Los negreros de FRIPUR y el pescado del Pepe

El pescado del Pepe
El dueño de la empresa Fripur, Alberto Fernández, le prestó su avión a la fórmula presidencial del Frente Amplio para viajar a Brasil. “Es uno de los empresarios que se beneficiaron con este gobierno, pese a que viene de una tradición y una práctica muy lejana a la nuestra”, Brecha viernes 7 de agosto.


DESPEDIDO DE UNA EMPRESA PESQUERA POR SINDICALIZARSE URUGUAY


Esta vez solo un muerto

Esto pasa de castaño oscuro
...la pesquisa incluirá "pericias técnicas, investigaciones de inteligencia naval, el estado de situación, análisis".Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Puertos Alberto Díaz dijo a radio Carve que "ciertas circunstancias que rodean a los incendios deben ser investigadas, como por ejemplo que los mismos hayan ocurrido en horas de la madrugada".
El pesquero de bandera surcoreana Seo Jin 11 se incendió el miércoles y uno de sus 24 tripulantes permanece desaparecido, dijo a la AP el jefe de relaciones públicas de la Armada, capitán de navío Anselmo Borges. Entre los tripulantes había surcoreanos, vietnamitas, filipinos, chinos y malayos.
Agregó que el tripulante desaparecido se encontraba en la sala de máquinas, donde comenzó el fuego, cuando el buque dedicado a la pesca de calamar estaba amarrado en el puerto.
El lunes un incendio en otro pesquero surcoreano forzó a las autoridades a cancelar la ceremonia prevista para el lanzamiento de la temporada de cruceros internacionales. Uno de los barcos de turismo debió ser desviado al puerto de Buenos Aires.
El año pasado se incendiaron cuatro pesqueros de la misma bandera. Además de los surcoreanos, esta semana también se incendió un pesquero uruguayo perteneciente a la empresa Fripur, considerada la más grande del país.

Desarchivan caso sobre la relación Mujica-Fripur

PABLO MELÉNDREZ

La Justicia reabrirá una indagatoria sobre los vínculos entre José Mujica y Fripur S.A. y si esa situación influyó en una multa de solamente 100 UR que se le impuso a la empresa, cuando la sanción podía alcanzar las 5.000 UR.
El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, solicitó a la jueza Graciela Gatti el desarchivo de una denuncia que había presentado en febrero el abogado Gustavo Salle pidiendo que se investigaran los aportes económicos que realizó el dueño de la empresa procesadora de pescado Fripur S.A., Alberto Fernández, para los actos de asunción de José Mujica el pasado 1° de marzo.
A instancias de Perciballe, el caso había sido clausurado, ya que había considerado que no existían elementos que ameritaran una indagatoria. Sin embargo, haciendo lugar a un pedido del denunciante, el fiscal solicitó ayer la reapertura del expediente, según supo El País.
A principios de este mes -y en base a información divulgada por El País y el semanario Búsqueda- Salle reclamó que se reabriera el caso luego de que se conociera públicamente que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) impuso a Fripur S.A. una multa de 100 Unidades Reajustables (UR) que equivalen aproximadamente a $ 46.000.
En 2007, una serie de irregularidades registradas en la empresa procesadora de pescado, motivaron que la Unión Europea cerrara temporalmente el ingreso de productos pesqueros uruguayos, lo que causó pérdidas de US$ 80 millones al mercado local.
En el dictamen presentado ayer ante la jueza Gatti, Perciballe pidió las citaciones del titular de la Dinara, Daniel Gilardoni, y de Fabiana Terrenoire, una ex asesora de Mujica que aseguró que existen serias irregularidades en el organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El pasado 4 de mayo, Gilardoni y Terrenoire mantuvieron un cruce de declaraciones en radio Sarandí. En ese contexto, el funcionario dijo que el monto de la multa aplicada a Fripur S.A. no guarda relación alguna con las "cosas" que el titular de la firma, Alberto Fernández, "ha proporcionado a Mujica".
Fernández financió la confección de la banda presidencial que el mandatario lució en el acto de transmisión de mando y colaboró con US$ 15.000 para la organización de los espectáculos artísticos del 1° de marzo. Además, el año pasado, Mujica y Danilo Astori usaron una avioneta del empresario para viajar a Brasil, donde se reunieron con Luiz Inácio Lula Da Silva.
En el pedido de desarchivo del expediente, Salle sostuvo que los vínculos entre el presidente y el empresario "revisten apariencia delictual, por lo que su dilucidación constituyen un imperativo jurídico ético y moral", dijo el denunciante.

"INDIGNANTE". Terrenoire, quien asesoró a Mujica en asuntos pesqueros durante sus períodos como legislador y como titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expresó días atrás que la multa impuesta a Fripur S.A. "es indignante por lo baja".
Terrenoire declaró a El País en su edición del pasado 7 de mayo que "es indignante que un empresario, después de que resultados de laboratorio detectaron la presencia de cadmio (metal con toxicidad y riesgo a contraer cáncer) y altos registros de coliformes fecales y enterobacterias en sus productos, reciba 100 UR de multa", cuando el máximo a aplicar son 5.000 UR, señaló.

El País Digital

Por caso Fripur, Dinara cambió proceso

Disolvieron al grupo que aconsejó sanción a empresa pesquera

Como consecuencia de una recomendación realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el marco del expediente de la multa aplicada a la firma Fripur, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) modificó el procedimiento para tramitar casos de presuntas infracciones.
El director del organismo, Daniel Gilardoni, disolvió el Grupo de Análisis de Infracciones -que era dirigido por un veterinario y un biólogo- y que en noviembre de 2007 recomendó sancionar a Fripur S.A. por las irregularidades sanitarias registradas en su planta procesadora de pescado.

Ese informe constituyó la primera etapa del proceso infraccional iniciado luego de que inspectores de la Dinara constataran, en julio y agosto de 2007, que Fripur S.A. estaba procesando pescado al mismo tiempo en que se realizaban obras de albañilería en su planta, lo que afectó la calidad sanitaria de los productos. El hecho, sumado a otras irregularidades, llevó a que la Unión Europea bloqueara a fines de 2007 de forma temporal el ingreso de pescado uruguayo.
Consultado por El País, Gilardoni dijo que con la eliminación del Grupo de Análisis de Infracciones se busca "no tener intermediarios" en los casos donde se tramitan expedientes por presuntas infracciones. Ahora, cada asunto se analiza directamente en la órbita del área que corresponda.
El procedimiento actual implica "una organización distinta a la que se hizo durante toda la vida", aseguró Gilardoni. La nueva modalidad se complementará cuando se apruebe la Ley de Pesca que establecerá una nueva calificación para las infracciones.

JUSTICIA. Mientras tanto, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe evalúan los pasos a seguir en la indagatoria que busca determinar si el exiguo monto de la multa aplicada a Fripur S.A. tiene relación con el vínculo que existe entre el titular de la empresa, Alberto Fernández, y el presidente José Mujica.

La firma fue sancionada con 100 Unidades Reajustables ($ 46.000) cuando la legislación vigente habilitaba una multa de hasta 5.000 UR.
Mujica utilizó el año pasado una avioneta de Fernández para viajar a Brasil. Además, el empresario colaboró con US$ 15.000 para la asunción del mandatario y financió el costo de la banda presidencial.

El País Digital

 Una cuestión de ética y transparencia

Liliana Guillén, empleada y gremialista dijo al diario El País el 8 de marzo de 2008 que había falta de higiene. "Hacen usar los delantales, que se supone son descartables, eternamente". Según declaró Guillen, “los empleados tienen que irse con el delantal sucio y lavarlo en sus casas. Y lo lava el que quiere, porque nadie te controla", agregó.

Nadie habló de Fripur en agosto. Ni los frenteamplistas ni la oposición. Si bien se acusan de todo, todo el tiempo, es difícil que los partidos políticos denuncien sobre quién y cómo se financia su rival. Pareciera que no les conviene.

No hay ninguna disposición que prohíba lo que hizo Mujica. Los candidatos pueden ser financiados por cualquier empresario o empresa que tenga o vaya a tener relación directa con el Estado. El único reparo es ético.

Pero es un reparo que no cala hondo en la política uruguaya. Por eso estuvieron 20 años para votar una ley de financiamiento de partidos. Por eso la nueva ley de funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, votada en 2009, tiene el mismo problema que la anterior, la de 2004: no hay control sobre lo que los partidos informan. La Corte Electoral recibirá los formularios donde cada partido dice quién colaboró y cómo, luego los guardará en sendas cajas. Pero no puede investigar. Lo que se puede destacar, lo positivo, es que los datos serán públicos y la sociedad civil, los periodistas, podrán acceder a esa información e investigar.

Pero más allá de investigar irregularidades o delitos -que será muy importante- es impactante ver la falta de voluntad y cultura de transparencia. Eso quedó claro en las elecciones internas donde no había obligación de entregar los datos de ingresos y gastos. Era sólo una cuestión de ética y transparencia. Nadie lo hizo.

Al menos son coherentes y en esto están todos de acuerdo. Incluso son explícitos. “No podés hacerle esa pregunta a un político porque sabés que no te la va a contestar”. Eso respondió José Mujica cuando una periodista de La Diaria le consultó cómo financia su campaña. Ahora que conocemos su relación con el dueño de Fripur se entiende aquella respuesta del mes de abril.

Una mugre

A comienzos de 2008 Fripur fue una de las tres empresas urguayas que la Unión Europea (UE) vetó para importar pescado. Los técnicos de la UE cuestionaron las condiciones de la planta; el gobierno uruguayo tuvo que suspender la exportación de todas las plantas a Europa por varios meses y se perdieron decenas de millones de dólares.

Según una nota del diario La República, del 25 de febrero de 2008, una inspección del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) encontró en la planta de Fripur graves irregularidades en julio de 2007. El acta– a la que accedió el diario- decía que allí se estaban realizando trabajos de albañilería y que estas tareas se hacían “mientras se realiza el proceso de materia prima, sin separación higiénica de ambos procesos". Los inspectores señalaron que “la realización de trabajos de albañilería conjuntamente con los procesos de la planta, aparte de la falta de higiene del personal, comprometen el estado sanitario de los productos en elaboración”. Se le advirtió a la empresa “que debía suspender las obras en forma inmediata”. La empresa acató ese día. Pero un mes después, cuando regresaron los inspectores, la situación seguía igual.

Soy maria del carmen silvera.

les voy a comunicar algo breve sobre lo que me causo la empresa de FRIPUR S.a

trabajando en la empresa FRIPUR S.A

A CAUSA DE EXCESOS DE FUERSA, AL LEVANTAR MOLDES DE UN PESO FORZOSO, PARA UNA MUJER, EN LA CUAL A ELLOS NO LES IMPORTABA.

YO HOY DIA ESTOY TOTALMENTE DAÑADA, A CAUSA DE TODO LO QUE NOS HACIAN. POR TODO ESTO ESTOY DEMANDANDO A LA EMPREZA. BAN A SER 3 AÑOS QUE ESTOY EN UN CONFLICOTO CON LA MISMA. YO NECESITO QUE ME ENTIENDAN Y QUIEN LEA ESTE INFORME SE COMUNIQUE CON MIGO. YO TENGO MUCHAS PRUEBAS Y LA DEMANDA EN LA QUE ME ESTOY ENFRENTANDO AHI MUCHAS JUGADAS. ES TOTALMENTE INCREIBLE QUE, JUEGEN CON LA VIDA DE UNA PERSONA. les dejo mi msn para que se comuniquen con migo, y yo logre una solucion con esto que me esta ocurriendo.

maria-silvera2008@hotmail.com

LES AGRADESCO, ME ALLAN ENTENDIDO MUCHAS GRACIAS. MARIA SILVERA

http://corrupcion-uruguay.blogspot.com/

El reclamo del poeta sigue siendo VERDAD Y JUSTICIA

EFH baboseando con lo mas sagrado

El País Digital embarrando la cancha

El primero que lo dijo fue Fernandez Huidobro

Dignidad no se vende

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena firmes y dignos en su querella por saber la verdad en Uruguay

Pagina|12
Por Victoria Ginzberg

El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

–¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
–Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.
–Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.
–Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.
–¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?
–En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.
–En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.
–Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.
–Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.
–Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.
–¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?
–Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.
–¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?
–Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.
–¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.
–Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.
–Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.
–Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.
 

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Agite sindical. Empleados del comercio y AEBU se movilizaron en Montevideo Adeom lo hizo en la Interbalnearia trancando la circulación hacia el Este Presencia policial para evitar incidentes

Palabras del bolichero

Leer mas El país Digital 27.11.2010.
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Del otro lado del mostrador

Para esto si hay plata

La República 27.11.2010

Nunca hubo una mujer

Y el dia que hubo por un ratito y simbolicamente se fue con el enemigo en ausencia de su marido y de su pueblo.
Quedó la imagen
Dijo que estas 48 horas son simbólicas: "si esto sirve para que a los uruguayos les quede la imagen de que ‘es posible’ (que una mujer ocupe la primera magistratura)". 







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