El entramado logístico, comercial y financiero detrás de Mutio
Los complicados nexos empresariales y las sospechosas maniobras económicas que utilizaba la organización en la que operaba Martín Mutio.
5 julio 2024, Caras & Caretas
Por Simón López Ortega
Después de varias idas y vueltas, el máximo órgano de la Justicia uruguaya confirmó la condena de 15 años de prisión para Martín Mutio por los delitos de narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real y por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.
La Suprema Corte de Justicia respaldó la decisión del Tribunal de apelaciones que hizo lugar a la formalización de la investigación de la fiscal Mónica Ferrero (revocando el fallo absolutorio de la jueza Adriana Chamsarián) que determinó la responsabilidad penal de Mutio respecto de las 4,5 toneladas de cocaína halladas por la Aduana de Alemania en el puerto de Hamburgo el 14 de julio de 2019.
Venta de soja como pantalla para el narcotráfico
Los magistrados entendieron que la prueba recabada por Ferrero "es inobjetable", en cuanto a que dicho cargamento “fue despachado en el puerto de Montevideo por el imputado Martín Mutio, por intermedio de la empresa Cabzen S.A.”, que, si bien no estaba a su nombre, Mutio manejaba todas sus cuentas y la utilizaba para la compra de soja a granel que luego supuestamente era exportada a Europa.
Según Ferrero, el de Mutio no se trataba de un negocio de soja “real”, como quiso justificar en las audiencias judiciales, sino que el imputado “utilizó la venta de soja como pantalla para un negocio de narcotráfico”. En ese sentido, la Fiscalía acreditó, con pruebas documentales y testimoniales, que las anteriores exportaciones efectuadas por la empresa Cabzen presentaron ‘anomalías similares’ a la que presentó la exportación del contenedor cargado con 211 bolsos con cocaína.
Concluyó que la operativa a través de Cabzen para exportar cocaína a Hamburgo fue una “reiteración de maniobras realizadas por el imputado con anterioridad”.
Uno de los testimonios claves que tuvo en cuenta la fiscal de estupefacientes es el de Sergio Díaz, funcionario de la Dirección de Aduanas designado instructor de la investigación llevada a cabo respecto de las exportaciones realizadas por Cabzen.
Tras analizar las operaciones de la empresa exportadora (además del despachante y el transportista con los que trabajaba Mutio), Díaz advirtió que las exportaciones de Cabzen a Europa “nunca terminaban bien”. Indicó que los contenedores enviados con soja “se abandonaban, no eran retirados, se les cambiaba el destino, o se enviaban de regreso a Montevideo”, lo cual, según el testigo, “no era normal”.
Del historial de exportaciones de la empresa Cabzen con Martín Mutio como responsable de la misma surge que realizó la exportación de veinticuatro contenedores: cuatro en el 2017, cinco en el 2018 y quince en el año 2019.
Diecisiete de ellos fueron abandonados o se destruyó la mercadería por parte de las autoridades en el puerto de destino: cuatro en 2017, dos en 2018 y once en 2019.
Algeciras
La defensa de Mutio expresó, sobre la investigación de la Dirección de Aduanas, que este hecho no era relevante puesto que el negocio igualmente era redituable para Cabzen, ya que previo al embarque se cobraba el 50 % del precio acordado.
Sin embargo, de la investigación patrimonial sólo surgen cuatro transferencias provenientes del exterior que no cubren el monto de los veinticuatro contenedores exportados, por lo que el dinero o bien no ingresaba en la cuenta de la empresa o dichas ventas eran ficticias, sostuvo la fiscal Ferrero en su investigación. Además, detectó el mismo modus operandi en un envío anterior al hallado en Hamburgo.
En el caso de cuatro contenedores enviados a Algeciras (España), que fueron embarcados el 7 de junio de 2019 (cinco días antes que embarcara el envío interceptado en Hamburgo), se había utilizado la misma modalidad que en aquel, dijo Ferrero. Puesto que solamente uno de los contenedores que formaban parte de una exportación de soja de cuatro contenedores fue retirado en Europa.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, comprobó que de esa exportación de cuatro contenedores destinados a la empresa Benbo Traders fue retirado uno solo, justamente el más pesado, con destino desconocido, siendo la empresa transportista de esa operativa, la española Opertransit Algeciras SL.
En el para Ferrero, paradigmático caso del puerto de Algeciras, los otros tres contenedores fueron reembarcados en un buque de Maersk Company con destino a Grecia, siendo el shipper Benbo Traders y el destinatario una empresa de fontanería de Bulgaria, luego de registrar en el sistema aduanero de Algeciras varios llenados y vaciados sin aparente explicación, más allá de lo extraño que resulta que una empresa de fontanería importe 76.480 kg de soja, notó la fiscal.
En lo que respecta a las exportaciones realizadas por Cabzen existen diferencias entre los giros recibidos de la empresa búlgara Black Ridge Investment Food y las facturas de venta existentes. La fiscal observó que Cabzen recibió tres giros de dicha empresa los días 10/04/2019, 15/04/2019 y 30/04/2019, discriminados cada uno de ellos por un valor de USD 33.000, por un monto total de USD 99.000 desde el Bank Of New York. Pero las facturas existentes de venta a Black Ridge totalizan la suma de USD 57.386,25.
Por lo tanto, se evidenció que USD 41.613,75 no poseían respaldo documental, según la información de la Dirección General de Impositiva.
Por otra parte, Martín Mutio figura copiado en la cadena de mails que intercambiaron las diferentes personas que llevaban adelante la operativa.
Justamente en uno de los emails que se reenviaron entre los diferentes operadores intervinientes en el complejo entramado de negocios figura un correo que el responsable de Benso Traders le envía a Opertransit y a Rodrigo Borja de Hamburg Süd Bilbao, donde le manifiesta:
"Me cobráis la cesión para poder realizar nosotros los transportes con el transportista del cliente final, porque vamos a sacarlos de reexportación. Porque irán a descargarse a sitios donde quieren privacidad en la descarga y solo entran camiones que sean sus proveedores".
El silo de Rolando
Donde también tenían privacidad en las descargas y en las cargas era en el silo de Javier Rolando.
Con respecto a la exportación de las 4,5 toneladas de cocaína que cayó en Hamburgo, la fiscal apuntó a que el contenedor donde se encontró la droga fue cargado en un silo diferente al declarado en el Documento Único Aduanero (DUA), donde figuraba que los tres contenedores fueron cargados en Acefu, en Los Cerrillos (Canelones), donde Mutio tenía soja a su favor para cargar los tres contenedores y, sin embargo, procedió a cargar el tercero en el silo de Rolando, ubicado en la ciudad de Libertad (San José), en el cruce de Ruta 1 y Ruta 45, donde permaneció un día y medio ‘guardado’ hasta su traslado al puerto de Montevideo.
La necesaria inteligencia y logística para cargar los 211 bolsos cargados con cocaína en el contenedor “es totalmente viable en el silo de Rolando”, y “hace imposible que haya existido una oportunidad igual posteriormente (espacio de tiempo y lugar para efectuarla) luego de la salida del contenedor del silo de Rolando”, dice Ferrero.
Además, coincidentemente con la operativa desarrollada anteriormente en el caso de Algeciras, que ejemplificó la fiscal, en el puerto de Hamburgo el único contenedor que iba a ser retirado era el cargado en el silo de Rolando en Libertad.
Mutio no solo utilizaba el silo de Rolando para determinadas operaciones logísticas, sino que era el prominente comprador de ese recinto desde 2017. Ese año celebró con Rolando un compromiso de compraventa por 3.700.000 de dólares, donde figura como adquirente un testaferro de nombre Aquiles Manzi, un misterioso hombre de 88 años afincado desde hace años en San Pablo (Brasil). Manzi nunca fue localizado, y según el propio Rolando era habitual en el imputado proceder de esa manera, dando por seguro que el adquirente era Mutio.
Rolando manifestó que como los cheques inicialmente entregados por Mutio rebotaron, y no perdía las esperanzas de concretar la compraventa ya que estaba endeudado, Mutio le ‘vendía’ granos, pero Rolando no se los pagaba, sino que los imputaba al precio de la compraventa del silo.
No obstante, Mutio ya operaba desde el silo como si fuese propio, puesto que no sólo tenía a su nombre la factura de luz del silo, sino que en el allanamiento realizado en el mismo se incautaron facturas correspondientes a Cabzen no vinculadas a negocios con Rolando.
Ese negocio con Mutio quedó por el camino y en setiembre de 2021 Rolando se presentó a concurso de acreedores por sus deudas contraídas con Guzmán Acosta y Lara y Marcio Umpiérrez, por lo que el silo en cuestión fue embargado para saldar lo adeudado, aunque el remate judicial del establecimiento previsto para el 31 de marzo del año pasado fue suspendido.
Umpiérrez, que le brindaba diferentes servicios de transporte a Rolando, denunció diferentes atentados y amenaza sufridas a partir del 20 de julio del 2023, cuando varias personas entraron a un predio privado de la localidad de Tala donde había más de 100 camiones con bidones de combustible y rociaron cinco vehículos y los prendieron fuego.
El ataque ocurrió luego de que el empresario recibiera varias cartas con amenazas que según contó el damnificado a Subrayado, comenzaron a llegar a partir de enero cuando el hombre inició juicio a más de cincuenta clientes que dejaron de pagarle los camiones que le habían comprado, por lo que tenían una deuda que superaba los 4 millones de dólares, manifestó el empresario que en agosto pasado sufrió un atentado similar en otro predio suyo en Empalme Olmos. "Pensamos que es alguien que quiere hacernos mucho daño", dijo Umpiérrez.
El empresario aseguró que ese modus operandi es muy común en Argentina, y apuntó que entre los deudores de la empresa hay varios argentinos. "Ya es un escalón más de una mafia nueva que hay que puede pasar cualquier cosa, el siguiente escalón es atentar contra la integridad física de las personas", afirmó Umpiérrez que tiene idea de quién se trata, y brindó esa información a la Justicia.
El accionista de Cabzen
Si bien los titulares jurídicos de Cabzen al momento de los hechos investigados eran Nicolás Orrico (beneficiario final) y Gustavo Ramis (director), ninguno de ellos manejaba las dos cuentas que la empresa tenía en el banco Santander.
Esto se evidencia ya que cuando el Lic. Gonzalo Cardozo, titular del estudio GC&A quien llevaba adelante la administración de la empresa Cabzen, debía solicitar información y/o justificación de los movimientos bancarios, así como cualquier cuestión vinculada a la empresa referida, lo hacía dirigiéndose a Mutio.
Pero Mutio no figuraba en la empresa que manejaba por encontrarse embargado por deudas con todos los bancos de plaza y no poder abrir cuentas bancarias, necesarias para la operativa internacional. Por lo que confió la dirección de la empresa y la parte jurídico-contable a Orrico, Ramis y Cardozo del estudio GC&A.
En diálogo con Caras y Caretas, el Dr. Orrico que tras declarar como testigo no se le encontró ningún tipo de responsabilidad sobre las actividades ilegales imputadas a Mutio explicó que su relación con la familia Mutio viene de su bisabuelo que fue el que “trajo las piletas fabricadas para la bodega Santa Rosa”.
“El primer trabajo que él tuvo (por fuera de la bodega familiar) fue en una empresa logística que la conoció en mi casamiento en la bodega Santa Rosa”, sostuvo. Además, tenía una vinculación familiar directa por lo que fue “muy doloroso” todo el proceso, por “el quiebre de confianza” que se generó en julio de 2019 a partir de la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en el puerto alemán de Hamburgo.
Orrico, integrante de la lista 40 del Partido Nacional y funcionario de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria desde 2012, indicó que fue accionista de Cabzen entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Detalló que Mutio “manejaba la parte comercial y nosotros la parte administrativa de la sociedad”. Explicó que Mutio lo contactó por la confianza que le tenía “para ordenar la empresa, bancarizarla, para poner un director de confianza, para poner un equipo contable como le dije a la fiscalía, para regularizar toda la empresa”.
El abogado pretendía que Mutio explique la misma versión que le había transmitido a él en cuanto a la parte comercial que hacía y cómo se cargaba.
Sobre cómo llegó la cocaína al silo de Rolando es una parte que “nos queda la duda a todos” y que “haya un solo implicado” por cargar todo ese cargamento, también.
El 22 de noviembre de 2019, de acuerdo con la información registral solicitada por la fiscal se comprobó que la referida empresa cambió nuevamente su directorio, pasando a ser su titular el imputado Martín Mutio, confirmando lo que los hechos demostraban en contradicción a lo que decían los ‘papeles’ o ‘formas’”, señaló.
Facturas falsas, compra de cheques e inmuebles
Respecto a la imputación por lavado de activos se inició una investigación económica financiera paralela y simultánea sobre los asuntos económicos relacionados a la actividad delictiva, con la finalidad rastrear los activos producto del crimen, para lo que se conformó un equipo de investigación integrado por representantes de la Senaclaft, DGI, BPS, BCU, Uiaf, Dirección General de Registros, División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Aduanas y Departamento de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos (D.I.P.L.A., perteneciente a D.G.R.T.I.D.) del Ministerio del Interior.
De dichos informes surge que el imputado dispuso de un importante capital en efectivo en sus cuentas bancarias, que no puede justificar su procedencia lícita, utilizando para intentar hacerlo facturas de venta de granos que luego los hechos y declaraciones de testigos evidencian que no son reflejo de una actividad cierta (como las presuntas ventas de granos a Rolando), o facturas de compra de granos que justifiquen la posterior venta (ya que no es productor) y que tampoco existen los contribuyentes que presuntamente habrían efectivizado el negocio.
Una de las maniobras detectadas en el análisis era la adquisición de cheques a cambio de efectivo. Mutio compraba cheques principalmente a Freddy Mozzo, para luego volcarlos en la cuenta de Cabzen, legalizando el ingreso de fondos.
Esta maniobra quedó en evidencia cuando el banco Santander le solicita en abril de 2019 al Lic. Cardozo la justificación de 4 cheques de plaza por el monto de USD 130.000 depositados en la cuenta de Cabzen.
Mutio justificó ante Cardozo que los mismos se debían a ventas a Rolando. Pero del análisis del origen de dichos títulos valores, surge que dos de estos cheques de terceros por U$S 30.000 y por U$S 35.000) fueron en realidad emitidos por Adelita Margot Frascolla, titular de la empresa Rivabella S.A. Que en realidad es dirigida por su hijo Alexander Fares, quien aseguró que Rivabella no compraba granos a Mutio, sino que sólo le vendía.
Según las declaraciones de Fares, este entregó los cheques al empresario transportista (de HDM Transportes) Freddy Mozzo a cambio de efectivo y, según Mozzo, habitualmente le entregaba cheques a Mutio a cambio de efectivo, para que este pueda ingresar por el sistema financiero dinero ‘limpio’ a través de cheques de plaza, apuntó Ferrero.
Fares también estuvo señalado en el caso Astesiano, puesto que el exjefe de la seguridad presidencial fue contratado para espiar las actividades del empresario rural coloniense por parte del empresario sojero argentino Claudio Andrioli, quien sospechaba que Fares le robaba granos de un establecimiento rural conocido como estancia Nueva Melhem, que históricamente perteneció a la familia Romay-Salvo.
Inyección de dinero no justificado
La DGI informó especialmente respecto a los ingresos bancarios de Cabzen, en los cuales manifiesta que figuran USD 45.997 definidos por Mutio como aportes de accionistas, que no poseen respaldo documental. Asimismo, que en un mail del 27/8/2019 Cardozo le solicitó a Mutio que justifique con documentación el ingreso de tres cheques, uno de Gerardo Zambrano por USD 68.059,63 y dos de HDM Transportes (cuyo titular es Hugo Mozzo, sobrino de Freddy Mozzo y titular de Acefu, donde Mutio cargaba contenedores solo con soja) por USD 40.000, manifestando por la misma vía Mutio, que estos ingresos correspondían a ventas realizadas a Rolando de 1500 toneladas de maíz (de lo cual no existe factura alguna), que a su vez había comprado a Agropecuaria Valdense.
De esta compra, según Mutio, no poseía factura porque no se la realizaban hasta que no terminara de levantar el total de la mercadería. Afirmación que no tiene sustento, ya que, al cotejar la información de la facturación electrónica en poder de la DGI de Agropecuaria Valdense, surge que dicha empresa solo le vendió a Cabzen 90 toneladas de maíz en el año 2019 por un total de USD 14.850. Y si bien, existen dos facturas emitidas por Agropecuaria Valdense, una por USD 94.428,04 correspondientes a 674,48 toneladas de maíz y otra por USD 72.110,70 correspondiente a 480,74 toneladas de maíz; estas fueron anuladas al día siguiente, por lo que dicho negocio evidentemente nunca se concretó, detectó la Fiscalía.
DGI concluyó que, por lo tanto, ingresaron USD 108.059,63 a la cuenta de Cabzen, de los cuales no existe documentación alguna, ni de compra ni de venta de granos.
Además, la investigación financiera comprobó que Mutio realizaba pagos por la adquisición de bienes y servicios en dinero en efectivo, pagos que superaban ampliamente el monto establecido por la Ley de Inclusión Financieras nro. 19.210.
Esto se ve graficado especialmente en las declaraciones de Fares (Rivabella) respecto a cinco facturas que su empresa le libró a Cabzen.
Respecto a una factura por USD 33.200, Mutio se la abonó integra en efectivo, mientras que otra por USD 180.000 fue abonada en parte con cheques de terceros.
Tres de las facturas representaban un “negocio real” explicó Fares, pero no fue así con respecto a las últimas dos facturas que Mutio le pidió que las hiciera.
“Me llamó por teléfono. Él me pidió esas facturas porque tenía que ir al banco con esas dos facturas para abrir una exportación, algo de eso me dijo. Después me las iba a devolver para que yo anulara las facturas, las escribí yo, él me pidió que ponga una fecha de antes. El recibo también lo hice porque él me pedía la factura y el recibo. Él me dijo la cantidad de toneladas que tenía que poner. Y en el recibo no puse nada donde dice el número de cheque, porque nada era de verdad”, declaró.
La casa en La Capuera
Respecto de una factura por la suma de USD 201.342 (que fuera utilizada para justificar ante el Banco Santander las transferencias efectuadas para la compra de dos padrones en La Capuera, Maldonado) Fares manifestó que fue un negocio real y que Mutio se lo abonó con cheques de terceros y con USD 40.000 en efectivo.
Ante Ferrero, el accionista Orrico dijo que “no tenía conocimiento de que la empresa Cabzen haya adquirido algún inmueble, si lo hizo no se me informó".
Sobre la maniobra referida a la adquisición de los padrones nro. 15044 y 15045 en La Capuera surge que con fecha 11/04/2019 Nelson Leonardo Rizzo Berón, empleado de Cabzen, le adquirió a Ana María Meléndez y Pablo Fasano, representados por el padre de Pablo, Federico Fasano Mertens, mediante escritura de compraventa autorizada por el Esc. Daniel Podestá, por la suma de USD 230.000, que según la escritura de préstamo hipotecario, le fueron prestados por el imputado Martín Mutio quien aseguró dicho préstamo con la referida hipoteca.
Consultado por Caras y Caretas, Fasano Mertens manifestó no conocer que detrás de la compra estaba Mutio o su empresa Cabzen, sino que solo conoció a Rizzo que se puso en contacto por medio de una inmobiliaria para ofertar por los padrones.
Luego del pago que Rizzo realizó mediante el Banco Santander, el banco receptor (Itaú) analizó, con la finalidad de justificar las transacciones realizadas por la empresa Cabzen, que dichos egresos fueron justificados frente al Banco Santander por la compra de Maíz a la empresa Rivabella, por un valor de USD 201.342 quedando pendiente la justificación de USD 28.658 para totalizar los USD 230.000.
En tanto, de la copia de la escritura surgió que sobre el comprador (Rizzo) existía una inmovilización de activos financieros dispuesta en 2010 por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2do turno, por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y falsificación de pasaporte.
Si bien el adquirente de los padrones era Rizzo, consultado el Escribano actuante Esc. Podestá Fariña sobre quien lo contactó para realizar la compraventa y posterior hipoteca el mismo respondió: “Me contactó Martín Mutio, me dijo que tenía un dinero para cobrar y lo quería invertir”, justificando la obtención de dicho dinero en el cobro de una comisión por la suma de USD 240.000 por venta de granos justificada con una boleta de una empresa unipersonal de Mutio y que justamente la extendió a Cabzen, su otra empresa.
Si bien, el titular del inmueble es actualmente Rizzo, quien lo hipotecó a favor de Mutio, en un negocio simulado, no se registró ningún pago por parte del primero a Cabzen como pago de las hipotecas, advirtió la fiscal. En cambio, sí se detectaron transferencias de Cabzen a Rizzo Berón por $247.659.
Según Ferrero, la adquisición de este inmueble es la muestra más representativa de la configuración de la figura que se reclama se impute (lavado) dada la maniobra realizada con diferentes documentos para intentar justificar las transferencias de dinero y la procedencia del mismo. Ya que brindó dos versiones distintas sobre su origen para justificar el ingreso al banco Santander presentando allí dos boletas por venta de granos a Rivabella que como admitiera Fares no reflejaba un negocio existente, sino que son falsas y las emitió a solicitud de Freddy Mozzo.
Vehículos para la bodega familiar
Asimismo, de análisis financiero surgieron adquisiciones de bienes muebles con capital de la empresa Cabzen que fueron destinados a la Bodega Santa Rosa.
La empresa de Mutio adquirió diferentes vehículos: una camioneta, un camión y un autoelevador marca Mitsubishi que fueron destinados a la bodega familiar.
De la documentación incautada en el Estudio GC&A, estudio que llevaba adelante la contabilidad de Cabzen, surge una boleta de compra expedida por Autoelevadores J Ramírez SA hacia Cabzen, de un autoelevador Marca Mitsubishi, por un valor de USD 28.975, el cual luego fue incautado en la Bodega Santa Rosa.
En lo que respecta al vehículo Fiat Strada, matrícula AAV4171 del Departamento de Canelones, incautado en Bodegas Santa Rosa, consultado el Sistema Único de cobro de ingreso vehiculares (SUCIVE) se constató que dicho vehículo se encontraba registrado a nombre de la empresa Cabzen, pero al momento del procedimiento realizado en la Bodega Santa Rosa dicho vehículo se encontraba dentro del precio y a disposición del Sr. Daniel Mutio, padre de Martín.
Por todo lo expuesto por la fiscal Ferrero, “se detectó la colocación con inyecciones de dinero a la empresa Cabzen, de los que no surge prestación alguna que justifique la misma. Se observó que una vez ingresado el dinero a nuestro sistema financiero se realizaron distintas transacciones, que se corresponden a la etapa de estratificación para lograr la integración de dinero no justificado en bienes lícitos”.
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