La Privatización de la Fibra Óptica

 

Para proteger a Lacalle

Estado vs Mercado

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que autoriza a las empresas de cable TCC, Montecable y Nuevo Siglo a ofrecer servicios de internet, lo que pone fin al monopolio que tenía Antel sobre la transmisión de datos. Esta decisión ha generado un debate significativo en el país.

Los cambios legislativos permiten a estas empresas utilizar sus redes existentes de cable coaxial o contratar redes de terceros, como la fibra óptica de Antel, para ofrecer servicios de internet. Esta medida fue una respuesta a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional una parte de la Ley de Medios de 2014, que prohibía a los operadores de televisión por cable prestar servicios de telecomunicaciones

Lacalle Pou, reparte a ANTEL entre los APORTANTES que financiaron su campaña

Antel a la venta: Desafíos, Privatización y Libertad de Expresión
El Sindicato Único de Telecomunicaciones advierte sobre el futuro de la fibra óptica que pertenece a la empresa estatal. 

Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, atraviesa una situación crítica marcada por tensiones entre el gobierno y el sindicato de trabajadores. En diversas entrevistas, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Gabriel Molina, y la secretaria general, Florencia Leymonie, han expuesto preocupaciones sobre la privatización de servicios que históricamente han sido gestionados por la empresa pública.
La Privatización de la Fibra Óptica
Uno de los puntos centrales de la controversia es la decisión del gobierno de permitir que empresas privadas utilicen la infraestructura de fibra óptica de Antel, que ha costado al Estado millones de dólares. Según Leymonie, esta medida beneficia a «tres o cuatro familias» a expensas de los tres millones de uruguayos, quienes quedarían expuestos a la especulación del mercado. «Un Antel fuerte y robusto beneficiaría a todos», argumenta, denunciando que esta estrategia del gobierno parece diseñada para favorecer intereses particulares en lugar del bien común.
Molina por su parte señala que se está regalando un ingreso significativo, que podría rondar los 400 millones de dólares, a los canales de televisión privados, los cuales ahora podrán ofrecer servicios de televisión por cable e Internet utilizando la infraestructura que Antel ha desarrollado.
Críticas al Gobierno y sus Estrategias
El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones advierte que esta situación es parte de una estrategia más amplia del gobierno para «destripar» a Antel y facilitar el acceso de los privados al mercado de telecomunicaciones. La inminente aprobación de una nueva empresa, integrada por los canales 4, 10 y 12, es vista como un paso hacia la desmonopolización de la fibra óptica, lo que podría llevar a una erosión de la competitividad de Antel.
El sindicato denuncia que las decisiones políticas recientes parecen estar alineadas con el interés de un grupo reducido de empresarios, dejando a Antel en desventaja. Molina comparó la situación con un escenario en el que «Coca Cola ofrece refrescos, pero es Pepsi envasada», sugiriendo que la calidad y la identidad del servicio podrían diluirse.
Ley de Medios y Libertad de Expresión
Además de los problemas relacionados con la infraestructura, el sindicato y el Frente Amplio han manifestado preocupaciones sobre el artículo 72 de la ley de medios, que busca regular la comunicación política. Esta legislación ha generado críticas de organismos internacionales como la ONU y la Unesco, que advierten sobre un posible atentado contra la libertad de expresión. La bancada de diputados colorados ha solicitado que se trate en agosto, lo que podría desatar más polémica en el debate político.
La situación de Antel es un reflejo de tensiones más amplias en la política uruguaya, donde el equilibrio entre el interés público y los beneficios privados está en juego, más tratándose de un año electoral. Con el futuro de la empresa estatal en la balanza, las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el panorama de las telecomunicaciones en el país y la calidad de los servicios que recibirán los ciudadanos.

 El Sindicato Único de Telecomunicaciones rechaza enfáticamente la intención del gobierno de seguir beneficiando a los amigos de siempre y perjudicando a Antel

Nuevo oligopolio mediático para proteger a Lacalle

 

Nicolás Centurión

Año electoral en Uruguay: la cascada de casos de corrupción, de clientelismo, de nepotismo y de renuncias que luego terminan con funcionarios que vuelven como en puertas giratorias, no ha cesado. Por eso el gobierno intenta blindarse, resguardarse en los grandes medios de comunicación. Medios que abonaron también al triunfo de Luis Lacalle en su momento y hoy se verán beneficiados.

Un oligopolio mediático está en ciernes y ya cuenta con la firma del primer mandatario.

 Tres (no) triste empresas comen a otra para progresar
El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra de Antel. Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado, pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo.

Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace. El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra óptica de la estatal Adminsitración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado. Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace.

La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley de Servicios de Comunicación de Audiovisual, 19.307, que está vigente y que establecen la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.

El presidente Luis Lacalle autorizó a los tres canales de cable de Montevideo a conformar un consorcio para Nuevo oligopolio mediático para proteger a Lacalle.oligopolio mediático para proteger a Lacalle.apropiarse de la fibra óptica de la estatal Adminsitración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Estos canales de cable son propiedad de los canales (de aire) 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalecerá aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado.

Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra Antel utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace.

La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación de Audiovisual, que está vigente y establece la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.

El argumento de dichas empresas para asociarse es que han perdido clientes y por ende ganancias. Efectivamente, eso es cierto. Desde el año 2018 las empresas de TV para abonados han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca de más del 32%. Las razones son varias, pero muchas a la vista. Los contenidos por streaming, las plataformas de series y cine brindan una oferta mucho más variada, barata e interactiva que lo que ofrecen los canales de cable.

Es interesante cómo funciona cierta lógica de los liberales. En sus manuales, estas empresas debieran fenecer de “muerte natural”. El mercado no demanda sus servicios, consigue otros servicios que le son más rentables al consumidor y listo. Pero pasó lo contrario, aparece “papá Estado” a intervenir, a salvaguardar dichas empresas que incluso atentan contra el propio Estado.

Nunca pasaría al revés. Nunca una empresa privada va a ayudar a asociarse a otras para que le hagan competencia. Y allí va la segunda paradoja, la famosa y ficcional libre competencia. Otro postulado de los liberales que se ve contradicho por el propio accionar de Lacalle y su gobierno. No permite que las empresas compitan entre sí libremente y da paso a un oligopolio que está más cerca de un monopolio que de la libre competencia.

Lo que nos queda por concluir es que este gobierno apenas se asoma a algo parecido a uno liberal y que de liberal original no tiene nada. Es un capitalismo primarizado y para los amigos.

Hecha la ley…
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 19.307, que regula a los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los de TV para abonados, contiene algunos artículos que también nos muestran el atropello de esta asociación.
El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios

El artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control.

El literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante

“Lo que nosotros entendemos -y esto lo hemos manifestado en esta misma Comisión en otra oportunidad en la que participamos- es que estamos en una época en la que las competencias, en muchos casos, son de cooperación. Y nosotros entendemos que ofrecer la infraestructura de Antel a los cableoperadores es bueno para Antel porque está, de alguna manera, siendo un negocio», expresó Elisa Facio, Directora General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

» De lo contrario, se queda fuera del negocio, y los cableoperadores de alguna manera igual van a hacer sus tendidos o a contratar con terceras personas, porque no es solo el tendido, también después tienen que tener una salida a internet, y la salida internacional a internet, que es ese tramo 3, la van a contratar con Antel o con Claro o con Movistar o con Dedicado o con el que sea, pero con alguien lo van a contratar”, añadió la funcionaria.

Ante,l desde  2008, ha invertido alrededor de 800 millones de dólares para mejorar la conectividad. Sin embargo, esta administración no solo favorece a los canales privados sino a grandes tiburones de las telecomunicaciones como Claro, Dedicado o Movistar.

El analista y consultor uruguayo Gustavo Gómez se preguntaba en su red social X: “ ¿Qué pasará con los 300 a 350 trabajadores de los cables de Montevideo cuando pasen a ser una sola empresa en lugar de tres? ¿La unificación autorizada por el gobierno de Lacalle Pou traerá despidos para abaratar costos?”

Como un dejavú, amplía: “Hace 30 años los tres canales de TV abierta de Montevideo «compitieron» para que Lacalle Herrera (el padfre del actual mandatario) les diera las tres únicas licencias de TV cable. Comprometieron inversiones y redes independientes. Pero armaron Equital SA (tres dueños, un único cableado) y ofrecieron mismo precio y misma programación. Cero competencia. Más poder.”

En agosto se viene la votación sobre la Ley de Medios que está en discusión en el Parlamento, que concita menos participación ciudadana, eliminación de audiencias públicas, mayor concentración de medios, posibilidad de extranjerización, limitación a la Libertad de Expresión y riesgo de censura previa.

Y en octubre son las elecciones presidenciales. ¡Qué casualidad! 

Sifón de soda

"Sifón de soda" le dicen la Directorio del Honorable directorio del Partido Nacional,... lo apretás un poquito y sale un chorro.

 

Gobierno central financió el plan Vale Emprender de ex diputada blanca Valentina Dos Santos

Le otorgó $ 18 millones de pesos en 2021 y este viernes (después de la condena) planteó renovarlo con $ 8,8 millones. 

Hay un convenio entre la Intendencia de Artigas y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con 1,7 millones de pesos volcados en apoyo a productores rurales. Pero la directora departamental del Mides, Yessica Vasconcellos, señaló a los fondos de OPP como los promotores del proyecto “Vale Emprender”.

 “Esto lo están trabajando nuestros ediles en Artigas, ella (Dos Santos) se apropió del programa y regalaba ella misma electrodomésticos”

 Informe jurídico de Junta Anticorrupción recomienda denunciar en Fiscalía contrataciones de Intendencia de Florida.

Florida contrató de forma directa en 37 ocasiones auna empresa del hijo y del exesposo de la secretaria del intendente blanco Guillermo López.

La corrupción en Maldonado de la mano del intendente Antia.

Solo algunos hechos...

Otro más:

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de primer turno de Dolores imputó a Juan José Bielli Fernández como «presunto autor de tres delitos de apropiación de las cosas depositadas por la autoridad, en reiteración real con once delitos de apropiación indebida en calidad de autor y a título de dolo directo». Bielli reside en Mercedes, ciudad donde también desarrolla su actividad profesional como rematador público. El imputado es edil suplente del Partido Nacional, y ha tenido «pasajes de bastante actividad como titular» en la bancada departamental nacionalista.

...y más

La Jutep investiga la contratación directa en 37 ocasiones de una empresa del hijo y del exesposo de la secretaria personal del intendente Guillermo López, del Partido Nacional El edil FA de Florida Fabiel González fue quien denunció ante la JUTEP a la Intendencia departamental por la contratación directa de la empresa de familiares de la exsecretaria del intendente Guillermo López. 

 
 

 

 

 

 

Carambeadas

CARAMBEADAS I - 

Rodolfo Caram, jerarca en la Intendencia de Artigas y su pareja, fueron condenados por un delito continuado de fraude a través de un proceso abreviado. Las condenas se dieron en el marco de la causa por el pago de horas extras irregulares
Por este mismo caso también fue investigado y condenado el martes de noche el intendente Pablo Caram, aunque en este caso por el delito de omisión del funcionario público de denunciar actos con apariencia delictiva, en referencia a la conducta de Rodolfo Caram, su primo.
La pareja de Rodolfo Caram fue condenada como autora del delito de fraude, acusada de haber cobrado 292 horas extras en un mes (lo que fueron más de 90 mil pesos). Rodolfo Caram, ex secretario general y actual director de Desarrollo Productivo, fue imputado y condenado como coautor del delito de fraude.

DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA INTENDENCIA DE ARTIGAS SOBRE HORAS EXTRAS: "...A fs. 228 se le solicita a la encargada de la oficina de Recursos Humanos “Copia de los formularios de marcas del período comprendido entre febrero del 2021 a diciembre del 2022 de la funcionaria Stefani Severo N” de cobro XXXX”. A lo que ella responde a fs. 229 que “No existen copias de formularios de marcas en el período comprendido entre febrero del 2021 a diciembre del 2022, de la funcionaria Stefani Severo N” de cobro XXXX”. A fs. 232 vto. al ser consultada la Sra. Elizabeth Ramallo respecto a “Como funciona el registro de marcas del reloj biométroco? Se puede hacer el registro manual de entrada y salida? Se requiere clave para ello? Cuál sería el procedimiento?” Respondiendo ésta que “Todos los funcionarios deberían marcan con la huella digital. Sí no marcan ellos tienen clave para hacer el ingreso del horario en forma manual. El sistema le permite al funcionario trabajar y editar sus propias marcas, para eso solo se requiere tener el usuario y la clave que todos tienen”.

El intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional), y el exsecretario general de la comuna y primo del jefe comunal, Rodolfo Caram, tienen previsto firmar un acuerdo con la Fiscalía en el marco de la investigación por el pago irregular de horas extras a funcionarios.
El fiscal Federico Rodríguez les prevé imputar al intendente un delito de omisión de denuncia y al exsecretario general un delito de fraude, según dijeron a Búsqueda fuentes en conocimiento del caso. También aceptó firmar un acuerdo la pareja de Rodolfo Caram, Stefani Severo, una de las beneficiarias de las horas extras irregulares.

 El fiscal Federico Rodríguez llegó a un acuerdo con el jefe comunal y le imputó un delito de omisión de denunciar —una responsabilidad que rige para los funcionarios públicos— por el cual deberá cumplir una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses. También fue condenado tras alcanzar un acuerdo con Fiscalía el exsecretario general de la comuna y primo del jefe comunal, Rodolfo Caram, y su pareja, funcionaria de la intendencia, por un delito de fraude. A su vez, es indagada en la causa la diputada nacionalista Valentina dos Santos, sobrina del intendente.

La condena judicial por corrupción al intendente blanco de Artigas, Pablo Caram y a su mano derecha política, la diputada Valentina dos Santos, implica “un terremoto político en el norte que amenaza con levantar piedras en Montevideo” y “una piña muy fuerte para Álvaro Delgado” porque éste y Caram “son muy cercanos”, analizaron los periodistas Nelson Cesin y Eduardo Preve en Nada Que Perder.
Conocidas anoche las sentencias, Preve informó hoy que “dado este escenario, dada la condena de Pablo Caram y la seguramente condena, esta noche, de Valentina dos Santos”, hay “dirigentes del Partido Nacional que están planteando la expulsión de Caram y de Valentina dos Santos del PN tal como aconteció con otros dirigentes del PN que fueron expulsados después de haber sido condenados”.

CARAMBEADAS II 

El Intendente Pablo Caram luego del escándalo de las horas extras removió de la Secretaría General a su primo, Rodoflo Caram, el castigo fue pasarlo a la Dirección de Desarrollo Productivo con el mismo sueldo...

La condena para ambos es a 24 meses de prisión, que se sustituyen por el régimen de libertad a prueba, con 10 meses de trabajo comunitario durante cuatro horas por semana. El fiscal del caso Federico Rodríguez.
También se los inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables para cada uno.
En los procesos abreviados las personas aceptan su participación en los hechos.

CARAMBEADAS III 

Y mientras Artigas sufre uno de los mayores escándalos en su intendencia, la diputada Valentina Dos Santos y sobrina del intendente (todo queda en familia, asa un costillar en el cumpleaños del "Tata"...

DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA INTENDENCIA DE ARTIGAS: La funcionaria Stefani Severo (Pareja de Rodolfo Caram, Secretario General y primo del intendente Pablo Caram) declaró: "YO NO LO IMPUTATABA A MI CARGA HORARIA PARA PODER PAGAR MIS PRÉSTAMOS. ASÍ COMO LO HACEMOS A MUCHOS FUNCIONARIOS DE OTRAS REPARTICIONES..."
A folio 226: “Se le exhibe a la Sra. Severo el resumen de marcas que luce de fs. 185 a 208 y se le solicita que indique porqué motivo en varias ocasiones no se le imputaba el tiempo trabajado (de 6 horas diarias), así como tampoco el 40% (desde febrero del 2022) y se le pasaba todo el tiempo trabajado como horas extras?”.
Respondiendo la misma a fs. 227 que “Esas planillas fueron hechas por mí. El descuento del 40% como lo dije anteriormente nunca se me hizo, ni a mí, ni a nadie. La no imputación de la carga horaria era para que pudiera salir del no aplicado. Yo no lo imputaba a mi carga horaria para poder pagar mis préstamos. Así como también lo hacemos a muchos funcionarios de otras reparticiones”. (RECONICIMIENTO EXPRESO DEL HECHO ILÍCITO.
así como también deja en evidencia situaciones irregulares de igual tenor).

CARAMBEADAS IV - 

DICE LA INVESTIGACIÓN: "En el caso queda evidenciada una situación irregular en donde una funcionaria aparentemente estando con licencia registra marcas en el reloj biométrico, cuando la oficina de RRHH no tiene conocimiento de la interrupción de la misma. Dotando dicha situación con connotaciones aún más irregulares, es que las marcas efectuadas fueron manuales. O sea que alguien las ingresó al sistema estando ella con licencia y manipuló las marcas del reloj biométrico en beneficio de la funcionaria en cuestión. Extremos éstos que correspondería indagar a profundidad".

CARAMBEADAS V: 

ALMOHADAS Y COLCHONES 

Desde 2022 la Jefatura de Policía de Artigas compra colchones, almohadas o cuchetas casi todos los meses. ¿El proveedor? Si... El hijo del Intendente

CARAMBEADAS VI: 

RACIÓN PARA ANIMALES Y ALAMBRES
La Jefatura de Policía de Artigas compra ración para animales, alambrado y herraduras desde 2020 a la empresa Nuevo Campo Fertil SRL, mas de 20 resoluciones. La empresa es de la Diputada Valentina Dos Santos Caram

CARAMBEADAS VII:

 ¡DALE QUE ES TARDE!
La empresa unipersonal JIMENEZ FELICE RODRIGO, que gana millonarias licitaciones con la Intendencia de Artigas tiene como mail de contacto: Federico Caram, es el nombre de otro de los hijos del Intendente Caram

Rodrigo Jimenez, esta persona es apoderada también de la unipersonal Jiménez Felice Rodrigo y de Prenorte SRL, siendo funcionario de la Intendencia.

Todos del riñón político de Álvaro Delgado y Lacalle Pou

UN ALCALDE DE ARTIGAS RECONOCIÓ ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ESE DEPARTAMENTO QUE EL PRESIDENTE LUIS LACALLE POU SOLICITÓ QUE BLINDARAN A PABLO CARAM

Un alcalde de Artigas admitió ante la Junta Departamental que el presidente Luis Lacalle Pou solicitó proteger a Pablo Caram, hoy condenado por la Justicia y que deberá cumplir cuatro meses en tareas comunitarias. El diputado por Artigas, Nicolás Lorenzo, recordó esto en una rueda de prensa el miércoles 17. Se discutió qué podría suceder con Pablo Caram y Valentina dos Santos, principales figuras del Partido Nacional en Artigas.
"No quiero dejar pasar algo", dijo Nicolás Lorenzo sobre el caso de Pablo Caram y Valentina dos Santos, intendente y diputada por Artigas del Partido Nacional, quienes acordaron realizar tareas comunitarias tras un caso de 8 millones de dólares en pagos irregulares de horas extras en la intendencia.
“El alcalde de Bella Unión, de la lista 2525 del Partido Nacional, pidió ser recibido por la Junta Departamental y afirmó que el presidente de la República le solicitó proteger a Pablo Caram”, añadió Lorenzo.
El diputado concluyó su reflexión: “Todos saben lo que está pasando en Artigas”. William Cresseri, alcalde de Bella Unión, dejará la política al finalizar esta gestión y fue una de las seis personas que asumieron cargos municipales y departamentales en 2021, con la participación de Luis Lacalle Pou.
“El presidente está al tanto de la situación en Artigas. El cierre de campaña de las internas fue de Álvaro Delgado con Valeria Ripoll, hoy candidata a vicepresidente, quien había denunciado a la Intendencia de Artigas por corrupción”.
Lorenzo cuestionó: “Delgado dijo que confiaba en Pablo Caram. ¿Qué va a decir ahora?”.
Para Lorenzo, la situación actual es peor que en la época de Carlos Signorelli (intendente entre 2000 y 2005, condenado por fraude a dos años de prisión), porque en este caso se trata de 11 millones de dólares “pagados a militantes con el dinero del pueblo”. “Es gravísimo”, concluyó.

Es muy fácil lavar dinero en Uruguay

 La LUC permite transacciones sin control de hasta un millón de unidades indexadas (Ley N° 19.899)

 Febrero de 2021 se firmó un acuerdo entre Presidencia de la República y la empresa Belga Katoen Natie, extendiendo la concesión del puerto hasta el año 2081.

Junio de 2021 pasan 5 toneladas de cocaína por el Puerto de Montevideo, sin alarma y fueron incautadas Bélgica.

El puerto de Montevideo operó sin escáner varios meses “por reparaciones” 

El alijo de una tonelada de cocaína que salió de Montevideo y terminó requisada en Barcelona, fue consecuencia de una operación fallida de la Policía uruguaya a pesar de que la DEA le dio información precisa para requisarla, falló.

 

 La Secretaría Antilavado dice que hay un “aumento exponencial de los delitos vinculados” al crimen organizado y por la presencia de lo que aparentemente es el primer cartel de drogas uruguayo.

Las “principales vulnerabilidades” del sistema antilavado, según expertos locales y extranjeros, está el hecho de que la Senaclaft “no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales” necesarios para cumplir bien con sus funciones.

“Nuestro país cuenta con un importante desafío en lo que respecta al número de los Reportes de Operaciones Sospechosas en el Sector no Financiero, que requiere de medidas en el corto plazo”.

La Asesoría Jurídica de Presidencia entregó a la prosecretaria, en abril, un informe en el que se opone a la solución propuesta por la Senaclaft.

Nicolás Centurión

 

La Secretaría Antilavado dice que hay un “aumento exponencial de los delitos vinculados” al crimen organizado

La aparente presencia del “primer cartel de drogas uruguayo” y el nuevo perfil de la delincuencia son argumentos que usa el organismo para intentar presupuestar funcionarios antes del cambio de gobierno, pese a un informe negativo de la Asesoría Jurídica de Presidencia

 11 julio 2024, Búsqueda 

POR GUILLERMO DRAPER

 

El sistema de combate al blanqueo de capitales tiene “vulnerabilidades” que “se han visto potenciadas” en los últimos años, según la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). El organismo considera que hay un “cambio de matriz delincuencial”, lo que se refleja en un “aumento exponencial de los delitos vinculados a la criminalidad organizada” y en la aparente presencia del “primer cartel de drogas uruguayo”.

La Senaclaft se apoya en ese análisis crítico para fundamentar ante la Presidencia de la República un pedido que enfrenta problemas. Es que la oficina que dirige Jorge Chediak quiere que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que le permita presupuestar a 15 funcionarios antes del cambio de gobierno.

  

Esa solicitud, iniciada en febrero, cuenta con un informe negativo de la Asesoría Jurídica de la Prosecretaría de la Presidencia, según el expediente al que accedió Búsqueda.

“Vulnerabilidades” potenciadas

Cuando el año pasado el Poder Ejecutivo elaboró el proyecto de Rendición de Cuentas, la Senaclaft buscó incluir un artículo que le permitiera armar una estructura propia, ya que sus 28 funcionarios estaban en régimen de pase en comisión. El Parlamento, sin embargo, aprobó un artículo en la ley que contempló de manera parcial la solicitud: le creó 15 cargos y le asignó $ 17.103.821 para salarios.

Chediak se reunió en febrero de este año con la prosecretaria Mariana Cabrera para plantearle que quería llenar esos cargos antes del cambio de gobierno y quedó con la tarea de presentar algún mecanismo para cumplir el objetivo.

La idea inicial que presentó la secretaría era aprobar un proyecto de ley interpretativo del artículo de la Rendición de Cuentas para poder ocupar esos cargos con personal que ya trabaja en la oficina en régimen de pase en comisión.

La Oficina Nacional del Servicio Civil no puso reparos legales a la iniciativa. Con ese primer informe favorable, la Senaclaft elevó un borrador de proyecto de ley con una larga exposición de motivos y un artículo único.

El documento recuerda que dentro de las “principales vulnerabilidades” del sistema antilavado, según expertos locales y extranjeros, está el hecho de que la Senaclaft “no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales” necesarios para cumplir bien con sus funciones. Esto afecta la capacidad de controlar el sistema y de colaborar con las investigaciones que desarrolla la fiscalía especializada en el tema. De hecho, señala la secretaría, la última evaluación nacional expuso los escasos resultados obtenidos en el combate al blanqueo. Y añade que todos los funcionarios con los que cuenta la oficina tienen formación en el área, pero están en comisión, lo que expone al organismo a que “sean solicitados por sus organismos de origen o sujetos a los avatares de los cambios de gobierno”.

El borrador advierte que el funcionamiento del sistema antilavado no mejoró. “Las vulnerabilidades antes referidas se han visto potenciadas por la presencia de lo que aparentemente es el primer cartel de drogas uruguayo y el aumento exponencial de los delitos vinculados a la criminalidad organizada, lo que evidencia un cambio en la matriz delincuencial, lo que ha generado una fuerte presión sobre el sistema” y el “reclamo constante por parte de la academia, los especialistas y los organismos internacionales, solicitando mayores controles relacionados con el lavado de activos y sobre todo mayor represión del mencionado delito, para contrarrestar el crecimiento del crimen organizado”.

El documento dice que, además de investigar los casos que llegan, la Senaclaft debe “robustecer el sistema preventivo” para “lograr una temprana detección” del delito, explica. “Nuestro país cuenta con un importante desafío en lo que respecta al número de los Reportes de Operaciones Sospechosas en el Sector no Financiero, que requiere de medidas en el corto plazo”.

El borrador recuerda que Uruguay se comprometió con los organismos internacionales a tomar medidas para mejorar su desempeño en el combate al lavado, para lo cual debe tomar diversas acciones, una de ellas es estructurar a la Senaclaft. “Desde la última evaluación mutua (año 2019) a la fecha se viene postergando lo que ha sido una clara recomendación (junto con otras) marcada por los evaluadores, que en caso de no ser cumplidas en un futuro cercano pueden traer un sinnúmero de consecuencias negativas para el país”, advierte.

El artículo que acompaña a la exposición de motivos establece que se interpretará la Rendición de Cuentas “en el sentido de que los funcionarios que se desempeñan” en la secretaría podrán ser “incorporados” a los cargos creados.

Doble negativa

La Asesoría Jurídica de Presidencia entregó a la prosecretaria, en abril, un informe en el que se opone a la solución propuesta por la Senaclaft.

La “ley interpretativa” no es el camino “idóneo para el fin perseguido”, dice el documento, porque “la norma que se pretende interpretar no contiene previsión alguna respecto al mecanismo por el cual serán ocupados los cargos creados por la misma” norma. Y agrega: “Mal puede interpretarse algo que no existe”.

El informe reconoce que hay “múltiples antecedentes de incorporación de funcionarios que se encuentran prestando funciones en régimen de pase en comisión en el Estado” mediante leyes, pero no con “carácter interpretativo”.

A su vez, recomienda, en caso de avanzar, analizar con cuidado si esa iniciativa viola la Constitución. Señala en particular los artículos 8 y 60; el primero consagra la igualdad de derechos, mientras que el segundo refiere a la carrera funcional en el Estado.

El propio Chediak, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, elaboró una respuesta al informe crítico de la Asesoría Jurídica de Presidencia. Reconoció que era una medida excepcional, pero agregó que la historia de Uruguay está “plagada de normas de carácter excepcional que fundan su sanción en cuestiones de interés general”. Insistió en que el pedido de la Senaclaft de presupuestar 15 cargos a pocos meses del cambio de gobierno responde al interés general, porque apunta a fortalecer al organismo de combate al lavado de activos.

Sobre el final de su respuesta, Chediak sugiere a la prosecretaria que, para salvar las objeciones de la asesoría, podría cambiar la redacción del proyecto sin mencionar el “carácter interpretativo” de la propuesta.

La asesoría, sin embargo, no aceptó la nueva argumentación de la Secretaría Antilavado ni la redacción alternativa. Sostiene en una breve respuesta dirigida a la prosecretaria que el escrito de Chediak no levanta sus objeciones, por lo cual “ratifica lo expresado oportunamente”. Y en cuanto a la reformulación del artículo único, la asesoría “informa que no merece observaciones diferentes a las oportunamente formuladas”.

 "Hoy es muy fácil lavar dinero en el Uruguay"

Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Senaclaft nos contó sobre lo fácil que resulta hoy en el país lavar dinero.

 

 

 

Las complejas redes de Martín

 

El entramado logístico, comercial y financiero detrás de Mutio

Los complicados nexos empresariales y las sospechosas maniobras económicas que utilizaba la organización en la que operaba Martín Mutio.
 

5  julio  2024, Caras & Caretas
Por Simón López Ortega

Después de varias idas y vueltas, el máximo órgano de la Justicia uruguaya confirmó la condena de 15 años de prisión para Martín Mutio por los delitos de narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real y por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

 La Suprema Corte de Justicia respaldó la decisión del Tribunal de apelaciones que hizo lugar a la formalización de la investigación de la fiscal Mónica Ferrero (revocando el fallo absolutorio de la jueza Adriana Chamsarián) que determinó la responsabilidad penal de Mutio respecto de las 4,5 toneladas de cocaína halladas por la Aduana de Alemania en el puerto de Hamburgo el 14 de julio de 2019.

 

Venta de soja como pantalla para el narcotráfico

Los magistrados entendieron que la prueba recabada por Ferrero "es inobjetable", en cuanto a que dicho cargamento “fue despachado en el puerto de Montevideo por el imputado Martín Mutio, por intermedio de la empresa Cabzen S.A.”, que, si bien no estaba a su nombre, Mutio manejaba todas sus cuentas y la utilizaba para la compra de soja a granel que luego supuestamente era exportada a Europa.

Según Ferrero, el de Mutio no se trataba de un negocio de soja “real”, como quiso justificar en las audiencias judiciales, sino que el imputado “utilizó la venta de soja como pantalla para un negocio de narcotráfico”. En ese sentido, la Fiscalía acreditó, con pruebas documentales y testimoniales, que las anteriores exportaciones efectuadas por la empresa Cabzen presentaron ‘anomalías similares’ a la que presentó la exportación del contenedor cargado con 211 bolsos con cocaína.

Concluyó que la operativa a través de Cabzen para exportar cocaína a Hamburgo fue una “reiteración de maniobras realizadas por el imputado con anterioridad”.

Uno de los testimonios claves que tuvo en cuenta la fiscal de estupefacientes es el de Sergio Díaz, funcionario de la Dirección de Aduanas designado instructor de la investigación llevada a cabo respecto de las exportaciones realizadas por Cabzen.

Tras analizar las operaciones de la empresa exportadora (además del despachante y el transportista con los que trabajaba Mutio), Díaz advirtió que las exportaciones de Cabzen a Europa “nunca terminaban bien”. Indicó que los contenedores enviados con soja “se abandonaban, no eran retirados, se les cambiaba el destino, o se enviaban de regreso a Montevideo”, lo cual, según el testigo, “no era normal”.

Del historial de exportaciones de la empresa Cabzen con Martín Mutio como responsable de la misma surge que realizó la exportación de veinticuatro contenedores: cuatro en el 2017, cinco en el 2018 y quince en el año 2019.

Diecisiete de ellos fueron abandonados o se destruyó la mercadería por parte de las autoridades en el puerto de destino: cuatro en 2017, dos en 2018 y once en 2019.

Algeciras

La defensa de Mutio expresó, sobre la investigación de la Dirección de Aduanas, que este hecho no era relevante puesto que el negocio igualmente era redituable para Cabzen, ya que previo al embarque se cobraba el 50 % del precio acordado.

Sin embargo, de la investigación patrimonial sólo surgen cuatro transferencias provenientes del exterior que no cubren el monto de los veinticuatro contenedores exportados, por lo que el dinero o bien no ingresaba en la cuenta de la empresa o dichas ventas eran ficticias, sostuvo la fiscal Ferrero en su investigación. Además, detectó el mismo modus operandi en un envío anterior al hallado en Hamburgo.

En el caso de cuatro contenedores enviados a Algeciras (España), que fueron embarcados el 7 de junio de 2019 (cinco días antes que embarcara el envío interceptado en Hamburgo), se había utilizado la misma modalidad que en aquel, dijo Ferrero. Puesto que solamente uno de los contenedores que formaban parte de una exportación de soja de cuatro contenedores fue retirado en Europa.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, comprobó que de esa exportación de cuatro contenedores destinados a la empresa Benbo Traders fue retirado uno solo, justamente el más pesado, con destino desconocido, siendo la empresa transportista de esa operativa, la española Opertransit Algeciras SL.

En el para Ferrero, paradigmático caso del puerto de Algeciras, los otros tres contenedores fueron reembarcados en un buque de Maersk Company con destino a Grecia, siendo el shipper Benbo Traders y el destinatario una empresa de fontanería de Bulgaria, luego de registrar en el sistema aduanero de Algeciras varios llenados y vaciados sin aparente explicación, más allá de lo extraño que resulta que una empresa de fontanería importe 76.480 kg de soja, notó la fiscal.

En lo que respecta a las exportaciones realizadas por Cabzen existen diferencias entre los giros recibidos de la empresa búlgara Black Ridge Investment Food y las facturas de venta existentes. La fiscal observó que Cabzen recibió tres giros de dicha empresa los días 10/04/2019, 15/04/2019 y 30/04/2019, discriminados cada uno de ellos por un valor de USD 33.000, por un monto total de USD 99.000 desde el Bank Of New York. Pero las facturas existentes de venta a Black Ridge totalizan la suma de USD 57.386,25.

Por lo tanto, se evidenció que USD 41.613,75 no poseían respaldo documental, según la información de la Dirección General de Impositiva.

Por otra parte, Martín Mutio figura copiado en la cadena de mails que intercambiaron las diferentes personas que llevaban adelante la operativa.

Justamente en uno de los emails que se reenviaron entre los diferentes operadores intervinientes en el complejo entramado de negocios figura un correo que el responsable de Benso Traders le envía a Opertransit y a Rodrigo Borja de Hamburg Süd Bilbao, donde le manifiesta:

"Me cobráis la cesión para poder realizar nosotros los transportes con el transportista del cliente final, porque vamos a sacarlos de reexportación. Porque irán a descargarse a sitios donde quieren privacidad en la descarga y solo entran camiones que sean sus proveedores".

El silo de Rolando

Donde también tenían privacidad en las descargas y en las cargas era en el silo de Javier Rolando.

Con respecto a la exportación de las 4,5 toneladas de cocaína que cayó en Hamburgo, la fiscal apuntó a que el contenedor donde se encontró la droga fue cargado en un silo diferente al declarado en el Documento Único Aduanero (DUA), donde figuraba que los tres contenedores fueron cargados en Acefu, en Los Cerrillos (Canelones), donde Mutio tenía soja a su favor para cargar los tres contenedores y, sin embargo, procedió a cargar el tercero en el silo de Rolando, ubicado en la ciudad de Libertad (San José), en el cruce de Ruta 1 y Ruta 45, donde permaneció un día y medio ‘guardado’ hasta su traslado al puerto de Montevideo.

La necesaria inteligencia y logística para cargar los 211 bolsos cargados con cocaína en el contenedor “es totalmente viable en el silo de Rolando”, y “hace imposible que haya existido una oportunidad igual posteriormente (espacio de tiempo y lugar para efectuarla) luego de la salida del contenedor del silo de Rolando”, dice Ferrero.

Además, coincidentemente con la operativa desarrollada anteriormente en el caso de Algeciras, que ejemplificó la fiscal, en el puerto de Hamburgo el único contenedor que iba a ser retirado era el cargado en el silo de Rolando en Libertad.

Mutio no solo utilizaba el silo de Rolando para determinadas operaciones logísticas, sino que era el prominente comprador de ese recinto desde 2017. Ese año celebró con Rolando un compromiso de compraventa por 3.700.000 de dólares, donde figura como adquirente un testaferro de nombre Aquiles Manzi, un misterioso hombre de 88 años afincado desde hace años en San Pablo (Brasil). Manzi nunca fue localizado, y según el propio Rolando era habitual en el imputado proceder de esa manera, dando por seguro que el adquirente era Mutio.

Rolando manifestó que como los cheques inicialmente entregados por Mutio rebotaron, y no perdía las esperanzas de concretar la compraventa ya que estaba endeudado, Mutio le ‘vendía’ granos, pero Rolando no se los pagaba, sino que los imputaba al precio de la compraventa del silo.

No obstante, Mutio ya operaba desde el silo como si fuese propio, puesto que no sólo tenía a su nombre la factura de luz del silo, sino que en el allanamiento realizado en el mismo se incautaron facturas correspondientes a Cabzen no vinculadas a negocios con Rolando.

Ese negocio con Mutio quedó por el camino y en setiembre de 2021 Rolando se presentó a concurso de acreedores por sus deudas contraídas con Guzmán Acosta y Lara y Marcio Umpiérrez, por lo que el silo en cuestión fue embargado para saldar lo adeudado, aunque el remate judicial del establecimiento previsto para el 31 de marzo del año pasado fue suspendido.

Umpiérrez, que le brindaba diferentes servicios de transporte a Rolando, denunció diferentes atentados y amenaza sufridas a partir del 20 de julio del 2023, cuando varias personas entraron a un predio privado de la localidad de Tala donde había más de 100 camiones con bidones de combustible y rociaron cinco vehículos y los prendieron fuego.

El ataque ocurrió luego de que el empresario recibiera varias cartas con amenazas que según contó el damnificado a Subrayado, comenzaron a llegar a partir de enero cuando el hombre inició juicio a más de cincuenta clientes que dejaron de pagarle los camiones que le habían comprado, por lo que tenían una deuda que superaba los 4 millones de dólares, manifestó el empresario que en agosto pasado sufrió un atentado similar en otro predio suyo en Empalme Olmos. "Pensamos que es alguien que quiere hacernos mucho daño", dijo Umpiérrez.

El empresario aseguró que ese modus operandi es muy común en Argentina, y apuntó que entre los deudores de la empresa hay varios argentinos. "Ya es un escalón más de una mafia nueva que hay que puede pasar cualquier cosa, el siguiente escalón es atentar contra la integridad física de las personas", afirmó Umpiérrez que tiene idea de quién se trata, y brindó esa información a la Justicia.

El accionista de Cabzen

Si bien los titulares jurídicos de Cabzen al momento de los hechos investigados eran Nicolás Orrico (beneficiario final) y Gustavo Ramis (director), ninguno de ellos manejaba las dos cuentas que la empresa tenía en el banco Santander.

Esto se evidencia ya que cuando el Lic. Gonzalo Cardozo, titular del estudio GC&A quien llevaba adelante la administración de la empresa Cabzen, debía solicitar información y/o justificación de los movimientos bancarios, así como cualquier cuestión vinculada a la empresa referida, lo hacía dirigiéndose a Mutio.

Pero Mutio no figuraba en la empresa que manejaba por encontrarse embargado por deudas con todos los bancos de plaza y no poder abrir cuentas bancarias, necesarias para la operativa internacional. Por lo que confió la dirección de la empresa y la parte jurídico-contable a Orrico, Ramis y Cardozo del estudio GC&A.

En diálogo con Caras y Caretas, el Dr. Orrico que tras declarar como testigo no se le encontró ningún tipo de responsabilidad sobre las actividades ilegales imputadas a Mutio explicó que su relación con la familia Mutio viene de su bisabuelo que fue el que “trajo las piletas fabricadas para la bodega Santa Rosa”.

“El primer trabajo que él tuvo (por fuera de la bodega familiar) fue en una empresa logística que la conoció en mi casamiento en la bodega Santa Rosa”, sostuvo. Además, tenía una vinculación familiar directa por lo que fue “muy doloroso” todo el proceso, por “el quiebre de confianza” que se generó en julio de 2019 a partir de la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en el puerto alemán de Hamburgo.

Orrico, integrante de la lista 40 del Partido Nacional y funcionario de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria desde 2012, indicó que fue accionista de Cabzen entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Detalló que Mutio “manejaba la parte comercial y nosotros la parte administrativa de la sociedad”. Explicó que Mutio lo contactó por la confianza que le tenía “para ordenar la empresa, bancarizarla, para poner un director de confianza, para poner un equipo contable como le dije a la fiscalía, para regularizar toda la empresa”.

Orrico manifestó que, por el vínculo que tenía con Mutio, “jamás me imaginé que me expusiera a una situación como esa”. Aclaró que si hubiera sospechado algo previamente “hubiera cortado todo”. Comentó, además, que apenas se enteró de lo sucedido en Alemania “lo hice ir a la justicia conmigo, a todas las instancias”, en Aduanas y en la Fiscalía. “Desde el primer día él estuvo a disposición”, aseveró.

El abogado pretendía que Mutio explique la misma versión que le había transmitido a él en cuanto a la parte comercial que hacía y cómo se cargaba.

Sobre cómo llegó la cocaína al silo de Rolando es una parte que “nos queda la duda a todos” y que “haya un solo implicado” por cargar todo ese cargamento, también.

El 22 de noviembre de 2019, de acuerdo con la información registral solicitada por la fiscal se comprobó que la referida empresa cambió nuevamente su directorio, pasando a ser su titular el imputado Martín Mutio, confirmando lo que los hechos demostraban en contradicción a lo que decían los ‘papeles’ o ‘formas’”, señaló.

Facturas falsas, compra de cheques e inmuebles

Respecto a la imputación por lavado de activos se inició una investigación económica financiera paralela y simultánea sobre los asuntos económicos relacionados a la actividad delictiva, con la finalidad rastrear los activos producto del crimen, para lo que se conformó un equipo de investigación integrado por representantes de la Senaclaft, DGI, BPS, BCU, Uiaf, Dirección General de Registros, División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Aduanas y Departamento de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos (D.I.P.L.A., perteneciente a D.G.R.T.I.D.) del Ministerio del Interior.

De dichos informes surge que el imputado dispuso de un importante capital en efectivo en sus cuentas bancarias, que no puede justificar su procedencia lícita, utilizando para intentar hacerlo facturas de venta de granos que luego los hechos y declaraciones de testigos evidencian que no son reflejo de una actividad cierta (como las presuntas ventas de granos a Rolando), o facturas de compra de granos que justifiquen la posterior venta (ya que no es productor) y que tampoco existen los contribuyentes que presuntamente habrían efectivizado el negocio.

Una de las maniobras detectadas en el análisis era la adquisición de cheques a cambio de efectivo. Mutio compraba cheques principalmente a Freddy Mozzo, para luego volcarlos en la cuenta de Cabzen, legalizando el ingreso de fondos.

Esta maniobra quedó en evidencia cuando el banco Santander le solicita en abril de 2019 al Lic. Cardozo la justificación de 4 cheques de plaza por el monto de USD 130.000 depositados en la cuenta de Cabzen.

Mutio justificó ante Cardozo que los mismos se debían a ventas a Rolando. Pero del análisis del origen de dichos títulos valores, surge que dos de estos cheques de terceros por U$S 30.000 y por U$S 35.000) fueron en realidad emitidos por Adelita Margot Frascolla, titular de la empresa Rivabella S.A. Que en realidad es dirigida por su hijo Alexander Fares, quien aseguró que Rivabella no compraba granos a Mutio, sino que sólo le vendía.

Según las declaraciones de Fares, este entregó los cheques al empresario transportista (de HDM Transportes) Freddy Mozzo a cambio de efectivo y, según Mozzo, habitualmente le entregaba cheques a Mutio a cambio de efectivo, para que este pueda ingresar por el sistema financiero dinero ‘limpio’ a través de cheques de plaza, apuntó Ferrero.

Fares también estuvo señalado en el caso Astesiano, puesto que el exjefe de la seguridad presidencial fue contratado para espiar las actividades del empresario rural coloniense por parte del empresario sojero argentino Claudio Andrioli, quien sospechaba que Fares le robaba granos de un establecimiento rural conocido como estancia Nueva Melhem, que históricamente perteneció a la familia Romay-Salvo.

Inyección de dinero no justificado

La DGI informó especialmente respecto a los ingresos bancarios de Cabzen, en los cuales manifiesta que figuran USD 45.997 definidos por Mutio como aportes de accionistas, que no poseen respaldo documental. Asimismo, que en un mail del 27/8/2019 Cardozo le solicitó a Mutio que justifique con documentación el ingreso de tres cheques, uno de Gerardo Zambrano por USD 68.059,63 y dos de HDM Transportes (cuyo titular es Hugo Mozzo, sobrino de Freddy Mozzo y titular de Acefu, donde Mutio cargaba contenedores solo con soja) por USD 40.000, manifestando por la misma vía Mutio, que estos ingresos correspondían a ventas realizadas a Rolando de 1500 toneladas de maíz (de lo cual no existe factura alguna), que a su vez había comprado a Agropecuaria Valdense.

De esta compra, según Mutio, no poseía factura porque no se la realizaban hasta que no terminara de levantar el total de la mercadería. Afirmación que no tiene sustento, ya que, al cotejar la información de la facturación electrónica en poder de la DGI de Agropecuaria Valdense, surge que dicha empresa solo le vendió a Cabzen 90 toneladas de maíz en el año 2019 por un total de USD 14.850. Y si bien, existen dos facturas emitidas por Agropecuaria Valdense, una por USD 94.428,04 correspondientes a 674,48 toneladas de maíz y otra por USD 72.110,70 correspondiente a 480,74 toneladas de maíz; estas fueron anuladas al día siguiente, por lo que dicho negocio evidentemente nunca se concretó, detectó la Fiscalía.

DGI concluyó que, por lo tanto, ingresaron USD 108.059,63 a la cuenta de Cabzen, de los cuales no existe documentación alguna, ni de compra ni de venta de granos.

Además, la investigación financiera comprobó que Mutio realizaba pagos por la adquisición de bienes y servicios en dinero en efectivo, pagos que superaban ampliamente el monto establecido por la Ley de Inclusión Financieras nro. 19.210.

Esto se ve graficado especialmente en las declaraciones de Fares (Rivabella) respecto a cinco facturas que su empresa le libró a Cabzen.

Respecto a una factura por USD 33.200, Mutio se la abonó integra en efectivo, mientras que otra por USD 180.000 fue abonada en parte con cheques de terceros.

Tres de las facturas representaban un “negocio real” explicó Fares, pero no fue así con respecto a las últimas dos facturas que Mutio le pidió que las hiciera.

“Me llamó por teléfono. Él me pidió esas facturas porque tenía que ir al banco con esas dos facturas para abrir una exportación, algo de eso me dijo. Después me las iba a devolver para que yo anulara las facturas, las escribí yo, él me pidió que ponga una fecha de antes. El recibo también lo hice porque él me pedía la factura y el recibo. Él me dijo la cantidad de toneladas que tenía que poner. Y en el recibo no puse nada donde dice el número de cheque, porque nada era de verdad”, declaró.

La casa en La Capuera

Respecto de una factura por la suma de USD 201.342 (que fuera utilizada para justificar ante el Banco Santander las transferencias efectuadas para la compra de dos padrones en La Capuera, Maldonado) Fares manifestó que fue un negocio real y que Mutio se lo abonó con cheques de terceros y con USD 40.000 en efectivo.

Ante Ferrero, el accionista Orrico dijo que “no tenía conocimiento de que la empresa Cabzen haya adquirido algún inmueble, si lo hizo no se me informó".

Sobre la maniobra referida a la adquisición de los padrones nro. 15044 y 15045 en La Capuera surge que con fecha 11/04/2019 Nelson Leonardo Rizzo Berón, empleado de Cabzen, le adquirió a Ana María Meléndez y Pablo Fasano, representados por el padre de Pablo, Federico Fasano Mertens, mediante escritura de compraventa autorizada por el Esc. Daniel Podestá, por la suma de USD 230.000, que según la escritura de préstamo hipotecario, le fueron prestados por el imputado Martín Mutio quien aseguró dicho préstamo con la referida hipoteca.

Consultado por Caras y Caretas, Fasano Mertens manifestó no conocer que detrás de la compra estaba Mutio o su empresa Cabzen, sino que solo conoció a Rizzo que se puso en contacto por medio de una inmobiliaria para ofertar por los padrones.

Luego del pago que Rizzo realizó mediante el Banco Santander, el banco receptor (Itaú) analizó, con la finalidad de justificar las transacciones realizadas por la empresa Cabzen, que dichos egresos fueron justificados frente al Banco Santander por la compra de Maíz a la empresa Rivabella, por un valor de USD 201.342 quedando pendiente la justificación de USD 28.658 para totalizar los USD 230.000.

En tanto, de la copia de la escritura surgió que sobre el comprador (Rizzo) existía una inmovilización de activos financieros dispuesta en 2010 por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2do turno, por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y falsificación de pasaporte.

Si bien el adquirente de los padrones era Rizzo, consultado el Escribano actuante Esc. Podestá Fariña sobre quien lo contactó para realizar la compraventa y posterior hipoteca el mismo respondió: “Me contactó Martín Mutio, me dijo que tenía un dinero para cobrar y lo quería invertir”, justificando la obtención de dicho dinero en el cobro de una comisión por la suma de USD 240.000 por venta de granos justificada con una boleta de una empresa unipersonal de Mutio y que justamente la extendió a Cabzen, su otra empresa.

Si bien, el titular del inmueble es actualmente Rizzo, quien lo hipotecó a favor de Mutio, en un negocio simulado, no se registró ningún pago por parte del primero a Cabzen como pago de las hipotecas, advirtió la fiscal. En cambio, sí se detectaron transferencias de Cabzen a Rizzo Berón por $247.659.

Según Ferrero, la adquisición de este inmueble es la muestra más representativa de la configuración de la figura que se reclama se impute (lavado) dada la maniobra realizada con diferentes documentos para intentar justificar las transferencias de dinero y la procedencia del mismo. Ya que brindó dos versiones distintas sobre su origen para justificar el ingreso al banco Santander presentando allí dos boletas por venta de granos a Rivabella que como admitiera Fares no reflejaba un negocio existente, sino que son falsas y las emitió a solicitud de Freddy Mozzo.

Vehículos para la bodega familiar

Asimismo, de análisis financiero surgieron adquisiciones de bienes muebles con capital de la empresa Cabzen que fueron destinados a la Bodega Santa Rosa.

La empresa de Mutio adquirió diferentes vehículos: una camioneta, un camión y un autoelevador marca Mitsubishi que fueron destinados a la bodega familiar.

De la documentación incautada en el Estudio GC&A, estudio que llevaba adelante la contabilidad de Cabzen, surge una boleta de compra expedida por Autoelevadores J Ramírez SA hacia Cabzen, de un autoelevador Marca Mitsubishi, por un valor de USD 28.975, el cual luego fue incautado en la Bodega Santa Rosa.

En lo que respecta al vehículo Fiat Strada, matrícula AAV4171 del Departamento de Canelones, incautado en Bodegas Santa Rosa, consultado el Sistema Único de cobro de ingreso vehiculares (SUCIVE) se constató que dicho vehículo se encontraba registrado a nombre de la empresa Cabzen, pero al momento del procedimiento realizado en la Bodega Santa Rosa dicho vehículo se encontraba dentro del precio y a disposición del Sr. Daniel Mutio, padre de Martín.

Por todo lo expuesto por la fiscal Ferrero, “se detectó la colocación con inyecciones de dinero a la empresa Cabzen, de los que no surge prestación alguna que justifique la misma. Se observó que una vez ingresado el dinero a nuestro sistema financiero se realizaron distintas transacciones, que se corresponden a la etapa de estratificación para lograr la integración de dinero no justificado en bienes lícitos”.