El lunes 27 de junio se cumplieron 38 años de la Huelga General que enfrentó al Golpe de Estado de 1973…..
En estos momentos en que los sucesivos gobiernos han demostrado no dar respuestas a los crímenes de la dictadura militar, nos preguntamos….
¿Cómo seguimos la lucha contra la IMPUNIDAD?
¿Seguiremos permitiendo que el Estado proteja hasta la muerte a los asesinos y torturadores de nuestro pueblo?
CHARLA — DEBATE con la presencia de referentes locales y nacionales.
Hablarán: Oscar Larroca, artista plástico;
Ariel Poloni, ex –preso político y escritor;
Oscar Urtasun,
Madres y Familiares;
Rafael Fernández, Partido de los Trabajadores
Lunes 27 de junio en el local de ADEMU (18 de julio casi Calleros) . FLORIDA
Organiza: “Grupo de vecinos de Sarandí Grande y Florida”
Contacto: 099 424 535 – 4354 7110 – eldella@hotmail.com
1 presentación Antonio Buday.
2 Lizzi Langón (Grupo de apoyo Florida).
3 Oscar Larroca (Artista Plástico y Militante de Izquierda).
4 Oscar Urtasun (Madres y Familiares)
5 Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores).
6 Ariel Poloni (Ex Preso Político).
7 CONCLUSIONES: O. Larroca, O. Urtasun, R. Fernández, A. Poloni.,
¿La Memoria herida de muerte?...
Editorial Martha Passeggi
1ª Escena:
Descartan modificar la prescripción del 1 de noviembre. Por los crímenes en Uruguay, sucedidos bajo el terrorismo de estado.
El gobierno progresista uruguayo, encabezado por el presidente; José Mujica Cordano, descartó hoy (1 de julio del 2011), postergar la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, un día después de la firma de un decreto que habilita a juzgar 88 casos de violaciones a los derechos humanos.
Luis Almagro canciller del gobierno señaló que con el decreto, que revoca actos administrativos por los cuales se habían incluido esos casos en la Ley de Caducidad, el gobierno de José Mujica "hizo lo que podía hacer" ….para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al país a eliminar esa norma del ordenamiento jurídico.
Les recordamos a los legisladores y al elenco gubernamental que: las causas de violaciones a los derechos humanos, cometidos en el período de terrorismo de Estado, son delitos que deberían ser considerados de Lesa Humanidad y por tanto imprescriptibles y que debería legislarse para impedir que caduquen el 1 de noviembre.
Por otro lado el gobierno progresista, hace un tiempo atrás anunció de la formación de un Instituto de Derechos Humanos.
2º Escena
Analicemos:
¿Que es la Institución de DD HH?
La idea de la "Institución" está aprobada, desde hace mucho tiempo, (2007) del otro período legislativo.
No se conocen sus miembros aun, pero por las características del puesto, podemos suponer que quienes lo integren serán dignos y conocedores en la materia de DDHH en general.
Un tema que debe tenerse en cuenta:
La ley ( http://www.observatoriomercosur.org.uy/UserFiles/File/Proyecto_Institucion_Nacional_DDHH.pdf,) deja en claro que en realidad es una institución para el futuro, para decidir sobre violaciones a derechos humanos que se vayan produciendo ( en el futuro), pero también contiene el mecanismo de prevención de la tortura, al que Uruguay está obligado por el Protocolo Facultativo de la Convención y quedó de cumplirlo por medio de esta Institución.
Algunas de sus funciones:
Por fuera de las ya mencionadas (decidir sobre violaciones a derechos humanos que se vayan produciendo en el futuro y mecanismo de prevención de la tortura), tiene otros cometidos importantes, porque se ocupa de todos los tratados de DD.HH. que Uruguay firmó, fiscalizará su cumplimiento, informará sobre eso y sobre los tratados que se vayan a firmar.
Por tal razón es de suponer que quienes integren dicha institución deben ser personas con basto conocimiento en la materia, estudiosas y conocedoras del tema (independientemente del " sueldo" que recibirán por tal tarea, al cual lógicamente se puede renunciar o donar)
El gobierno nombrará en los próximos días un equipo interinstitucional para investigar causas de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. La medida cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Faltan 5 meses para que prescriban los delitos, y ya anunciaron desde el gobierno que no modificará el plazo.
Se logra entender en algo… la formación de institutos, comisiones, etc.….???????
Cerró Frigorífico Florida, 235 obreros en la calle
Teledoce Cerró definitivamente el frigorífico Florida y todos sus trabajadores fueron despedidos.
Luego de meses de lucha sindical, el viernes 1ero de julio cerró la planta frigorífica de Florida y el despido de los 235 empleados que estaban en su plantilla.
Desde el sindicato aseguran que el tema es un caos. Las críticas son para la clase política, aseguran que hay falta de disposición y que las empresas son fantasmas, que son extranjeros que vienen por pocos años y se van.
La planta seguirá ocupada hasta cobrar deudas salariales
FLORIDA | ALEXIS TRUCIDO | El País Digital
Domingo 03.07.2011
Tal como lo había anunciado en el mes de junio, el titular del Frigorífico Florida, Carlos Carneiro, efectivizó el despido masivo de los trabajadores y el cierre de la planta. El empresario angoleño había dado a conocer un mes antes la posibilidad de que sus 235 empleados quedarían sin trabajo.
El frigorífico envió a los trabajadores al seguro masivo en julio de 2010. El 5 de noviembre los obreros, sin solución, iniciaron la ocupación de la planta, que mantendrán hasta que se terminen de abonar los despidos y licencias.
Desde el cese de actividades el frigorífico no tiene habilitados los mercados de mayor exportación y operó desde su reapertura en forma zafral.
Para el presidente del sindicato del frigorífico, Sebastián Robinson, "la lucha llegó a su fin" tras incluso manejar la posibilidad, con apoyo del gobierno, de que los trabajadores compren la planta a fin de reactivarla como cooperativa.
"Esto se cerró definitivamente. Se está negociando la venta y quien compre podría abrir y tomaría la gente, pero esas son promesas porque puede venir otro empresario y ahí no manda Clademar S.A. (razón social del Frigorífico Florida) que nunca hizo una gestión seria".
Robinson criticó la "falta de presión hacia la empresa".
"Son fantasmas y estamos cansados de que esto siempre sea igual. Este es el país de la joda y nosotros siempre pagamos el pato. El palo es para todos de este gobierno porque es algo viejo y sabido. Somos una víctima más de lo que ha sido la clase política del Uruguay", afirmó el sindicalista.
Historia de crisis.Los problemas en el Frigorífico Florida se remontan por lo menos al año 2008.
En octubre de ese año, en medio de una crisis en el sector, la empresa envió a 225 de sus 330 empleados de entonces al seguro de paro.
En ese momento se argumentó que el problema principal era que la mayoría de sus exportaciones tenían por destino el mercado de Rusia, país que ese año prácticamente se había quedado sin crédito debido a la crisis financiera global.
En julio de 2010, la tanda de trabajadores enviados al seguro de paro fue de casi 300, y en noviembre de ese año el sindicato ocupó la planta. A la mayoría de los trabajadores se les había terminado el período del seguro de paro y no había noticias de que los retomaran.
Le empresa debía entonces más de $ 2,5 millones en licencias atrasadas sólo del año anterior, según el sindicato.
Además, una de las principales proveedoras de envases de cajas de cartón y cartulina para el transporte de productos refrigerados y congelados, había trabado un embargo al frigorífico por falta de pago.
Por entonces se hablaba de un grupo inversor interesado en la planta que habría ofrecido US$ 15 millones.
En abril pasado, el director del frigorífico, Carlos Carneiro, el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el diputado frenteamplista Álvaro Vega, se reunieron con un grupo de empresarios uruguayos interesados en adquirir la planta, paralizada desde junio de 2009.
Carneiro dijo entonces que realizó una oferta para negociar la planta, y que se manejaron dos precios. "Yo pido US$ 17 millones y sin los trabajadores vale US$ 15 millones", reveló.
Además, informó que las deudas de la empresa ascendían a "poco más de US$ 100 mil entre aguinaldos y licencias" pendientes.
El País Digital
El frigorífico Florida es propiedad de Clademar S.A., una empresa perteneciente a un holding de inversiones radicado en Londres, propiedad a su vez de la empresa angolana Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol S.A.), empresa con sede en Luanda -capital de Angola- que explota la extracción de petróleo y diamantes de ese país.
Ver además:
La MEGA- PULPERA de celulosa “MONTES” del plata necesita plantar en un radio de (200) doscientos quilómetros otras 300 mil hectáreas de monocultivo de eucaliptos trnsgènicos para que su "negocio cierre".
Al mismo tiempo la DINAMA, organiza un concurso de cuentos para niños que se llamará “MONTES” que hablan.
La empresa y peor aun, la DINAMA utilizan la palabra MONTE para definir algo que nada tiene que ver con lo que esta palabra significa.
MONTE es un ecosistema natural refinado a lo largo de miles de años, para brindar la mayor diversidad de vida. El MONOCULTIVO de eucaliptos en cambio, se asemeja a un ejército invasor que arrasa toda forma de vida para lograr su predominio. NO SE PUEDE LLAMAR MONTE.
Para comprender el significado real de lo que está sucediendo : la DINAMA en nombre de todos nosotros estaría permitiendo a la empresa destruir la vida en una extensión de 300.000.hectáreas ( 30km por 100 km) esto sería como ir desde Colonia hasta Palmira en medio de un mar de eucaliptos afectando además la calidad de tierras y aguas de miles de hectáreas de los mejores cultivos del país que estarían rodeados por esa invasión.(Además del desastre que podría producir un incendio en años de sequía).
¿Cómo podríamos confiar en la capacidad de control de un organismo del Estado que se vale del engaño de maestros y padres ,aprovechando la inocencia de nuestros niños para facilitar los negocios de la empresa que debe controlar?
Esto no es monte
J. de GIACOMI
CD: 3916905-9 Barra de Valizas en defensa del Patrimonio Costero
Sábado, 2 Julio 2011
Estimados amigos:
Más abajo les envío los vínculos a un importante video (divido en dos partes), publicados en Youtube y creados por el Cabildo Abierto de Barra de Valizas, en los cuales se relata cronológicamente la lucha para evitar la privatización del enorme padrón 1645 de Rocha, correspondiente al parque forestal entre Valizas y Aguas Dulces, que deja en claro como los actuales gobernantes, con el presidente Mujica a la cabeza, intentan vender y privatizar muy importantes sectores de la costa uruguaya, los cuales, por las condiciones de venta y por sus altos valores irán a parar a manos de gente muy rica y seguramente en su gran mayoría gente de origen extranjero. Mujica, alguno de sus ministros, algún parlamentario, más otros miembros de las cúpulas políticas que gobiernan el país, no han escatimado mentiras y confusionismo para intentar conseguir tales fines.
Es más que lamentable que el actual presidente Mujica lleve adelante una política totalmente contraria a la que él mismo defendió en su pasado y por la cual muchos de sus antiguos compañeros de lucha dieron la vida.
De prosperar los planteos de Mujica al respecto se perderán para siempre para el disfrute de todo aquel, uruguayo o no, que lo desee, de una de las partes más bonitas de nuestro país. Todos aquellos que en el pasado han podido recorrer esos hermosos lugares, posiblemente en el futuro ya no lo puedan hacer más, y lo peor es que de prosperar esos planteos se le impedirá a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las siguientes generaciones el disfrute de esos lugares que pasarán a ser propiedad de gente adinerada, extranjera o no, quienes serán los únicos que podrán disfrutar de dichos lugares que hoy son patrimonio de todo el pueblo uruguayo.
Espero que puedan seguir con atención los videos publicados en Youtube, en los cuales se brinda toda la información sobre el tema y sobre la lucha que la población del lugar está desarrollando para evitar que se privatice lo que nos pertenece a todos los uruguayos y logremos generalizar la lucha para evitar que esto pueda concretarse. Si algunos cree que los aspectos negativos del actual gobierno solo se limitan a los temas políticos, como es el caso de los derechos humanos, donde el gobierno logró impedir que la limitadísima Ley Interpretativa de la de la Ley de Caducidad se pudiera votar favorablemente en el parlamento, se equivocan, los planteos negativos del actual gobierno también se extienden a los temas económicos.
envío este correo a todas mis amistades en el país, pero también a mis amigos en la emigración, porque desde la lejanía seguramente les debe costar mucho poder aceptar las cosas que los actuales gobernantes están haciendo con este país, gobernantes en los cuales la mayoría de la población humilde y trabajadora cifraba muy grandes esperanzas.
Solo yo soy responsable por los juicios emitidos precedentemente, quienes realizaron los videos de los cuales yo les envío los vínculos a los mismos, solo se han limitado a emitir las denuncias y las argumentaciones correspondientes al tema específico de la privatización del padrón 1645 de Rocha y no son para nada responsables de mis juicios sobre el actual gobierno.
Carlos
Valizas en defensa del Patrimonio Costero
Video creado por el Cabildo Abierto de Barra de Valizas en donde se relata cronológicamente la defensa del padrón 1645, el parque forestal entre Valizas y Aguas Dulces.
Uruguay: IIRSA y el Banco Mundial
ESTAS CONVOCADO FINAL 30 6 11 - MARQUEMOS UN NORTE RADIO
Quemando el Amazonas
Vista aérea de los árboles quemados tras la deforestación ilegal del bosque de Jamanxim, en el estado de Pará, al norte de Brasil, tomada el 29 de noviembre de 2009.-
FRANCHO BARÓN 03/07/2011
El Estado amazónico de Pará, en el norte brasileño, vive desde hace algo más de un mes una fuerte convulsión social por las batallas medioambientales que se libran en varias áreas de la región. A orillas del río Xingú, el inicio de las obras para construir la polémica hidroeléctrica de Belo Monte ha puesto en pie de guerra a las organizaciones ecologistas. En el sureste, en las inmediaciones de la localidad de Marabá, la reciente oleada de muertes de activistas medioambientales a manos de pistoleros a sueldo ha dado paso a un recrudecimiento del siempre latente conflicto agrario, que enfrenta a pequeños agricultores y activistas con los todopoderosos ganaderos y madereros, e incluso con el propio Estado brasileño. Como telón de fondo está la incesante deforestación de la selva amazónica y la anhelada reforma agraria, la promesa nunca cumplida del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de entregar tierras a los que menos tienen.
En el asentamiento rural de Praialta Piranheira, en el sureste de Pará, donde hace algo más de un mes fueron asesinados a sangre fría los activistas medioambientales José Claudio Ribeiro da Silva y su mujer, Maria do Espírito Santo, los agricultores viven amedrentados. "Aquí la ley del silencio habla más alto", afirma en un habitáculo de su precaria cabaña una de las dos personas sobre las que recaen casi todas las sospechas de haber orquestado el asesinato de la pareja de ecologistas. El individuo, que se dedica a la ganadería, responde a la inicial G. y, junto al maderero Z. R., se encuentra en el punto de mira de la Policía Federal, que durante estos días investiga sin resultados aparentes el truculento asesinato. "José Claudio mantenía muchas diferencias con madereros y ganaderos de la zona. Pero claro, no se puede acusar a nadie hasta que no existan pruebas sólidas", esgrime quien a todas luces se siente amparado por la ley del silencio que, efectivamente, reina en la zona.
Praialta Piranheira ocupa miles de hectáreas de tierra sobre las que la frondosidad de la selva se extendía antaño sin límites. Hoy la carcoma de la industria maderera, las carbonerías ilegales y las cabezas de ganado han dejado a su paso enormes extensiones de pasto salpicadas por los restos carbonizados o secos de lo que fueron castaños centenarios. En esta zona del Amazonas los terratenientes no se andan con contemplaciones: a falta de tiempo o dinero para deforestar a golpe de motosierra o con cadenas de arrastre, le pegan fuego a la selva y después se llevan la madera que sobrevive al incendio, como los buitres acuden al festín de la carne inerte.
En este asentamiento los fazendeiros no amasan fortunas ni mandan sobre legiones de sirvientes. Hasta hace pocos años también fueron pequeños agricultores que crecieron al socaire del negocio agrario, violando sistemáticamente la legislación medioambiental, amedrentando a sus vecinos y acumulando tierras que en teoría deberían cumplir una función social. La mayoría acaba rodeándose de pistoleros a sueldo que se ocupan del trabajo sucio: si alguien en el asentamiento osa denunciar sus tropelías o habla más de la cuenta, inmediatamente pasa a engrosar la lista de los marcados para morir. Y los que se atreven a llevar su activismo hasta las últimas consecuencias, como fue el caso de José Claudio y su esposa, acaban en una emboscada a horas intempestivas en senderos desiertos, donde la frondosidad y el estruendo de los pájaros amortiguan el ruido seco de los disparos.
A Zé Claudio, como lo conocían sus allegados, le descerrajaron todo el plomo contenido en dos cartuchos de escopeta y después le cortaron la oreja derecha. En YouTube circula un vídeo en el que, a modo de macabra premonición, él mismo anunciaba meses antes de su muerte: "Vivo permanentemente con una bala en la cabeza porque denuncio a los madereros y a los carboneros, y ellos piensan que no puedo seguir existiendo (...) Igual el mes que viene os llega la noticia de que he desaparecido". El líder ecologista conocía de sobra la calaña de sus enemigos.
Solo en los últimos 40 días han muerto cinco activistas en las diferentes áreas del Amazonas. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, la organización brasileña ligada a la Iglesia católica que defiende la causa medioambiental y los derechos de los campesinos y los indígenas, 231 personas han perdido la vida en enfrentamientos agrarios y 809 han sido amenazadas de muerte en los últimos 15 años. "Todo es producto del abandono en el que viven los asentamientos. El Gobierno debería ocuparse de mejorar las condiciones de vida en estos lugares y acometer la reforma agraria. Sin embargo, ahora que la situación se ha agravado, se limita a anunciar una serie de medidas puntuales e insignificantes con el único objetivo de satisfacer la presión de la prensa", denuncia José Batista, responsable de la Pastoral de la Tierra de Marabá.
El Gobierno de Dilma Rousseff anunció recientemente un paquete de ayudas económicas para los colonos y el envío a la zona de un contingente de 30 miembros de la Fuerza Nacional para proteger a los amenazados de muerte. EL PAÍS acompañó a diferentes grupos de personas que han sido forzadas a salir de sus hogares en el asentamiento Praialta Piranheira y que ahora permanecen custodiadas en lugares indeterminados de la ciudad de Marabá. Diversos testimonios coinciden en que la vigilancia militar cumple una función disuasoria puntual, si bien no supone una protección viable a largo plazo. Cuando los amenazados regresen a sus casas en la selva, donde a duras penas llega la luz eléctrica, ¿se les podrá seguir garantizando la protección? "Obviamente no, y por eso pedimos que la Fuerza Nacional se establezca en el asentamiento indefinidamente, para que todo el mundo pueda regresar con ciertas garantías. Podrían establecer su base de operaciones en la que fue la casa de Zé Claudio", explica Atanagildo Matos, coordinador del Consejo Nacional de los Seringueiros (recolectores de caucho) en Pará.
Todas las fuentes consultadas, incluso las que representan a diferentes escalafones de la Administración Pública, coinciden sin fisuras en que la situación actual en estos lugares es de desgobierno e impunidad. "Los asesinos siguen dentro del asentamiento, se pasean en sus coches y sonríen cuando pasan a nuestro lado. Piensan que como nunca se ha podido probar nada contra otros terratenientes que han cometido crímenes anteriormente, tampoco será posible hacerlo con ellos", explica Claudelice Silva dos Santos, hermana de José Claudio. "En los más de ochocientos casos de personas asesinadas en Pará durante 40 años de conflicto agrario, solo conseguimos llevar a juicio a nueve presuntos responsables. Ocho fueron declarados culpables y, por tanto, condenados. Sorprendentemente, solo uno de ellos permanece hoy en prisión", añade Batista.
Pasar una jornada en la sede de la Pastoral de la Tierra de Marabá es un excelente ejercicio para entender la envergadura del problema de la tierra en el Amazonas. Uno de estos días, sobre las 11 de la mañana, aparece por la puerta Luiz Carlos, un agricultor de 20 años que porta en una mano un cartucho de escopeta y en la otra una cámara con las pruebas gráficas de la tragedia que se vive en su campamento, la Hacienda Maria Bonita, ubicada en la localidad de Eldorado dos Carajás. "Solo pedimos la expropiación de unas tierras que pertenecen al Estado y que fueron ocupadas por el grupo agropecuario Santa Bárbara. El capataz de la hacienda nos responde enviándonos a grupos armados que nos disparan estos cartuchos. Varios de mis compañeros ya han sido heridos", explica amargamente. ¿Algún organismo público interviene en este conflicto? No. ¿La policía investiga los hechos? Tampoco. El plomo sustituye a la ley.
Luiz Carlos abandona el local de la CPT y solo hay que esperar un par de horas para que lleguen las primeras noticias del rescate en las inmediaciones de Tucumã de un grupo de 40 personas sometidas a trabajo esclavo. Poco después, llegan Antonio y Valdimar, un par de campesinos desarrapados y hambrientos que acaban de escapar de sus respectivas haciendas porque el patrón no les quiere pagar el salario acordado. Y así transcurren los días en la Pastoral de la Tierra.
En el norte de Pará, a 120 kilómetros de la convulsa Altamira, en el área afectada por las recién inauguradas obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, se encuentra la deprimida localidad de Anapú, lugar de culto para los activistas medioambientales brasileños. Aquí vivió y murió a manos de unos pistoleros a sueldo la hermana Dorothy Stang, un auténtico icono de la lucha por la preservación del Amazonas y los derechos de los campesinos. Por caminos serpenteantes de tierra se llega al asentamiento Esperança, donde los colonos no bajan la guardia durante estos días. El domingo pasado un grupo de individuos enviados por madereros locales penetró fuertemente armado en la reserva y comenzó a cargar en un camión una cantidad considerable de madera talada ilegalmente por ellos mismos. Los campesinos se movilizaron rápidamente, bloquearon con troncos el acceso al asentamiento y llamaron a la policía. Para sorpresa de muchos, los responsables fueron cazados en plena faena y su cabecilla fue detenido y encarcelado en la comisaría de Anapú. Su nombre es José Junior Avelino Siqueira, de 27 años, y tras acceder a hablar con EL PAÍS afirma a través de los barrotes de su celda: "Todo de lo que se me acusa es falso. Fui a buscar una madera ya cortada, sin hacerle ningún mal al medioambiente. Lo demás son mentiras de la Pastoral de la Tierra, esa gente peligrosísima que anda armada dentro del asentamiento bajo la dirección del padre Amaro".
Fabio Cardozo es un joven líder activista del asentamiento Esperança. Su nombre encabeza la lista de los marcados para morir en el área de Anapú. Siempre anda acompañado y toma ciertas precauciones, como alternar los horarios y los itinerarios cuando entra y sale de su casa. Fabio penetra en una franja de unos siete metros de ancho abierta en plena jungla. El camino es interminable y en varios de sus tramos hay grandes cantidades de madera apilada esperando a ser recogida. "Todo esto lo cortaron con motosierra Junior y sus compinches. Comprado aquí, un tronco de unos 35 metros de altura y unos tres de perímetro puede costar unos 300 reales (unos 130 euros). Cuando llega a la serrería, su valor se ha multiplicado por 20", asegura.
Junto al joven activista, la hermana Jane Dwyer, de 71 años, otrora compañera de batallas de la hermana Dorothy, compite por otro de los primeros puestos en la lista negra de Anapú. La religiosa vive desde hace años en una humilde casa de madera sin ninguna protección. "Sé que aquí enfrente se ha instalado un pistolero y que me debería cuidar más, pero bueno, también pienso que mi vida no vale más que la del resto de los campesinos del asentamiento, que también están amenazados", explica pausadamente, entre combativa y risueña. "Sí le puedo decir que la situación es peor que cuando la hermana Dorothy fue asesinada, ya que ahora hay más tierras en pugna. Esto sigue siendo tierra sin ley, donde los que mandan son los que tienen las armas. Y le garantizo que nuestro pueblo no está armado", añade. ¿Y el Estado? "El Estado brasileño no tiene voluntad y prioriza los intereses del capital frente al bienestar del pueblo. Si no, explíqueme cómo pueden iniciar las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte mientras aquí continuamos metiéndonos en barro hasta la cintura porque las carreteras siguen siendo de tierra", denuncia.
"Con nosotros quieren hacer lo mismo que ya hicieron en Acre con Chico Mendes y en Anapú con la hermana Dorothy..., y realmente lo hicieron..., pero la lucha y el ejemplo en la defensa de la selva permanecen", reza el memorial de mármol colocado recientemente en el lugar exacto donde a Zé Claudio y a Maria do Espírito Santo unos cobardes les arrancaron la vida amparándose en la frondosidad de la jungla y el estruendo de los pájaros al amanecer. A casi cuatrocientos kilómetros, en el sendero principal del asentamiento Esperança, sigue clavada en la tierra, como una puñalada en pleno corazón del Amazonas, la cruz de madera que marca el punto donde cayó muerta la hermana Dorothy. Mientras muchos campesinos amazónicos esperan que la sangre de estos activistas, y la de tantos otros, no haya corrido en vano, otros, desde sus haciendas, prefieren que estos crímenes se interpreten como un tétrico aviso a navegantes. -
Uruguay: Irma Leites de Plenaria, Memoria y Justicia con Marquemos un Norte Radio
La embajada de Estados Unidos en Uruguay realizó una recepción en la residencia oficial con motivo de celebrarse el 235 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Thomas Lloyd, el Encargado de Negocios de la misión estadounidense en Uruguay, recibió a más de 600 invitados en la residencia,
Las fotos publicadas en esta galería están a disposición de los medios y de toda persona interesada. Son producidas por el Departamento Fotográfico de la Oficina de Prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay, y pertenecen al dominio público. Este material puede ser reproducido sin autorización previa, sin embargo, agradecemos mencionar la fuente.
Los pescadores artesanales de la zona protestan por las obras en Laguna Garzón
El Fiscal Viana en Tierra libre La intervención del Fiscal Viana acerca de los contratos de inversión confidenciales con las MULTINACIONALES
Una producción de El Potrillo Rezano
Fiscal tilda de “tramposa” a ley de impacto ambiental
29.06.2011 | El Espactador
El fiscal civil, Enrique Viana, anunció que si la Dinama autoriza la obra del puente sobre la Laguna Garzón, pedirá la reapertura de un expediente, que se inicio en 2002, para que la justicia impida la construcción de la obra hasta que existan las garantías ambientales que hoy no están.
Fiscal tilda de “tramposa” a ley de impacto ambiental
Según Viana, la ley de impacto ambiental “es tramposa” y a esto se suma que el Estado tiene “incapacidades físicas y jurídicas” para expedirse sobre este proyecto, como tantos otros (caso Botnia, Aratirí, etc).
“Ahora estamos ante esta situación planteada, hay muchos informes de las propias Intendencias que ahora están a favor de este proyecto sobre la Laguna Garzón que, en aquel momento se pronunciaban en contra del puente”, declaró Viana.
“Yo dije en la última audiencia pública que había y hay dudas en cómo y quiénes hacen los estudios de impacto ambiental y yo dije que esa ausencia de garantías se ha dado en muchs casos, ejemplo es Botnia, Dirox, ahora Aratirí, etc”, dijo el fiscal.
“Yo entiendo que el empresario Constantini está interesado en que se haga la obra, el puente ese va a beneficiar el emprendimiento que el tiene a costa del mismo”, pero la duda surge en que “cuando los estudios se hacen por particulares y el Estado no hace estudios sino que avala estudios que se le presentan, no hay garantías”.
A criterio del fiscal, Uruguay “fracasa porque la propia Dinama no tiene los técnicos suficientes para hacer esas evaluaciones”. Dinama actualmente “avala informes o no, no evalúa. Cuando mucho hace observaciones y exige nuevos estudios. Cuando se hizo lo de Botnia, nunca se hicieron estudios sobre el lugar donde se iba a instalar la planta”, ejemplificó Viana.
“La ley de impacto ambiental es defectuosa y tramposa”, porque “no da garantías ni permite que lo hagan técnicos de las empresas interesadas, algo similar al abogado que defiende a su cliente, no se puede pedir objetividad e imparcialidad”, sostuvo.
La realidad “plantea que estamos ante algo no confiable”, si a esto le agrega “que el Estado esta interesado en que el proceso salga, las garantías se reducen a muy poco”.
Si bien la fiscalía no puede hacer mucho, puede pedirle a la Justicia que impida la obra y eso es lo que Viana está dispuesto a hacer, siempre y cuando la construcción se ponga en marcha.
Consultado sobre el caso Aratirí, Viana dijo que “todo lo que hable se aplica para este caso”. “Si realmente todos pensáramos que tenemos que aguardar las decisiones técnicas, y el Estado no tiene las posibilidades de alcanzarlas, si ese fuese el punto de quiebre para un proyecto estamos siendo ilusos. Si las autoridades le dan las bienvenidas a los proyectos, las informaciones técnicas no tienen valor, máxime si las decisiones se toman en otro lugar, en otra mesa”.
“Emprendimientos como el de Aratirí se contestan con una sola disposición: el artículo 47 de la Constitución y la reforma del agua que en el 2004 fue aprobada por el 70% de la población, frente a esa disposición es imposible que se instale Aratirí que ocasiona múltiples daños a un recurso esencial para la vida como es el agua”, sentenció el fiscal civil.
El contrato confidencial de Montes del Plata
Publicado mayo 10, 2011 por Daniel Roselli
El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.
Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.
Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.
Argumentaciones de Viana
Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”
El contrato confidencial
Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.
La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.
Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.
En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).
“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.
Derecho – Deber
Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.
Intimación
Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:
“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-
2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.
El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
El Fiscal Enrique Viana y Adeom Canelones dicen que los Contratos de Inversión ‘pueden ceder soberanía legislativa y jurisdiccional’
Los contratos de inversión forman parte de un fenómeno de internacionalización, por el cual se predispone que los conflictos entre el Estado y una empresa privada trasnacional o multinacional, -Viana prefiere llamarlas corporaciones “anacionales”-, se dirimen ante tribunales arbitrales privados y de acuerdo con una legislación privada, más conocida como la lex mercatorum, o sea, escapan al juzgamiento de las normas uruguayas.
“Es lo que viene ocurriendo en el sonado caso Philip Morris” ejemplifica Viana, señalando que es tanto el efecto real de los Contratos de Inversión que pueden ser “el principio del fin del Uruguay como Estado Nación pues lo deconstruyen” El argumento esgrimido por el Fiscal Vana en su escrito, es que “el estado uruguayo pasa a ser una mera apariencia, una fachada detrás de la cual en realidad mandan los intereses privados de las corporaciones anacionales”
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