Las fotos de Basterra: los rostros del horror

Basterra fue detenido-desaparecido en 1979 y logró sobrevivir a la ESMA gracias a que por su profesión -obrero gráfico y fotógrafo- resultó útil como mano de obra esclava para confeccionar documentos falsos.


"Tenía que hacer cuatro, pero yo hacía cinco y me guardaba una; sabía que algún día me iban a servir", dijo hoy Basterra.


Pero Basterra no sólo "robó" fotos de represores y torturadores. En 1983, poco antes de ser liberado, descubrió que existían fotos de todos los desaparecidos que habían pasado por la ESMA, y que estas iban a ser quemadas. Con riesgo para su vida escondió entre sus ropas todo lo que pudo. Cerca de 100 negativos sirvieron luego para la memoria colectiva en general, y los juicios en particular.

Acá algunas de las fotos rescatadas: Fernando Brodsky, Graciela Alberti e Ida Adad, que siguen desaparecidos

fotos de represores de la ESMA por Victor Basterra

Fotografías de personal de la Armada Argentina

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_ara.htm


Fotografías de personal de Aeronáutica

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_aero.htm


Fotografías de personal de la Prefectura Naval Argentina

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_prefec.htm


Fotografías de personal de la Policía Federal

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_polfed.htm


Fotografías de personal del Servicio Penitenciario Federal
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_spf.htm


Fotografías de civiles

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_civil.htm


Fotografías de extranjeros

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/formularios/basterra_extran.htm  

 
 Testimonio de Victor Basterra
  .

 Victor Basterra y su rescate de las imagenes que componen la muestra “rostros, fotos sacadas de la esma”

“Hubo algo de suerte y también un poco de temeridad”

Estuvo en la ESMA desde agosto de 1979 hasta diciembre de 1983, una semana antes de la asunción de Raúl Alfonsín. Obligado a falsificar documentación, Basterra se arriesgó a conservar las fotografías que sirvieron en el Juicio a las Juntas y que hoy componen un recorrido necesario.

“El único lugar que los tipos no requisaban era donde estaba el papel fotosensible: ahí guardé las fotos”, explica Basterra.


Por Oscar Ranzani

El 10 de agosto de 1979 un grupo de tareas de la ESMA entró por los techos de casas vecinas a la de Víctor Basterra, en Valentín Alsina. Cuando lo ubicaron lo secuestraron junto a su compañera de entonces, Dora Laura Seoane, y a la hija de la pareja, María Eva, que tenía tan sólo dos meses y diez días de vida. Su pareja y su hija fueron liberadas una semana después. El no tuvo la misma suerte: siguió detenido en la ESMA hasta el 3 de diciembre de 1983, una semana antes de que asumiera Raúl Alfonsín. Con la precisión que dan las memorias marcadas a fuego, Basterra recuerda que apenas llegó a la ESMA, lo trasladaron por una escalera y dijeron: “Este va a la huevera” (la más grande de las salas de torturas). “Me dieron para que tenga y tuve dos paros cardíacos”, cuenta. Luego fue trasladado a Capucha, “un depósito de prisioneros”, donde estuvo siete meses. “Un día me bajaron de ese altillo al sótano, donde había un gabinete de documentación falsa.” Entonces, explica que fue obligado a trabajar como mano de obra esclava para confeccionar documentos falsos que utilizaban los militares. Su condición de obrero gráfico le permitió sobrevivir en ese recinto tenebroso realizando credenciales, DNI, cédulas de identidad y pasaportes falsos. Pero Basterra, en la época en que la vida de los detenidos era clandestina y la muerte también, cuando sacaba las fotos de los militares guardaba siempre una copia en un lugar que no era sometido a las requisas diarias. En salidas esporádicas, fue sacando de la ESMA esas fotos de los represores que, durante la democracia, sirvieron como pruebas en distintas instancias judiciales. Alrededor de ochenta de esas fotografías integran la muestra Rostros. Fotos sacadas de la ESMA que, junto a Spazi (des) aparecidos Argentina se están exhibiendo en el Centro Cultural Recoleta.
Basterra comenzó a trabajar a los trece años en Publicidad Gráfica Argentina, “que tenía un nombre rimbombante pero era un taller chiquito”. Era la época de la autoproclamada Revolución Libertadora. “Me adscribí al peronismo críticamente. Digo críticamente porque nunca pertenecí a las estructuras partidarias del Partido Justicialista, sino siempre desde la base”, explica. “En el año ’67 trabajaba en Ciccone y comienzo a integrarme a la CGT de los Argentinos, a través de la organización a la cual pertenecía: la Federación Gráfica Bonaerense. Eso sí era una cantera de militancia. Era una efervescencia y además había una formación que también se daba en la práctica: las tomas de fábricas y talleres.” Más tarde integró las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Después, con el golpe fue secuestrado, torturado y, posteriormente, obligado a confeccionar esos documentos.
La documentación falsa que utilizaban los militares, comenta Basterra, les servía “para muchos fines: para hacer los operativos en los lugares que iban porque tenían credenciales policiales, cédulas de identidad, DNI y registros de conductor todos falsos, con otros nombres”. Esos nombres eran tomados de personas reales. Basterra detalla que el método de funcionamiento clandestino funcionaba de la siguiente manera: si un militar tenía que viajar al Uruguay, los registros del viaje a Uruguay que hacía cualquier pasajero común y corriente quedaban en manos de la Prefectura. Como la Prefectura estaba bajo la orden de la Armada, le otorgaba a la Armada ese listado. Luego se revisaban los nombres en función de las edades, y si la edad de un pasajero común coincidía con la del militar que necesitaba los documentos falsos, se le pedía, a través de un enlace, al Departamento de Policía, los antecedentes de ese pasajero. “Le bajaban el prontuario y les decían: ‘Está limpio. Podés utilizar el de fulano de tal’”, explica Basterra.
Como Basterra, entre otras tareas, tenía que sacar las fotos de los represores, se dio cuenta de que era posible “tener las fotos de los tipos. Pero yo no sabía qué hacer con ellas. ¿Dónde las guardaba? No sabía. Y se me ocurrió que cuando venían los tipos a hacer requisas en ese lugar donde yo estaba haciendo el trabajo como mano esclava, lo único que los tipos no abrían era el lugar donde estaba el papel fotosensible, porque si no se velaba. Entonces, como los tipos me pedían cuatro documentos, yo hacía cinco fotos. Yo no sacaba el negativo. El negativo, incluso, se lo daba a los tipos. La quinta foto la guardaba en el papel fotosensible, entre los recortes de tiras de muestra. Entonces, eso preservaba una especie de identidad que los tipos trataban de ocultar con documentos falsos”. En salidas esporádicas que le permitieron (“después de pasar toda una serie de padecimientos te permitían hablar con tu familia. Pero no porque fueran buenos o porque tenían un grado de humanidad. No. Era porque así la familia se quedaba más tranquila y no hacía denuncias hacia afuera”), Basterra escondía las copias de las fotos en sus genitales y las guardaba en casas de familiares.
Además de las fotos de los represores, pudo recuperar negativos de fotos que les tomaban los represores a los desaparecidos. Recuperar esas fotos “fue un poco de suerte y también un poco de temeridad, porque era una bolsa de negativos y la iban a quemar. Yo vi que había rostros. Entonces, levanto un negativo, miro y en el fotograma aparecía yo fotografiado. Me habían fotografiado en agosto del ’79 y detrás de ésa había todo un montón de fotogramas donde están los compañeros”. Esas fotos también se están exhibiendo en el C. C. Recoleta.
Cuando el 3 de diciembre de 1983 lo liberaron, previamente le dijeron: “Te vas a tu casa, ni se te ocurra moverte ni hacer ninguna declaración porque te matamos a vos y a tu familia. Quedate en el molde”. En 1984, junto con el CELS, Basterra armó una carpeta y a fines de julio “hicimos la presentación ante el Juzgado Número 30”. Un año más tarde, esas fotos de los represores se utilizaron como pruebas en el Juicio a las Juntas. “En ese momento también estaba funcionando la Justicia Militar. Entonces, muchos de los elementos fueron a parar a la Justicia Militar y muchos negativos que yo había aportado, con listados, se perdió allí.” Las fotos también fueron publicadas por el diario La Voz. Basterra cuenta también que una de ellas facilitó identificar a Ricardo Miguel Cavallo en México. “¿Se acuerda de ese viejo reclamo ‘Aparición con vida y castigo a los culpables’? Bueno, yo aparecí con vida y tenía los elementos para castigar a los culpables. Por lo menos, a una parte de ellos”, afirma.

Fuente: Página12

Una foto recuperada

Luján Alcides Sosa Valdez. / Foto recuperada y sacada de la Esma por Víctor Basterra, presumiblemente de 1979

2 de octubre del 2012

Los archivos del terror

Una foto rescatada por un ex preso político de la ESMA podría corresponder a Luján Alcides Sosa Valdéz, detenido desaparecido sorianense del cual aún hoy no se tienen noticias de su paradero.

Víctor Basterra, expreso político que estuvo detenido clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) brindó en la vispera una  conferencia de prensa en salones de AEBU, en Mercedes . Como informáramos Basterra acompañó su disertación,con una muestra fotográfica correspondiente al material que logró sacar de ese nefasto centro de detención que funcionó en la República Argentina en la pasada dictadura militar.

Entre todas esas fotografías aparece una que nos llamó la atención  la que tiene una escueta leyenda “…Sosa/Detenido Desaparecido”. El rostro de esta persona, aunque se hace imperioso chequearlo con otras fotografías, se parece mucho al de Alcides Luján Sosa Valdéz, sorianense, oriundo de Paraje Duraznito, cerca de José Enrique Rodó.

Este sorianense nació en 1957, y fue detenido en Buenos Aires en 1977 por las fuerzas represoras, sin que hasta el momento se tenga noticia del paradero de sus restos.

Los datos que posee su familia son muy escuetos, y de comprobarse que esa fotografía aparecida en los archivos de la ESMA, es de Luján Sosa,   darían algunas pistas de  su trágico destino.

De acuerdo al testimonio  de Basterra los represores microfilmaron todos los archivos de la ESMA y procedieron a la destrucción de los materiales. Basterra pudo sustraer una bolsa  con un puñado de negativos, entre los cuales reconoció su foto, sacándolas de la ESMA.

Su testimonio y las fotografías que logró preservar son el testimonio  del pasaje de numerosas personas por ese centro de detención, y además  de los militares que allí  actuaban. Se calcula que por la ESMA pasaron alrededor de 5 mil personas, la mayoría de las cuales continúa en condición de desaparecidos.

De confirmarse que esta fotografía  de “Sosa” corresponde a Alcides Luján Sosa Valdéz, sería una prueba más que evidente de algunas presunciones de sus familiares.

(*) Acompañamos este artículo con un par de fotografías: la más difundida de Luján Alcides Sosa Valdéz (extremo inferior) y la aparecida en los archivos de la ESMA, cuya similitud facial es  importante.

Es él

Amiga de Luján Alcides Sosa Valdéz confirmó la autenticidad de la fotografía. Este sorianense estuvo detenido en la ESMA sin que se conozca hasta el momento su paradero.

Confirmaron la noticia difundida en exclusiva ayer por @gesor: La foto rescatada por Víctor Basterra corresponde a Luján Alcides Sosa Valdéz, sorianense detenido en Argentina en 1977 y actualmente desaparecido. 

Hasta el momento escasa información se tenía de este joven  oriundo de Paraje Duraznito (Soriano) que desapareció en Argentina el 23 de abril de 1977. Había ido a vivir a Buenos Aires donde trabajaba  en la industria gráfica.Víctor Melchor Basterra estuvo secuestrado más de cuatro años, desde mediados de 1979 hasta el final del régimen militar.

Tras su secuestro, junto a su esposa y su primer hija recién nacida, fue torturado durante alrededor de 20 horas, teniendo dos paros cardíacos. Con el tiempo fue obligado a falsificar documentación (pasaportes, cédulas, permisos de armas) para oficiales y gente allegada ala Armada.

Un día comenzó a hacer una copia extra de las fotos y de los documentos que le pedían, y las fue escondiendo dentro de una caja de papel fotosensible. Había descubierto que, cada vez que requisaban el lugar, no abrían esas cajas por temor a velar e inutilizar el papel fotográfico, y estaba decidido a cumplir el mandato de sus compañeros de cautiverio por el cual si alguien sobrevivía tenía que hacer algo para que todo eso no quede impune y el mundo sepa qué es lo que ahí había ocurrido.

Cuando comenzó a tener permisos de salida, a pesar de que era revisado por los guardias, un día decidió sacar una foto escondida entre los testículos y el pene. Luego se animó a ir sacando varias pegadas en las costillas o en las piernas con cinta adhesiva. Cuando llegaba a la casa las escondía en un hueco en una pared, y se lo comentó a una compañera que ya había sido liberada por si en algún momento era "trasladado".En el Juicio a las Juntas Militares brindó el testimonio más contundente y largo del juicio. Duró 5 horas 40 minutos y brindó todo el material fotográfico y documentación que pudo ir sacando dela ESMA. EnAgosto de 1984 presentó una querella criminal contra los oficiales que lo mantuvieron privado de su libertad.

Entre el material fotográfico rescatado por Basterra aparece una foto  con una escueta leyenda “Sosa, detenido desaparecido”.  Esa foto al ser exhibida en Mercedes saltó a la vista pues se trataba de  Luján Alcides Sosa Valdéz, uno de los sorianenses que aún hoy se desconoce su paradero.Lo revelador de este hallazgo es que Sosa Valdéz fue detenido en 1977. Hasta el momento se sabía que  había estado detenido en  el centro clandestino que funcionó como base operativa del grupo OT 18, ubicado en las proximidades de la calle Chiclana y Pomar en la capital Argentina, luego del cierre  del centro clandestino  de detención Automotores Orletti. De ahí en adelante su rastro  se diluyó, hasta ahora al difundirse esta fotografía rescatada del archivo dela ESMA, donde  aparece Sosa Valdéz, en un registro que podría corresponder a dos años después de su detención.

Ahora una compañera de pensión de Luján Alcides Sosa Valdéz, confirmó la información proporcionada ayer por @gesor, ratificando que se trata de él. Por estas horas la noticia es trasmitida a su familiares. Especialmente a su madre que vive en José Enrique Rodó que durante todos estos años ha venido intentando dar con su paradero.Se emprenderá ahora otra búsqueda en procura de poder determinar el destino de este sorianense.

  Política 03 octubre del 2013

Mil palabras

Reclusión en la ESMA de uruguayo desaparecido en Argentina en 1977 verificada al reconocerlo en una exposición de fotos en su ciudad.

 

El lunes de nochecita se inauguraba en Mercedes la muestra itinerante Fotos sacadas en y de la ESMA, del argentino Víctor Basterra, que concurrió al lugar. En ese contexto, el periodista local Aldo Difilippo reconoció, entre las imágenes de detenidos en ese centro de tortura, una foto de Luján Sosa, mercedario desaparecido en Argentina en 1977. Eso reveló uno de los paraderos de Sosa, cuyas circunstancias de detención prácticamente se desconocen, y disparó elementos para seguir investigando.

Basterra estuvo secuestrado en la Escuela Superior de Mécanica de la Armada (ESMA) entre agosto de 1979 y diciembre de 1983 por su militancia peronista. Mientras estuvo preso fue obligado a confeccionar documentación falsa para los represores y con ese fin debió tomar fotografías, de las que guardó copias. También se las ingenió para retirar de forma clandestina parte de dos negativos de fotos que los militares habían tomado a detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA.
Con el apoyo del Instituto Espacio para la Memoria de Argentina, este archivo se convirtió en una muestra itinerante que fue donada al Museo de la Memoria. Allí estará disponible desde el fin de semana, pero antes pasará por Carmelo y Maldonado. La inauguración tuvo lugar el lunes en la sede de la AEBU de Mercedes. La foto en la que el periodista identificó al uruguayo tenía una inscripción que decía: “¿Sosa? Detenido desaparecido”.
Luján Sosa vivía en Argentina: militaba en Montoneros y trabajaba en la imprenta Edmar. Fue secuestrado el 23 de abril de 1977 en la vía pública por personas armadas vestidas de particular que se identificaron como policías. Tenía 19 años.
De acuerdo a Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, fue llevado a la pensión donde vivía con las manos atadas con alambre y allí le comunicaron a la dueña del lugar que “lo borrara del libro de huéspedes”, que retirarían todas sus pertenencias y que “no lo verían más”.
La información que manejaron sus familiares es que fue recluido en un centro clandestino que funcionó como base operativa del grupo OT 18 (Operaciones Tácticas), después del cierre de Automotores Orletti. La fotografía de Sosa que Basterra logró rescatar evidencia su paso por la ESMA. “Lo que llama la atención es que la foto está fechada en 1979, dos años después de su detención, así que su historia es más larga de lo que se conoce”, apuntó Difilippo.
La familia de Sosa vive en José Enrique Rodó, en Soriano, a 80 kilómetros de Mercedes, y anoche recién estaban “procesando” esta noticia. “Siempre lo buscamos, incluso en la clandestinidad. Mi madre [Chela Valdez] siempre ha estado estudiando documentos, viajando a Buenos Aires, poniendo su foto en todos lados, enviando cartas a Cruz Roja, al exilio, a las embajadas...”, enumeró en diálogo con la diaria Marbey Sosa, hermano de Luján.
Durante la jornada de ayer, los integrantes de la Comisión de Memoria y Justicia contra la Impunidad de Mercedes encargados de la inauguración de la muestra fotográfica trabajaron para confirmar que la persona de la foto sea efectivamente Sosa. Lilián Ohaco fue una de las personas claves. “No hay dudas de que es él”, afirmó a la diaria. Ohaco, oriunda de Mercedes, se fue a vivir a Buenos Aires a principios de los 70 “con una mano atrás y otra adelante” en busca de oportunidades laborales.
En ese contexto, compartió con Sosa y otros uruguayos el alquiler de dos casonas en diferentes barrios porteños hasta fines de 1976. Luego Sosa se mudó a la pensión cerca de la que fue secuestrado. Ohaco ya estaba de regreso en Mercedes cuando se enteró de la desaparición de Sosa. “Era un muchacho encantador, sano. Le encantaba la música”, recordó.
Uno de los referentes de la comisión, Sergio Frantchez, explicó a la diaria que los fragmentos de negativos rescatados por Basterra fueron dos. En uno había 12 fotos y en el otro tres. Una de éstas pertenecía a Sosa y otra a un sobreviviente que vive en Argentina y que ha trabajado estrechamente con el Instituto Espacio para la Memoria. Allí están puestas las expectativas ahora.

Lourdes Rodríguez

.

Reductos inhumanos

 

Asesora admite “reductos” de violaciones a DDHH en cárceles

La asesora penitenciaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Fulco, reconoció la existencia de “reductos de violaciones a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas. En tanto, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé reclamó un cambio en la política criminal.

La presentación del libro “Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomendaciones y propuestas”, elaborado por Serpaj y el Observatorio del Sistema Judicial, fue el disparador de un debate en torno a la realidad del Sistema Penitenciario en Uruguay y sus desafíos.

En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”.

Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”.
Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.
En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema.
En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.
Cambiar paradigma
El director del Sirpa, Robert Alonso, afirmó que el organismo promueve un “cambio de paradigma” en relación al sistema de responsabilidad penal juvenil, tras “un siglo de discurso criminalista”. “Fueron muchos años de ese discurso que todavía cala muy hondo en nuestra sociedad”, que promueve la “estigmatización”, expresó Alonso.
El jerarca señaló la necesidad de impulsar una “visión alternativa”, que “intente reducir los niveles de violencia con el adolescente y evitar su desocialización”, así como trabajar en la responsabilización de los jóvenes. “Que el adolescente se responsabilice por lo que realizó”, afirmó.
Por su parte, la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guianze, aseguró que el objetivo es promover “una mirada mucho más amplia, que no abarque solo el mero control de los lugares de reclusión y las personas privadas de libertad”, sino sus efectos en toda la sociedad, como en los guardiacarceles y el entorno familiar de los reclusos.
En este sentido, la Inddhh bregó por una reforma de la administración del sistema de Justicia Penal, promover la utilización de la prisión preventiva no como regla, la definición de políticas criminales acorde a los estándares internacionales y el fortalecimiento de la Defensa Pública, afirmó Guianze.
Objetivo: reforma integral
El jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán, afirmó que el objetivo es impulsar “una reforma integral del sistema que suponga una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”. “Una persona privada de libertad solo pierde, como resultado de su encierro, la libertad de movimiento, pero ningún otro derecho, de modo que dentro de los centros de privación de libertad todos los demás (derechos) deben estar vigentes”, dijo Montalbán.
“El respeto de los derechos humanos en los centros de reclusión es la única forma para lograr reducir los altos niveles de violencia interna. Su no respeto hace de las cárceles espacios de alto riesgo, donde motines, violencia extrema y muertes se convierten en norma y no excepción, y donde la inseguridad ciudadana se retroalimenta y se fortalece”, señaló.

En las cárceles hay “reductos de violaciones a los derechos humanos”

Así lo reconoció la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, en la presentación de un libro de Serpaj y el Observatorio del Sistema Judicial

 Leer más...

Cárceles: más de un muerto por mes en lo que va del año Relevos. Abarca jefes de Libertad y Comcar 

EDUARDO BARRENECHE
La violencia en las cárceles persiste. Más de un preso por mes falleció en forma violenta en los primeros nueve meses de este año. Guardias del Comcar alertan de un inminente motín en los módulos 1 y 2 por las malas condiciones de reclusión.
En un balance realizado de los nueve primeros meses de este año, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé dijo a El País que ocurrieron "momentos de tensión" en los módulos 1 y 2 generados por cambios de composición interna de esos edificios.
"En lo que va de 2012 ocurrieron 12 muertes violentas; son los mismos guarismos que otros años", agregó.
En el módulo 1 están alojados unos 700 internos autores de delitos sexuales, expolicías o exmilitares que suelen tener problemas de seguridad si son mezclados con el resto de la población carcelaria.

"Se generaron roces con internos provenientes de otros módulos luego de una relocalización dispuesta tras el motín en los módulos 4 y 5" del 24 de abril de este año, dijo Garcé. Agregó que en el correr de este año también ocurrieron incidentes en el Módulo 2 que alberga a unos 750 presos.
A juicio del ombudsman penitenciario, la mayoría de las rencillas ocurridas en los módulos 1 y 2 del Comcar son provocadas por las malas condiciones de reclusión y por el hacinamiento. En este momento, cada módulo posee 300 plazas y aloja el doble de población.
Otras causas son deudas impagas por drogas y enfrentamientos originados en barrios que se trasladan a la cárcel.
Por su parte, guardias del Comcar indicaron que las señales emitidas por los presos de los módulos 1 y 2 son que se acerca un motín similar al que destruyó los módulos 4 y 5 en abril de este año.
Agregaron que, al igual que los módulos 4 y 5, los edificios 1 y 2 hoy están "boquetados" y "son tierra de nadie": la guardia no ingresa en algunas zonas de esos pabellones.
Los guardias consultados señalaron que, desde hace tiempo, los presos comenzaron a manifestar su rechazo a las pésimas condiciones de reclusión existentes en los módulos 1 y 2 que se traducen en falta de limpieza, caños de aguas servidas rotos, mala alimentación y elevado hacinamiento.
Para los policías, la seguridad se transformó en el principal problema. Uno de ellos dijo: "hay muchas armas enterradas en ambas cárceles desde hace más de 20 años. Sin embargo, las pistolas que mataron al Rambo (Néstor Peña Otero) y a nuestro compañero Oseas Pintos eran nuevitas. Jamás se investigó quién las ingresó".
FRÍO. Pasada la medianoche del 24 de abril de este año, 1.100 presos de los módulos 4 y 5 del Comcar se amotinaron en rechazo a las malas condiciones de reclusión y destruyeron ambos módulos.
El costo de la reparación supera los US$ 7 millones, según estimaciones del Ministerio del Interior.
Los presos amotinados fueron instalados en dos patios del Módulo 8, quienes se enfrentaron con internos de los celdarios por complicar el sistema de visitas, explicó el comisionado parlamentario.
Posteriormente, las autoridades carcelarias bajaron el nivel de tensión al ordenar la distribución de 900 presos de los módulos 4 y 5 a otros establecimientos del país.
A juicio de Garcé, esa situación descomprimió algunas áreas del Comcar.
"La semana posterior al motín, entre el 25 de abril y el 1° de mayo, ocurrieron momentos críticos en el patio del módulo 8 con los amotinados. Luego, a fines de mayo, vino una ola de frío. Eso me hizo temer que podrían haber casos de hipotermia", dijo Garcé.
Señaló que hubo "un correcto seguimiento técnico" por parte de los técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), quienes aconsejaron a los internos cómo debían enfrentar las bajas temperaturas. Muchos reclusos, relató, dormían de día con el calor del sol y caminaban por las noches. "En julio de este año se techó el patio del módulo 8 y se palió la situación", explicó Garcé.
Hoy asumirán las nuevas autoridades del Penal de Libertad. El capitán de la Guardia Republicana, Gerardo Bidarte, hasta ayer director del Comcar, dirigirá el único centro de alta seguridad. El comando saliente fue cuestionado por el Ministerio del Interior por no dar apertura a presos y sí priorizar la seguridad de la cárcel.

El País Digital

 

 

.

Política 2.10.12

Desbalanceado 

Álvaro Garcé, en el seminario "Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas", en el Edificio Mercosur. Foto: Pedro Rincón

Comisionado penitenciario advierte tendencia de jueces a no escuchar a abogados defensores y a priorizar prisión preventiva.

Ayer el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay lanzó la publicación Hacia una política de Estado en privación de libertad, dirigida por Ana Juanche, coordinadora latinoamericana de Serpaj, y Javier Palummo, coordinador general del Observatorio del Sistema Judicial.

Durante la presentación del informe, el comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, afirmó que en Uruguay nunca existió una política pública en materia carcelaria. Según dijo, mientras que “paradójicamente” la dictadura, que violó consistentemente los derechos humanos, construyó ocho cárceles, el tema quedó “relegado” al regreso a la democracia, cuando además comenzó a aumentar el número de reclusos. “Afortunadamente, la reacción empezó el día que se declaró la emergencia carcelaria” durante el gobierno de Tabaré Vázquez, con un “paso simbólico” durante su discurso inaugural, y luego cuando los cuatro partidos políticos firmaron un acuerdo interpartidario a comienzos de 2010, señaló el comisionado.
Garcé también destacó que si se logra ejecutar las obras proyectadas, para el próximo período de gobierno la situación podría estar “bastante saneada”, aunque advirtió que se debe “repensar el papel de la prisión preventiva”. “Cada vez se prioriza más la prisión preventiva, por más tiempo y para más personas. Esto somete al Estado a un esfuerzo constante de gasto e inversión”, explicó, para luego afirmar que Uruguay pasó de tener en los últimos 60 años de 40 a 275 presos por cada 100.000 habitantes.
En ese marco, dijo que en caso de que se apruebe la reforma constitucional que busca disminuir a 16 años la edad de aplicación del régimen penal adulto, “habría que prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.
Por otra parte, en relación al sistema judicial, Garcé advirtió que en este último tiempo “se han cometido algunos errores de evaluación de la prueba, y las señales de la defensa, como la citación de algún testigo, no son siempre escuchadas a tiempo”. Agregó que conoce “varios casos” de personas erróneamente procesadas que luego, al comprobarse su inocencia, genera “una rectificación del procesamiento y ello terminará en juicio por responsabilidad contra el Estado”. Según consideró, “la voz de la defensa no siempre es escuchada con la atención que debería por parte de jueces y fiscales. Tal vez por sobrecarga de trabajo u otros factores se omite el diligenciamiento de ciertas pruebas”.
Por último, destacó el aporte de la Guardia Republicana en los centros de reclusión: “Antes, cuando ocurría una situación de maltrato, era difícil encontrar una respuesta y ahora en ese sentido hay mayor apertura”. Por su parte, el vicepresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso, dijo que en materia de privación de libertad su institución viene “corriendo de atrás”, ya que el Ministerio del Interior “ha comenzado antes” a reenfocar el problema de la reclusión “y eso ha hecho que ya tengan más certezas y más seguridad”. Admitió que las nuevas construcciones “han demorado más de lo esperado”, aunque destacó que se logró que “por primera vez todos los centros del Sirpa van a tener clases de secundaria”. “Los cambios son lentos y la gente es ansiosa, pero deben ser firmes y hay que darles tiempo”, dijo, para luego destacar que “lo que más trabajo va a dar es que estamos en medio de un cambio de paradigma”, ya que “venimos de un siglo entero de enfoque 
criminalista”.
Durante la presentación de la investigación de Serpaj, Ana Juanche advirtió que varios de los recintos carcelarios inaugurados recientemente por el Ministerio del Interior tienen características propias de un “modelo custodial y securitizador, cuando toda la retórica del Estado habla de un nuevo paradigma impulsor de la rehabilitación”. Entre ellos distinguió a Cerro Carancho (Rivera), el módulo espejo de Las Rosas (Maldonado), el nuevo módulo ocho del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) y el que se construyó recientemente en el penal de Libertad. Éstos “parecen responder a otra concepción”, ya que “prima en ella el carácter cerrado celular”, con escasos espacios previstos para el uso comunitario. “Creemos que se ha perdido una importante oportunidad para invertir recursos”, cuestionó.
También objetó que mientras las cárceles más pequeñas permiten una gestión “más humana”, el gobierno se apresta a aprobar un contrato de participación público privada para construir una cárcel en Punta de Rieles para 2.000 personas, que “no parece haber tenido en cuenta la expresión de nuestro país”.
En la apertura también hicieron uso de la palabra la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, la asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, y el jefe de Cooperación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán.

Números rojos

La publicación de Serpaj incluye una encuesta realizada a personas privadas de libertad. La muestra fue de 972 casos, de un total de 8.777 reclusos. En ella se refleja que 49% de los encuestados convive en celdas de seis o más personas; que 68% calefacciona la celda, pero la mayoría, 60%, lo hace con “aparatos caseros”; que 33% no tiene canilla y que 30% no tiene inodoro ni letrina. Además, 71% declara no tener ducha en la celda.
Una amplia mayoría de los encuestados, 74%, declaró la existencia de “celdas de castigo” en sus establecimientos de reclusión, aunque sólo 17,5% dijo que estuvo detenido allí. 34,4% dijo tener condena y 49,3% sostuvo no conocer quién es el juez de su causa. Respecto de las salidas transitorias, 92,4% declaró que no tiene, 30% admitió que recibe “visitas íntimas”, y otro 37,6% que utiliza un “celular o chip” para comunicarse. En cuanto a la alimentación, la mayoría de los reclusos declara que se proveen de la comida “por su cuenta” y no por “el establecimiento”, especialmente en el caso de la merienda.
Respecto de las características de esta población, 27% declara que cree tener ascendencia “africana o negra”. En cuanto al nivel educativo, 50,7% tiene primaria completa. De los encuestados, actualmente 14,7% declara estar realizando “estudios formales” y 34% dice estar trabajando. El delito más frecuente por el que fueron procesados es la rapiña (26%) y 58% ya estuvo recluido anteriormente.
La investigación incluye también un estudio sobre los adolescentes privados de libertad, basado en 327 encuestas, lo que significa las dos terceras partes de los que se encuentran en esa situación. Javier Palummo destacó que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto -lo que lo ha llevado al borde de la “inaplicación”- está dando resultado en el sistema penal adolescente, al que describió como influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia un endurecimiento”. La investigación revela que la mayoría de los jóvenes recluidos, 75,8%, manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de los funcionarios policiales en el momento de su detención, en motines o intentos de fuga, algo que es calificado como “grave” por la publicación. También 11% de los adolescentes dice haber sido víctima de violencia por parte de funcionarios estatales durante la privación de libertad. El 63,5% está recluido por el delito de rapiña.

.

El armamento secreto de Fernandez Huidobro

Ya nada le importa al desvergonzado 

 Enviado por Jorge Zabalza

 Estimados compas:

Hace un rato llegué de la inspección ocular que hizo la jueza Mariana Mota al 300 Carlos y de la cual fuimos testigos varios compañeros de nuestro grupo, aunque fuimos citados por la denuncia que hizo Rodolfo Porley.

Les cuento. Fuimos Ferrujo, Martha Valentini, Dari Mendiondo, Mario Morelli, Beatriz Weissman y yo.

Al principio se complicó porque entramos por el portón del 13 de Infantería y llegamos a un punto que no nos dejaron cruzar un alambrado porque dividía ese predio con el del Servicio de Mantenimiento y Armamento. Ahí se tuvo que retirar Dari porque tenía marcada una intervención en la Junta Departamental. Volvimos y entramos por la puerta de al lado, que correspondía al SME.

Entonces sucedió algo insólito: según informaron a la jueza, por orden del propio Ministro Fernández Huidobro impidieron que la Policía Técnia registrara fotográficamente el lugar, lo cual, de ser así, significó una interferencia con la labor judicial desde el Poder Ejecutivo. Algo gravísimo.

Comenzamos la recorrida y a unos doscientos metros y pico de la entrada encontramos el galpón, que está identificado con el número 4. Está prácticamente todo igual, salvo que construyeron una pared que lo divide en dos partes, quedando separado el sector donde estaban las silllas. Por lo demás, la misma escalera con 17 escalones, la misma distribuición de piezas arriba donde nos torturaban, la baranda de la cual nos colgaban, el baño de abajo práctimente igual y también los de arriba.

Cada uno fue recordando lo que le hicieron en cada lugar y comentándola a la jueza Mota. Dónde estuvo de plantón, dónde colgado, dónde el submarino, donde tiraban al piso sobre colchones a los que estaban en recuperación, la ventana de un baño de arriba desde la cual se veía una caseta de vigilancia, etc., etc. Todo coincidía con lo que ya habíamos declarado antes de ir a ese lugar.

La recorrida duró unas dos horas y resultó algo tranquilizador y reconfortante espiritual y emocionalmente, aparte del efecto judicial que pueda tener. Porque fueron 37 años imaginando cómo era esto o aquello de ese lugar, basados en las sensaciones que obtuvimos estando encapuchados, que hoy pudimos reconstruir con todos los detalles.

Ya no es ningún misterio. Aunque no pudimos registrar imágenes, quedó confirmado que la cueva del terror es un barracón al que pudimos acceder y reconstuir algo de todo lo tenebroso que allí ocurrió.

Esperemos que un día se haga justicia.

Un abrazo a todos,

Clarel



.

  Batallón de Infantería Blindada Nº 13 (“300 Carlos”, “Infierno Grande”, “La fábrica”) Avda. de las Instrucciones 1325. 10 de mayo de 2007. Autor Carlos Contrera

En los galpones del Servicio de Material y Armamento (dependiente del Comando General del Ejército), localizado en los fondos de este Batallón, funcionó entre principios de 1975 y hasta por lo menos abril de 1977 un centro clandestino de detención conocido como “300 Carlos” , “Infierno Grande” o “La fábrica”. Esta última denominación se debe a que el lugar era utilizado como depósito de maquinaria. Este sitio fue una las sedes de la “Operación Morgan” destinada a desarticular las estructuras del Partido Comunista del Uruguay y del Partido por la Victoria del Pueblo.
Allí estuvieron detenidos decenas de militantes, muchos de los cuales habían pasado previamente por el centro clandestino ubicado en la casa de Punta Gorda. Aquí fueron vistos con vida por última vez varios de los detenidos que aún continúan desaparecidos. Durante 2005 y 2006 un equipo universitario de arqueología forense realizó excavaciones en busca de restos humanos en distintas zonas del predio. Actualmente este sitio sigue siendo una unidad del Ejército.

*******************************

Queridos todos:

Como muy bien relató Clarel, ayer concurrimos como testigos varios compañeros a la inspección ocular que hizo la Jueza Mariana Mota al “Infierno o 300 Carlos”, a instancias de la denuncia global que hizo el compañero Rodolfo Porley. En principio, empezó mal: entramos por “el 13” que no era el lugar denunciado. El lugar identificado eran los galpones del fondo que pertenecían y pertenecen al Servicio de Material y Armamento (SMA). Desde “13”, a los fondos, veíamos los cuatro galpones que esperábamos ver. Después de recorrer más de 200 metros solicitamos autorización para entrar al SMA. 

Al entrar por la puerta principal ya tuvimos la primera sensación de que era el lugar al ver que en el piso había unos alcantarillados que sonaban de una manera especial al pasar sobre ellos cualquier vehículo. Llegamos a los galpones caminando; mientras nos acercábamos dudábamos sobre cuál de ellos era. No bien llegamos, nos acercamos y vimos el primero que tenía un portón corredizo cerrado. Miramos a través de los vidrios y todos, absolutamente todos, tuvimos la certeza de que era el lugar. Abren el portón y fue nuestro regreso a 37 años atrás. Salvo pequeños cambios (como pozos en el piso que habían sido rellenados) estaba todo como en formol. 

La mayoría de las cosas en su lugar como testigos crueles. La escalera de 17 escalones, los baños tanto abajo como arriba y las piezas de todos los interrogatorios y torturas. Todos, sin excepción, sin contradicciones, marcamos los lugares donde fueron torturados cientos de compañeros. Estábamos en el mismo lugar donde habían asesinado a muchos compañeros, varios de los cuales seguimos buscando. Al estar en el lugar, además de todo lo denunciado, recordamos nuevas cosas que constan en actas y que fueron totalmente verificadas por los Magistrados. Sin duda, un paso muy importante en nuestro objetivo de Verdad y Justicia.

Desde que entré al lugar, me sentí siempre acompañado por todos ustedes; sentí muchísimos fuerza en mi interior y recordaba mucho a los que seguimos buscando. Efectivamente, ya no hay un misterio, no hay imágenes pero pudimos confirmar todo lo denunciado por más que hayan intentado ignorarlo o silenciarlo.

Capítulo aparte fue el triste papel, y en mi opinión peligroso, del Ministro de Defensa Nacional. Este fue consultado desde el SMA por la Dra. Mariana Mota acompañada por la fiscal Ana María Tellechea, quienes reclamaban el respeto de sus fueros para poder sacar fotos en la escena para sus registros y peritajes por parte de la Policía Técnica, negándose al pedido. 

Él argumentó la existencia de “armamento secreto”. El secreto que vimos fue el lugar por el que tanta gente pasó para ser torturada, muerta y desaparecida. No es ésta la primera vez que obstruye el trabajo de la Justicia. El último ejemplo anterior fue cuando dijo que el Coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato de Gomensoro “puede ser inocente”, según una investigación de sus “asesores”. Realmente me pregunto para qué programa de gobierno trabaja. Y, por último, mi mayor interrogante es si es casualidad que le haya sido negado esto a la Jueza Mariana Mota quien, desde su cargo, ha sido abanderada en la defensa de los Derechos Humanos siendo objeto de todo tipo de ataques tanto desde la oposición como de gente del gobierno. Creo que merece todo nuestro apoyo.

Un abrazo, Ferrujo

“Armamento secreto” vs Verdad y Justicia
Derechos Humanos: Justicia enfrentada a Huidobro por fotos prohibidas en cuartel

La fotos que la Justicia ordenó tomar en el centro de torturas “Infierno Grande” (Batallón de Infantería No13), no pudieron hacerse por orden del Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con el argumento que hay “armamento secreto” en la unidad, dijo la jueza de la actuación.
Domingo 30 de septiembre de 2012 |



“Lo único que había ahí eran unas máquinas viejas”, coincidieron los asistentes al procedimiento judicial, según publica el diario La Diaria.

“Realmente no podemos creer esta decisión de Fernández Huidobro; es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado. Pareciera que el ministro no entiende estas cosas”, dijo el abogado Federico Álvarez Petraglia, que patrocina una denuncia por violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura.
El “armamento secreto” a buen recaudo

El viernes, la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, acompañada de fiscal, denunciantes y testigos se apersonaron en el Batallón de Infantería No 13 (“Ïnfierno Grande” o “300 Carlos”) donde seis ex presos del Partido Comunista asistirían a una inspección ocular.

La jueza Mota explicó al coronel presente que tomarían fotos. La comunicación llegó al ministro quien negó la posibilidad. El abogado actuante afirma que los militares prohibieron el acceso del equipo fotográfico porque “habría en ese lugar armamento secreto: lo único que vimos cuando entramos eran máquinas en desuso”.

La Justicia considera importante tener imágenes de la pericia técnica ocular, en tanto documenta en el marco de la causa, según afirmaron los actuantes. Se espera que hoy el Ministerio de Defensa envíe a la jueza una explicación por escrito de la prohibición señalada.

A quién le vendieron los aviones de Pluna?

Se adjudicaron en subasta a la empresa Cosmo, con base en Madrid, por US$ 137 millones. La compañía uruguaya declaró un pasivo de US$ 379,8 millones


Los siete aviones Bombardier de Pluna ya tienen dueño. Luego de que la aerolínea uruguaya suspendiera la subasta del 12 de septiembre por falta de interesados, esta vez la empresa española Cosmo adquirió las aeronaves por US$ 137 millones, un millón por encima del precio base.

La empresa de vuelos charter opera aviones Airbus A320 y su base está en Madrid. Según informa el diario uruguayo El País, comenzó a operar en julio de este año y Antonio Álvarez es su accionista mayoritario. Piensa relanzar sus operaciones este año y su sitio web está en construcción.

Así, el Estado uruguayo -que se hizo cargo de la aerolínea tras la quiebra- utilizará el dinero para pagar una deuda con el Scotiabank. La compañía uruguaya declaró un pasivo de US$ 379,8 millones, entre deudas financieras, comerciales y otras conocidas “diversas”, entre las que se encuentran los pasajeros que compraron boletos pero nunca pudieron volar.

Luego de los siete minutos que duró la subasta, funcionarios de Pluna festejaron, pero enseguida la preocupación bañó sus rostros. Es que, de acuerdo con información publicada por El Observador, aún no se sabe si los aviones operarán en Uruguay o en otra región. 

El presidente José Mujica había anunciado horas antes que había más de un interesado en la subasta. En principio, BQB y la argentina Sol se habían mostrado como los compradores más seguros. “Se tendría que llamar a gente que tiene decenas de años de seriedad y hablar con ellos. No tendría que haber subasta porque viene un narcotraficante y si paga US$ 130 millones le dan la línea”, criticó Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y BQB.


.

 Martes 02 de octubre de 2012
 Único postor
Tapón de boca a los agoreros de siempre: aerolínea española Cosmo paga 137 millones de dólares por los aviones de PLUNA 
El gobierno vendió en 137 millones de dólares los siete aviones “Bombardier” que pertenecieron a la ex PLUNA, la compradora es la empresa española Cosmos.

Postor anónimo de la española Cosmos

 Finalmente esta tarde se realizó la subasta pública de los aviones que pertenecieron a PLUNA tras una suspensión inicial.
El remate, que se realizó en el pabellón de España de la Rural del Prado, tuvo un sólo oferente perteneciente a la empresa de capitales españoles Cosmos, una compañía de vuelos charter con sede en Madrid que opera aviones “Airbus A-320”. Su accionista mayoritario es Antonio Álvarez.
El remate tuvo una base en una de 136 millones de dólares y fue subastado en 137 millones de dólares.
Desde este momento, la empresa tiene 30 días a partir de la fecha para efectivizar el pago y a partir de ahí se crean las condiciones para negociar con el Gobierno.

Transparencia

Los objetivos del gobierno en el proceso de la subasta fueron: “preservar la conectividad aérea, defender los recursos del Estado, contemplar la problemática de los trabajadores de la ex PLUNA y atender la masa de acreedores de la empresa”, expresó en su momento el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.
El mecanismo de subasta asegura “la máxima transparencia del proceso, a pesar de su rigidez”.

La instancia estaba prevista inicialmente para el pasado 12 de septiembre, pero ese mismo día la administración pospuso extender la subasta para el 1º de octubre para lograr una mayor competencia y captar a más interesados privados.

Cosmos: Una empresa muy seria

.

Sobre la desconocida “Cosmo líneas Aéreas SL” que compró los aviones de PLUNA

2 octubre, 2012

By ICNDiario

El periódico uruguayo El Observador informó que el empresario Zarza de Cosmo también es uno de los fundadores de la línea aérea Intermed, que hacía la ruta Girona-Madrid, y que está metida en un escándalo ya que “fueron acusados ante la justicia por una defraudación millonaria en 2007, según informó en ese momento el diario El Mundo de España. Asimismo, el directivo de Cosmo, Miguel Castro Marín, estuvo involucrado en un caso de corrupción vinculado a Marbella Airways SA en ese mismo año”

Tiene tan sólo un año y pocos días de creada-inició sus operaciones el 20 de setiembre de 2011- y hasta ahora tenía dos aviones Airbus 320 de 180 pasajeros en su reducida flota.
En España casi nadie la conoce, la mayoría se enteró de sus existencia por aparecer en los medios de prensa este lunes cuando se conoció que había intervenido en la subasta por los siete aviones Bombardier CRJ 900 de PLUNA y que los había comprado por 137 millones de dólares, unos 106 millones de euros.
Según el informe mercantil de Cosmo, la compañía española tiene como objetivo: “la explotación de transporte aéreo de personas mercancías de todas clases y correo”.
Los datos recabados indican que la compañía tuvo al comienzo como apoderados a Antonio Álvarez Hernández y Valentín Martín Lucas.
Álvarez Hernández fue nombrado el 20 de diciembre de 2011 como administrador único y luego se agregó, también como apoderado a Miguel Castro Marín.
El 26 de enero de 2012 Cosmo amplió su capital a 6.100.000 euros, y el 23 de febrero volvió a ampliarlo a 7.600.000 euros.
El 12 de abril de 2012 Cosmo nombró como apoderado también a Gabriel Zarza Wiesenthal, y el 2 de agosto revocó al apoderado Valentín Martín Lucas.
El gobierno uruguayo de José Mujica había anunciado que para la subasta habría varios interesados, pero ninguno apareció, solo Cosmo que no estaba en los planes de “casi” nadie, fue el único oferente que se quedó con los aviones.
Para muchos es llamativo que esta desconocida empresa española de pequeñas dimensiones, después de un año de actividad, tenga todavía su página web “en construcción”, pero lo más destacado es que el capital de la aerolínea española asciende a € 7.600.000, muy por debajo de los US$ 137 millones con los que compró los siete aviones Bombardier de PLUNA.
El periódico uruguayo El Observador informó que el empresario Zarza de Cosmo también es uno de los fundadores de la línea aérea Intermed, que hacía la ruta Girona-Madrid, y que está metida en un escándalo ya que “fueron acusados ante la justicia por una defraudación millonaria en 2007, según informó en ese momento el diario El Mundo de España. Asimismo, el directivo de Cosmo, Miguel Castro Marín, estuvo involucrado en un caso de corrupción vinculado a Marbella Airways SA en ese mismo año”.
Para intervenir en la subasta, Cosmo Líneas Aéreas presentó un aval bancario con un depósito de US$ 13.688.516, y tiene 30 días para abonar la totalidad de la compra por lo que, en el caso de no hacerlo, perdería ese monto.
Pero también la ilusión de muchos trabajadores de la ex PLUNA, que pensaban que tal vez Cosmo trabajara en Uruguay con los aviones comprados , pronto se desvanecieron, los españoles comunicaron que las aeronaves serán utilizadas para “ampliar su negocio de vuelos chárter en Europa Central y Europa del Este”.
La idea del gobierno uruguayo era pactar un acuerdo con el comprador para que se utilizaran los aviones en este país en rutas que dejaron de operarse con el quiebre de PLUNA, pero esto parece que no se concretará.
La ley y la reglamentación de la subasta planteaba como una posibilidad, la creación de una empresa aérea de bandera con la incorporación de personal uruguayo y la adjudicación de las frecuencias que tiene en reserva el gobierno para volar el puente aéreo con Buenos Aires y otros destinos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
El representante de Cosmo, Antonio Sánchez, quien fue el ofertante en la subasta, declaró que la intención de la compañía es llevarse los aviones para arrendarlos en Europa.
Por otro lado, fuentes consultadas por icndiario.com en España, declararon que en el mercado europeo, como consecuencia de la crisis económica, se pueden encontrar aviones mucho más baratos y más modernos que los subastados en Uruguay.
Por R.C.

COSMOS es una empresa española se limitó a informar 

El misterioso "caballero a la derecha" comprador de los aviones cara visible de los dueños de Cosmos
"Vengo a participar de la subasta”, le dijo Antonio Sánchez, el representante de la española Cosmo, a un guardia de seguridad que custodiaba el portón de ingreso al lugar donde se subastaron siete aviones Bombardier de la exPluna. “¿Pero usted es del fideicomiso?”, preguntó el funcionario, del otro lado de la reja de la Rural del Prado. “No, le digo que vengo a ofertar por los aviones”, insistió pausado y con acento español Sánchez, el hombre que pocos minutos después ofertaría los US$ 137 millones y terminaría la subasta en siete minutos.

Vestido de traje negro, corbata celeste y peinado para atrás con gomina, el empresario había llegado en un remise y con un sobre blanco abajo del brazo.
Ver mas 

  Antonio Sánchez fue la cara visible de los dueños de Cosmo, empresa que este lunes compró los aviones que pertenecieron a Pluna, y que tiene algunos dueños involucradas en casos de presunta corrupción

Incertidumbre en los trabajadores de Pluna 

.