Crónica de una estafa sin fin...

>>> La estafa judicial mas grande de la historia

En noviembre de 2008 el parlamento derogó el art. 76 de la ley 2230 del año 1893 por el cual se castigaba con la pena de 2 a 5 años de penitenciaría (delito no excarcelable) a los directores y administradores de S.A. que cometan fraude. La derogación de este artículo llevaba en principio a que se entendiera extinguido el delito por el cual habían sido procesados los hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso y otros individuos, y a consecuencia de la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna.

Los Peirano

La iniciativa había sido redactada por el senador Sergio Abreu y firmada por los senadores Margarita Percovich y Rafael Michelini del FA y de Issac Alfie del P.Colorado, lo cual era sintomático de la existencia de un pacto político. Abreu declaró que redactó la ley a pedido del abogado penalista Gonzalo Fernández (quién venía ejerciendo sucesivamente los cargos de Canciller y de Secretario del Presidente Dr. Tabaré Vázquez).

 Gonzalo Fernendez

 Michelini gestionó el ingreso de la ley a la sala de sesiones salteando todas las instancias habituales. Percovich fue la encargada de explicar el proyecto en el Senado. Otro tanto hizo el diputado y abogado Dr. Diego Cánepa en la Cámara de Diputados.  Al mismo tiempo que se establecía la derogación del citado delito, la misma ley adelantaba la vigencia de la nueva Ley de Concursos con lo cual se favorecía la solución de la crisis de la mutualista CASMU. Gonzalo Fernández era abogado del Síndicato Médido fuertemente vinculado al CASMU. El interesado principal en salvar al CASMU era el Frente Amplio.  Quién planteó dudas en la discusión parlamentaria fue el Diputado Álvaro Lorenzo del PN quien sin embargo fue convencido por el penalista y Secretario de Presidente Dr.Gonzalo Fernández de que esa derogación no iba a tener consecuencias jurídicas. 
La ley fue aprobada en 15 días.  Lo cierto es que en el año 2010 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er turno (integrado por los Ministros Dres. José Bonavota, Bernadette Minvielle y Eduardo Borges) clausuró el proceso contra los hermanos Peirano invocando la derogación del citado artículo 76. Allá por el año 2003 Gonzalo Fernández había decidido abandonar el Partido Socialista al recibir críticas cuando se dió a conocer que asumiría la defensa del banquero Jorge Peirano Basso. Si bien Gonzalo Fernández no asumió directamente la defensa de los Peirano, sí lo hizo su esposa la Dra. Cecilia Salom como abogada de otro de los procesados en la causa. Ésta fue quien pidió como abogada de ese otro procesado por el mismo delito que a los Peirano, la clausura de la causa.  O sea, Gonzalo Fernández, por un lado, había asegurado a los parlamentarios que esa derogación no afectaba ninguna causa abierta, pero una vez verificada dicha derogación su señora y además integrante de su estudio pidió la clausura de la misma  en el caso Peirano, la cual fue concedida por el Tribunal de Apelaciones referido. 

Una vez descubierta la maniobra el Senador Sergio Abreu dijo: "Una carambola a tres bandas con casín"; la Senadora Margarita Percovich dijo: "Fue un operativo, nadie es inocente, nos engañaron";  el Senador Rafael Michelini dijo : "Nos estamos comiendo un garrón". En agosto de 2010 el entonces Presidente de la República José Mujica fue a visitar a Gonzalo Fernández  y Cecilia Salom a su casa para solidarizarse con ellos. En ese mismo mes el asunto fue denunciado por el abogado penalista Dr. Gustavo Salle. 

Les correspondió entender en el mismo a los entonces Juez y  Fiscal de Crimen Organizado, Doctores Jorge Díaz Almeida y Ricardo Perciballe. En setiembre de 2010 la Justicia solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, informes sobre todo lo actuado por Gonzalo Fernández. Tanto el Juez Jorge Díaz como el Fiscal Ricardo Perciballe figuraban como candidatos para ocupar la Fiscalía de Corte. El propio Jorge Díaz concurrió al Palacio Legislativo e interrogó a muchos de los parlamentarios que habían intervenido en la ley que derogaba el delito por el cual habían sido procesados los Peirano. Poco tiempo después Jorge Díaz es designado Fiscal de Corte con el voto unánime de los integrantes del Senado. 

Jorge Díaz

Enseguida de ocupar el cargo de Fiscal de Corte,  Díaz dispone el traslado del Fiscal Perciballe sacándolo de la Fiscalía de Crimen Organizado y pasándolo a una Fiscalía Civil. Con ello Perciballe quedó apartado del caso Peirano. Transcurrido cierto tiempo, la investigación respecto al asunto Gonzalo Fernández y la derogación del delito por el cual habían sido procesados los Peirano,  fue archivada. En resúmen: Jorge Díaz es designado Fiscal de Corte por unanimidad, el Fiscal Perciballe es desplazado por el Fiscal de Corte Jorge Díaz y la causa que involucra la actuación de Gonzalo Fernández y varios parlamentarios se archiva. Allí también hubo un pacto.

 Gonzalo Fernández (y varios parlamentarios) le debe (n) a Díaz no haber sido procesado(s). Díaz le debe a Gonzalo Fernández (y a los parlamentarios de todos los partidos políticos) haber sido designado Fiscal de Corte.

En realidad Díaz y Perciballe competían para ser Fiscal de Corte. Ambos eran propuestos por el FA. Usaron y jugaron con el caso Gonzalo Fernández creyendo cada uno de ellos dos que iba a ser el Fiscal de Corte; ganó J. Díaz y lo degolló a Perciballe.

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