Aram Aharonian
8 noviembre 2023
Más allá de la económica y social, Uruguay vive una crisis institucional, tras la comprobación de que padece un gobierno -de una coalición de derecha liderada, por Luis Lacalle- corrupto, convertido en una asociación para delinquir imbricada con el narcotráfico, el fútbol profesional y la concertación de las máximas autoridades para mentir y engañar.
Las dudas que crecen en la oposición y entre miembros de la coalición derechista gobernante son por qué se entregó un pasaporte a un uruguayo a sabiendas de que estaba preso y era un «narco peligroso», por qué se montó una operación de ocultamiento al Parlamento y a la población y con qué intención. Fue el proceder de las autoridades el que ha provocado la mayor crisis de este gobierno.
Mientras que el gobierno quiere dejar en el pasado lo más pronto posible el asunto de la documentación otorgada al narcotraficante Sebastián Marset, la Fiscalía designó A Alejandro Machado como fiscal a cargo de las pesquisas sobre las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache sobre la orden de “perder” su teléfono móvil para ocultar un chat en el que se advertía sobre la peligrosidad de Marset.
La defensa que siguieron en el Parlamento los ministros involucrados, fue que hasta al momento de la entrega del pasaporte, Marset era alguien desconocido para todos. “En noviembre, ¿quién sabía quién era Marset? ¿Quién de todos nosotros sabía quién era Marset? Era hasta ese momento un futbolista uruguayo, de los tantos que hay por el mundo”, dijo el canciller Bustillo ante los legisladores. Quizá olvidó agregar que se pagaron 10 millones de dólares por ese pasaporte.
Con el pasaporte uruguayo, Marset fue liberado en Dubái y la salida de la prisión le permitió permanecer prófugo de la Justicia durante casi dos años, en los que jugó al fútbol en Paraguay y Bolivia.Fue encontrado en Santa Cruz de la Sierra, de donde también logró escapar.
El ocultamiento de evidencia sobre la entrega del pasaporte a Marset involucra a Roberto Lafluf, parte de la mesa chica del presidente Lacalle Pou y su asesor mejor pago. además de ser funcionario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La nueva investigación de la Fiscalía deberá esclarecer cuál fue el rol del mandatario en la trama de encubrimiento.
Finalmente, el país conoció una parte de la red de protección al crimen por parte de las más altas jerarquías del gobierno, Todavía se desconocen aspectos sobre compensaciones, intencionalidades, torpezas, vivezas criollas; la prensa fue identificando los nodos y las conexiones que componen la compleja trama Marset, más allá de las redes de protección política oficialistas.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, insistió en que se trata de un gobierno «inestable» y que «no tiene rumbo». El gobierno no tiene el problema en las ruedas sino en el volante, dijo. La diputada Mica Melgar planteó dudas sobre corrupción y transparencia. ¿Es un gobierno de corruptos o es un gobierno de tarados?, preguntó.
El impactante testimonio de Carolina Ache, exsubsecretaria de la Cancillería, causó el terremoto político, y, casuales casualidades, fue la única que pagó con el cargo y, curiosamente, la única que parece medianamente inocente en este entuerto. la Fiscalía investigará posibles delitos en la actuación de Francisco Bustillo, Guillermo Maciel y del asesor presidencial Roberto Lafluf, en su intento de ocultar información sobre la entrega de un pasaporte .
No se trata de funcionarios corruptos, sino DE una mafia de confabulados para delinquiar desde los más altos cargos del gobierno. Organizadores de la gran mentira, de la estafa a la democracia de la que tanto se ufanan los uruguayos, la destrucción de documentos públicos y la presión sofocante para que otros funcionarios se sumen a la corrupción para alivianar sus pecados.
El mito de la excepción oriental (uruguaya), de que “en el paisito no pasa nada” neutraliza la capacidad de prevención en materia de homicidios, tráfico de drogas ilegales, lavado de dinero y corrupción. Lo de ‘paisito’ fue un invento de quienes se tuvieron que ir por razones políticas y extrañaban el fútbol, el asadito, las alpargatas… Una nostalgia romantizada que hoy no parece más que un sentimiento simplista, cuando el principal asunto era la libertad perdida y no la barra de amigos.
Incluso había una mirada latinoamericana que ubicaba a Uruguay, ese país chiquitito que en el mapa no se ve, como el país que hay que imitar.Pero era otro Uruguay. Hoy muchos lo ubican en el mapa porque es también el paraisito fiscal para lavar dineros sucios nacionales, regionales y trasnacionales,
“Lo que más me duele de todo esto es la imagen internacional que ha sembrado este país, que más nos parecemos a una república bananera que a ese Uruguay que todo el mundo tendía a respetar a pesar de sus limitaciones, que se diferenciaba institucionalmente en este tan convulso continente”, señaló el expresidente José “Pepe” Mujica.
La prensa ayudó a tejer una visión del villano sobrenatural, inatrapable, gracias a que la ilegalidad del crimen organizado se expande en connivencia con funcionarios públicos y privados en posiciones clave y fuerzas de seguridad, muchas veces cómplices.
Porque Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y otros como Marset representan no una persona, sino una división del trabajo criminal, que fluye con la colaboración de protectores del capital (intermediarios, arregladores, gestores, facilitadores, lavadores). La impunidad de quienes integran la red criminal se debe a su capacidad de circular con protección (económica, financiera, política, judicial y de violencia) en la cuerda floja entre la legalidad y la ilegalidad.
El caso Marset muestra que los delitos de los poderosos están entre todos, pero fuera de la vista del pueblo, porque están bajo protección de la red de protección al crimen por parte de las más altas jerarquías del gobierno».
El juicio político parecía el camino insoslayable, fundado ante la multitud de elementos que permiten acusar al Presidente de ineptitud, omisión o delitos. El problema que subyace a esta decisión presidencial es la noción de impunidad que se instala con toda su fuerza en la sociedad: el gobierno puede hacer todo eso sin ser juzgado por las instituciones.
Según la prensa paraguaya, cuando Marset cayó preso en Dubai, luego de ser descubierto con pasaporte paraguayo falso, el expresidente paraguayo Horacio Cartes habría solicitado a su cuñado uruguayo Martín Bordaberry (casado con Sara Cartes e hijo del dictador Juan María) una ayuda para el narco.
Pedro Bordaberry había sido elegido en 2018 por el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, para presidir la Comisión Interventora de la AUF. No es para sorprenderse: Balbi forma parte de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la misma Conmebol.
Hoy, lo que se requiere es una investigación profunda por parte de los organismos antinarcóticos incluidos la DEA y el FBI, a fin de desnudar los nexos del fútbol con las bandas narco, señala el portal paraguayo ExpressNews.
Los uruguayos ya debieran ser conscientes de que su gobierno es corrupto, que la credibilidad en el presidente y sus funcionarios fue quebrada, aunque aún les cueste asumir que también las instituciones deportivas -nacionales, regionales- son usadas en las tramas criminales, con una prensa -tan corrompida como los políticos- que intenta reeditar con Marset la experiencia colombiana de Pablo Escobar.
.*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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