienes deciden el orden del día en el ágora pública.
A todas esas condiciones preferenciales hay que sumarle, de acuerdo a información relevada por Brecha, que a través de las llamadas “leyes comparativas” los militares, cuando se jubilan, cobran lo mismo que quienes reciben el mejor ingreso de cada rango. O que cada año de trabajo en misiones de paz se computa el doble (el 75 por ciento del personal superior y el 66 por ciento del personal subalterno ha participado en estas misiones, según datos del Ministerio de Defensa).
REGORDETAS. Este privilegiado régimen jubilatorio de las regordetas Fuerzas Armadas explica por qué en 2014 el Estado debió inyectar cerca de 400 millones de dólares para cubrir el déficit de su Servicio de Retiros y Pensiones (o Caja Militar), que ronda el 0,8 por ciento del Pbi. Con esta millonaria asistencia, al Estado le cuesta casi lo mismo financiar la Caja Militar que todo el presupuesto de la cartera de Defensa. De modo que al finalizar el quinquenio el Estado uruguayo habrá inyectado más de 1.500 millones de dólares para pagar jubilaciones y pensiones militares. Esta cifra es mayor que la inversión anunciada en viviendas, tres veces más que en puertos y cinco veces más que en el ferrocarril, según las cifras del plan de inversiones en infraestructura que presentó a mediados de año el gobierno de Tabaré Vázquez.
Por donde se los mire, los números reflejan una lógica elemental: la relación entre los pasivos y los activos militares está totalmente desequilibrada. En 2013, por ejemplo, había 27.207 militares en actividad frente a 48.506 pasivos (33.820 jubilados y 14.686 pensionistas). “El gran problema es que el desbalance entre activos y pasivos –que viene de la dictadura– se ha vuelto demencial. Ha habido una reducción gradual del número de militares activos, pero como se retiran muy jóvenes y cobran durante muchos años jubilaciones bastante mayores a las de los civiles, el desequilibrio es enorme”, explica a Brecha el investigador especializado en temas de defensa Julián González Guyer. Es por eso que en la última década de los gobiernos frenteamplistas alrededor del 80 por ciento de las pensiones y jubilaciones militares no salieron de los aportes que realizaron los uniformados a su sistema de seguridad social, sino del bolsillo de la dama y el caballero, es decir, de Rentas Generales (véase cuadro de “ingresos” y “erogaciones”).
Con el argumento de que quienes ingresaban a las Fuerzas Armadas tenían bajos salarios, en la década de 1950 se permitió el ascenso de los militares aunque no hubiera vacantes disponibles ni se justificara engrosar los mandos altos. “Por eso tenemos tantos coroneles, muchos más de los que se precisan”, afirma González Guyer. En 2014 había 232 coroneles en actividad, por lo menos según los datos del Atlas Comparativo de la Defensa de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Brecha intentó sin éxito acceder a la cantidad precisa de coroneles retirados (hay quienes la estiman en un millar), pero se encontró una vez más con un mismo inconveniente: la ausencia de datos públicos, a pesar de que se trata de un servicio financiado con recursos de toda la sociedad. “También hay demasiados generales, brigadieres generales, vicealmirantes y capitanes de navío”, agrega Guyer. Desde 2006 el Frente Amplio amaga con reformar la Caja Militar, pero hasta ahora se ha quedado apenas contemplando a ese hueso duro de roer, por no saber bien cómo abordarlo o por encontrarse con precoces resistencias de la casta militar. Sin embargo, las otras cajas estatales (la Policial y el Bps), así como las cajas paraestatales (Bancaria, Profesional y Notarial) ya fueron reformadas.
EL PROYECTO. El anteproyecto de reforma que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez aumenta de 20 a 30 los años de servicio mínimo para que el personal superior se retire de forma voluntaria, y lleva la edad mínima para jubilarse hasta los 60 años, según un borrador difundido por Búsqueda. Aunque la edad de retiro dependerá del grado, Brecha confirmó que en ningún caso será menor a los 53 años. El objetivo es evidente: acercar todo lo posible el régimen jubilatorio castrense al del Bps y a los criterios rectores del sistema previsional reformado en 1996, de modo que los militares colaboren durante más tiempo con sus propias jubilaciones. Aquí conviene apuntar otra ine-quidad: mientras los aportes patronales en la administración pública son de 19,5 por ciento, los aportes patronales de los militares bajan al 15 por ciento.
El borrador de reforma también aumenta las edades máximas para el retiro obligatorio, deja de contabilizar la educación militar como parte de los años de servicio y cambia las condiciones para acceder a retiros por incapacidad. Por otro lado, la pensión que cobra la familia de un militar muerto en servicio es actualmente para toda la vida. El proyecto establece franjas que van desde el pago de una pensión vitalicia hasta una de dos años si los beneficiarios tienen menos de 30 años. Y en lugar de que los militares se sigan jubilando con el 100 por ciento del sueldo, el proyecto establece que se deberá calcular un promedio de los cinco mejores años o de los últimos cinco años de remuneración.
De aprobarse, la reforma se aplicaría a los menores de 40 años de forma escalonada hasta 2024. La idea es no afectar los derechos adquiridos de los retirados ni de los que están próximos a jubilarse, para evitar demandas de inconstitucionalidad. “En seguridad social las políticas no pueden ser de shock, salvo casos extremos. Debe existir gradualismo. Debe existir respeto a los derechos adquiridos y la existencia de períodos de transición”, decía en 2007 el entonces subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, sobre la reforma de la Caja Militar, en el Debate Nacional sobre la Defensa.
Si el anteproyecto prosperara en el Parlamento, a diferencia de las otras cajas de jubilaciones, la gestión de la seguridad social de los militares estaría en manos de un servicio desconcentrado “integrado al Bps” (actualmente la Caja Militar depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa, pese a que en los hechos goza de una gran autonomía).
EL RECORRIDO. El anteproyecto fue redactado por el astorista Gustavo Scaron, elegido directamente por el ministro de Economía para que pilotee la reforma desde el Ministerio de Defensa. “No le quedó más remedio que dejar hacer, ante la insistencia de Astori de que la reforma debía concretarse sí o sí en este período”, responden desde el gobierno cuando se consulta cómo respondió a esta presión el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. De hecho, el documento que circula tiene el visto bueno tanto de Astori como de Huidobro, y se basa grosso modo en el modelo que reformó la Caja Policial en 2008, también liderado por Scaron.
Luego de varias consultas con las carteras de Economía y Trabajo, el Ministerio de Defensa entregó el anteproyecto a los mandos militares para que lo discutieran hasta marzo de 2016. A partir de entonces habrá un “debate público y transparente”, comentó un integrante del gobierno de Tabaré Vázquez a Brecha. Aunque el Ejecutivo todavía no definió de qué manera se realizará ese debate, una posibilidad es institucionalizar una comisión interministerial integrada por los ministerios de Defensa, Economía y Trabajo para pulir la redacción definitiva antes de enviarlo al Parlamento en el correr del próximo año.
Pero, sobre todo, el gobierno buscará que tenga un amplio respaldo de los partidos políticos. El temor en filas del Ejecutivo es que el proyecto de reforma “acabe partidizado, con los partidos tradicionales en contra por cálculos electorales o para ganarse a los militares, y que se tranque el proceso”. Es por eso que apenas salga de los cuarteles el proyecto volverá a Economía, luego aterrizará en los despachos parlamentarios y se convocará a distintos actores sociales para dar un amplio debate.
Se trata de una reforma peliaguda, porque el sistema de retiros y pensiones militares no está regulado sólo por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de 1974, sino por más de 40 leyes que posteriormente hicieron modificaciones al régimen previsional. Por tanto, el Ejecutivo no ha definido aún si impulsará la reforma de la Caja Militar antes o después de modificar las cinco leyes orgánicas que están pendientes (la de las Fuerzas Armadas, las de sus tres ramas y la del Ministerio de Defensa). “Se puede reformar la Caja Militar antes de reformar las leyes orgánicas, pero es poner la carreta delante de los bueyes. Lo ideal sería reformar todo junto o reformar la Caja Militar después de elaborar el plan para reestructurar las Fuerzas Armadas. Porque de la política militar de defensa deberían desprenderse las leyes orgánicas que indiquen qué tipo de Fuerzas Armadas se precisan, con qué equipamientos y capacidades”, opina González Guyer en diálogo con Brecha.
LA RESISTENCIA. La guerra sin cuartel está insinuada. Desafiante, Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército, calificó de “inaceptable” el anteproyecto en un oficio reservado que hizo circular entre los oficiales el 22 de octubre y que inmediatamente fue filtrado en tramos a El País. El comandante de la fuerza de tierra opinó que el “documento infundado” demuestra un “profundo desconocimiento” de la estructura militar, y advirtió a los suyos que eviten preocuparse, porque intentará frenar ese borrador.
Según González Guyer, con esta filtración a la prensa Manini Ríos “está cubriéndose frente a los oficiales, diciéndoles que no tiene nada que ver con la reforma y rechazándola. Es como una declaración de guerra, porque les está diciendo a sus subalternos que no estén de acuerdo. La reforma se tiene que hacer negociando, aunque el gobierno debe saber en qué cosas puede y debe plantarse, porque alguien le tiene que poner el cascabel al gato. El Ministerio de Economía hace muchos años que amenaza; el problema es cómo viabilizar la reforma. Es un tema muy delicado y sensible para los militares, por eso tiene que pensarse que no haya demasiados márgenes para el pataleo. Por eso creo que el diálogo a puertas cerradas no es conveniente; en cambio, si se transparenta la discusión se hace más difícil sostener argumentos absurdos”.
Desde el gobierno explicaron a Brecha que es preferible “no hacer olas” con las declaraciones de Manini Ríos, para que el proceso continúe sin sobresaltos. También la ex ministra de Defensa Azucena Berruti explicó a este semanario que, en su opinión, para reformar la Caja Militar se precisará una “larga negociación”, porque el sistema previsional tiene un “valor simbólico” para los militares, dados los “formidables beneficios”, pese a que la situación financiera del régimen sea “muy grave”.
El presidente del Centro Militar, coronel retirado Carlos Silva, comentó a Brecha que están reuniendo información sobre la Caja Militar y sobre la propuesta de reforma del gobierno para que “la opinión pública tome conocimiento de la situación antes de hacer planteos”. Según el jubilado militar, “el problema del déficit es relativo”, porque, según razona, al Estado le saldría “más caro” pagarles a los militares como al resto de los funcionarios públicos: “los soldados y oficiales estamos a la orden todos los días del año, no nos pagan nocturnidad, salario vacacional ni horas extras. Y no podemos tener un soldado de 60 años en ejercicios de guerra. Yo me pregunto si algún otro funcionario público soportaría esto y el riesgo de sanciones por parte de la justicia militar”. Curiosamente, el militar atribuye a organismos internacionales como el Fmi y a los países desarrollados la presión por reformar la Caja Militar: “Los principales interesados en limitar a las Fuerzas Armadas en los países pequeños son los países desarrollados que quieren guardias nacionales o policías y nada más en nuestros países, y la izquierda hace deberes para políticas nacionales de globalización”.
Lo cierto es que el déficit es insostenible para el gobierno, y se financia a costa de retacear recursos para otras áreas prioritarias del país, como educación, salud y vivienda. Desde el Ejecutivo todavía recuerdan cómo varios altos mandos militares, auspiciados por el jurista blanco Gonzalo Aguirre, presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto a la asistencia de la seguridad (Iass), creado en 2008, y que pagan quienes tienen jubilaciones más altas (actualmente desde 25 mil pesos). Aunque ahora se muestra cauto cuando insiste en que hay que “dialogar para reformar” (Brecha, 06-XI-15), el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, estaba muy molesto cuando algunos retirados militares promovieron la inconstitucionalidad del Irpf a las jubilaciones. Y así lo explicaba en 2008: “En la Caja Militar por cada peso que entra salen cinco, los otros cuatro pesos los paga la sociedad a través de impuestos. ¿Es correcto que aquellos militares que tienen altas jubilaciones –no todos, porque la mayoría de los soldados ganan poco– reciban un subsidio de la sociedad que muchas veces pagan los pobres con impuestos, y ellos, esos pocos que tienen altas jubilaciones, no contribuyan de su jubilación para la propia Caja Militar?”.
Historial de promesas
2002 (gobierno de Jorge Batlle): el presidente envió al Parlamento un proyecto de reforma de la Caja Militar que extendía el límite de edad de retiro de 20 a 25 años de servicio y, sobre todo, ponía topes a las jubilaciones y pensiones militares, pero la iniciativa nunca fue aprobada.
2007 (gobierno de Tabaré Vázquez): “El gobierno se plantea tener terminados los proyectos de reforma de los restantes sistemas previsionales (Caja Militar y Caja Bancaria) en este año”, decía en 2007 Andrés Masoller, asesor del área de políticas macroeconómicas del Ministerio de Economía.
2010 (gobierno de José Mujica): “La modificación del marco legal por el cual se regula el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es una tarea que el actual gobierno tiene el compromiso de encarar”, afirmaba el entonces ministro de Defensa Luis Rosadilla en un borrador interno al que accedió Brecha. Pero por orden expresa del ex presidente José Mujica y luego de que ingresó a la cartera Eleuterio Fernández Huidobro, se resolvió postergar la reforma para la siguiente administración.
2015 (gobierno de Tabaré Vázquez): “En estos últimos diez años de gobiernos del Frente Amplio se ha procedido a un ‘aggiornamiento’ y modernización de las cajas jubilatorias: ha ocurrido con la Caja Notarial, la Caja Policial y la Caja Bancaria; la que está pendiente es la Caja Militar”, señaló en defensa de la reforma el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, cuando hace dos semanas asistió a la Comisión de Presupuesto del Senado.
Del dicho al hecho
1996 (gobierno de Julio María Sanguinetti): “El Poder Ejecutivo (en aplicación del principio de universalidad y) antes del 1 de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social”, dice el primer artículo de la ley 16.713 que creó el actual sistema previsional en referencia a las cajas estatales (Policial y Militar) y paraestatales (Bancaria, Profesional y Notarial). A casi veinte años de ese mandato, la única que no se ha modificado es la Caja Militar.2002 (gobierno de Jorge Batlle): el presidente envió al Parlamento un proyecto de reforma de la Caja Militar que extendía el límite de edad de retiro de 20 a 25 años de servicio y, sobre todo, ponía topes a las jubilaciones y pensiones militares, pero la iniciativa nunca fue aprobada.
2007 (gobierno de Tabaré Vázquez): “El gobierno se plantea tener terminados los proyectos de reforma de los restantes sistemas previsionales (Caja Militar y Caja Bancaria) en este año”, decía en 2007 Andrés Masoller, asesor del área de políticas macroeconómicas del Ministerio de Economía.
2010 (gobierno de José Mujica): “La modificación del marco legal por el cual se regula el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es una tarea que el actual gobierno tiene el compromiso de encarar”, afirmaba el entonces ministro de Defensa Luis Rosadilla en un borrador interno al que accedió Brecha. Pero por orden expresa del ex presidente José Mujica y luego de que ingresó a la cartera Eleuterio Fernández Huidobro, se resolvió postergar la reforma para la siguiente administración.
2015 (gobierno de Tabaré Vázquez): “En estos últimos diez años de gobiernos del Frente Amplio se ha procedido a un ‘aggiornamiento’ y modernización de las cajas jubilatorias: ha ocurrido con la Caja Notarial, la Caja Policial y la Caja Bancaria; la que está pendiente es la Caja Militar”, señaló en defensa de la reforma el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, cuando hace dos semanas asistió a la Comisión de Presupuesto del Senado.
La histórica financiación de la Caja Militar
A lo largo del siglo XIX varias normas otorgaron pensiones puntuales o permanentes a los familiares de los oficiales fallecidos en las continuas guerras civiles que desgarraron a Uruguay. Como tal, el sistema de seguridad social para los militares (la Caja Militar) se creó en 1911, durante la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez. Tenía el objetivo de atender el pago de pensiones de las viudas e hijos de los oficiales fallecidos (a partir de 1919 se extenderán las pensiones a la tropa). Las jubilaciones militares, en tanto, se siguieron pagando de Rentas Generales hasta la década de 1960, cuando pasaron a la Caja Miliar. Desde su creación, la asistencia financiera del Estado–más allá de los ingresos de la institución– ha sido esencial para su funcionamiento. Hasta el golpe de Estado de 1973 el subsidio varió entre 50 y 62 por ciento del monto total. Con la dictadura aumentó a 75 por ciento, bajó a 58 por ciento entre 1986 y 1992 (por la reducción de las pasividades y sueldos) y volvió a aumentar a 71 por ciento entre 1993 y 2005. Desde entonces, durante los gobiernos del Frente Amplio, el aumento de los sueldos y las jubilaciones implicó que la asistencia financiera del Estado trepara a 80 por ciento.
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