jueves, 4 de septiembre de 2014

¿"Ni-ni" o sin-sin?




jueves 4 de setiembre de 2014 | N˚ 445
>> Por Jorge Zabalza

Los indicadores de la realidad 



Está de moda sostener que bajaron la pobreza y la indigencia en el Uruguay. Sin embargo, lo que bajaron son los indicadores de la pobreza y la indigencia. ¿Creen ustedes que un asalariado que cobre 16.000 pesos llega a fin de mes? ¿Es suficiente el pan que lleva la mesa de su familia? ¿Puede acceder a una “vivienda social” de 120.000 dólares? ¿Puede asegurar a sus hijos las condiciones para que reciban doce años de educación? ¿Puede ejercer su derecho a participar en actividades culturales? ¿Puede ir al Estadio Tróccoli a ver a Cerro? Los dieciséis mil pesistas están muy por encima de la mentada “línea de pobreza”, pero no por ello dejan de ser pobres.

Un par de semanas atrás el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República demostró que, en la realidad, la pobreza infantil es el doble que lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Desde la academia plantean que indicadores no indican la realidad sino que la tergiversan y ocultan. Creo recordar un par de artículos que VOCES tuvo la amabilidad de publicarme, donde intenté expresar exactamente lo mismo: la pobreza no se puede medir con los ingresos per cápita. Lo mismo le ocurre a quienes quieren explicar en base a indicadores la pobreza infantil, la deserción escolar y liceal, los “ni-ni”, la agresividad y la violencia en los jóvenes, el desinterés por la política, etc. etc.

Es entendible que al gobierno, los parlamentarios, la prensa y el Frente Amplio los asuste la realidad (que antaño pretendieron transformar) en general y se aferren a los indicadores para armar el verso demagógico con el cual juntan votos a lo bobo y cosechan aplausos en Europa y Washington. Ocultan cuidadosamente la almendra del asunto: ¿cómo se distribuye la torta que producen la soja, la forestación, la ganadería, el arroz, etc., etc.? ¿Cuánto se llevan los dueños del capital, los extranjeros y los criollos? ¿Cuánto va al pago de los servicios de la Deuda Externa? ¿Cuánto se lleva el presupuesto policíaco militar? y... ¿cuál es el monto de las migajas que van al salario, las remuneraciones no salariales y las pasividades?

Como la realidad es espantosa, no hablan de economía política en la campaña electoral: ¡ninguno de los cuatro candidatos que encabezan la tabla de posiciones! Son los operadores electorales de las corporaciones que exigen salarios bajos para aumentar la rentabilidad de sus inversiones y por eso la mitad de los trabajadores uruguayos gana menos de 16.000 pesos. Son los operadores electorales del modelo capitalista que produce pobreza, marginación y exclusión a granel. Utilizan los indicadores para darle una pátina de “cientificidad” a sus versos demagógicos. Los feligreses creen que los versos son la palabra revelada hasta que un día, como ocurre con los “ni-ni”, la realidad les explota directamente en la cara.

Por eso no los voto, porque me niego a que otra vez me agarren de gil.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Nómina de personal civil Batallon 601 alfabética y con DNI

Roger Rodriguez

Nómina de colaboradores civiles de la dictadura que reportaron al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino entre 1976 y 1983. Publicada por el Ministerio de Defensa de la Nación. Documento público y desclasificado. .

¿Qué rol jugaron los civiles de Inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura?

Jorge Daniel Pedraza es abogado especialista en Derechos Humanos y ex preso político. De 2008 a 2011 fue Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de Santa Fe.

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), dicha provincia formó parte del Área 212, Destacamento de Inteligencia 122. Justamente a esa jurisdicción respondía el periodista misionero Carlos Luis Carvallo, quien colaboró como “agente de reunión” (espía) con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, cerebro del espionaje ilegal durante el terrorismo de Estado, según confirmó revista superficie.

El letrado realizó una rigurosa investigación, que se reproduce a continuación, en la que revela el rol central que jugó el 601 en el desarrollo del plan de exterminio.


Para tener en cuenta qué fue un Personal Civil de Inteligencia (PCI)
del Ejército en nuestro país deberá saberse lo siguiente:

1.- Que en la Provincia de Santa Fe la conducción del Terrorismo de Estado estuvo a cargo del Ejército Argentino, y produjo dentro de su territorio más de quinientos asesinatos denunciados en la CONADEP, sin contar los cientos de secuestrados, torturados, confinados y desaparecidos, todos por causas políticas y/o gremiales.

2.- Que la Provincia de Santa Fe la conducción del Terrorismo de Estado estuvo a cargo del Ejército Argentino, y produjo dentro de su territorio más de quinientos asesinatos denunciados en la CONADEP, sin contar los cientos de secuestrados, torturados, confinados y desaparecidos, todos por causas políticas y/o gremiales.

3.- Que hasta el presente se han imputado estos delitos y/o procesado y/o condenado a un número importante de PCI del Ejército, especialmente en la provincia de Santa Fe, entre los que se pueden mencionar a Nicolás Correa, Eleodoro Jorge Hauque, Horacio Américo Barcos, Gustavo Francisco Bueno, Juan Andrés (El Barba) Cabrera, Eduardo Rodolfo Costanzo, Carlos Gabriel Isach, Rodolfo Daniel Isach, Ariel Antonio López, Walter Salvador Dionisio Pagano, Alberto Enrique Pelliza, Jorge Walter Perez Blanco, Ariel Zenón (El Puma) Porra, Walter Roberto Roscoe, Carlos Antonio Sfulcini, Eduardo Rebechi, César Luis Frilocchi, Juan José Luis Gil, Julio Adelaido Ramos, entre otros.

4.- Que las funciones de los PCI del Ejército consistían en clasificar y ordenar los informes remitidos al Batallón 601, con asiento en Callao y Viamonte, Capital Federal, por las unidades de inteligencia de todo el país. Esta información clasificada era el material utilizado por los niveles de decisión para determinar los "blancos", como se denominaba a quienes serían luego secuestrados por los Grupos de Tareas, torturados en los Centros Clandestinos de Detención y desaparecidos de manera permanente.

5.- Para dar una idea del rol central que jugó el 601 en el desarrollo del plan de exterminio basta con observar el volumen de la información procesada, cuyo manejo requirió la intervención de 4.300 agentes de inteligencia entre civiles y militares. Tan sólo en el edificio central de Viamonte y Callao, trabajaron de manera permanente 1.523 agentes civiles y se alternaron 340 militares, entre los años 1976 y 1983.A la mayoría de ellos no les adjudica la justicia una participación directa -como instigadores o ejecutores- en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, aunque está claro que sin el trabajo sórdidamente eficaz de los agentes y oficiales que en las sombras del Batallón procesaban testimonios obtenidos mediante tortura en los Centros Clandestinos de Detención, redactaban informes para destacamentos de todo el país, y señalaban posibles "blancos" para los Grupos de Tareas, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.

6.- Una vez producido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 el Ejército asumió el control territorial de las operaciones destinadas a llevar a cabo el plan de exterminio acordado por las tres armas. El resto de las fuerzas armadas y de seguridad quedaron subordinadas a este esquema y las actividades fueron centralizadas por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (G2), que utilizó como órgano ejecutivo al Batallón 601 para cumplir con esa finalidad.Toda la información recolectada a lo largo y a lo ancho del país por la "Comunidad Informativa" -así se llamaba al conjunto de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas y su red de colaboradores civiles- era remitida al 601 que luego de analizarla y clasificarla la redistribuía convertida en "blancos" para que actuaran los Grupos de Tareas (GT). La actividad de los GT era coordinada por la Central de Reunión (CR), que se encontraba en el sexto piso del edificio de Callao y Viamonte. De acuerdo con las declaraciones realizadas ante la justicia por Néstor Norberto Cendón, integrante del Grupo de Tareas 2, que tenía su asiento en ese preciso lugar, en la Central de Reunión funcionaba una "Sala de Situación" que se encargaba de "supervisar, centralizar y facilitar las tareas de inteligencia u operacionales de los Grupos de Tareas".Los integrantes de esa "Sala de Situación" eran los enlaces delegados por cada una de las fuerzas que integraban los distintos GT (personal militar, policial, de gendarmería, de prefectura, del servicio penitenciario y de la SIDE). Lo que allí se decidía era luego implementado en los respectivos ámbitos.El Batallón de Inteligencia 601, que dependía de manera directa del G2 y del Comandante en Jefe del Ejército, fue el corazón del sistema represivo; desde y hacia él fluyó de manera constante toda la información de inteligencia utilizada para llevar adelante el plan de exterminio, pero fue responsable además de la implementación del mismo y tuvo el control operativo, actuando como coordinador de los distintos Grupos de Tareas a través de su Central de Reunión. Aportó por otra parte los "especialistas" en interrogatorios, cuya habilidad para extraer información en la mesa de torturas les hizo ganar la admiración de sus jefes: "Gracias a ellos se ganó la guerra", declaró el represor Santiago Omar Riveros -responsable del Centro Clandestino El Campito y de la maternidad de Campo de Mayo donde se practicaba el robo sistemático de bebés-, condenado a perpetua por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda.

7.- Desde el punto de vista operacional la maquinaria puesta en marcha para cumplir con los siniestros objetivos del Proceso funcionaba de la siguiente manera: la información recogida por la "comunidad informativa" era remitida al Batallón, allí se la analizaba y clasificaba y de ella surgían los "blancos" sobre los que actuaban luego los Grupos de Tareas. Las víctimas secuestradas en los operativos eran confinadas en Centros Clandestinos de Detención donde se las torturaba a mansalva con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Esta información era luego trasladada a la Sala de Situación de la Central de Reunión y de allí pasaba al Batallón para ser clasificada, analizada y utilizada para definir nuevos "blancos", en un ciclo que permanentemente se retroalimentaba.

8.- El listado de PCI lleva la firma del Jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani y fue uno de los documentos desclasificados mediante el decreto gubernamental 4/2010, de enero de ese año, que, ante un requerimiento del juez federal Manuel Humberto Blanco, eliminó el secreto de estado para la documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante los años 1976 y 1983. La lista del 601 fue entregada por el titular del Archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, al juez federal Ariel Lijo, quien tuvo a su cargo la causa por la "operación murciélago" y continúa investigando el accionar del siniestro batallón durante la dictadura.

9.- La totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones).
Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios. Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles "mensajes subversivos" camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.
La información clasificada era la base sobre la cual se definían los "blancos" para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos. Algunos de ellos se encuentran acusados por delitos de lesa humanidad y también por crímenes comunes.
En el primer grupo se encuentran, por ejemplo, Raúl Guglielminetti, antiguo miembro de la Triple A que luego perteneció al GT que tenía su base en el centro clandestino Automotores Orletti y Santiago Hoya involucrado en la "operación murciélago". Al segundo pertenece, entre otros, Roberto "El Oso" Fossa, que integró en los albores de la democracia la banda de policías y militares que secuestró y asesinó al empresario Osvaldo Sivak.

10.- Si bien el Batallón 601 fue en teoría disuelto en diciembre de 1985, en realidad siguió funcionando bajo el nombre de Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM). La purga realizada por el gobierno de Alfonsín alcanzó sólo a los estamentos más directamente comprometidos y la mayor parte de los PCI del 601 continuaron realizando en democracia informes de inteligencia para las fuerzas armadas. Aunque algunos de ellos fueron dados de baja durante el menemismo por recortes presupuestarios, el grueso -alrededor de 500- recién pasaría a retiro a principios de 2000, cuando acuciado por nuevos recortes en el presupuesto -esta vez del gobierno de De la Rua-, el general Brinzoni se vio obligado a terminar de liquidar los remanentes del ex 601 y a poner en venta su edificio de Callao y Viamonte. Un edificio que, como una premonición que nadie supo o alcanzó a ver, había albergado en la década del ‘50 el cadáver secuestrado y desaparecido de Eva Perón. A pesar de que es lo que seguramente repetirán, sin apartarse una coma del guión, en caso de ser citados por la justicia, es virtualmente imposible, por la naturaleza del trabajo que realizaban y por la ubicación en el esquema represivo de la unidad en la que se desempeñaban, que los Agentes de Apoyo y Procesamiento del 601 ignoraran que la información que tan prolijamente se dedicaban a clasificar, estaba siendo usada para llevar adelante un plan de exterminio. Aún si no hubiera sido así, con la llegada de la democracia y la revelación pública del horror, tuvieron la oportunidad de arrepentirse de haber formado parte de esa maquinaria, la CONADEP hubiera recibido gustosa sus declaraciones. Optaron sin embargo por el silencio de la cofradía cómplice y casi como una semiplena confesión de culpabilidad, muchos de ellos decidieron permanecer sin una sola mueca de asco en su antiguo puesto de trabajo, probablemente en las mismas oficinas donde hasta hacía poco se habían desempeñado como eficaces burócratas de la muerte.

 

La vuelta a casa de los desaparecidos




Rel-UITA

Ciudad a ciudad, barrio a barrio, las calles argentinas se van poblando de decenas de baldosas especiales, dedicadas a recuperar la memoria y la historia de militantes sociales desaparecidos.
 
Rosa Mitnik era psicoanalista, tenía 42 años y una hija de 15 cuando el 13 de noviembre de 1976 fue secuestrada por una banda de militares. Se supo por sobrevivientes que pasó por uno de los mayores campos de concentración de la dictadura argentina, el de la Escuela de Mecánica de la Armada, y apenas algunos datos más que por ahora no llevan a nada.
 
En la mañana del sábado 30, 38 años después de su desaparición, Rosa volvió de cierta manera a su casa. En la puerta del edificio en el que pasó sus últimos años, en el barrio porteño de Villa Crespo, familiares, amigos suyos y de su hija Andrea Bleichmar, colegas, la recordaron “plantando” una baldosa en la vereda en la que se podía leer: “Aquí vivió la doctora Rosa Mitnik. Mujer solidaria, militante popular”.
 
Vecinos, muchos vecinos se acercaron a su hija a saludarla, contarle anécdotas, de ella, de su madre. “Rosa estaba siempre dispuesta a ayudar, debe ser por eso que la mataron”, dijo una señora de setenta años largos.
 
Otro invitó a Andrea a que recorriera la que fuera su casa, y ella reconoció los muebles hechos por su abuelo carpintero, todavía ahí, su dormitorio, el corroído parquet con marcas aún identificables, algunos muebles, el lugar donde estaba –con sus agujeritos nunca tapados- la placa de “doctora” de Rosa.
 
Un ambiente de comunión laica, que Andrea alentó repartiendo chocolates, vidrios de colores con los que decoró la baldosa, y pasando el micrófono a quien quisiera hablar.
 
También en Buenos Aires, pero a mucha distancia de Villa Crespo, ese mismo 30 de agosto, día Internacional del detenido desaparecido, ex compañeros de clase de jovencitos secuestrados en 1977 colocaban otra baldosa, colectiva, delante del liceo secundario al que todos habían ido casi cuarenta años atrás.
 
Y en Rosario, en Córdoba y otras ciudades estaban previstas ceremonias similares en casas, centros escolares, lugares de trabajo de otros tantos “militantes populares” que de alguna forma, aunque fuera mínima y en piedra coloreada, recobraban identidad.
  
El retorno al barrio
De carne y hueso
 
El invento de las baldosas remonta a 2005, cuando habitantes del barrio de Almagro, en Buenos Aires, “una zona con alta densidad de militancia social por metro cuadrado”, según dijera en su momento uno de los animadores del grupo, comenzó a reunirse en un centro cultural, la Casona de Humahuaca.
 
Los juntaba el proyecto de “honrar la memoria” de los desparecidos del barrio, y en el mismo movimiento tomar distancia con una de las formas más extendidas de “ejercicio de la memoria”: la puramente celebratoria, que convierte en supermanes o superniñas a quienes eran seres de carne y hueso.
 
No sólo en Almagro se hacían reuniones de ese tipo. También en otras zonas de Buenos Aires. La suma de iniciativas llevó a que se formara el colectivo de Barrios X Memoria y Justicia.
 
“De las discusiones que tuvimos sobre cómo hacer para llevar al ciudadano común el mensaje de que los desaparecidos eran, antes que nada, seres pensantes y actuantes, parte de un tejido social, de una realidad concreta, y no marcianitos caídos en la tierra de platos voladores, fue que surgió la idea de una intervención urbana”, contaba en una entrevista de 2011 uno de los animadores de la estructura barrial de Almagro.

“Apuntamos a que los vecinos y la gente en general supieran que allí había vivido tal persona, allá había estudiado tal otra, más allá había trabajado esta tercera o enseñado esta cuarta. Y enfatizamos en que las baldosas no debían ser lúgubres como lápidas y debían tener cierto grado de personalización en la combinación de los colores o en algún detalle.”
 
La intervención urbana tomó la forma de baldosas de 60 x 40, decoradas con vidrios de colores y letras de plástico y cubiertas por cinco o seis manos de laca industrial para evitar el deterioro, un proceso de fabricación que lleva varias semanas y que se pretende que sea “lo más colectivo posible”.
 
Más de 400 en nueve años
Y sólo algunas rotas
 
“Nos llegan permanentemente demandas de familiares, de vecinos, de compañeros de trabajo de desaparecidos. En todos los casos hacemos un trabajo con los interesados y su entorno, reconstruimos las historias de vida, verificamos datos. Recién después es que vamos al trabajo de fabricación y colocación. No somos una fábrica de baldosas”, dice sonriendo Noemí Fernández Durán, hermana de una desaparecida y militante de Barrios X la Memoria.
 
Hacia 2013 había colocadas en Buenos Aires, según el colectivo de Almagro, más de 350 baldosas, según un mapeo realizado entonces. Hoy deben superar largamente las 400.
 
La idea fue declarada de interés nacional por el gobierno, pero para poder concretarla debe recibirse la autorización de los propietarios de las viviendas, los edificios frentistas o las instituciones
 
Cuando llega el ok un equipo municipal levanta las baldosas comunes de la vereda y deja el espacio necesario para la colocación de las nuevas.
 
“En algunos casos hemos recibido negativas. Hubo consorcios (de propietarios de edificios) que nos advirtieron que si las colocábamos las romperían. Y hay baldosas rotas. Son las menos, pero las hay”, cuenta Fernández Durán.
 
Uno de los rechazos recibidos fue el de los propietarios del diario de derecha La Nación, que se negaron a que los periodistas de ese matutino desaparecidos fueran homenajeados.
 
“Las negativas tienen también algo de positivo, porque ayudan a ver quién es quién. Es también una forma de restituir la memoria y de recuperar la historia real de los desaparecidos”, dice una de las integrantes del grupo de Villa Crespo.
 
Rel-UITA
2 de setiembre de 2014
 
 
 

Balean a la jueza penal Julia Staricco


Una jueza que sigue las investigaciones sobre DDHH


Mas allá del fallo de la Corte, la jueza Julia Staricco sigue adelante con las investigaciones. 

La jueza decidió seguir investigando una denuncia por abusos sexuales cometidos durante la dictadura (1973 – 1985) a pesar de que un fallo de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que hacia imprescriptibles los delitos cometidos en ese período.
Lejos de la posibilidad de enviar a alguien a prisión, luego del fallo de la SCJ los juicios se encaminan a liberar a militares que fueron presos en base a esa ley, ahora inconstitucional por decisión de la Corte.
Los sucesivos fallos en contra de leyes impulsadas por el gobierno, son una clara señal de esa independencia que en otros paises no abunda. Pero no hay que olvidar que esto, no es sólo un asunto técnico, es politica.
Los jueces son dueños de sus causas y una cosa es lo que piensan los cinco magistrados de la SCJ hoy, y otra cosa lo que piensan los jueces.
En esa diferencia de opiniones tal vez estribe la respuesta a la pregunta de: ¿quien nos defiende de la palabra final de la justicia?
Un día la Ley de Caducidad es inconstitucional y al otro dia ya no lo es.
Y detrás de estas dos apreciaciones, de esta diferencia, lo que esta en juego es la libertad de la gente, el destino de personas.
Hoy a favor o en contra de estos represores, pero mañana puede darse la misma situación en cualquier ciudadano común.
Debería causarnos escozor, la idea de que un inocente acusado de manera equivocada, reciba el no final de la SCJ.
Ante esto surgen las interrogantes, ¿es el fin del sistema; el fin del camino, el fin de la libertad?.
Sin lugar a dudas esto no terminará acá, o con estos sucesos, aún queda un largo camino por recorrer y “bibliotecas jurídicas” en las cuales hurgar.


Parque Batlle
martes 2 de setiembre del 2014

Custodias policiales de la Jueza Julia Staricco fueron baleados

Los custodias de la jueza Julia Staricco fueron baleados por dos personas que pasaron en moto por frente a su casa. El suceso ocurrió a las 19:30 cuando la magistrada regresaba de trabajar.
La policía investiga los hechos y trata de confirmar si el suceso está asociado con algunos de los casos que la jueza se ocupó.
Según comentaron fuentes de Espectador.com, la magistrada recibió hace tiempo una amenaza verbal de una persona procesada por ella y por eso tenía la custodia parcial.



El texto completo de la resolución de la Jueza Julia Staricco que rechazó la clausura de la denuncia penal por torturas y violencia sexual durante la dictadura presentada por una veintena de ex presas políticas.




Qué se aclare!
En algunas manifestaciones se han sacudido unas vallas o pintado alguna consigna con aereosol. La represión no se ha hecho esperar, espías y provocadores policiales más las fuerzas de choque han actuado al unísono. Y como se sabe aunque se lo oculta, hay una LISTA DE LOS "ANTISOCIALES" que aún Mujica como máximo responsable no ha explicado los criterios para incluir ciudadanos en el tal fichaje que es absolutamente inconstitucional aunque ni la derecha ni la Suprema Corte dicen nada. Sin embargo un ataque armado contra los custodios policiales de una jueza más que conocida por sus investigaciones contra las violaciones a los DD.HH. en dictadura y contra el crimen organizado, rápidamente se lo clasifica como intento de robo, es decir uno más de los "delitos comunes" tan de la predilección de la Suprema Corte. El Ministro del Interior Bonomi y la Policía tenían una versión express de los hechos y sobre como calificarlo. Considerando que la Jueza siguió adelante con los casos de la violaciones por parte de los militares a las prisioneras y prisioneros y desestimó la resolución de la SCJ violatoria de la legalidad internacional, cualquier persona sin necesidad de tener asesoramiento policial de los yanquis y los israelíes como lo tiene la Policía uruguaya, entraría inmediatamente a sospechar de que este atentado está vinculado a los casos de los DD.HH. que afectan a los militares violadores. Pero nó, la respuesta express (como cuando mataron al joven en Santa Catalina, o en relación al "coleccionista" de arsenales, por ejemplo) determina que es un intento de robo el atentado, o intento de asesinato, así sin más. Todavía no se ha aclarado el atentado contra la sede de la Unión de las Juventudes Comunistas, nada de nada se ha dicho. Impunidad. Otra más. El gobierno y el Ministro del Interior minimizando los hechos están creando un nuevo caldo de cultivo para la impunidad, de nuevo escuadrones de la muerte impunes, y también de nuevo impunes atentados políticos como el contra la UJC, o muy sospechosamente contra jueces que siguen adelante con los juicios a los criminales de lesa humanidad.
Colectivo de Noticias Uruguayas




La crisis de la excepción coloniense

Juan Lacaze la proletaria

por Daniel Gatti 
http://www.revistaajena.com/la-crisis-de-la-excepcion-coloniense/
La ciudad “más proletaria” del país está desconcertada. Sus dos grandes industrias –la antigua Campomar y sus continuaciones, y Fanapel– cerraron o redujeron su pantilla. Un crédito del FONDES para reabrir la textil, y aprovechar el conocimiento adquirido en los años de pujanza industrial flotan como ideas entre los lacacinos que combaten la sensación de impotencia.

“No hay ciudad uruguaya de mayor tradición proletaria que Juan Lacaze. No hay tampoco ciudad con más viejos y más en crisis”. Francisco Abella –periodista en el semanario local Noticias– se queda un momento en blanco y agrega como con bronca: “esto es un velorio que no termina más, una agonía lenta. Y le estamos dando la espalda al resto del departamento. En casi todo Colonia hay como una efervescencia, y aquí…” Luis, cincuentón largo, cruzado a la salida de un negocio, dice: “es una crisis terminal”. Y opinan algo similar el maestro David Mackiewicz, el textil jubilado Ariel Gambetta, su colega Hugo Fontana, la encargada de un curioso museo local… En el verano pasado el presidente Mujica y varios de sus ministros desembarcaban en tierras sabaleras. Llegaban –anunciaban– al rescate.
A primera vista Juan Lacaze no da la impresión de estar “en crisis terminal”. La ciudad, en su centro, se ve prolija, calles limpias, buenas casas, lindo liceo, escuela ídem, flamante y desbordante local de UTU, una pobreza no expuesta. Y bastante movimiento en las calles comerciales. “Sí, pero es fachada”, dice Abella. La pobreza despunta en los cuatro asentamientos de los alrededores, “y si rascás te das cuenta que el consumo es sostenido por los obreros jubilados, algunos de ellos, si no la mayoría, con muy buenos ingresos (hay jubilaciones de hasta 50 mil pesos). Algo con patas muy cortas, porque cuando entrás a ver en qué andan los jóvenes, no digamos los más jóvenes, los tipos de 40, te querés morir”.
Juan Lacaze es, efectivamente, una ciudad de viejos. Y de cuño obrero. De viejos con cuño obrero. Un 25 por ciento de sus alrededor de 13.000 habitantes son jubilados. “Si Uruguay es uno de los países más envejecidos del mundo, Juan Lacaze es de los lugares más envejecidos del Uruguay”, resume Abella. La mayoría de esos pasivos viene de la industria textil y papelera. “Mucha gente tiene aquí conocimientos industriales, de oficios que fueron aprendiendo en las dos grandes empresas símbolo: la antigua Campomar & Soulas y Fanapel. Hay mucho mecánico, soldador, tornero, electricista”, dice a Ajena Mackiewicz. Las fábricas eran la sangre de la ciudad. Todo venía de ellas.
Y todos iban hacia ellas. Ariel Gambetta tiene 69 y de chico encaró en Campomar “lo que no podía en la escuela. Mi padre me dijo un día: ¿no querés estudiar? Entonces a laburar, y a los 14 entré a la textil”. Allí estuvo hasta los 59 años; trabajó como obrero (“pasé por casi todas las secciones, la clasificación de lanas, el lavadero, el cardado, anduve por sótanos y techos, por el depósito y la chimenea”) y escaló hasta ser jefe de seguridad industrial. Gambetta idolatra a la vieja Campomar, al punto de haber escrito una historia de la empresa que presentó en escuelas.
La fábrica comenzó a funcionar en 1905 y fue, según él, la mayor textil de América Latina. Fue, al menos, la principal de Uruguay. María Magdalena Camou, doctora en ciencias sociales que en 2011 publicó un estudio sobre la empresa, apunta que hacia los años treinta llegó a representar la mitad de la producción bruta del sector y a emplear cuatro veces más gente que la textil que le seguía en tamaño. Hacía todo el proceso industrial, de una punta a la otra, y producía casimires de lana cardada y peinada, paños de lana, fieltros, lana para tejer, hilados, frazadas, jergas, mantas, tops.
“La calidad era fabulosa. Casimires Perrotts made in England se fabricaban acá. Se le mandó de regalo a la reina Isabel una frazada blanca con rosas dibujadas que era una preciosidad”, cuenta Hugo Fontana, que pasó 38 años en el sector aprestos y se jubiló “con buen dinero”. Su padre también había trabajado en la fábrica. Llegó de Italia a los 21, picó en Montevideo y desembarcó en Colonia atraído por las promesas de la textil. Hugo siguió su camino “apenas salido de la infancia. Uno entraba con un sueldo que equivalía a 15.000 pesos de ahora, más o menos, y te pagaban para enseñarte”.
Ariel Gambetta dice con nostalgia que para él la fábrica “representó casi que un padre”. “La textil propiamente de los Campomar tuvo ese papel paternalista que fue costumbre entre algunos grandes empresarios de la época, es verdad, y fue esa la que conoció Ariel. Pero antes, cuando en la empresa mandaba el italiano José Salvo, socio de José Campomar, otro de los fundadores, español, la norma era la explotación más vil, de niños, de mujeres. Salvo era un negrero. El palacio que lleva su nombre en Montevideo debería tener un letrero que dijera: ‘este edificio se construyó con la sangre de los textiles’. Levantó el palacio a fuerza de plusvalía.” Nadie recuerda esa historia, ni siquiera en Juan Lacaze: José Salvo se llama su calle principal.
“Miguel Campomar fue mucho más inteligente: hizo obra social”, apunta el maestro Mackiewicz. A él la ciudad “le debe” –dice Gambetta– una escuela, un centro de salud, una plaza de deportes, un estadio, una guardería modelo para los hijos de obreras, un grupo de viviendas. Y un estilo de relaciones laborales que apuntó “a la paz social”. “Sí, don Miguel era inteligente, astuto”, asiente Abella. “Aquí instauró ese modelo de gestión paternalista, pero llegó de Montevideo, donde tenía tres fábricas, escapando de las sociedades de resistencia”, los sindicatos anarquistas.
Tan vieja, o más (se creó en 1898), Fanapel no marcó tanto el ritmo de los lacacinos, piensa Gambetta. En momentos de auge de las dos, la papelera empleaba mucho menos gente, “pero además hay diferencias entre papeleros y textiles. El textil es derrochador. Le gusta vivir bien, gastar. Capaz que porque muchos son de origen italiano, expansivos. El papelero es más individualista, más conservador. Nosotros cobrábamos y allá íbamos a los boliches, a los comercios, a gastar. Había que ver lo que era la ciudad cuando se decía ‘pagó la fábrica’”, se relame Gambetta pensando en “su” Campomar.

La maquinaria obsoleta de la antigua Campomar aún permanece en la planta. FOTO: FEDERICO GUTIÉRREZ

Mackiewicz ratifica la impronta que los textiles dejaron en Juan Lacaze. “Lo bueno y lo malo de acá viene de ellos: la timba, el alcoholismo, el derroche, pero también los sindicatos, las cooperativas. Con los textiles despertaron los obreros de la ciudad, como en Inglaterra”, dice, pero a la hora de evocar los años dorados el maestro es más ecuménico: “Era todo el pueblo. En una ciudad del tamaño de esta tenías de repente, 3.500 a 4.000 personas –de 2.000 a 2.500 de la textil, 1.000 de la papelera, 500 entre la curtiembre, la fábrica de cola y otras industrias– que volcaban sus ingresos localmente y hacían vivir al comercio. Un engranaje movía a otro. Las propias industrias compraban sus insumos acá. Y todo eso se notaba”.
Pero de esa bonanza se acuerdan los más veteranos. Abella conoció apenas los descuentos. Campomar cerró en 1993, dejando en la calle a 1.200 personas. Un año y medio después abrió en el mismo predio Agolán, que la sobrevivió menos de dos décadas. No resistió la competencia china, como la mayoría de las empresas de su sector.
Una cooperativa, Puerto Sauce, intenta retomar la producción bajo control obrero, con bastante menos personal que el que tenía Agolán a su cierre, mientras Fanapel ha ido reduciendo poco a poco su personal, víctima de las restricciones argentinas, y hoy emplea a unos 400 trabajadores. El conjunto del tejido social lacacino resiente la decadencia de sus dos íconos industriales, dice Hugo Malán, pastor de la fuertemente presente Iglesia Valdense y presidente de la Agencia de Desarrollo Económico, un ente local creado en el año 2000 para reactivar la ciudad y que intenta montar un parque industrial en otra ala de la gigantesca factoría textil.
La peculiaridad de Juan Lacaze en el contexto coloniense, su excepcionalidad regional –el entramado fabril, la casi exclusiva condición proletaria de la ciudad– puede ser también la explicación de su crisis, piensa Malán. Cuando se construyeron, y fundamentalmente cuando se desarrollaron, los enormes complejos fabriles de Campomar y Fanapel, épocas fordistas de una acelerada expansión del mercado, era otra la organización del trabajo, otras las dimensiones de las fábricas, otros los procesos industriales. “Lo que fue Campomar & Soulas no existe más, se terminó”, afirma Malán en una entrevista que le hiciera Abella. De lo que se trata ahora, piensa, es “aprovechar el saber adquirido en el trabajo industrial que tiene incorporado un alto porcentaje de la población local”, para ir hacia otra cosa.
Los lacacinos son bichos de ocho horas, asegura Francisco Abella, llevamos las ocho horas en los genes, confirma Ariel Gambetta, y el maestro Mackiewicz asiente con el gesto y agrega: no se puede dar un paso por aquí sin toparse con pedazos de historia obrera, en los edificios, en la cultura local. Y así es. Uno se topa literalmente con las dos grandes fábricas, fundamentalmente con la ex Campomar, un dinosaurio industrial de más de 62 mil metros cuadrados pero también con Fanapel (“ya no se hacen papeleras como ésta a la entrada de las ciudades, son una gran fuente de contaminación, un sindicalista sueco que nos visitó se quería morir al verla”, dice a Ajena Walter Silva, dirigente de CUOPYC, el sindicato de la rama), y en las calles la marca proletaria en el orillo se ve hasta en la imposibilidad de encontrar un lugar –ni uno solo– donde tomar un café (“el obrero toma grappa, no le pidas café”, hace como que se indigna Abella).
Algunos de los efectos colaterales de “la fábrica”, de la textil –la guardería modelo, el formidable local del club CySSA (por Campomar y Soulas Sociedad Anónima), incluso el bastante coqueto estadio– vegetan perdiéndose en la noche de los tiempos. Se consumen.
Gambetta agita las manos y se imagina un mapa: por allá, hacia la derecha, a orillas de la ruta 1, está Colonia Valdense –“magnífica Valdense, un espectáculo” –; más allá los secaderos de granos, los silos; hacia la izquierda, en Tarariras, los granos; y a quilómetros de Juan Lacaze, tierra adentro, Cosmopolita, una muy pequeña colonia de inmigrantes italianos, con sus tambos. Y Artillero, Minuano, Santa Ana… Y más lejos, Rosario, Carmelo. “Hay una enorme producción agrícola por estas tierras, pero no tenemos lazos con ella. Podríamos imaginarnos que aquí agregáramos valor a esa producción, vincularnos con esos pueblos agrícolas a los que les va tan bien. Esta es una ciudad formada por italianos, alemanes, catalanes, algún nórdico, que ya eran obreros o técnicos cuando llegaron a Uruguay, y las generaciones que los siguieron continuaron viviendo en ese trillo”, dice Mackiewicz. “Si no miramos al agro estamos fritos”, remata Abella.
Cuesta. Esther Secco es responsable del proyecto Innovación social como estrategia de desarrollo de los territorios y las personas de Juan Lacaze, un proyecto de enrevesado nombre financiado por Naciones Unidas que en 2012 realizó un diagnóstico del pueblo y de su crisis. “Surge principalmente una visión de ciudad discutida. Por un lado está la idea de que es una ciudad industrial, con la presencia de los dos grandes íconos, que continúan siendo los medidores de prosperidad. Por otro lado hay un cambio de rumbo que no puede detener al resto de la sociedad. Existe inestabilidad, porque la gente […] tiene dificultad para ver otras posibilidades de desarrollo”, resumió Secco en una entrevista en el semanario Noticias.
Los jóvenes son, para Abella, un ejemplo claro de esa dificultad lacacina: “añoran aquel pasado, no se ven con un futuro”. La investigación de Secco lo dice negro sobre blanco: “los jóvenes manejan un discurso de nostalgia”. La ciudad no escapa, no podría hacerlo, a la crisis global, nacional, del sistema educativo, pero los índices de deserción son altos en comparación con la media coloniense (25 por ciento abandonan en tercer año de Ciclo Básico en Juan Lacaze, y sólo 8,5 en Rosario), así como lo son las tasas de pobreza y desempleo. “La alta deserción del Ciclo Básico muestra que muchos jóvenes están quedando por fuera del sistema educativo. Tomaron como propio el discurso de todo tiempo pasado fue mejor y no proyectan un futuro laboral. Ven a la ciudad como estática, que no les brinda las oportunidades que ellos esperan”.
Salteña, Secco dice que viéndola de afuera Juan Lacaze “tiene un montón de capital social y muchos elementos y herramientas como para no ser una ciudad estancada”. Pero que hay algo…

Lausarot y Silva frente a la maquinaria de la textil, que está en óptimas condiciones. Foto: FEDERICO GUTIÉRREZ


Abella, y sobre todo Mackiewicz y Gambetta, abundan en el anecdotario para ponerle carne a ese algo. Cuentan historias de proyectos fracasados, de esperas milagrosas por ayudas que caigan de arriba. Gambetta dice que no siempre fue así aunque en el ADN sabalero “estén las ocho horas bien arraigadas”. Se pone a sí mismo como ejemplo: “terminaba en la fábrica, agarraba la bicicleta y me iba a hacer de proyeccionista en el cine”. Y como él otros: “muchos trabajadores de la textil ponían un tallercito. Esa capacidad de iniciativa se fue perdiendo”, piensa. Abella cita el caso de un empresario uruguayo que fabrica relojes de madera y coloca su producción en Brasil. Se enteró de la crisis de Juan Lacaze en enero, “cuando los diarios mencionaron que Mujica había venido a interesarse por la situación”. Le pareció interesante el pasado obrero de la ciudad, y como no tenía descendencia se le ocurrió ofrecer su savoir faire a alguna cooperativa local. Era un trabajo para una decena de personas, pero no le interesó a casi nadie. “No hay concepto de riesgo”, cree Abella. “Está el puerto deportivo, y la costa es una zona preciosa para desarrollar turismo”, propone Mackiewicz. Se queda pensando y dice: “claro, si se la puede recuperar: el viejo Juan Lacaze, que era un pillo, se llevó primero la arena hacia Argentina, vendió los médanos y luego los terrenos. Y ahora la costa está privatizada y llena de pozos, y la siguen agujereando sin que nadie haga nada”.
La nomenclatura local, como la de todas las ciudades, está llena de homenajes a sátrapas, salvo que los sabaleros la cargan en el propio nombre de la suya, mucho menos poético que el original Puerto Sauce, se lamenta el maestro.
A Juan Lacaze le faltaría –dicen Abella y Mackiewicz, Malán y Secco– “mayor cultura del emprendimiento”. Secco lo declara casi con acento liberal: “hoy el empleo se genera por uno mismo”. Como Malán, habla de insertar a la ciudad en las “cadenas productivas” de la zona, de calificar a los ex trabajadores de los “íconos” para otros empleos, de aprovechar “las capacidades instaladas” para revolucionar “la mentalidad de la gente”. Malán presenta el parque industrial que se intenta generar en una de las alas de la vieja Campomar –que hoy se reparten en distintos porcentajes la Intendencia de Colonia y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)–, como una oportunidad para “cambiar la pisada”. En un área de 5.000 metros cuadrados, el parque agrupa a siete empresas que no llegan a emplear un centenar de personas. Hay una pequeña textil, una metalúrgica, dos de vestimentas, una que produce cueros sintéticos, otra que fabrica llantas de bicicletas, otra de motores eléctricos. Hasta mayo ADE llevaba invertidos casi un cuarto de millón de dólares en acondicionamiento de espacios y 431.000 en maquinaria. Pero restaurar los enormes galpones vacíos de la ex Campomar necesita muchísimos millones. Tantos que una empresa brasileña que proyectaba producir allí llantas de aluminio y emplear a unas 200 personas abandonó la idea. Por lo menos en el parque. Era una de las esperanzas con que contaba la ciudad para atraer a una nueva gran empresa.
(Una señora, funcionaria municipal ella, ensaya una extraña explicación a la crisis sabalera: “esto pasa porque aquí todo es de izquierda, ¿qué querés?” Juan Lacaze es, también en eso, una excepcionalidad: un feudo frenteamplista en la blanca Colonia).
Walter Silva, dirigente del sindicato papelero, piensa que es cierto que en su ramo las empresas de gran porte no tienen futuro y cree que sus colegas en Fanapel deberían tomar nota de que “ya no hay en el mundo gigantescas papeleras como ésta”, pero cree también que muy poco ha hecho el Estado  “Cuando comienza a sentirse el efecto de la crisis de 2008 –escribió Silva en un memo que entregó a Ajena– la retracción de los mercados y las crecientes restricciones de Argentina, más la competencia de los productos extrazona, planteamos al gobierno y a las empresas de la rama que sería importante potenciar el mercado interno implementando políticas de sustitución del plástico por el papel y el vidrio en los envases y formular una política de compras del Estado que favoreciera la industria nacional, no sobre la base de barreras arancelarias sino controlando el dumping, tanto el económico como el social”. En los últimos años, CUOPYC aceptó una rebaja salarial del 30 por ciento, presentó planes para reformular –incluso tecnológicamente– la industria del papel (pasar del eucalipto al pino, por ejemplo, para abaratar costos) y enfrentar la competencia de las pasteras, acompañó el planteo de la empresa de pedir exenciones fiscales parciales, pero las respuestas no llegaron. Ni de parte de la empresa ni del gobierno. Fanapel, hoy de capitales argentinos, está en “un proceso de desinversión” y “plantea un ajuste de costos permanente” que implica la continuidad de la hemorragia de puestos de trabajo comenzada hace más de 20 años, cuando 117 trabajadores fueron despedidos con el argumento de que “debía reformularse ante la llegada del Mercosur”. “Es realmente una ironía siniestra que el no funcionamiento del bloque nos ponga hoy en la misma situación”, apunta Silva. En cuanto al Estado –se enoja– “mira para otro lado”.
En noviembre de 2013, por primera vez en años, el sindicato de Fanapel decidió la suspensión de la Fiesta Nacional del Sábalo, la fiesta de la ciudad, por “la difícil situación que atraviesan los papeleros” y anunció que volvería a organizarla “apenas hayan cambiado las condiciones”…

Las viejas casas de los altos mandos de Campomar son testigos de la crisis de la ciudad.

Tras el cierre de la textil, CUOPYC relevó –en parte– al de Campomar-Agolán en la “asunción de tareas sociales en la ciudad”, dice Silva. Se encarga, en especial, de mantener un CAIF que funciona enfrente de la sede sindical. Empezó con un puñado de niños, y después de una discusión en el sindicato –“había compañeros que decían que sólo debía ser para hijos de papeleros, por ejemplo– se decidió extenderlo a “todos los chicos carenciados de Juan Lacaze y alrededores. Atiende a más de 200, se les da alimentación adecuada y se les sigue en su escolarización”. Silva no quiere ni pensar “el drama que sería con estos gurises” si cerrara también la papelera.
Sergio Lausarot tiene cerca de 40 años y es obrero textil “desde siempre”. Trabajó en Campomar y luego en Agolán, donde era operario de los telares. Desde que Agolán cerró definitivamente se sumó al proyecto de cooperativa. Los últimos años la empresa, que al pasar candado había encogido hasta poco más de 200 trabajadores, “era un desastre. Si se mantenía era porque el Estado ponía plata a través de CND, que la gestionaba, pero la gestión también era deficiente”. El sindicato cuestionaba, por ejemplo, a la Corporación que mientras nada hacía para reflotar la producción pagaba sueldos de 8.500 dólares a cinco gerentes. En febrero, Agolán se extinguió. “Nos fuimos todos de licencia, y al regresar, nada”. Cuando Ajena visitó el predio –el pequeño espacio ocupado por Agolán en la ciudad que era Campomar– todavía estaban armados algunos arbolitos de navidad y había telas y frazadas prontas para ser embaladas y entregadas. “Los cooperativistas hicimos un proyecto en base a estudios de mercado, lo analizó una junta en la que estaban Presidencia, la CND, el PIT-CNT, y fue aprobado”. El Fondes dio luego el okey. Pero la plata no llegó. Cooperativa Puerto Sauce pide, a término, un total de 7,9 millones de dólares. “Para arrancar –comprar la lana, la leña, mantenernos hasta cobrar los primeros pedidos–, necesitamos 1,5 millones. Ya podríamos estar colocando mercadería en Estados Unidos, Chile, Brasil, Canadá. Cuando vino aquí una delegación de Rusia, en junio, se interesaron por nuestras frazadas de lana cardada, especiales para zonas frías. Pero la cosa se trancó en el Fondes”. A comienzos de agosto, los trabajadores amenazaron con cortar la ruta 1. A último momento desactivaron la medida, después de recibir nuevas promesas del gobierno. Si el proyecto se pone en marcha –dice Lausarot– dará empleo a un máximo de 120 personas (65 al arranque). “Tenemos el oficio y unas máquinas espectaculares, casi nuevas, y otras viejas que son un lujo y se pueden reciclar. Fabricaremos lo que sea necesario: si salen trapos de piso, trapos de piso, si salen frazadas, frazadas. Después se irá viendo si se precisa más gente, pero tal como está Juan Lacaze, sólo con que arranque otra vez la textil sería una inyección de ánimo que para qué te voy a contar…”