¿Que ocultan?

A mediados de julio, la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Sabrina Flores, realizó un pedido formal por escrito a la Fiscalía de Corte para encargar una pericia internacional al celular del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, según confirmó Búsqueda.

La solicitud fue rechazada el 19 de julio, unos días después de ser recibida por la fiscal de Estupefacientes de 1^er turno, Mónica Ferrero, quien todavía ejercía como fiscal de Corte. Juan Gómez, que estaba de licencia médica, volvió a dirigir el Ministerio Público el lunes 22.

Este jueves, el fiscal de Corte subrogante mantendrá una reunión con Flores, en la que la fiscal le volverá a hablar del tema, dijeron los informantes. Búsqueda no pudo confirmar si le pedirá a Gómez que revise la decisión tomada por Ferrero.

El pedido de un nuevo análisis al dispositivo de Astesiano, esta vez con tecnología inexistente en el país, ya había sido realizado por Flores. A principios de junio, Búsqueda informó que la fiscal había planteado el tema para intentar recuperar información que había sido borrada del celular, entre las que estaban los intercambios con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La medida estaba fundamentada, entre otros motivos, porque en el teléfono del excustodio había una captura de pantalla de un diálogo con el mandatario sobre un tema que es objeto de investigación preliminar.

La fiscal indaga, entre otras cuestiones, las gestiones que realizó Astesiano, con conocimiento de Lacalle Pou, para investigar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, con el fin de determinar si visitó una boca de droga antes de chocar su vehículo en 2022. El uso del aparato policial incluyó reuniones en el anexo a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, efectivos antinarcóticos vigilaron un local comercial durante días para ver si allí vendían estupefacientes.

Las comunicaciones no están en la información ya recuperada del celular incautado a Astesiano en setiembre de 2022. La entonces fiscal Gabriela Fossati, luego devenida en militante del Partido Nacional y ahora del Partido Colorado, había acordado con Presidencia que quedaran afuera.

https://www.elpais.com.uy/que-pasa/monica-ferrero-la-favorita-de-la-policia-y-gobierno-cuyo-rostro-es-un-misterio-y-hoy-dirige-una-fiscalia-en-crisis

Mónica Ferrero había planificado estar de vacaciones, pero los primeros días de enero la encontraron en un escenario muy distinto. Su jefe y amigo Juan Gómez, que tan solo unas semanas antes la había recibido en su despacho de fiscal de Corte para fundirse en un abrazo de fin de año, ahora la recibía en una habitación del Sanatorio Americano, a donde había sido trasladado por una hemorragia estomacal. Tenía dos noticias: le daban el alta ese mismo día, pero por ahora no podría volver a la Fiscalía debido a sus problemas de salud y a ella le tocaría quedarse un tiempo indefinido y prolongado.

Una llamada al celular de Ferrero interrumpió la conversación. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la invitaba a la residencia de Suárez y Reyes para conversar sobre lo que se vendría.

—Ah, ¿está con Gómez? ¡Pásemelo! —dijo el presidente, que empezó a hablarle al fiscal de Corte a través del teléfono de quien ya estaba ejerciendo como su suplente.

En la oficina improvisada, y tras el contacto con Lacalle, Ferrero le preguntó a su superior cómo encarar la tarea. Gómez le habló de venias pendientes, de cuestiones de recursos humanos, pero por sobre todas las cosas le dijo que hiciera lo que “sintiera correcto”, y que él prometía volver.

Sin más formalismos que los de esa charla de hospital, Mónica Ferrero tomó la posta de lo que, según ha dicho a allegados, es su nueva “changa”: una que pone en jaque su bajo perfil y su aversión a la exposición pública, y que al mismo tiempo amenaza con disipar los aparentes consensos sobre su figura, salpicándola con consideraciones políticas de un lado y otro.

Crónicas del Este, 01 de Agosto de 2024

La fiscal de Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, rechazó una solicitud para realizar una pericia internacional al celular del exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, pocos días antes de que Juan Gómez retomara su puesto como fiscal de Corte. La solicitud había sido presentada por la fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, a mediados de julio.

Flores había solicitado esta medida para intentar recuperar información borrada del dispositivo, incluyendo intercambios con el presidente Luis Lacalle Pou. Entre los motivos para fundamentar la pericia, se encontraba una captura de pantalla de un diálogo con el mandatario, que es objeto de una investigación preliminar. Mónica Ferrero, quien ejercía como fiscal de Corte ante la ausencia de Gómez rechazó la solicitud, según confirmó Búsqueda.

La fiscal Flores indaga, entre otras cuestiones, las gestiones realizadas por Astesiano, con el conocimiento de Lacalle Pou, para investigar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El objetivo era determinar si Abdala había visitado una boca de droga antes de chocar su vehículo en 2022. Estas actividades incluyeron reuniones en la residencia presidencial de Suárez y Reyes y la vigilancia de un local comercial por parte de efectivos antinarcóticos.

La solicitud de Flores para un nuevo análisis al dispositivo, utilizando tecnología inexistente en el país, había sido planteada previamente en junio. En ese momento, se buscaba recuperar información que no estaba presente en los datos ya recuperados del celular incautado a Astesiano en septiembre de 2022.

Este jueves, el fiscal de Corte subrogante mantendrá una reunión con Flores, quien volverá a plantear el tema, indica el semanario.

https://www.carasycaretas.com.uy/politica/astesiano-mostro-la-orden-fossati-donde-pedia-no-extraer-los-chats-lacalle-pou-n74434

 

Caras&Caretas, 8 de junio de 2024

Desde su cuenta de Instagram, Astesiano mostró la orden de Fossati y realizó un comentario dirigido a la exfiscal: "voy hacer unos mandados"

Crónicas del Este, 13 de Junio de 2024

Desde la cárcel de Florida, el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, analiza presentar una denuncia penal contra el exdirector de Inteligencia y actual jefe de Policía de Rocha, Claudio Correa, porque lo identifica como el oficial que borró de su celular los chats entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou.

La noche del 25 de setiembre de 2022 será recordada por Alejandro Astesiano como la última en la función de jefe de la seguridad presidencial. Estaba en la residencia oficial de Suárez y Reyes. Allí fue detenido por el director de Inteligencia de la Policía, Claudio Correa, quien le requisó el celular.

 

 

 

 

 

Hallaron nuevos restos de desaparecidos

 

Exigir verdad a las FFAA
 

El equipo de abogados del Centro Militar presentó una andanada masiva de recursos de inconstitucionalidad que prácticamente logró paralizar los juicios en curso sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Los recursos reclaman que todas las causas que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y que se sustancian en decenas de juzgados repartidos por todo el territorio nacional deben suspenderse y ser tramitadas en forma directa por la Suprema Corte Justicia.

Hallan nuevos restos óseos de desaparecidos en predio militar del Batallón 14 de Toledo
 https://estrategia.la/2024/07/31/uruguay-hallan-nuevos-restos-oseos-de-desaparecidos-en-predio-militar/

 En Uruguay se hallaron nuevos restos humanos durante las tareas de excavación en el predio militar del Batallón de Infantería Nro. 14 de la localidad de Toledo en el departamento de Canelones, ubicada dentro del Área Metropolitana de Montevideo., donde también se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, Julio Castro y Ricardo Blanco, desaparecidos y asesinados durante de la dictadura cívico-militar.

Para los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, el hallazgo confirmó “una vez más” que las personas desaparecidas están en predios militares y que las Fuerzas Armadas siguen ocultando información. Ignacio Errandonea, dirigente de Madres y Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, explicó que se habían hallado “restos humanos envueltos en cal” a entre 150 y 200 metros de donde se encontraron los de Amelia Sanjurjo, según publicó el portal local, Búsqueda.

 El hallazgo se produjo el lunes por la tarde. En el lugar trabajan antropólogos y allí se hizo presente el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. Los restos de Sanjurjo, militante del Partido Comunista y secuestrada en noviembre de 1977, fueron encontrados el 6 de junio de 2023 e identificados el 28 de mayo de este año.
Para Errandonea la “primera impresión” es que los nuevos hallazgos “confirman una vez más” el uso de los predios militares en dictadura. “Confirman que vale la pena seguir peleando porque los vamos a encontrar a todos”, aseguró.
El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Wilder Tayler, brindó detalles sobre los restos hallados este martes en el Batallón de Infantería n° 14 de infantería y dijo que no se dispone de indicios sobre de quién se podría tratar. “Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano, no sabemos si hay más. La máquina quedó parada en el momento que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos para identificar el material que se encontraba allí”, contó en rueda de prensa este martes desde el lugar.
Tayler agregó que todavía no se sabe “ni edad, ni sexo, ni posición del cuerpo”. “Lo que ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto, no está el cráneo todavía. Tampoco sabemos si está allí porque no se ha seguido excavando”, amplió. Detalló, asimismo, que, junto con los restos óseos “hay una tela que podía ser o no parte de la vestimenta de la persona”.

 Hay unas 42 víctimas del terrorismo de Estado que podrían haber sido enterradas en el Batallón 14, luego de ser trasladadas desde diferentes centros de tortura.

 Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, solicitó que el próximo gobierno asuma el compromiso de exigir a las Fuerzas Armadas la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura, “porque tienen mucha documentación que no han proporcionado”. Además, reclamó una política de Estado en la búsqueda de la verdad para comenzar a cerrar este proceso.
El martes 30 de julio, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) confirmó el hallazgo de nuevos restos humanos, cubiertos con una gran cantidad de cal y una losa en el Batallón N°14 de Paracaidistas en Toledo. En el mismo predio militar ya se habían encontrado los restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), como Amelia Sanjurjo, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.
Por su parte, Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), brindó más detalles a la prensa sobre el nuevo hallazgo.
Lusiardo manifestó que los restos hallados en las últimas horas se encuentran a unos 180 metros de los restos de Amelia Sanjurjo y a 200 metros de los del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente. Agregó que además están a un metro de algunas trincheras que se realizaron en 2009.
“Hemos ubicado todas las excavaciones de años anteriores, porque en este punto casi exacto se excavó en 2005 y 2009, y en ninguna de esas dos ocasiones se encontró esta fosa clandestina. Estamos buscando algo muy pequeño, de apenas dos metros por 80 centímetros de ancho. Es necesario abordar centímetro a centímetro todo el terreno que tenga potencial para un hallazgo. De lo contrario, podríamos dejar fuera nada más y nada menos que la posibilidad de encontrar a una persona”, expresó Lusiardo en declaraciones a En Perspectiva.
La antropóloga confirmó que el nuevo hallazgo presenta características similares al enterramiento de Amelia Sanjurjo, es decir, “hay una repetición en el patrón”. Los restos óseos estaban enterrados a unos 70 centímetros de la superficie, rodeados de gran cantidad de cal y debajo de una losa de gran espesor. En este caso, los restos estaban más cerca de la superficie, ya que en ese lugar no había posibilidades de excavar más profundo cuando los perpetradores hicieron la fosa. “No cabe duda de que se trata de restos de un detenido desaparecido”.

 “El esqueleto está en buen estado de conservación. Todavía no hemos terminado de extraerlo completamente; nos quedan los miembros inferiores. Ya hemos recuperado el cráneo, parte de los miembros superiores y parte del tórax”, detalló Lusiardo.
Explicó que algunas piezas óseas ya han sido retiradas debido a un pequeño desplazamiento causado por la retroexcavadora. “El cráneo se desplazó un poco, pero ya lo hemos retirado, junto con algunas vértebras, costillas y parte de los hombros”.
Lusiardo informó a la prensa que, además, se encontró material textil que aún no se ha terminado de extraer e identificar. Aclaró que, aunque parece tratarse de una prenda de vestir, en algunos casos los textiles podrían haber sido utilizados para transportar los cuerpos, como en el caso de sábanas.
La investigadora expresó que el grupo de antropólogos considera que se trata de un solo individuo, cuyo sexo aún no se puede determinar. Sin embargo, hasta que se abra una segunda trinchera y se delimite la fosa en su totalidad, no se podrá afirmar con seguridad.
Por otro lado, se refirió a la urgencia del trabajo, señalando que, dado que los restos óseos han estado resguardados durante tantos años con cal, una losa y tierra, al entrar en contacto con el medio ambiente comienzan a cambiar de condición y a deteriorarse. “Por ello, es necesario proceder lo más rápido posible con la extracción, el acondicionamiento y el traslado”.
La profesional expresó que la custodia del lugar debe ser realizada por el equipo de antropólogos, a pesar de la presencia de una custodia militar. “Si hay un hallazgo de restos, no podemos movernos hasta completar su extracción”.
Manifestó que el predio militar es de máximo interés para la búsqueda de restos de desaparecidos, ya que se trata de un extenso monte antiguo y de una zona con “varios señalamientos” que, aunque vagos, son importantes.
Después de que se retiren completamente los restos óseos del predio militar, siguiendo la cadena de custodia -un documento que garantiza la trazabilidad de los restos desde el momento de la extracción hasta su llegada al lugar donde serán resguardados-, estos serán trasladados a las instalaciones del laboratorio del equipo forense. Posteriormente, se nombrará a la junta médica. El primer paso será radiografiar todas las piezas óseas antes de su acondicionamiento, limpieza y análisis. Luego se tomará una muestra que se enviará al laboratorio del equipo de antropología forense en Córdoba, Argentina, donde se extraerá un perfil genético de los restos óseos o dentales para compararlo con la base de datos de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Si se encuentra una coincidencia, se estudiará estadísticamente la posibilidad de que sea un hallazgo al azar o de que realmente corresponda a la persona que se está buscando; en caso afirmativo, se procederá con la identificación. Si no se logra la identificación, como ocurrió con Amelia Sanjurjo, se iniciará un proceso para determinar la problemática a resolver con el fin de lograr la identificación.

Perciballe: “Se ha trabajado en un 50% del predio cautelado por la Justicia”
El fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, reconoció que no se contaba con un dato preciso sobre el enterramiento clandestino. Más bien, se trató de un hallazgo realizado como parte de la rutina diaria de los antropólogos.
Dijo que el Batallón 14 es un objetivo importante y que se continuará trabajando en él. “Hasta el momento, se ha trabajado en el 50% del predio cautelado por la Justicia”.
 “Con este cuarto hallazgo en el mismo predio militar, queda comprobado que el Batallón 14 fue utilizado como lugar de enterramiento clandestino. No sabemos si hay más cuerpos”, señaló el fiscal.
Perciballe manifestó que cada hallazgo significa una “conmoción y una responsabilidad muy grande” para todo el equipo de la Fiscalía.

Errandonea: “El nuevo gobierno debe asumir el compromiso de exigir la verdad”
Por su parte, Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, exhortó al próximo gobierno a “asumir el compromiso de exigir a las Fuerzas Armadas que aporten la verdad” sobre el destino final de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
A la vez exigió el compromiso de que la búsqueda de la verdad se convierta en una política de Estado.
 “Dado que en las Fuerzas Armadas la característica fundamental ha sido la cobardía, la mentira y el ocultamiento de la información, no contamos con datos precisos”, remarcó Errandonea en declaraciones a Subrayado.
Hasta el momento, se han identificado los restos de seis personas desaparecidas durante la dictadura, de un total de 197 individuos que sufrieron este destino. Estos son: Amelia Sanjurjo, cuyos restos fueron encontrados en junio de 2013 en el Batallón 14 de Paracaidistas de Toledo, pero su identificación se confirmó el 28 de mayo de 2014; el escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en diciembre de 2005 en el Batallón N°13 de Infantería; Ubagesner Chávez Sosa, cuyos restos fueron encontrados en 2006 en una chacra de Pando; el maestro Julio Castro y el comerciante Ricardo Blanco Valiente, cuyos restos fueron encontrados en 2011 y 2012, respectivamente, en el Batallón 14; y el odontólogo y militante del PCU, Eduardo Bleier, cuyos restos fueron identificados en octubre de 2019 en el Batallón 13 de Infantería.

 

https://www.pitcnt.uy/novedades/item/6141-errandonea-familiares-pide-al-proximo-gobierno-exigir-verdad-a-las-ffaa

 

 

 

Pobreza infantil en medio de la abundancia

 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentó el informe «Pobreza infantil en medio de la abundancia» y realizó un análisis de la situación en Uruguay con propuestas públicas. En Uruguay unos 150.000 niños viven por debajo de la línea de pobreza y se estima que el 78% de los hogares pobres con niños, niñas y adolescentes tienen entre uno o dos menores a cargo y la mitad de ellos tienen al menos un menor de cinco años. Según el informe de Unicef, el 85% de estas familias tienen ingresos laborales, la mayoría con bajas remuneraciones cercanas a los $ 13.700.

Situación en Uruguay

El Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza valores diferentes que separan Montevideo, el interior urbano y el interior rural para evaluar si un hogar alcanza o no el ingreso mínimo para no ser pobre. Para una familia de tres personas en Montevideo en 2023, el INE determinó que se necesitaban $ 50.872 mensuales para no ser considerada como pobre.

En los ingresos del hogar se incluyen —además de la remuneración laboral— transferencias en dinero, en especie (alimentación) y de otros hogares (pensiones).

En Uruguay unos 150.000 niños viven por debajo de la línea de pobreza y se estima que el 78% de los hogares pobres con niños, niñas y adolescentes tienen entre uno o dos menores a cargo y la mitad de ellos tienen al menos un menor de 5 años.

Según el informe de Unicef, el 85% de estas familias tienen ingresos laborales, la mayoría con bajas remuneraciones cercanas a los $ 13.700.

Por otra parte, la brecha de ingresos para salir de la pobreza varía, por lo que un 24% de los hogares pobres se ubican a menos de $ 5.000 de la línea de pobreza.

En ese sentido, se estima que para que todos los hogares con niños pobres de Uruguay salieran de la pobreza, se necesitarían US$ 355 millones (un 0,5% del Producto Interno Bruto).

Los últimos de la fila
Ranking UNICEF
Innocenti
Tasa más reciente
de pobreza infantil
(promedio 2019-2021)
Cambio en la tasa
de pobreza infantil
(2012-2014 a 2019-2021)

País % Ranking % Ranking
1 Eslovenia 10,0 2 -31,4 2
2 Polonia 14,1 8 -37,6 1
3 Letonia 16,3 16 -31,0 3
4 República de Corea 15,7 15 -29,0 5
5 Estonia 14,8 9 -23,4 6
6 Lituania 18,3 22 -30,6 4
7 República Checa 11,6 4 -14,5 16
8 Japón 14,8 9 -18,7 11
9 Irlanda 14,8 9 -18,5 12
10 Croacia 16,6 17 -21,8 10
11 Canadá 17,2 19 -22,7 7
12 Bélgica 14,9 12 -17,0 15
13 Portugal 19,3 25 -22,5 8
14 Finlandia 10,1 3 0,0 27
15 Dinamarca 9,9 1 3,5 31
16 Malta 19,8 26 -18,2 13
17 Países Bajos 13,5 7 0,7 28
18 Grecia 22,3 31 -17,2 14
19 Nueva Zelanda 21,1 29 -11,7 17
20 Noruega 12,0 5 10,1 36
21 Eslovaquia 18,9 23 -4,9 21
22 Suecia 18,0 20 -2,4 24
23 Islandia 12,4 6 11,0 39
24 Chipre 15,6 14 4,0 33
25 Alemania 15,5 13 5,0 34
26 Australia 17,1 18 1,7 30
27 Chile 21,6 30 -7,7 19
28 Rumania 29,0 37 -22,5 8
29 Austria 19,2 24 5,3 35
30 Suiza 18,0 20 10,3 37
31 Bulgaria 26,1 34 -8,3 18
32 Estados Unidos 26,2 35 -6,7 20
33 Francia 19,9 27 10,4 38
34 Italia 25,5 33 -0,8 26
35 Luxemburgo 24,5 32 3,7 32
36 España 28,0 36 -4,0 23
37 Uruguay 31,1 38 -4,1 22
38 Reino Unido 20,7 28 19,6 40
39 Turquía 33,8 39 1,5 29
40 Colombia 35,8 40 -2,1 2.

https://bibliotecaunicef.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=320

 Características de los hogares con niños pobres

El 34% de los niños, niñas y adolescentes pobres viven en hogares monoparentales y uno de los desafíos más importantes de estos casos es la inserción laboral ya que muchos de ellos no perciben pensión alimenticia.
En ese sentido, el informe estima que la tasa de actividad es similar entre las personas en situación de pobreza y las que no: el 68% de las personas pobres tienen o buscan un empleo comparado con el 66% de los que no son pobres.
Por otra parte, el informe también destacó el nivel de educación de los hogares. El precario acceso a la educación no solo genera mayor informalidad laboral y dificultades para acceder al mercado, sino que resulta en una mayor desvinculación por parte de los menores. El 79% de las personas entre 20 y 22 años no finalizaron la educación media superior.
Más de la mitad de los hogares pobres declaró haber tenido ingresos insuficientes para cubrir necesidades alimentarias y un 15,6% de los hogares pobres sostuvo que se quedaron sin alimentos o pasaron al menos un día sin comer.
Otro de los puntos destacados por el informe son las carencias en las condiciones de vivienda. Un 24% vive en hogares con hacinamiento, lo que significa que viven más de dos personas por habitación. Además, un 20% de los niños viven sin calefón o calentador y un 6% sin refrigerador.
El 18% de los niños pobres viven en asentamientos irregulares, sin embargo, en Montevideo la cifra alcanza el 30%.

 

 

En el entorno de 150.000 niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza en Uruguay. Entre los 0 y los 6 años, los porcentajes de pobreza duplican los de la población general y ese dato alarmante ha llevado a que, al menos en lo discursivo, la necesidad de priorizar políticas sociales en la primera infancia sea un punto de consenso político.

Esta semana, Unicef llevó a cabo en Uruguay el seminario internacional Inversión en Infancia: Imprescindible para el Desarrollo. La directora global de Políticas Sociales y Protección Social de la organización, la peruana Natalia Winder Rossi, participó de la actividad en la que se presentaron documentos con evidencia sobre los mecanismos más efectivos para abatir la pobreza infantil.

 

Uno de los estudios de Unicef concluyó, al estudiar 84 países, que el dinero invertido fue “demasiado poco, demasiado tarde”. El demasiado tarde, alude a la “brecha” de gasto público que existe entre los 0 y los 6 años de vida.

Uruguay tiene una buena posición regional en niveles de pobreza infantil, pero al compararse con otros países del mundo de niveles similares de ingreso la situación se revierte. Esto se refleja en otro estudio que presentó Winder Rossi.

“En este momento, hay una oportunidad muy importante para el Estado uruguayo de poder ampliar la ambición: se puede realmente eliminar o reducir de manera significativa la pobreza infantil”, dijo a Búsqueda.

Al referirse a las herramientas de una política eficiente, señaló que las transferencias son una “plataforma clave” y hay evidencia de que ampliar su cobertura y sus montos da resultados, incluso a corto plazo.

En esa línea, otro estudio de Unicef sobre Uruguay muestra que las transferencias económicas a los hogares pobres —que en promedio rondan los $ 6.500 mensuales por hogar— permiten que unos 39.000 niños y adolescentes queden por encima de la línea de la pobreza. Si el monto se duplicara, serían 48.000 niños y adolescentes más los que lo lograrían.

Los resultados que se pueden alcanzar, sin embargo, no son sostenibles si no se comprende que las transferencias no deben ser una política de emergencia sino una de desarrollo social, y si no son parte de un sistema que abarque educación, salud, cuidados y vivienda.

Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que Winder Rossi mantuvo con Búsqueda.

https://www.busqueda.com.uy/informacion/pobreza-infantil-uruguay-esta-condiciones-reducirla-de-manera-significativa-dice-referente-unicef-n5392413

 

 

 

 

 

Documentación reservada

El gobierno y el caso Marset: Secretos y mentiras

 

La Cancillería decidió declarar reservada toda la documentación relacionada con la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y el intercambio de mensajes de WhatsApp sobre el tema entre los entonces viceministros Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior).
El ministerio argumentó que la publicación de la información contenida en esos documentos podría afectar la investigación iniciada en Fiscalía y dañar “diversos derechos”, entre ellos la “inocencia”, de las personas que participaron en el manejo de los expedientes de Cancillería.

La decisión del ministerio, que debió ajustar después de un reclamo ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, responde a un pedido presentado por un periodista de Búsqueda en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Rechazo inicial

La entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset, lo que facilitó su huida de Emiratos Árabes Unidos, tuvo consecuencias inesperadas para el gobierno. En noviembre del año pasado, Búsqueda informó que el gobierno había intentado ocultar de la Justicia los mensajes que intercambiaron Maciel y Ache en los que quedaba claro que, contrario a lo que declaró el gobierno en una interpelación parlamentaria, ambos sabían que se trataba de un narco “pesado” y “peligroso” en momentos en que tramitaba el documento uruguayo.

La publicación provocó la renuncia de Maciel, de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior), y del principal asesor en comunicación y estrategia del presidente, el publicista Roberto Lafluf. La información mostraba que varios jerarcas discutieron cómo hacer para no entregar una copia de los chats entre Maciel y Ache, pese a que había una sentencia judicial que obligaba a la Cancillería a presentar esa documentación.

El intento de ocultamiento implicó, entre otras cosas, que Lafluf destruyera en Presidencia un acta notarial con los chats que había entregado Ache para cumplir con la sentencia. El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que investiga la entrega del pasaporte, decidió abrir una investigación paralela para determinar si hubo delitos en ese proceso.

Búsqueda presentó solicitudes de acceso a la información ante la Cancillería para conseguir, entre otras cosas, todos los expedientes y comunicaciones internas relacionadas con el cumplimiento de la sentencia judicial que obligaba al ministerio a entregar los chats.

El 28 de diciembre, el ministro Omar Paganini firmó una resolución en la que declaró reservada la información. Argumentó que toda la documentación vinculada “directa o indirectamente con trámites y actos administrativos referidos a procedimientos disciplinarios” está reservada por una resolución anterior. Además, dijo que, como era “de público conocimiento”, la información era objeto de una investigación preliminar en Fiscalía y que el Código del Proceso Penal (CPP) establece en su artículo 259.2 el “carácter de reserva para los terceros ajenos” de la documentación relacionada con ese procedimiento.

Tras un reclamo de Búsqueda ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la oficina solicitó a la Cancillería que cambiara su resolución o entregara la documentación.

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública entendió que la decisión del ministerio “no se ajusta a derecho”. Indicó que la resolución no se amparaba en ningún causal de excepción. También mencionó que “la reserva genérica” basada en el CPP no correspondía y que no se establecía un plazo de reserva.

Derecho a la “inocencia”

El canciller Paganini, que asumió su cargo tras la renuncia forzada de Bustillo, aprobó otra resolución en marzo con la que mantuvo la reserva.

Reiteró en sus considerandos que el artículo 259.2 del CPP establece la reserva de las investigaciones y que la documentación pedida estaba vinculada con una investigación del fiscal Machado, lo que surgía de información publicada en medios de comunicación. Facilitar el acceso a la documentación solicitada “no corresponde” al ministerio, “ya que se estaría violando” esa reserva, justificó.

El ministerio sostuvo que “existen elementos objetivos que permiten determinar que, en caso de relevar la reserva de las actuaciones, se genera la expectativa razonable de un daño a diversos intereses legalmente protegidos, a saber: a) el normal desenvolvimiento de la investigación preliminar penal, evitando entorpecimientos o frustraciones a la misma por la intervención de personas ajenas al proceso, b) la protección de diversos derechos (inocencia, etcétera) de las personas involucradas en el expediente cuyo acceso se pretende”.

Esta resolución ministerial, a diferencia de la anterior, fue considerada válida por la UAIP. La decisión “se ajusta a los parámetros legales, en tanto adecuó la prueba de daños exigida, si bien no indica el literal del articulo 9 de la Ley de Acceso en el que la fundamenta”, falló el Consejo Ejecutivo de la unidad.

Consultada acerca de a qué se refería con que el ministerio “adecuó la prueba de daños exigida”, el Consejo respondió que “la prueba de daño se infiere” de la nueva resolución.

Búsqueda preguntó a la unidad si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene derecho a reservar documentos por las dudas de que el fiscal los reclame y qué pasaría si nunca pide la documentación. También consultó qué daños a la “inocencia” de los involucrados podía provocar la difusión de los expedientes.

La UAIP, el 12 de julio, respondió que ya había dado posición sobre el tema.

La reserva resuelta por la Cancillería se suma a otras decisiones similares vinculadas al caso Marset. En diciembre, el ministerio declaró reservado el expediente relacionado con la investigación administrativa que realizó sobre la entrega del pasaporte.

El ministerio además decidió, según informó Búsqueda, no iniciar una investigación interna sobre las personas que participaron en el episodio que derivó en la destrucción del documento entregado por Ache a Cancillería. También en este caso argumentó que no quería incidir en la investigación del fiscal Machado, quien todavía no tomó ninguna decisión relacionada con esa indagatoria.

Machado ha declarado que esperará a tomar una decisión sobre la investigación vinculada al pasaporte, para recién después activar la relacionada con la destrucción del documento.

Mientras el fiscal todavía no avanzó, el ministerio designó al entonces encargado de Jurídica de la Cancillería, Carlos Mata, como representante de Uruguay ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Mata fue quien le llevó el documento a Lafluf a la Presidencia de la República y que el asesor destruyó. Bustillo, que le pidió a Ache que “perdiera” su celular así ganaba tiempo y no entregaba los chats, volvió la semana pasada al ministerio después de ocho meses de licencia. El diplomático asesorará al área de política, informó Paganini en el programa Periodistas, de Canal 5.

 

La resistencia a Neptuno

Un fallo judicial ordena suspender temporalmente la iniciativa privada considerada inconstitucional por las organizaciones sociales y criticada por académicos

 

La justicia sentenció aprobó una medida cautelar e impide a OSE firmar contrato por el proyecto Neptuno y suspende por el momento la adjudicación al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast.
La medida cautelar fue presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua de la Vida y el colectivo Tucu Tucu de San José contra la licitación pública del proyecto Neptuno o Arazatí. Las organizaciones fueron representadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que coordina el abogado Juan Ceretta.
La sentencia hace lugar a los reclamos de las organizaciones socio-ambientales luego de que once investigadores de la Universidad de la República comparecieran en el Palacio de Tribunales para dar sus perspectivas en el asunto, convocados por el juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey.
Anahit Aharonián, ingeniera agrónoma e integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, dijo en Camacuá Diario que desde la organización “celebran” el fallo y que coincide con los los “20 años de la reforma constitucional” que “a través de la democracia directa, con el 64,7%”, Uruguay “fue el primer país” en considerar el agua “como un derecho humano” y “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico”.
Desde la organización sostienen que el proyecto Neptuno es una “falsa solución al problema del agua en el área metropolitana” porque en el territorio existen “abundantes fuentes de agua dulce”. Además se visualiza que si se “hubiese mantenido la Cuenca del Santa Lucía en condiciones, no hubiéramos tenido los impactos de la sequía ni estaríamos preocupados por el tema a futuro”.
“Este proyecto es inconstitucional, atenta contra el artículo 47 de la Constitución de la República, que es el que fue reformado en 2004, y también contra el artículo 188”, dijo Aharonián y agregó que por ello se presentó la medida cautelar hace un año: “recién el viernes pasado pudieron testimoniar una parte de los investigadores”.
En segundo lugar, destacó Aharonián, las fuentes de agua dulce que tiene Uruguay “son de soberanía nacional” mientras que el Río de la Plata, de donde pretende tomar agua para potabilizar en este proyecto, no lo es, allí “confluye el agua de cinco países por lo que no sabemos cuál es el contenido que pueda tener”.
Sobre el Río de la Plata está además el emisor subacuático de Buenos Aires con los desechos cloacales de 4 millones y medio de habitantes, y del que existen voces de alerta que indican que Uruguay ha sido “omiso” en estos controles.
Aharonian dijo que “las autoridades han minimizado” su impacto y que “hay un gran desconocimiento sobre las corrientes del estuario del Río de la Plata” y remarcó lo innecesario de potabilizar desde una toma desde este lugar habiendo otras opciones de agua dulce.
Justamente, el agua que procese en caso de que se construya la planta de Arazatí-Neptuno deberá desalinizarse, algo que además de ser un proceso muy “costoso” genera “residuos” y “lodos” que impactarán negativamente en el “ambiente” y la “productividad del departamento de San José”, explicó.
Se dio a conocer además que esta obra, que tiene tantos problemas asociados, no podrá responder a la totalidad de la demanda de agua potable que tiene el área metropolitana. “Menos del 30%” se le dijo a las organizaciones en sesiones en el anexo de la Torre Ejecutiva entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Otro problema asociado al Río de la Plata son las cianobacterias. “Es una zona donde hay una altísima producción de cianotoxinas”, explicó Aharonián. “No existe al momento tecnología en el mundo que elimine al 100% de esas toxinas, que son hepatotoxicias, con especial incidencia en niños y niñas”. Remarcó que las consecuencias pueden ser “muy peligrosas” por la exposición prolongada a cianobacterias.
En el día de ayer, miércoles, las organizaciones brindaron una conferencia de prensa en el local de FFOSE, en la que celebraron el fallo de “no innovar” por parte de la Justicia, “hasta que no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.
Desde los ministerios de Salud Pública, Ambiente y OSE se anunció que se apelará la sentencia, pese a que el fallo indica que hay “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional” y que “podrían existir severos riesgos de contaminación” del acuífero Raigón y áreas aledañas. “Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades de que pudiera haber sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”.

Neptuno mantiene varios frentes abiertos: sociales, académicos y políticos, que lo consideran inconveniente e inviable desde la perspectiva jurídica, ambiental y económica.

El Ministerio de Ambiente y OSE se niegan a la ciencia.
Publicado marzo 17, 2024
 

La pretensión por parte de OSE y del Ministerio de Ambiente de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no escuche la opinión de destacados técnicos y científicos nacionales en el reclamo contra la licitación del Proyecto Arazatí sienta un peligroso precedente y marca claramente que el Ministerio de Ambiente del Ministro Bouvier no protege el Ambiente y que el Directorio de la OSE opera imprudentemente, sin justificación técnica ni financiera alguna, comprometiendo cientos de millones de dólares en una obra inconveniente, injustificada, insuficiente y extremadamente cara. 

https://movusuruguay.blogspot.com/2024/03/el-ministerio-de-ambiente-y-ose-se.html

.Parte de los cuestionamientos que plantean quedaron plasmados en una sentencia judicial del 24 de junio pasado, que ordenó a OSE –empresa pública responsable de la gestión del agua potable– no firmar el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, hasta que no se despejen las dudas sobre su viabilidad. “Para nosotros es un hito haber obtenido un fallo favorable de esta envergadura”, señala a América Futura María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que junto a la agrupación ambiental Tucu-Tucu había solicitado esta medida cautelar en agosto de 2023. Entienden que Neptuno vulnera el artículo 47 de la Constitución uruguaya, según el cual “el servicio público de abastecimiento de agua” para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado.

Ortiz recuerda que, en 2004, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en incluir al agua potable como derecho humano fundamental en su Constitución, blindándola de la intervención de los privados en los procesos de potabilización. También establece, en sintonía con el Acuerdo de Escazú, la participación de la sociedad civil “en todas las instancias de planificación, gestión y control” de los recursos hídricos. “Cuando nos enteramos del proyecto, en marzo de 2021, no tuvimos acceso a la información, ni pudimos participar en las etapas tempranas para estudiarlo. Recién en diciembre de 2022, después de aprobado, nos entregaron la información”, asegura.

En una de las audiencias judiciales celebradas en Montevideo participó el investigador Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas, para explicar los problemas ambientales que según la academia tiene el proyecto en cuestión. “La calidad del agua del Río de la Plata ha ido empeorando en las últimas décadas y un síntoma bien claro de ese deterioro es la floración de cianobacterias tóxicas”, le dice a América Futura. Junto a un grupo de científicos, Aubriot ha analizado este fenómeno, mapeando las zonas del Río de la Plata donde ocurre con mayor frecuencia. Entre los cuatro lugares más afectados por estos microorganismos tóxicos lo peor se lo lleva Arazatí, donde el proyecto instalará la toma de agua bruta. “Desconocemos los argumentos, los pros y los contras, de la elección de ese lugar; no hay una evaluación de más casos en los que se haya descartado otras opciones”, comenta.

Actualmente, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que se nutre del embalse Paso Severino en el río Santa Lucía, puede producir 700.000 metros cúbicos diarios. De esa cantidad, los habitantes de Montevideo y el área metropolitana, 1,7 millones de personas, consumen aproximadamente 600.000 metros cúbicos de agua por día, y se estima que esa cifra pueda aumentar hasta los 880.000 metros cúbicos diarios en 2045. De concretarse, la planta Neptuno suministraría un 30% del total requerido. “En el caso de un colapso de Aguas Corrientes –un derrame tóxico, una inundación– Neptuno no será una planta alternativa”, abunda Aubriot. Para que realmente lo fuera, continúa el científico citando “la regla de oro” de los expertos, tendría que cubrir el 70% de la demanda.

“Por un pedido de acceso a la información pública sabemos que [la empresa pública] OSE no tiene ningún estudio propio de fuentes alternativas de agua para el sistema metropolitano”, asegura el meteorólogo y ambientalista Raúl Viñas. “El Río de la Plata puede ser el lugar adecuado, pero evidentemente no en Arazatí. Allí la salinidad [86 días al año, según mediciones de OSE] hace necesaria una reserva de agua que le agrega al proyecto 50 millones de dólares de costo”, detalla Viñas a América Futura. El ambientalista apunta contra los costos de Neptuno, que también han levantado críticas de la oposición política: la inversión privada en la ejecución del proyecto rondará los 300 millones de dólares, pero el Estado terminará pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares. Eso repercutirá inevitablemente, alegan los demandantes, en la tarifa del servicio.

La estatal OSE apeló el fallo judicial que suspende temporalmente la firma del proyecto, que por otro lado aún tiene pendiente la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este periódico se contactó con el organismo, pero las autoridades declinaron comentar. Antes de esta sentencia habían asegurado que la gestión del agua –su potabilización, entre otros– estará en manos del Estado y no del sector privado. También manifestaron que Neptuno irá acompañado de un plan de reparación de cañerías, otro blanco de críticas, por donde se pierde alrededor del 40% del agua que se potabiliza. Y además no descartan la construcción de una nueva represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, prevista en un proyecto entregado en 2019 por el Frente Amplio (centroizquierda) a la actual administración. Casupá permitiría almacenar 118 millones de metros cúbicos de agua y reforzaría la reserva de Paso Severino, que cuenta con una capacidad de 67 millones de metros cúbicos y es la fuente de abastecimiento del 60% de la población del país.

Por su parte, las organizaciones ambientalistas iniciarán un juicio contra OSE que podría extenderse durante dos años. “La medida cautelar [del 24 de junio] implica dejar las cosas como están hasta tanto no se disipen las dudas que existen”, le dice a América Futura el abogado Juan Ceretta, que patrocina a estas agrupaciones. El juicio buscará que la iniciativa no se materialice, porque la consideran inconstitucional además de arriesgada. “Tenemos datos suficientes como para demostrar que el proyecto Neptuno es por lo menos peligroso y puede generar daños irreversibles”, acota. El abogado destaca el hecho de haber accedido a la Justicia: “s la demostración de que la lucha de 2004 para establecer el derecho al agua en la Constitución no fue en vano”. “Hoy estamos invocando esa norma ante los tribunales”, enfatiza.

La cultura del agua en Uruguay
Mientras el Gobierno avanzaba en la concreción de Neptuno, la crisis del agua potable sorprendía a una sociedad acostumbrada a la aparente sobreabundancia de este recurso limitado. Tras el impacto que eso generó, los expertos sugirieron no bajar la guardia. “Uno de los desafíos principales del país está en la cultura del agua, de repensar la relación entre la sociedad y el agua desde una perspectiva sostenible”, le dice a América Futura Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo. En este contexto, considera necesaria “una mirada más realista” sobre el cambio climático así como la profundización del conocimiento de sus recursos hídricos, vinculándolo a la toma de decisiones políticas.

Fernández Polcuch recuerda el rol clave que desempeñó en Uruguay el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) durante la pandemia de Covid-19 en el diseño y aplicación de políticas públicas. “¿Por qué no pensar en algo similar acerca del conocimiento científico sobre el agua y su gestión integral?”, pregunta. Se refiere al agua para el consumo humano, pero también a la que se emplea en la agricultura y en la industria. “[El GACH] fue un ejemplo de la relación entre el conocimiento y la política pública que nos gustaría ver más, no sólo en situaciones de crisis”. Y concluye: “En el caso del agua tal vez tengamos una buena oportunidad para avanzar con ese modelo”.

Lanzamiento de la Campaña, "Miremos Arazatí"

Fecha: 27/07/2024

Lugar: Balneario Arazatí

Esta campaña es una iniciativa ciudadana para informar y movilizar a la comunidad en defensa de los derechos y las condiciones de vida en los territorios que afectaría el Proyecto Neptuno Arazatí, una planta potabilizadora que pretende complementar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana del país, extrayendo agua de un lugar inapropiado y generando múltiples impactos.


La campaña "Miremos Arazatí", es una movilización ciudadana destinada a proteger la costa del Río de la Plata en Arazatí, al igual que los Humedales del Santa Lucia y sus respectivas cuencas y territorios, de los riesgos que supone el proyecto Neptuno Arazatí. Busca sensibilizar a la población sobre los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto y promover una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos.


Objetivos de la Campaña:

1. Informar: Brindar información sobre el Proyecto Neptuno, sus componentes, sus procesos administrativos y los riesgos que supone, mediante la generación de contenido digital, encuentros comunitarios y publicaciones de informes técnicos.

2. Movilizar: Fomentar la participación informada y activa de la comunidad en los espacios de diálogo del proyecto, dando seguimiento al proceso administrativo y comunicando cómo participar desde la ciudadanía y en qué momentos.


3. Proteger: Garantizar la conservación de la costa de San José, por medio de una petición a las autoridades departamentales, solicitando la protección de toda la costa de San José y su área de influencia. Proponemos que se declare Reserva Natural; por su alto valor ecológico, geológico, paleontológico y arqueológico, con posibilidades de convertirse en un Geoparque de interés internacional.

Con Miremos Arazatí, queremos asegurarnos que la ciudadanía y las comunidades tengan herramientas para entender lo que está en juego y se unan en esta causa crucial. La preservación de nuestra agua es responsabilidad de todos y todas.


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Miremos Arazatí · Arazati San Jose · San Jose 80300 · Uruguay