Reductos inhumanos

 

Asesora admite “reductos” de violaciones a DDHH en cárceles

La asesora penitenciaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Fulco, reconoció la existencia de “reductos de violaciones a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas. En tanto, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé reclamó un cambio en la política criminal.

La presentación del libro “Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomendaciones y propuestas”, elaborado por Serpaj y el Observatorio del Sistema Judicial, fue el disparador de un debate en torno a la realidad del Sistema Penitenciario en Uruguay y sus desafíos.

En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”.

Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”.
Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.
En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema.
En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.
Cambiar paradigma
El director del Sirpa, Robert Alonso, afirmó que el organismo promueve un “cambio de paradigma” en relación al sistema de responsabilidad penal juvenil, tras “un siglo de discurso criminalista”. “Fueron muchos años de ese discurso que todavía cala muy hondo en nuestra sociedad”, que promueve la “estigmatización”, expresó Alonso.
El jerarca señaló la necesidad de impulsar una “visión alternativa”, que “intente reducir los niveles de violencia con el adolescente y evitar su desocialización”, así como trabajar en la responsabilización de los jóvenes. “Que el adolescente se responsabilice por lo que realizó”, afirmó.
Por su parte, la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guianze, aseguró que el objetivo es promover “una mirada mucho más amplia, que no abarque solo el mero control de los lugares de reclusión y las personas privadas de libertad”, sino sus efectos en toda la sociedad, como en los guardiacarceles y el entorno familiar de los reclusos.
En este sentido, la Inddhh bregó por una reforma de la administración del sistema de Justicia Penal, promover la utilización de la prisión preventiva no como regla, la definición de políticas criminales acorde a los estándares internacionales y el fortalecimiento de la Defensa Pública, afirmó Guianze.
Objetivo: reforma integral
El jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán, afirmó que el objetivo es impulsar “una reforma integral del sistema que suponga una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”. “Una persona privada de libertad solo pierde, como resultado de su encierro, la libertad de movimiento, pero ningún otro derecho, de modo que dentro de los centros de privación de libertad todos los demás (derechos) deben estar vigentes”, dijo Montalbán.
“El respeto de los derechos humanos en los centros de reclusión es la única forma para lograr reducir los altos niveles de violencia interna. Su no respeto hace de las cárceles espacios de alto riesgo, donde motines, violencia extrema y muertes se convierten en norma y no excepción, y donde la inseguridad ciudadana se retroalimenta y se fortalece”, señaló.

En las cárceles hay “reductos de violaciones a los derechos humanos”

Así lo reconoció la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, en la presentación de un libro de Serpaj y el Observatorio del Sistema Judicial

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Cárceles: más de un muerto por mes en lo que va del año Relevos. Abarca jefes de Libertad y Comcar 

EDUARDO BARRENECHE
La violencia en las cárceles persiste. Más de un preso por mes falleció en forma violenta en los primeros nueve meses de este año. Guardias del Comcar alertan de un inminente motín en los módulos 1 y 2 por las malas condiciones de reclusión.
En un balance realizado de los nueve primeros meses de este año, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé dijo a El País que ocurrieron "momentos de tensión" en los módulos 1 y 2 generados por cambios de composición interna de esos edificios.
"En lo que va de 2012 ocurrieron 12 muertes violentas; son los mismos guarismos que otros años", agregó.
En el módulo 1 están alojados unos 700 internos autores de delitos sexuales, expolicías o exmilitares que suelen tener problemas de seguridad si son mezclados con el resto de la población carcelaria.

"Se generaron roces con internos provenientes de otros módulos luego de una relocalización dispuesta tras el motín en los módulos 4 y 5" del 24 de abril de este año, dijo Garcé. Agregó que en el correr de este año también ocurrieron incidentes en el Módulo 2 que alberga a unos 750 presos.
A juicio del ombudsman penitenciario, la mayoría de las rencillas ocurridas en los módulos 1 y 2 del Comcar son provocadas por las malas condiciones de reclusión y por el hacinamiento. En este momento, cada módulo posee 300 plazas y aloja el doble de población.
Otras causas son deudas impagas por drogas y enfrentamientos originados en barrios que se trasladan a la cárcel.
Por su parte, guardias del Comcar indicaron que las señales emitidas por los presos de los módulos 1 y 2 son que se acerca un motín similar al que destruyó los módulos 4 y 5 en abril de este año.
Agregaron que, al igual que los módulos 4 y 5, los edificios 1 y 2 hoy están "boquetados" y "son tierra de nadie": la guardia no ingresa en algunas zonas de esos pabellones.
Los guardias consultados señalaron que, desde hace tiempo, los presos comenzaron a manifestar su rechazo a las pésimas condiciones de reclusión existentes en los módulos 1 y 2 que se traducen en falta de limpieza, caños de aguas servidas rotos, mala alimentación y elevado hacinamiento.
Para los policías, la seguridad se transformó en el principal problema. Uno de ellos dijo: "hay muchas armas enterradas en ambas cárceles desde hace más de 20 años. Sin embargo, las pistolas que mataron al Rambo (Néstor Peña Otero) y a nuestro compañero Oseas Pintos eran nuevitas. Jamás se investigó quién las ingresó".
FRÍO. Pasada la medianoche del 24 de abril de este año, 1.100 presos de los módulos 4 y 5 del Comcar se amotinaron en rechazo a las malas condiciones de reclusión y destruyeron ambos módulos.
El costo de la reparación supera los US$ 7 millones, según estimaciones del Ministerio del Interior.
Los presos amotinados fueron instalados en dos patios del Módulo 8, quienes se enfrentaron con internos de los celdarios por complicar el sistema de visitas, explicó el comisionado parlamentario.
Posteriormente, las autoridades carcelarias bajaron el nivel de tensión al ordenar la distribución de 900 presos de los módulos 4 y 5 a otros establecimientos del país.
A juicio de Garcé, esa situación descomprimió algunas áreas del Comcar.
"La semana posterior al motín, entre el 25 de abril y el 1° de mayo, ocurrieron momentos críticos en el patio del módulo 8 con los amotinados. Luego, a fines de mayo, vino una ola de frío. Eso me hizo temer que podrían haber casos de hipotermia", dijo Garcé.
Señaló que hubo "un correcto seguimiento técnico" por parte de los técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), quienes aconsejaron a los internos cómo debían enfrentar las bajas temperaturas. Muchos reclusos, relató, dormían de día con el calor del sol y caminaban por las noches. "En julio de este año se techó el patio del módulo 8 y se palió la situación", explicó Garcé.
Hoy asumirán las nuevas autoridades del Penal de Libertad. El capitán de la Guardia Republicana, Gerardo Bidarte, hasta ayer director del Comcar, dirigirá el único centro de alta seguridad. El comando saliente fue cuestionado por el Ministerio del Interior por no dar apertura a presos y sí priorizar la seguridad de la cárcel.

El País Digital

 

 

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Política 2.10.12

Desbalanceado 

Álvaro Garcé, en el seminario "Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas", en el Edificio Mercosur. Foto: Pedro Rincón

Comisionado penitenciario advierte tendencia de jueces a no escuchar a abogados defensores y a priorizar prisión preventiva.

Ayer el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay lanzó la publicación Hacia una política de Estado en privación de libertad, dirigida por Ana Juanche, coordinadora latinoamericana de Serpaj, y Javier Palummo, coordinador general del Observatorio del Sistema Judicial.

Durante la presentación del informe, el comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, afirmó que en Uruguay nunca existió una política pública en materia carcelaria. Según dijo, mientras que “paradójicamente” la dictadura, que violó consistentemente los derechos humanos, construyó ocho cárceles, el tema quedó “relegado” al regreso a la democracia, cuando además comenzó a aumentar el número de reclusos. “Afortunadamente, la reacción empezó el día que se declaró la emergencia carcelaria” durante el gobierno de Tabaré Vázquez, con un “paso simbólico” durante su discurso inaugural, y luego cuando los cuatro partidos políticos firmaron un acuerdo interpartidario a comienzos de 2010, señaló el comisionado.
Garcé también destacó que si se logra ejecutar las obras proyectadas, para el próximo período de gobierno la situación podría estar “bastante saneada”, aunque advirtió que se debe “repensar el papel de la prisión preventiva”. “Cada vez se prioriza más la prisión preventiva, por más tiempo y para más personas. Esto somete al Estado a un esfuerzo constante de gasto e inversión”, explicó, para luego afirmar que Uruguay pasó de tener en los últimos 60 años de 40 a 275 presos por cada 100.000 habitantes.
En ese marco, dijo que en caso de que se apruebe la reforma constitucional que busca disminuir a 16 años la edad de aplicación del régimen penal adulto, “habría que prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.
Por otra parte, en relación al sistema judicial, Garcé advirtió que en este último tiempo “se han cometido algunos errores de evaluación de la prueba, y las señales de la defensa, como la citación de algún testigo, no son siempre escuchadas a tiempo”. Agregó que conoce “varios casos” de personas erróneamente procesadas que luego, al comprobarse su inocencia, genera “una rectificación del procesamiento y ello terminará en juicio por responsabilidad contra el Estado”. Según consideró, “la voz de la defensa no siempre es escuchada con la atención que debería por parte de jueces y fiscales. Tal vez por sobrecarga de trabajo u otros factores se omite el diligenciamiento de ciertas pruebas”.
Por último, destacó el aporte de la Guardia Republicana en los centros de reclusión: “Antes, cuando ocurría una situación de maltrato, era difícil encontrar una respuesta y ahora en ese sentido hay mayor apertura”. Por su parte, el vicepresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso, dijo que en materia de privación de libertad su institución viene “corriendo de atrás”, ya que el Ministerio del Interior “ha comenzado antes” a reenfocar el problema de la reclusión “y eso ha hecho que ya tengan más certezas y más seguridad”. Admitió que las nuevas construcciones “han demorado más de lo esperado”, aunque destacó que se logró que “por primera vez todos los centros del Sirpa van a tener clases de secundaria”. “Los cambios son lentos y la gente es ansiosa, pero deben ser firmes y hay que darles tiempo”, dijo, para luego destacar que “lo que más trabajo va a dar es que estamos en medio de un cambio de paradigma”, ya que “venimos de un siglo entero de enfoque 
criminalista”.
Durante la presentación de la investigación de Serpaj, Ana Juanche advirtió que varios de los recintos carcelarios inaugurados recientemente por el Ministerio del Interior tienen características propias de un “modelo custodial y securitizador, cuando toda la retórica del Estado habla de un nuevo paradigma impulsor de la rehabilitación”. Entre ellos distinguió a Cerro Carancho (Rivera), el módulo espejo de Las Rosas (Maldonado), el nuevo módulo ocho del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) y el que se construyó recientemente en el penal de Libertad. Éstos “parecen responder a otra concepción”, ya que “prima en ella el carácter cerrado celular”, con escasos espacios previstos para el uso comunitario. “Creemos que se ha perdido una importante oportunidad para invertir recursos”, cuestionó.
También objetó que mientras las cárceles más pequeñas permiten una gestión “más humana”, el gobierno se apresta a aprobar un contrato de participación público privada para construir una cárcel en Punta de Rieles para 2.000 personas, que “no parece haber tenido en cuenta la expresión de nuestro país”.
En la apertura también hicieron uso de la palabra la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, la asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, y el jefe de Cooperación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán.

Números rojos

La publicación de Serpaj incluye una encuesta realizada a personas privadas de libertad. La muestra fue de 972 casos, de un total de 8.777 reclusos. En ella se refleja que 49% de los encuestados convive en celdas de seis o más personas; que 68% calefacciona la celda, pero la mayoría, 60%, lo hace con “aparatos caseros”; que 33% no tiene canilla y que 30% no tiene inodoro ni letrina. Además, 71% declara no tener ducha en la celda.
Una amplia mayoría de los encuestados, 74%, declaró la existencia de “celdas de castigo” en sus establecimientos de reclusión, aunque sólo 17,5% dijo que estuvo detenido allí. 34,4% dijo tener condena y 49,3% sostuvo no conocer quién es el juez de su causa. Respecto de las salidas transitorias, 92,4% declaró que no tiene, 30% admitió que recibe “visitas íntimas”, y otro 37,6% que utiliza un “celular o chip” para comunicarse. En cuanto a la alimentación, la mayoría de los reclusos declara que se proveen de la comida “por su cuenta” y no por “el establecimiento”, especialmente en el caso de la merienda.
Respecto de las características de esta población, 27% declara que cree tener ascendencia “africana o negra”. En cuanto al nivel educativo, 50,7% tiene primaria completa. De los encuestados, actualmente 14,7% declara estar realizando “estudios formales” y 34% dice estar trabajando. El delito más frecuente por el que fueron procesados es la rapiña (26%) y 58% ya estuvo recluido anteriormente.
La investigación incluye también un estudio sobre los adolescentes privados de libertad, basado en 327 encuestas, lo que significa las dos terceras partes de los que se encuentran en esa situación. Javier Palummo destacó que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto -lo que lo ha llevado al borde de la “inaplicación”- está dando resultado en el sistema penal adolescente, al que describió como influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia un endurecimiento”. La investigación revela que la mayoría de los jóvenes recluidos, 75,8%, manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de los funcionarios policiales en el momento de su detención, en motines o intentos de fuga, algo que es calificado como “grave” por la publicación. También 11% de los adolescentes dice haber sido víctima de violencia por parte de funcionarios estatales durante la privación de libertad. El 63,5% está recluido por el delito de rapiña.

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