Ley de caducidad y la roña uruguaya

URUGUAY ANTE LA CORTE INTERAMERICANA POR LA IMPUNIDAD DE CRIMENES COMETIDOS AL AMPARO DEL PLAN CONDOR

Juan Gelman y su nieta Macarena declararán ante la Corte Interamericana por la desaparición forzada de Maria Claudia, nuera del poeta y madre de Macarena.

Quito, Ecuador, 14 de noviembre de 2010.- Los días 15 y 16 de noviembre en el marco de las 42 sesiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se celebrará la audiencia del caso Gelman vs Uruguay.
En 1976, Maria Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman con 19 años fue secuestrada en Argentina y trasladada a Uruguay permaneciendo detenida en un centro clandestino de detención hasta el nacimiento de su hija María Macarena, quien fue sustraída y entregada a una familia uruguaya que la crió como hija propia.  Desde entonces permanece desaparecida.
Este caso es emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos realizadas al amparo de la Operación Cóndor, acuerdo de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, celebrado a mediados de los años setenta.
Es la primera vez que Uruguay es llevado ante el Tribunal Interamericano, por la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que impide a las víctimas el acceso a la verdad y la justicia respecto de crímenes contra la humanidad, así como los obstáculos para el acceso a información sobre lo ocurrido durante la dictadura.
La denuncia fue llevada a instancias internacionales por Juan y Macarena Gelman, representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Causa contra el Estado uruguayo por secuestro

La audiencia fue por la desaparición de la madre de Macarena, María Claudia Iruretagoyena, secuestrada en Argentina y trasladada a Uruguay, donde está desaparecida. La Ley de Caducidad impide el castigo a los responsables.

La desaparición de María Claudia Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman, llegó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia había sido presentada en 2006 por Macarena Gelman y su abuelo contra el Estado uruguayo por la imposibilidad de obtener justicia en ese país. Las audiencias comenzaron en Quito y finalizarán hoy con los alegatos de las partes.

Ayer los jueces de la Corte Interamericana escucharon los relatos de las víctimas, Juan Gelman y su nieta, Macarena. El escritor contó que su hijo, Marcelo, y su nuera, María Claudia Iruretagoyena fueron secuestrados en Buenos Aires en la madrugada del 24 de agosto de 1976 y fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionaba como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva que tejieron las dictaduras sudamericanas. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. Con un embarazo avanzado, la joven fue trasladada en la segunda semana de octubre al Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Semanas más tarde, dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977, los represores uruguayos le arrebataron a Macarena y la dejaron en una canasta en la puerta de la casa del policía Angel Tauriño. Los restos de Marcelo aparecieron en 1989.
Después de años de lucha, Gelman encontró en 2000 a su nieta. En 2006, el poeta y Macarena denunciaron al Estado uruguayo por la violación de los derechos que están protegidos por instrumentos del sistema legal interamericano. “Pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá. No sólo la militar, que niega la información, sino una mucho más amplia: una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y, por consiguiente, el camino de la justicia”, se lamentó Juan Gelman y denunció no haber obtenido ningún apoyo de los gobiernos constitucionales uruguayos.
Más tarde, Macarena reclamó que el gobierno uruguayo dedique mayores recursos humanos y materiales para encontrar los restos de su madre. “Los eventuales responsables viven hoy en día y tienen esa información”, dijo la joven. “Falta la voluntad política de hacerlo, más allá de las palabras”, agregó la nieta del poeta. En la sala de Quito estaba Carlos Mata en representación del Estado uruguayo.
Por pedido de los demandantes, declaró Sara Méndez, quien compartió cautiverio con María Claudia en Automotores Orletti. Por la tarde, les tocó el turno a la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano, en calidad de peritos. “La Ley de Caducidad subsiste y eso consagra la impunidad”, sentenció Guianze, refiriéndose a la ley de amnistía a los represores uruguayos que fue aprobada en diciembre de 1986. “El hecho de que haya casos excluidos de sus alcances no modifica la situación de fondo”, agregó la fiscal ante una pregunta de los representantes del gobierno uruguayo, que intentaron demostrar que hubo cambios en materia de derechos humanos desde que el centroizquierdista Frente Amplio (FA) llegó al gobierno, en 2005. Los patrocinantes de Gelman y su nieta pidieron que compareciera Guianze porque fue la fiscal que impulsó la causa por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, que terminó con la Corte Suprema declarando inconstitucional a la Ley de Caducidad.
Por su parte, Caetano se refirió a los archivos de la memoria y al Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras del Cono Sur. “No tengo ninguna expectativa de que se rompa el pacto de silencio entre los victimarios y sus cómplices”, afirmó el historiador.
La abogada Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), comentó a Página/12 que la audiencia transcurrió según lo planeado. Durante la mañana de hoy, las partes deberán presentar oralmente sus alegatos. “Vamos a plantear que la vigencia de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”, adelantó Tojo, que representa a Juan y Macarena Gelman.
El Ejecutivo uruguayo impulsa desde hace semanas una norma interpretativa que dejaría sin vigencia la amnistía aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. La iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, pero no pasaría en el Senado, donde hay parlamentarios del FA que no le darán su voto. El gobierno de José Mujica apuraba la anulación de esta ley para evitar que la Corte Interamericana sancione al Uruguay. “Esperamos que haya una condena que ponga en evidencia el significado horroroso que la Ley de Caducidad tiene para la sociedad uruguaya”, dijo a este diario Valentín Enseñat, referente de Hijos Uruguay.
Página|12


CAP-L apuesta por un acuerdo interno

Ley interpretativa de Caducidad "no anula sus efectos"

Debido a que se considera que el proyecto interpretativo sobre la ley de Caducidad "no conduce" a la anulación de los efectos de esta iniciativa, la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) resolvió ayer no apoyarlo y seguir explorando en procura de un acuerdo mayor en el Frente Amplio.

En su reunión, el Consejo Federal Nacional del sector que encabeza el senador Eleuterio Fernández Huidobro reiteró que tiene un "compromiso histórico" de eliminar los efectos de la ley, aunque no por la vía presentada en el Parlamento y que ya aprobara la Cámara de Representantes.

Esta situación ratifica que Fernández Huidobro no votará el proyecto interpretativo en el Senado, lo mismo que los senadores frenteamplistas Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa, con lo cual se confirma que no hay votos para sancionar la ley.

El propio presidente José Mujica reconoció las dificultades que atraviesa la izquierda para aprobar la ley interpretativa. "Tenemos un trancazo interno en la fuerza política. Quisiéramos ir por más, por la derogación de la ley (de Caducidad). En la fuerza política teóricamente teníamos los votos para derogarla en el Parlamento, pero se nos dieron vuelta tres compañeros porque hubo una decisión plebiscitaria del pueblo. Así que ahora tenemos un trancazo en esta discusión y vamos a ver cómo lo resolvemos", declaró Mujica al sitio web argentino Miradas al Sur.

Con este panorama, el Frente Amplio deberá abocarse a buscar otro camino para cumplir con su objetivo.

La CAP-L no apoya el proyecto interpretativo y defiende por la misma razón el pronunciamiento de la ciudadanía al respecto, tanto en 1989 como en 2009.

El sector insistió, entonces en que "la campaña de recolección de firmas convocada por un conjunto de organismos sociales para habilitar una reforma constitucional que anule la ley de Caducidad significa convocar a la población para resolver un problema de gran magnitud para la democracia".

En relación con el mismo tema, la CAP-L resolvió que considerando las últimas sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, "convocamos públicamente a todas aquellas víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado a que presenten los recursos legales correspondientes, ya sea aquellos que no se hayan presentado o lo hayan hecho y por efecto de esta ley no hayan sido atendidos".

"UN DIÁLOGO FRATERNO"

El diputado Carlos Gamou señaló que el proyecto interpretativo "ya es pasado", porque no cuenta con el respaldo suficiente en el Senado. El legislador de la CAP-L instó entonces a "llegar a una solución de consenso" que deberá pasar "ineludiblemente" por una nueva consulta popular.

En su anterior reunión del 29 de octubre, que ayer fue ratificada por la dirección de la CAP-L, el sector había manifestado que se debía buscar "un diálogo fraterno" en el Frente Amplio que condujera a que el proyecto emergente de ese acuerdo se sometiera a la consulta popular ratificatoria.

El País Digital

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