Cuando Cristi adquirió todo el poder como comandante de Operaciones, en febrero de 1973
Familiares no tuvo respuesta de Lacalle sobre documentos que permitirían ubicar el archivo del OCOA.
Brecha Samuel Blixen
30 abril, 2021
El prolongado silencio
del presidente sobre la ubicación del archivo del OCOA –organismo
represivo de la dictadura responsable de múltiples desapariciones, que
Familiares documentó hace casi un año– induce a pensar que no quiso –o
no pudo– ejercer su mando como comandante supremo de las Fuerzas
Armadas.
A comienzos de julio de 2020 el presidente de la república, Luis
Lacalle Pou, recibió de manos de la organización Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos un conjunto de documentos militares que revelan
la ubicación exacta del archivo clasificado del Órgano Coordinador de
Operaciones Antisubversivas (OCOA), la estructura represiva de la
dictadura militar que entre 1971 y 1985 concentró en Montevideo y
Canelones las acciones militares contra partidos políticos, estructuras
guerrilleras y organizaciones sociales. La organización estima que, con
una alta probabilidad, en el archivo clasificado del OCOA se podrá
rescatar información clave y específica sobre el lugar donde fueron
enterrados los cuerpos de detenidos desaparecidos. De ser incautada, tal
documentación permitiría, además, identificar a los responsables
directos de los asesinatos y a los jerarcas que impartieron las órdenes.
El OCOA tuvo como base de operaciones por los menos tres centros
clandestinos de detención: la llamada Casa de Punta Gorda, una
residencia en la rambla República de México incautada a los tupamaros,
que designaron 300 Carlos R; el conocido como 300 Carlos I o Infierno
Grande, en los predios del Servicio de Materiales y Armamento, junto al
Batallón de Infantería 13, sobre la Avenida de las Instrucciones, y la
llamada Base Roberto, en el predio de La Tablada. Decenas de
desaparecidos fueron interrogados y torturados en estos centros
clandestinos, además de cientos de sobrevivientes que, después de pasar
por ellos, fueron blanqueados y permanecieron durante años en las
cárceles de la dictadura.
La documentación entregada al presidente incluía un documento
manuscrito del general Esteban Cristi y un parte de novedades del
servicio de guardia del OCOA, a través de la Mesa Central Operacional,
ambos ubicados en el Archivo Berrutti por el proyecto universitario
Cruzar, y la respuesta del general Guido Manini Ríos a un pedido de
informes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, firmado por su
coordinador, Felipe Michelini. Los documentos fueron acompañados de dos
notas explicativas que aportan elementos del contexto. Esta gestión, de
hace casi un año, de los representantes de Familiares, resultó
infructuosa, pese a que, en una reunión en su despacho del edificio de
la plaza Independencia, el presidente se comprometió a colaborar en la
búsqueda de información, siempre y cuando los indicios estuvieran
sustentados en documentación confiable. La organización nunca obtuvo una
respuesta sobre el resultado de esa gestión, si la hubo.
CUATRO ENCUENTROS
La de julio del año pasado fue la cuarta –y última– reunión entre el
presidente y los representantes de Familiares. El primer encuentro fue
por iniciativa del propio Lacalle cuando aún era senador del Partido
Nacional. Había declarado públicamente que, a su juicio, los
desaparecidos eran una cuestión del pasado, lo que suscitó críticas de
diversa índole. Después de reconsiderar su opinión, solicitó una
entrevista con Familiares, a la que concurrieron Elena Zaffaroni, Javier
Tassino y Nilo Patiño. El senador admitió que había equivocado el
enfoque sobre el pasado reciente y dijo estar dispuesto a colaborar en
la búsqueda de los desaparecidos. El segundo encuentro ocurrió durante
la campaña electoral, en el marco de las entrevistas que Familiares
impulsó con todas las fórmulas presidenciales, y tuvo lugar en su sede.
Acompañado de Beatriz Argimón, Lacalle reiteró su compromiso con la
búsqueda de los desaparecidos y con aportar, si accedía a la
presidencia, los recursos necesarios para las excavaciones y otras
erogaciones.
En el tercer encuentro, ya como presidente, Lacalle ratificó, a la
nutrida delegación de Familiares que había pedido la entrevista, su
disposición a colaborar con nuevas investigaciones si estaban
debidamente documentadas. Como ejemplo de la documentación que
manejaban, uno de los miembros de la delegación le mostró el plano
dibujado por un represor no identificado que ubicaba, con un margen de
precisión de entre 5 y 10 metros, el lugar donde había sido enterrado,
en el Batallón de Infantería 13, el escribano Fernando Miranda. El
croquis del represor permitió exhumar los restos del militante del
Partido Comunista. «Usted, que es un hombre de campo, ¿piensa que es
posible que alguien, 30 años después, pueda señalar un punto en el
terreno con esa precisión?», le preguntaron. Los miembros de la
delegación afirmaron que eso era posible sólo si esos datos estaban
anotados y guardados en algún lugar. Ese diálogo en la entrevista
introdujo la hipótesis de que hay información guardada sobre el lugar
donde fueron enterrados los desaparecidos.
LOS DOCUMENTOS
A la última entrevista solicitada por Familiares concurrieron
Zaffaroni, Patiño, Graciela Montes de Oca e Ignacio Errandonea. En esta
oportunidad le informaron al presidente que manejaban pruebas que
contemplaban sus exigencias. Se trataba de un conjunto de documentos que
registraban, paso a paso, las operaciones militares que habitualmente
se califican como la primera etapa del golpe de Estado de 1973 (véase «Planes de verano», Brecha,
1-II-2019). Una buena parte de esos documentos es de puño y letra de
Cristi, por entonces jefe de la Región Militar 1 y designado comandante
de las Fuerzas Armadas en Operaciones, luego del levantamiento de la
Marina y la toma militar de la Ciudad Vieja, consecuencia de la
divulgación de los comunicados 4 y 7, una especie de programa de
gobierno que cuestionaba la autoridad del expresidente Juan María
Bordaberry. (Un análisis exhaustivo de los documentos de febrero y marzo
de 1973 se incluye en este informe como nota aparte.)
Al final de las operaciones militares que comenzaron en la madrugada
del 9 de febrero y se prolongaron hasta el 12, Cristi ordenó archivar
toda la serie de órdenes, despachos, partes y comunicaciones producidos
por esos días en el archivo clasificado del OCOA, que entonces se
convirtió en la principal herramienta operativa y de inteligencia del
Ejército. Ordenó también trasladar el archivo clasificado al piso
superior del edificio del comando de la Región Militar 1, en Agraciada y
Capurro, especificando que deberían instalarse barreras de seguridad y
cajas fuertes. Para Familiares, el contenido de ese documento revela
dónde estaba instalado el comando del OCOA y, como consecuencia, su
archivo clasificado y su sistema de radio. Y así se lo hicieron saber a
Lacalle. La experiencia acumulada en el análisis de documentos –en
particular, la difusión de copias que reproducen varias veces los
contenidos de los archivos– permitía suponer que el del OCOA podía
perfectamente permanecer en la casona de la avenida Agraciada, donde
sigue instalado el comando de la División de Ejército 1, como pasó a
llamarse la Región Militar 1. La hipótesis cobra más fuerza sabiendo que
los archivos de esa división del Ejército fueron microfilmados a partir
de 1977: la microfilmación es una prueba de la decisión de mantener
guardada la documentación por tiempo indefinido.
El presidente consideró que el planteo era serio y estuvo de acuerdo
en manejar con discreción el tema. Dijo que iba a estudiar detenidamente
la documentación y reclamó: «Entréguenmela en la mano». Unos días más
tarde un miembro de Familiares asistió a la sede de Presidencia de la
República y solicitó hablar personalmente con Lacalle. Su secretaria
personal, Mariana Cabrera, recibió el sobre, que contenía la porción de
la colección de documentos referida al archivo de OCOA; un parte de
novedades de la mesa de radio en el que se consignaba el reclamo de que
se repararan los teléfonos –lo que posibilitó, mediante una guía
telefónica inversa (que permite ubicar los datos de titularidad del
servicio a partir de los números) de la inteligencia, también ubicada en
el Archivo Berrutti, confirmar la localización del OCOA–; un documento
firmado por Manini Ríos en calidad de comandante del Ejército en el que
afirmaba que no había un registro del comienzo del OCOA ni de su
desmantelamiento, y dos notas explicativas: una que describía las
características del OCOA y su funcionamiento, y otra que argumentaba
sobre la especial relevancia de los procedimientos en la búsqueda de la
documentación, en particular, en el mantenimiento de la reserva y la
necesidad de evitar intencionalidades.
El silencio del presidente ante una gestión que Familiares estimaba
vital para obtener respuestas concretas sobre las desapariciones y los
lugares de enterramiento promueve especulaciones que, por ahora, no
tienen confirmación. Lacalle perfectamente podría haber adoptado una
actitud que cercenara cualquier expectativa. Que no haya una respuesta
deja en sus manos el interrogante y la duda de cómo ejerció –si lo hizo–
su potestad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
El ejecutor
El documento entregado al presidente Luis Lacalle que revela la
ubicación del archivo clasificado del Organismo Coordinador de
Operaciones Antisubversivas (OCOA) –donde verosímilmente se encuentran
datos concretos sobre las desapariciones de militantes– permite acceder a
un conocimiento más acabado de la forma en que se procesó el golpe de
Estado en febrero de 1973 y del papel que jugaron en la conducción de
las operaciones militares contra la Marina el general Esteban Cristi,
comandante de la Región Militar N.º 1, y el coronel Juan Vicente
Queirolo, jefe del OCOA.
En aquel momento, la interpretación tenazmente repetida, aunque
controvertida en el seno de la dirección del Frente Amplio, adjudicaba
la autoría de los famosos comunicados 4 y 7 del Ejército –un
planteamiento político-militar que en los hechos convertía al presidente
de la república, Juan María Bordaberry, en una figura casi decorativa,
sin capacidad de ejercer el poder con independencia de los mandos
militares– a los presuntos «mandos peruanistas» o progresistas. Pero los
documentos de febrero de 1973 ubicados en el «archivo Berrutti» revelan
que la conducción militar en los días del golpe, cuando la Marina
decidió respaldar al presidente copando la Ciudad Vieja, fue encomendada
al general Esteban Cristi, quizás el oficial con mando más «duro»
anticomunista, con indisimuladas inclinaciones fascistas . El jefe de la
Región Militar N.º1 fue designado comandante de las Fuerzas Armadas en
Operaciones, cuyas atribuciones operativas en una situación de guerra le
conferían poder de mando sobre todas las unidades militares del país y,
en los hechos, iban más allá de las del comandante en jefe del Ejército
e, incluso, de la Junta de Comandantes en Jefe, órgano integrado por
los jefes de las tres ramas.
Los golpistas de febrero podrían haber designado como comandante de
Operaciones al jefe del Ejército, general Hugo Chiappe Pose, o al
general Gregorio Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco),
sindicado, junto con el coronel Ramón Trabal, como el artífice de los
comunicados 4 y 7; podían, incluso, haberse inclinado por el general
Julio César Vadora, comandante de la Región Militar N.º 4, y que ocupaba
la derecha de todos los generales. Sin embargo, los peruanistas optaron
por concentrar la suma del poder en el más intransigente de los
«duros», lo que no deja de ser una contradicción que casi perpetuó la
fantasía de una puja entre progresistas y fascistas.
La confrontación personal por el control del Ejército entre Álvarez y
Cristi, que determinó la historia íntima de la dictadura, probablemente
surgió tras la difusión de los comunicados 4 y 7, y, en particular,
cuando el presidente Bordaberry firmó su capitulación virtual en el
pacto de Boisso Lanza. Pero, más allá de la puja, aprobaron algunos
acuerdos básicos, entre ellos, la necesidad de mantener una fachada
civil y de contar con los partidos políticos, una vez depurados.
El golpe de febrero no sólo consagró la primacía de Esteban Cristi.
También catapultó como figura principal al coronel Juan Vicente
Queirolo, segundo jefe de la Región Militar N.º 1. Su protagonismo fue
consecuencia de la decisión de Cristi de depositar en el OCOA la
ejecución de las operaciones de inteligencia y las operaciones
estrictamente de combate. (Un informe de Brecha sobre
los partes de campaña que permiten reconstruir aquella historia puede
encontrarse en la edición del 1 de febrero de 2019: «Planes de verano. Documentos inéditos confirman la intención de los militares de dar el golpe en febrero»).
Queirolo era el jefe del OCOA, el organismo que para entonces
concentraba en sus dos divisiones, Información y Operaciones, el combate
antisubversivo, con un protagonismo creciente desde abril de 1972,
cuando estalló la guerra interna. La decisión de Cristi de depositar en
el OCOA el peso de las operaciones de febrero, descartando otras
unidades y, en particular, el Estado Mayor de la Región, muy
probablemente obedeciera a la confianza de los mandos en los oficiales
que habían hecho una especie de curso intensivo al ser destacados como
interrogadores en los distintos cuarteles de la capital, donde
permanecían centenares de prisioneros.
En los partes de las operaciones de febrero, que Cristi ordenó
archivar como material clasificado en el primer piso de la Región
Militar N.º 1, en la avenida Agraciada, aparecen algunos nombres (mayor
Winston Puñales, capitán Taramasco, teniente Armando Méndez) que después
se reiterarán a medida que el OCOA adquiera mayor protagonismo. Méndez,
por ejemplo, que en febrero se infiltró detrás de las líneas de los
constitucionalistas de la Armada en la Ciudad Vieja, meses después
aparecerá infiltrado en la manifestación del 9 de julio que dio fin a la
huelga general, cuya represión estuvo a cargo del teniente coronel
Mario Aguerrondo Montecoral, por ese entonces destinado en el OCOA. De
los documentos de febrero surge la evidencia de que el OCOA fue el
organismo principal de las operaciones del golpe. Fue el OCOA, también,
el que se encargó de la vigilancia de los altos oficiales de la Armada,
que la División Inteligencia, a partir de informantes que cooperaron con
el Ejército, identificó como los más decididos en la defensa del
presidente Bordaberry, cuando este ya estaba defeccionando. La
vigilancia del OCOA, que se prolongó hasta finales de marzo, incluyó
también a numerosos políticos.
Los documentos revelan que el ejercicio del mando como comandante en
Operaciones no fue, en el caso de Cristi, desde detrás de un escritorio.
La mayoría de las órdenes emitidas en esos días fueron redactadas por
él de puño y letra. Personalmente se ocupó de todos los detalles, por
ejemplo, en el episodio de una demostración de fuerza para incidir en el
ánimo de tres ministros que habían concurrido, en la tarde del 9 de
febrero, al comando de la región para intentar una negociación. Cristi
no sólo ordenó que tanques del Batallón de Infantería N.º 13 y de
Caballería Motorizada N.º 4 circularan por la avenida Agraciada, sino
que dispuso detalles como la distancia (100 metros) entre vehículos y la
velocidad (30 quilómetros por hora).
La forma en que el general Cristi ejerció la comandancia en
Operaciones no sólo le otorgó un prestigio que incidiría más tarde en
las promociones de sus seguidores (Vadora como comandante en jefe,
Queirolo como general) y en la interminable pulseada con Gregorio
Álvarez. Los documentos sugieren que, por la manera en que se organizó
la represión a la Armada –se desplegaron las fuerzas, se controlaron las
comunicaciones y se ejecutaron las infiltraciones–, los golpistas
habían previsto el levantamiento del contralmirante Alejandro Zorrilla y
de los principales mandos de la Marina, que, antes de disponer el cerco
de la Ciudad Vieja, habían dejado en claro sus posturas
constitucionalistas. Otros documentos seguramente completarán los
capítulos desconocidos del golpe de Estado que se ejecutó en dos
tiempos.
