https://www.lr21.com.uy/justicia/264475-se-escaparon-los-empresarios-uruguayos-que-estafaron-us-80-millones-al-estado-brasileno
El empresario uruguayo Isidoro Rozenblum y su hijo Rolando Rozenblum, recluidos desde hace un año en la prisión de Curitiba por haber estafado al estado brasileño en 80 millones de dólares, burlaron a los guardias del hospital donde se encontraban privados de libertad y desaparecieron.
Ambos compatriotas fueron detenidos por la Policía Federal (PF) del vecino país durante la operación «Puesta de Sol», en junio del año pasado. El empresario y su hijo evadieron cerca de 150 millones de reales en impuestos, lo que se convirtió en un récord para el estado de Paraná.
Los uruguayos llegaron a montar un verdadero imperio presentando como estandarte las bicicletas y motocicletas Sundown.
Desde su detención, ambos empresarios comenzaron a ingerir una gran cantidad de comida, lo que los convirtió rápidamente en «obesos», llegando a complicar la salud de ambos por la obstrucción de las arterias coronarias.
El médico de la prisión les recomendó una estricta dieta, pero tanto el padre como el hijo decidieron hacer oídos sordos y siguieron engordando mes a mes.
Un preinfarto sufrido por Isidoro Rozenblum fue el detonante para que ambos pidieran pasar por el quirófano para colocarse un «cinturón gástrico», una operación simple que consiste en poner una especie de anillo alrededor del estómago, obligando a que el órgano se contraiga y rechace las ansias de comer.
La cirugía se llevó a cabo con éxito, pero una complicación posoperatoria obligó a que ambos pacientes permanecieran en cuidados intensivos por casi dos semanas.
La sorpresa fue mayúscula cuando los médicos responsables de la operación, acompañados por cinco policías, se hicieron presentes en la habitación con el alta médica y no había ni rastros de los pacientes.
Un video tomado por una de las cámaras de seguridad tomó con claridad el momento en que Izidoro escapaba por una de las ventanas de la habitación y luego alcanzaba la calle saliendo con total normalidad por la puerta principal.
Los guardias responsables de la custodia de los empresarios fueron detenidos y son sospechosos de facilitar la fuga de los compatriotas.
La justicia brasileña se mostró sumamente molesta con esta fuga, ya que anunciaron que de alcanzar territorio uruguayo, se haría casi improbable una extradición, ya que Brasil no extradita brasileros que cometen crímenes en el exterior después que éstos vuelven al país, y sería casi una «falta de respeto» pedirle a la Justicia uruguaya que devuelva a los fugados sin mayores trámites.
No obstante, Interpol ya recibió los datos de los empresarios y aseguran que de encontrarlos no podrían intervenir hasta que se libre una orden de arresto a nivel internacional, ya que «en nuestro país, los Rozenblum están completamente limpios». *
Apareció en Maldonado
Intermedió con los israelíes que vendieron el sistema de video vigilancia a Maldonado en compra directa de entre 22 y 27 millones de dólares.
Rolando Rozenblum, por ese entonces presidente de CIPEMU (Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado). Dicho reportaje fue realizado el lunes 6 de junio de 2016 y el Sr. Rozenblum se despachó con una serie de afirmaciones realmente impactantes y a continuación transcribimos parte de la entrevista hecha en esa radio, donde Rozenblum afirmó que “CIPEMU que actuó como “catalizador” e impulsor del proyecto que culminó el viernes con el contrato firmado con la empresa israelí Elbit, para poner en marcha el proyecto “Maldonado, ciudades inteligentes” a través de la instalación de cámaras de seguridad”
El sistema de cámaras para vigilancia de Maldonado, que la Intendencia compró por 20 millones de dólares a la israelí Elbit Systems está resultando mucho más beneficioso para los empresarios que participaron en las negociaciones que para la población que lo paga con la esperanza de que así disminuirán los delitos contra la propiedad. La embajada de Israel ha utilizado el servicio –cuya eficacia no está probada– como vidriera para promocionar a su principal empresa militar en países de la región. En tanto, empresarios de Maldonado y Montevideo vinculados a la comunidad israelita que promovió el proyecto desembarcaron en Honduras para hacer negocios con el gobierno.
El proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes se gestó en 2014 por iniciativa de la Comunidad Israelita Punta del Este-Maldonado (Cipemu), presidida entonces por el empresario Rolando Rozenblum, con apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado. A través de Cipemu entró en escena la firma Noa Security (Noa Group Ltd), contratada para diseñar un proyecto de videovigilancia con tecnología israelí para Punta del Este y la capital departamental. El documento titulado “Consultoría para el proyecto Ciudad Inteligente, Punta del Este-Uruguay”, al que Brecha accedió, fue presentado en agosto de aquel año a las autoridades de la Cámara Empresarial de Maldonado bajo “restricción de divulgación y utilización de los datos”. En plena campaña electoral a la Intendencia, la propuesta llegó a casi todos los candidatos del departamento de la mano de Rozenblum y del presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra de Brum.
En esa época Rozenblum era conocido en Maldonado como dueño de la constructora Casa Valor (Damertir SA) y activo dirigente de la comunidad israelita en Punta del Este, aunque no pocos empresarios y políticos sabían que, además, era un prófugo de la justicia brasileña. Rolando y su padre, Isidoro, fueron a una cárcel de Curitiba en 2006, acusados de malversación de fondos, evasión fiscal, falsificación ideológica y “corrupción activa” a través del grupo empresarial familiar Sundown. Luego los condenaron a diez y cinco años de prisión, respectivamente, al tiempo que les embargaron bienes e incautaron propiedades en Suiza por unos 10 millones de dólares.
Mientras cumplían prisión en un hospital penal, por problemas de salud, los Rozenblum escaparon hacia Uruguay. Los pormenores del caso –que estaba a cargo de Sergio Moro (el mismo juez que puso tras las rejas a Lula da Silva y a numerosos empresarios y políticos brasileños en el marco de la operación Lava Jato)– fueron publicados por la revista Época en enero de este año. El artículo informa que la causa por corrupción fue anulada en 2008 por el Superior Tribunal de Justicia porque, según los ministros, Moro excedió ampliamente los plazos legales para ejecutar escuchas telefónicas sobre los acusados; sin embargo, el Ministerio Público brasileño interpuso un recurso para revocar esa decisión y está pendiente su resolución. El resto de los delitos prescribieron, tras permanecer años congelados por la huida de Rozenblum y la ausencia de un tratado de extradición entre Uruguay y Brasil.
No obstante, aún siguen en trámite causas contra los Rozenblum en otras materias, de acuerdo a los expedientes electrónicos publicados por la justicia brasileña y consultados por Brecha para este artículo. Hace apenas una semana el portal judicial actualizó el avance de varios procesos en material laboral y tributaria, por los cuales a fines de mayo se intimó a miembros del grupo Rozenblum –entre ellos Rolando y su padre– a pagar unos 400 millones de reales acumulados por deuda fiscal de numerosas empresas del grupo. La justicia les advirtió que, de no afrontar la deuda, tendrán que presentar bienes para ser embargados.
Por lo menos hasta mediados de 2016 pesó sobre el empresario un pedido de captura internacional de Interpol, según consignó el semanario Búsqueda al tomar una nota publicada por Veja en setiembre del año pasado. La revista brasileña afirmó, entonces, que los Rozenblum habían escondido en Uruguay unos 300 millones de reales con los cuales pudieron reinsertarse en el mundo empresarial. Sin embargo, los negocios del empresario en el sector de la construcción de Maldonado jamás fueron cuestionados y nunca faltaron autoridades departamentales y nacionales para cortar la cinta inaugural de las viviendas de interés social promovidas por Casa Valor. Igualmente bienvenido fue el proyecto educativo del International College de Punta del Este, del que Rozenblum es socio y para cuya multimillonaria construcción consiguió apoyo logístico de la Intendencia y del Ejército (esto último ameritó una investigación interna en la fuerza castrense, cuyo desenlace se desconoce).
No es de extrañar este “hacer la vista gorda” a los antecedentes del empresario en un departamento cuya industria de la construcción se desarrolló, durante décadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. No en vano la nueva ley integral contra el lavado de activos, que rige desde enero de este año (véase nota de Mauricio Pérez), incluyó a las empresas constructoras entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central (Bcu), al tiempo que ya en 2017 funcionarios de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft) comenzaron a reunirse con promotores de la construcción en Punta del Este para advertirles que debían cumplir con la “diligencia” de investigar el origen del dinero aportado por los inversores. Incluso hay empresarios y políticos que, por lo bajo o en declaraciones de prensa, aseguran (casi lamentan) que la ley antilavado aleja inversores y traba el avance de millonarios proyectos edilicios en el balneario.
Tanta influencia social tenía Rozenblum en Punta del Este que, como dirigente de Cipemu y mientras mantenía su residencia forzada en el balneario bajo pena de ser capturado por Interpol si salía del país, llegó a entregar placas de reconocimiento al jefe departamental de Policía, Erode Ruiz, y al subjefe Víctor Trezza (por cierto, este jerarca pasó a retiro en marzo de 2017 para asumir al mes siguiente como subdirector general de Tránsito y Transporte de la Intendencia, con un grado 11 en el escalafón de cargos de confianza de Antía).
Su compleja situación judicial en Brasil tampoco inhibió a Rozenblum de aportar fondos a las campañas de los aspirantes a la Intendencia en 2014. Según constató Brecha al repasar las declaraciones juradas que los candidatos presentaron a la Corte Electoral, el empresario figura con una donación de 125 mil pesos para la campaña departamental del nacionalista Rodrigo Blás (actual presidente de la Junta de Maldonado) y 106 mil pesos para la de Enrique Antía, en este caso a través de Damertir SA. Es imposible saber, por esta vía, si otros candidatos también financiaron parte de su campaña con fondos de Rozenblum, ya que Blás y Antía fueron los únicos que completaron de principio a fin el formulario de la declaración jurada.
Con todo, ese mismo año Rozenblum logró que la novel embajadora de Israel, Nina ben-Ami, llegara a Maldonado para entrevistarse con la directiva de la Cámara Empresarial y visitar la Jefatura de Policía, con el ánimo de sondear la propuesta de seguridad impulsada por Cipemu a través de Noa Security. Antía ya había hecho de la seguridad un tema central de su programa de gobierno y tomó la iniciativa con la idea de extenderla a todo el departamento.
En marzo de 2015 el entonces candidato Antía presentó este plan al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aprovechando un Consejo de Ministros realizado en Maldonado. En esa instancia Bonomi remarcó que la cartera no tenía recursos para ejecutar la iniciativa y que, de todos modos, el gobierno departamental no podía embarcarse en algo así porque, por mandato constitucional, la política de seguridad recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo.
Tras su triunfo en las elecciones de mayo, Antía volvió a la carga con el proyecto de “ciudades inteligentes”, y aunque fustigaba al Frente Amplio por heredarle “un agujero financiero”, propuso al gobierno nacional que la ciudadanía de Maldonado costeara los 20 millones de dólares de inversión que requería el proyecto promovido por el gobierno de Israel. “Tuvimos cantidad de ofertas, de intermediarios que proponían contactarnos con empresas o que decían haber vendido sistemas a diferentes ciudades, hasta que la Cámara Empresarial nos invitó a una reunión con la Cipemu y alguien de Elsec (nombre comercial de Elbit Systems)”, recordó el director general de Planeamiento de la Intendencia, Roberto Chiacchio, durante una entrevista concedida a Brecha en 2016 para explicar los alcances del nuevo plan de seguridad.
La existencia de un convenio entre Uruguay y el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat) le allanó el camino. Según el jerarca, “el Ministerio de Defensa (israelí), a través de la embajadora, ratificó que Elsec era la adecuada” para ejecutar el plan. El gobierno departamental se amparó en una disposición del Tocaf que justifica la compra directa cuando “las circunstancias exijan que la operación se mantenga en secreto”, y así Elbit Systems pasó a tener voz y voto en la gestión de la seguridad pública departamental: no sólo vendió los equipos y programas informáticos al gobierno departamental sino que sus técnicos participaron activamente, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, para definir la estrategia de vigilancia.
Un “contrato marco y complementario” entre la Intendencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior fue el paso previo al acuerdo que firmaron el gobierno departamental y Elbit el 3 de junio de 2016, sin ningún proceso licitatorio. A esa altura estaba en pleno auge la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (Bds) “contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí” en Gaza. Mientras los portales solidarios con la causa palestina (como Rebelión) informaban sobre las cuantiosas pérdidas que experimentaban las empresas militares israelíes y sus subsidiarias en numerosos países a causa de las protestas, en este rincón de Uruguay el gobierno de Israel respaldó un jugoso contrato para Elbit –una de las más cuestionadas por los activistas– y al mismo tiempo utilizó el proyecto para expandir sus intereses comerciales en América Latina. En medios locales y nacionales Rozenblum se jactaba de haber sido el artífice del negocio “para el bien de la sociedad”.
***
Meses después de la firma del contrato entre la Intendencia y Elbit, volvió a escena la firma Noa Security, aquella contratada por la Cámara Empresarial de Maldonado para elaborar la propuesta de videovigilancia en plena campaña electoral. El presidente de esta empresa, Avi Staroselski, concedía entrevistas a medios nacionales y extranjeros para abundar en las bondades del sistema de Maldonado y ensalzar las capacidades de su empresa para dar respuesta a los problemas de seguridad en diferentes países.
En febrero de 2017, por ejemplo, el portal argentino Infobae destacó el “plan global de seguridad de Maldonado” en una crónica de la periodista Muriel Balbi, enviada al flamante Centro de Comando y Control Unificado instalado en la capital departamental. “El diseño e implementación estuvo a cargo de las empresas israelíes Noa Security –con experiencia en países como Honduras– y Elbit System, una de las principales fabricantes de materiales electrónicos de defensa del mundo y que tiene a su cargo parte de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México”, relató la cronista.
A continuación, Balbi reprodujo parte de una entrevista en la que Staroselski, “experto israelí en seguridad y antiterrorismo de Noa Security”, explicó “las ventajas de las nuevas tecnologías en materia de seguridad” y se refirió a los estudios y diagnósticos previos a la instalación de las cámaras en Maldonado. “Esto nació de un acuerdo con Noa Security, nuestra empresa. Nosotros elegimos a Elbit System para que fuera el integrador. Esto estuvo sobre la base de un acuerdo entre países”, sostuvo Staroselski, en alusión al convenio de cooperación entre los gobiernos de Israel y Uruguay en que se enmarcó el contrato entre Elbit y la Intendencia.
Hasta ese momento ningún jerarca departamental o nacional había mencionado públicamente a Noa Security como parte del contrato. Por eso el edil emepepista Joaquín Garlo, quien junto a otros integrantes de la bancada frenteamplista llevaba meses reclamando a la Intendencia los detalles de la compra directa a Elbit, presentó un pedido de informes para conocer “las vinculaciones de la empresa Noa Security Solutions en la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia de Maldonado”. El director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, encargado de coordinar el proceso de compra e instalación del programa Maldonado, Ciudades Inteligentes, en representación de la Intendencia, le dio una respuesta sorprendente: “esta dirección general no tiene ninguna información sobre la empresa citada”. De acuerdo al documento, al que Brecha accedió, tampoco el subdirector general de Asesoría Notarial halló rastros de Noa Security: “de la documentación sobre la contratación de Elbit Security no surge vinculación alguna” con esa empresa, contestó Eduardo Suárez.
Sin embargo, Staroselski seguiría saliendo en los medios como principal promotor del sistema aplicado en el departamento. En noviembre pasado Infobae envió al periodista Germán Padinger a una “demostración sobre las capacidades” del centro de monitoreo construido en el viejo Círculo Policial de Maldonado, a la que también asistieron otros medios extranjeros convocados por la embajada de Israel. “Potenciado por las empresas israelíes Noa Security Solutions y Elbit Systems, el Centro de Comando y Control Unificado del departamento uruguayo de Maldonado utilizará 1.200 cámaras para aumentar la seguridad”, señalaba el artículo en su encabezado. Otra vez Staroselski oficiaba como vocero, en su calidad de presidente de Noa Security. “Su empresa, que en parte representa a la empresa de defensa israelí Elbit Systems, también trabajó activamente en la capacitación de los agentes que operan el centro”, escribió Padinger para el portal, demostrando que, aparentemente, estaba más empapado del papel de Staroselski que la propia Intendencia.
También el periodista Luis Aguilar, del canal panameño Telemetro, viajó a Maldonado para asistir a esa “demostración” en el centro de monitoreo; entrevistó a Staroselski y produjo otra pieza propagandística de Noa y Elbit. El enviado complementó su cobertura con un segundo informe, centrado en una entrevista realizada en Montevideo a la embajadora Nina ben-Ami sobre “Israel y su aporte en América Latina”, tomando como ejemplo el caso de Uruguay.
Claramente, los artículos de prensa y entrevistas televisivas realizadas en esa ocasión oficiaron como piezas publicitarias de las empresas israelíes, que utilizaron el centro de monitoreo del Ministerio del Interior (costeado por la ciudadanía de Maldonado) como vidriera para promocionar “sus capacidades” en otros países del continente. Las notas de prensa evidenciaron, además, que el gobierno departamental no estaba siendo transparente en cuanto a la participación de empresarios israelíes, particularmente de Avi Staroselski.
***
En enero de este año un tribunal de apelaciones en lo civil obligó a la Intendencia a entregar a la bancada frenteamplista de la Junta de Maldonado datos económicos sobre el contrato con Elbit que hasta entonces se resistía a mostrar, alegando que se ponía en riesgo la seguridad pública. Al revisar el expediente, el edil Garlo pudo establecer que Avi Staroselski forma parte de Galemin SA, firma que preside el abogado Marcelo Sapiro y que oficia como subcontratista de las empresas seleccionadas para instalar el sistema de videovigilancia: Sureste Construcciones, que recicló el viejo Círculo Policial donde se encuentra el centro de monitoreo, y J T de León, que instaló la infraestructura eléctrica del sistema. La primera surgió de un llamado a cotización entre tres firmas convocadas por Elbit y cobró 795 mil dólares por las reformas; la segunda, seleccionada en forma directa para instalar la infraestructura de electricidad, es propiedad de un habitué de las cenas organizadas semanalmente por Cipemu y cotizó 2.430.000 dólares. Ese dinero, de acuerdo al contrato con Elbit al que accedió el edil Garlo, corrió por cuenta del gobierno departamental y llevó el presupuesto total a 21.725.000 dólares.
Además de nexo entre las citadas empresas y Elbit Systems, Staroselski preside la Cámara de Comercio Uruguay-Honduras (Ccuh), creada en la misma época en que la empresa israelí concretó su negocio en Maldonado. El secretario de esta nueva gremial es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, en tanto la tesorería está a cargo del empresario Álvaro Padín, propietario de Bethel Spa y esposo de la diputada suplente del Partido Nacional Lourdes Rapalín.
Un repaso de las actividades de la Ccuh consignadas en el usuario de Facebook de la institución y en medios de prensa hondureños revelan que este grupo empresarial ha desplegado una intensa agenda en el país centroamericano y mantiene una estrecha relación con el presidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, de Honduras), reelecto en noviembre pasado bajo denuncias de fraude. De hecho, la directiva de la Ccuh asistió en pleno a la ceremonia de asunción del mandatario y fue recibida por varios miembros de su gabinete. Entre éstos se destaca el general Fredy Díaz Zelaya, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas hondureñas de 2015 a 2017 y designado en febrero pasado como ministro de Defensa para el segundo período del presidente Hernández. El jerarca castrense tuvo un rol fundamental en el proceso de fortalecimiento de las fuerzas armadas de su país, iniciado durante el anterior gobierno de Hernández, que cuajó en julio de 2016 a través de un acuerdo marco entre los gobiernos de Honduras e Israel por una inversión de 209 millones de dólares.
La principal abastecedora de equipos para las fuerzas de tierra, mar y aire (armas a control remoto, embarcaciones de primera generación y una escuadrilla de aviones no tripulados, entre otros) es Elbit Security, de acuerdo a los medios hondureños relevados por Brecha. En enero pasado este jerarca militar recibió en su casa a Staroselski, Padín y Pereyra, como directivos de la Ccuh, confirmó este último a Brecha. “El rol de Staroselski como empresario en Honduras es mucho más importante que el que tiene en Uruguay, y es un hombre muy respetado”, dijo Pereyra, para explicar que fue el israelí quien en 2016 propuso a empresarios de Maldonado y del Piso 40 del World Trade Center armar una gremial específica para probar negocios con Honduras, país donde opera a través de Noa desde hace varios años.
El empresario de Maldonado enfatizó que desconoce el tenor de las conversaciones mantenidas entre Staroselski y el ministro de Defensa hondureño en las diferentes misiones, y prefirió destacar las oportunidades que, gracias a la iniciativa del israelí, esperan a los uruguayos en rubros diferentes a los de la seguridad. Sin embargo, fuera del gobierno las misiones empresariales de los orientales no son tan bien vistas. Particularmente crítico ha sido el analista político Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras, quien en febrero pasado –poco después de la última visita del grupo– denunció “una conspiración desde el interior de la Oea y la mafia uruguaya” para entorpecer las investigaciones anticorrupción en aquel país. “Altos empresarios uruguayos interesados en invertir en seguridad estuvieron en Honduras el año pasado. ¿Desde cuándo los uruguayos han querido venir a invertir en el país más inseguro del triángulo norte y del continente? ¿Quién fue el que los trajo? Hay que investigar a Avi Staroselsky. ¿Qué representa este señor en la venta de armas a Honduras? Acá hay negocios, y el periodismo de investigación debe ahondar en el tema”, lanzó Meza, durante una conferencia en la que acusó al secretario de la Oea, Luis Almagro, de poner obstáculos al trabajo de la Misión de Apoyo en la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih), dependiente de la propia Oea. Brecha consultó a Meza sobre estos dichos, pero éste declinó profundizar en el tema. Tampoco Staroselski acusó recibo de los mensajes enviados.
[notice]Resultados inciertos
El Ministerio del Interior no tiene ninguna evaluación sobre el impacto del sistema de vigilancia de Maldonado en los índices de delincuencia del departamento, informó a Brecha el vocero de la cartera, Fernando Gil. Sin embargo, adelantó que “próximamente” el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad se abocará a esa tarea. Por lo pronto, el funcionario ministerial enfatizó que las últimas estadísticas de Maldonado revelan un incremento en las rapiñas durante el primer semestre de este año en comparación con igual período de 2017. La información sobre el departamento se conocerá oficialmente a principios del mes próximo, cuando el organismo creado en mayo y que funciona en la órbita de la Presidencia revele los registros de todo el país.
En agosto pasado el intendente Enrique Antía afirmó que el sistema ya mostraba resultados exitosos porque en el primer semestre de aplicación los arrebatos en la vía pública bajaron “un 60 por ciento, y los robos un 40 por ciento”. Sin embargo, en un pedido de informes solicitado posteriormente por el diputado y ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, el ministerio consideró “prematuro” hacer evaluaciones y remarcó que todavía faltaba colocar buena parte de las 1.200 cámaras que la Intendencia compró a Elbit por 18,5 millones de dólares y para cuya financiación (parcial) creó una tasa que pagan todos los habitantes, tengan o no videovigilancia en su barrio.
El ministerio también señaló al diputado que las cámaras de Maldonado costaron “tres veces más” que las adquiridas mediante licitación pública por la cartera para otras zonas del país. En este punto, el ministerio se desmarcó del proceso de compra directa y enfatizó que su intervención se circunscribió a los aspectos estratégicos y técnicos de la instalación del sistema. En estos años Antía siempre remarcó que todo el proceso contó con el aval del gobierno nacional y que, de hecho, el presidente Tabaré Vázquez designó a su hermano, el subsecretario Jorge Vázquez, para atender personalmente el caso de Maldonado. Sin embargo, fuentes consultadas en el ministerio insistieron en que el hermano del presidente nunca participó en las negociaciones empresariales.
Empresario Rolando Rozenblum presentó candidatura a alcaldía de Punta del Este
https://www.puntanews.com.uy/empresario-rolando-rozenblum-presento
Este martes, en el Grand Hotel, tuvo lugar la presentación de candidatura y campaña del empresario que aspira a ser electo alcalde de Punta del Este. La actividad contó con la participación del candidato a intendente del sector Todos por Maldonado (TxM), Miguel Abella, y del diputado Diego Echeverría.
En
el evento, Rozenblum compartió "su visión para el desarrollo y el
bienestar de la comunidad esteña y recibió mensajes de apoyo de los
senadores Javier García, Alvaro Delgado y la senadora suplente Gloria
Rodríguez, que "destacaron las cualidades de Rozenblum para representar a
los puntaesteños en este período".
Uno de los puntos en los que se hizo énfasis durante el lanzamiento, fue
el de "seguir fortaleciendo a Punta del Este como un destino turístico y
de inversiones, un lugar de crecimiento y progreso para todos sus
habitantes".
Rozenblum, director de la Constructora Casa Valor, CEO del International
College, expresidente de CIPEMU y expresidente de la Cámara Empresarial
de Maldonado, será candidato a la Alcaldía por la lista 28-CH, del
sector Todos por Maldonado, que apoya la candidatura a la Intendencia de
Miguel Abella a través de la lista 88, liderada por el diputado Diego
Echeverria.
Durante su intervención, Rozenblum desarrolló su historia de vida en
Punta del Este, agradeció el apoyo de su familia en este nuevo desafío y
presentó lo que considera son los pilares claves de sus propuestas:
bajar el costo de vida de los residentes, mayor cercanía de los
servicios, ser un alcalde que esté "siempre cerca" y destacó que "está
dispuesto a dejar sus actividades privadas para dedicarse "full time" al
servicio de los vecinos, potenciar el desarrollo humano de la
comunidad, destacar la identidad patrimonial y tener una gestión
profesional, con métricas claras y eficiencia".
"Lo que nos trajo hasta acá es lo que nos va a potencial hacia el
futuro, quiero aplicar toda la experiencia aprendida para mejorar la
vida de todos los vecinos de Punta del Este, vamos a ganar la elección
el próximo 11 de mayo”, dijo e invitó a todos "a ponerse la camiseta por
Punta del Este".
Rolando Rozenblum es candidato a alcalde de Punta del Este , renunciando en febrero del 2025 a la Presidencia de la Cámara empresarial de Maldonado.
07 marzo 2025, Caras&Caretas
Por Ricardo Pose
Rolando Rozenblum es un empresario reconocido en Punta del Este, con una trayectoria destacada como presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado hasta febrero de 2025, cuando renunció para postularse como candidato a alcalde de esa ciudad, y cuenta con el apoyo del dirigente nacionalista Diego Etcheverría.
IA desmemoriada
Entre la danza de nombres de los candidatos a Alcalde de Punta del Este sobresale el del ex presidente de la Cámara empresarial de esa ciudad, Rolando Rozenblum.
Su primera disputa es entre los candidatos del Partido Nacional y Rozenblum por el momento solo cuenta con el apoyo del diputado Diego Echeverría.
El portal Correo de Punta del Este introduce en el debate político un elemento novedoso (si se toma como un divertimento jocoso) consultar las posibilidades de victoria de cada candidato según la Inteligencia Artificial (IA).
Luego de un extenso análisis sobre el potencial del candidato concluye la IA: "dado su perfil y el respaldo potencial del Partido Nacional, Rozenblum parece tener una base sólida para competir. En municipios pequeños como este, las elecciones a menudo se definen por la cercanía con los votantes y la capacidad de movilización, áreas donde su experiencia organizativa podría ser clave. Rolando Rozenblum tiene posibilidades reales de ser electo alcalde de Punta del Este, especialmente si capitaliza su imagen como empresario exitoso y logra consolidar alianzas políticas efectivas. Sus probabilidades podrían estimarse como moderadas a altas en este momento, pero dependerán de cómo se desarrolle la campaña, de sus competidores y de su capacidad para conectar con los residentes más allá de los círculos empresariales."
Un elemento común en el relato de los dirigentes nacionalistas que lo impulsan y la propia IA es tomar como punto de partida su gestión en la Presidencia de la Cámara Empresarial. "Punta del Este es un municipio con una población pequeña (alrededor de 11,000 habitantes según datos de 2024) pero con un perfil socioeconómico alto, donde temas como inversión, turismo y calidad de vida son prioritarios. Rozenblum parece alineado con estas demandas", señala la IA.
Incluso apostando a los sectores de Poder dentro de Maldonado, se enfatiza su perfil de CEO del International College que ha promovido iniciativas para atraer residentes extranjeros y mejorar la calidad de vida en Punta del Este.
Prófugo de Sergio Moro
Todos pueden redimir su pasado; pero en momentos de definición de responsabilidad para la gestión de la cosa pública cada elemento cuenta para tomar la decisión de a quien otorgarle la confianza.
El portal Crónicas del Este recuerda tomando una crónica de la red O globo que, "En 2006, él y su padre, Isidoro, fueron condenados por corrupción activa por un prometedor juez de Curitiba, llamado Sergio Moro (el mismo que encarceló Lula Da Silva) en la llamada Operación Pôr do Sol, derivada del caso Banestado, que investigaba las remesas ilegales de dinero al exterior. En los años siguientes, Rozenblum fue a la cárcel y realizó una fuga espectacular del Brasil, se convirtió en prófugo de la justicia, se entregó a la Interpol y su caso acabó siendo reconocido como un ejemplo de una investigación con errores. La familia Rozenblum, emigró a Brasil en la década de 1970, construyendo un imperio empresarial en Curitiba. A fines de los 90, eran propietarios de Sundown, la marca líder en el mercado de bicicletas. Sin embargo, en 2001, se vieron involucrados en el caso Banestado, una investigación que reveló remesas ilegales de miles de millones de reales al exterior a través de cuentas especiales en el banco del gobierno de Paraná.
Los primeros indicios de irregularidades en Sundown surgieron en agosto de 2005, más de un año después del inicio de las escuchas telefónicas. Las conversaciones interceptadas revelaron diálogos en clave y acuerdos para la entrega de supuestas "lamas" o reuniones en lugares inusuales como supermercados para "mostrar las losas". La investigación también incluyó la incautación de 37 obras de arte y 3.000 dólares. De la investigación resultarían dos acciones penales, una por los delitos de malversación, evasión monetaria, falsedad ideológica y gangrape, y otra por corrupción activa. En noviembre de 2006, Rolando Rozenblum fue condenado a diez años de prisión y su padre, Isidoro, a cinco. Un año después, los fiscales aún lograron congelar el equivalente actual a 10 millones de dólares en bienes familiares en Suiza.
La salud de ambos se deterioró en prisión debido al estrés y cambios en la dieta. Padecieron problemas como ataques de pánico, presión arterial alta, anemia y trombosis. Después de ser trasladados a un hospital privado mediante un examen médico privado, obtuvieron arresto domiciliario en 2007 gracias al ministro Eros Grau. Sin embargo, este beneficio fue revocado y, ante la inminencia de volver a prisión, planearon su escape.
La estrategia de fuga se llevó a cabo durante la noche, aprovechando la distracción de parte del personal médico y de seguridad".
Propuestas políticas
Rozenblum no solo se dedicó a la actividad empresarial; promovió junto al diputado nacionalista Etcheverría la aplicación de la ley de vagancia; en declaraciones a la prensa había manifestado: "Tuvimos hablando con el Diputado Diego Etcheverría sobre lo que es la actualización de la Ley, la cuál está desde 1942, es una ley que estaba en desuso, con el protocolo se da la posibilidad de uso, admitido por la Suprema Corte, por los Jueces, Fiscales, por el Ministerio de Interior. Lo que consideramos es que el protocolo va a ser reutilizado a medio termino entre que la ley está desactualizada hasta que se legisle una nueva condición más actual, precisamente con código de proceso penal nuevo (...) cuando la gente está llegando al Departamento, sin un destino, sin una vivienda, sin un medio para sobrevivir, sin un empleo, sin alimento, se sabe que es un potencial riesgo de delincuencia,"
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