Que se hagan públicos todos los archivos!!!
por Samuel Blixen
25 mayo 2017
No se vaya a creer que la
inteligencia militar invierte la totalidad de sus esfuerzos en espiar a
partidos políticos, sindicatos y centros religiosos. También mira para
adentro, como revelan muchos documentos de los archivos militares. A
continuación, botones de muestra.
PICA LA COLT. No bien se supo que, a finales de
1976, las Fuerzas Conjuntas habían terminado la oleada represiva
conocida como Operación Morgan, incautando al Partido Comunista (Pcu) un
voluminoso arsenal que incluía 66 rifles M16, la embajada de Estados
Unidos en Uruguay manifestó un inocultable interés por determinar su
procedencia. El M16 era la versión del AR-15 que la fábrica Colt
fabricaba exclusivamente para el Pentágono y que había confrontado su
poder de fuego y versatilidad con el soviético AKA-41 en la guerra de
Vietnam. Una buena parte de los M16 incautados habían sido introducidos
en Punta Piedras, en la costa fernandina, entre La Barra y Manantiales,
trasbordados de un carguero ruso a una lancha, Aldabarán, a finales de
los años sesenta. Esos rifles fueron distribuidos en casas de militantes
del Pcu, que los escondieron durante años, hasta que el encargado de
logística del aparato armado, el Pato Coirolo –considerado el Amodio del
Pcu–, decidió entregar todos los “berretines” no bien fue detenido por
oficiales del Sid (Servicio de Información de Defensa).
El parte especial de información número 179 del Estado Mayor del
Ejército, rotulado como “secreto”, explicaba, el 15 de abril de 1977,
que “esta oficina no tiene medios de obtener mayor información sobre cómo el Pcu obtuvo dichas armas”. No
iban a ser más realistas que el rey: el agregado de Defensa de la
embajada de Estados Unidos informaba que la Oficina de Identificación de
Armas Militares había fracasado en el intento de “rastrear el origen de la corriente de rifles M-16 rescatados en Uruguay, en escondrijos”.
De los 66 rifles, el Departamento de Defensa sólo pudo confirmar que
siete de ellos se habían “perdido” en Vietnam. El resto debía atribuirse
al departamento de contrabando de la Colt: “Las investigaciones revelaron que el fabricante había duplicado el número de serie en 2.578 rifles M-16”. (Documento 0066, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)
PIOJOS SEDICIOSOS. El teniente coronel Marcelino
Rodríguez, jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército,
ingresó la información proveniente del Departamento de Seguridad Militar
del Ministerio de Defensa, originada el 23 de abril de 1977, dando a
conocer que el hijo del soldado de primera Luis Augusto Costa fue
expulsado de la escuela número 169 del Cerro, por la directora y maestra
Dinora, aduciendo que el niño tenía “pediculosis”. El teniente coronel
ordenó distribuir copias al Sid y al Estado Mayor Conjunto (Esmaco).
(Documento 0114, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)
¿PARA QUÉ? La Junta de Comandantes en Jefe, por
intermedio del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa)
daba a conocer el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las
elecciones nacionales que confirmaron la redemocratización, que quedaban
sin efecto las requisitorias de 12 ciudadanos cuyas capturas habían
sido solicitadas en años anteriores. Algunas, por prescripción del
delito, otras por procesamientos, y hasta una por “haber regularizado su situación”. Entre los ciudadanos figura Miguel Ángel Ríos Casas, cuyo procesamiento fue dictado “de acuerdo a lo establecido por Oficio número 406/84, de fecha 20-XI-84 del Juzgado de Instrucción Militar de Cuarto Turno”.
Ríos Casas fue herido de bala en un tiroteo ocurrido el 26 de diciembre
de 1977 en la localidad de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos
Aires. Fue visto por última vez en el centro clandestino “Pozo de
Quilmes”, en abril-mayo de 1978, fecha en que se presume hubo un
traslado clandestino a Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina.
El 20 de noviembre de 1984 estaba definitivamente desaparecido.
(Documento 0036, rollo 595, “Archivo Berrutti”.)
UN PREMIO AL MEJOR CORRUPTO. Un comunicado de la
Guardia de Artigas denunciaba, a comienzos de 1994, los actos de
corrupción del coronel Milton Gianola, a quien le atribuían “un pasar fastuoso”,
debido a los beneficios obtenidos con la compra de equipos cuando era
jefe del Departamento de Informática del Estado Mayor del Ejército, con
la actualización de tanques M-41 mientras oficiaba como jefe de
Logística, y en los negociados secundados por el empresario Svetogorsky,
presidente de International Trade Consorcium (Itc) y realizados a
través de Cambio Durán, “del que es accionista el coronel Gianola”.
La Guardia de Artigas denunciaba que el teniente general Rebollo había
sido puesto en conocimiento de los actos de corrupción, y que su
sucesor, el teniente general Daniel García, también había ignorado la
denuncia, designándolo para una misión en Mozambique.
El informe interno número 11 de la inteligencia militar confirmaba
que el Cambio Val de Marne, propiedad de Sergio Durán Buedo, y el Cambio
Durazno tuvieron al coronel Gianola como “cliente en calidad de jerarca de reparticiones militares”,
e identificaba al coronel Alberto Loureiro como ejecutivo de la firma
de Svetogorsky. (Documento 0063, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)
PECADOS MENORES. Daniel Alejandro Bordón había sido
agente de segunda en la comisaría 10, y en setiembre de 1994 hizo una
solicitud de ingreso para trabajar en el Departamento III (Operaciones)
de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El estudio de
seguridad correspondiente al aspirante resultó negativo, “ya que figura en una lista de probables firmantes al referéndum por la ley 15.848”.
Por si fuera poco, extendiendo el estudio de seguridad a las
referencias aportadas, resultó que su madre, su padre y su concubina “son todos afiliados al Pcu”. La solicitud fue denegada. (Documento 0295, Rollo 1423, “Achivo Berrutti”.)
La ex soldado de primera Andrea Volpi había dejado de trabajar en el
Departamento IV de la inteligencia militar en febrero de 1994 por “rescisión de contrato”.
Al mes siguiente había obtenido un nuevo empleo, pero a sus familiares
sólo les comunicó el número de teléfono de su trabajo: 473665. Los
familiares dedujeron que Andrea no quería decir dónde trabajaba. Pero la
Dgi, que todo lo sabe, “habiéndose efectuado búsqueda en la guía de Antel”, pudo descubrir que el teléfono pertenecía al diario La República, y concluyó que Volpi no deseaba “mencionar o admitir que estaba trabajando en ese órgano de prensa”. Una discreta vigilancia comprobó que “la
causante concurrió a esta sede de la dirección y se movilizó libremente
por varias instalaciones, la planta alta, la plaza de armas y el
costado del casino, donde trabaja su hermana”. “Interrogada en forma casual, al serle consultado dónde estaba trabajando, manifestó textualmente: en el Cambio Velso.” (Documento 1001, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Verónica Isabel Piloni Torres, soldado de primera, que trabajaba en
el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Geográfico Militar,
tuvo la mala idea de concurrir, junto con su esposo, al acto final del
Encuentro Progresista, en noviembre de 1994, “portando banderas”.
La inteligencia puede ser lerda pero siempre se manifiesta: en agosto
de 1995 el Departamento I de la Dgid incorporó la mancha en el legajo.
(Documento 1003, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Gustavo Coll de León, que en junio de 1995 prestaba servicios en la Fuerza Aérea Uruguaya como soldado de primera, “fue visto en un vehículo con adhesivos del FA”. (Documento 0463, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Para cuando el Departamento I de la Dgid obtuvo el estudio de
seguridad de la aspirante Verónica Borges, ésta ya estaba trabajando en
la Oficina de Personal del Departamento IV de la inteligencia militar
desde hacía cinco meses. El estudio había revelado “aspectos negativos indirectos”,
puesto que su esposo y dos de las personas aportadas como referencias
eran probables firmantes del referéndum contra la ley de caducidad. La
revelación no daba para la baja, pero se sugería que fuera “redistribuida a áreas de trabajo menos sensitivas” y que se considerara no renovar el contrato, una vez vencido. (Documento 0352, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)
TRANSFERENCIAS. En setiembre de 1993, el Departamento III de la Dgid consignaba que “el
viaje realizado por el comandante J A N a Suiza se encuadraría en la
revisación de los fondos que la fuerza de mar tiene depositados para la
reparación de buques. Se sabe que la cuenta fue cambiada de un banco de
Londres a uno de Estados Unidos y finalmente a uno de Suiza. Se cree que
la misma asciende a millones de dólares y que por el traspaso de fondos
de tal magnitud existiría un premio remunerado, lo cual habría ido a
recoger el comandante J A N ”. (Documento 0077, Rollo 1326, “Archivo Berrutti”.)
jueves, 25 de mayo de 2017
miércoles, 24 de mayo de 2017
Capitales chinos arrasan nuestro mar
>>> Uruguay amplió plataforma continental
>>> Para entregárselo a los chinos
Acuerdo de Libre Comercio Uruguay - China busca ceder un puerto pesquero a la flota china para el Atlántico Sur, con una zona franca incluída, esto generaría la depredación de los nares territoriales uruguayos hasta la Antártida dándole un toque de legalidad a las actuales incursiones ilegales de los pesqueros chinos arrasando con la riqueza de nuestros mares.
El anuncio de la llegada de empresas chinas en el ámbito de la pesca fue presentado como una buena noticia aunque podría traer consecuencias graves para nuestra comunidad. No sólo a las familias que viven de la pesca artesanal, sino al medio ambiente, a nuestros recursos naturales y a la actividad turística. La palabra de los especialistas, los antecedentes de este tipo de proyectos y el modus operandi de las pesqueras chinas aquí y en el resto del mundo.
960 trabajadores de FRIPUR fueron al seguro de paro
Representantes del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur SA), de los trabajadores de esa empresa y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron el viernes un acta de acuerdo que establece que toda la materia prima ingresada a la planta será procesada para que se comercialice y se pueda pagar los salarios correspondientes a agosto. El jueves, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, propietarios de la firma, comunicaron la decisión de cierre al titular del MTSS, Ernesto Murro, quien convocó con urgencia a un ámbito tripartito.
Adriana Pugliese // La Paloma Hoy
“Estuvimos visitando la ciudad de Soushan (…) de esa ciudad es que ha venido cuatro veces una empresa que opera en el rubro pesca y puerto, cuyo nombre es Helishen y que en julio del año pasado comenzó los contactos en nuestro país, y la realidad al día de hoy es que de la solicitud de permiso que han tramitado que fue para pescar merluza negra, tomando como base portuaria el puerto de La Paloma, esos permisos ya están adjudicados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, por lo tanto, en este momento los barcos que vendrían a la pesca de ese recurso están en fabricación en China. Son tres barcos en los cuales lo que es importante para nosotros, y hemos mantenido reuniones con la ANP, es la aceleración de los procesos de ejecución de obras del puerto, para que los barcos cuando estén prontos puedan tener el calado suficiente para operar.” – este es el nudo del anuncio que realizó el Intendente Aníbal Pereyra a su regreso de China y que poco a poco fue encendiendo las alarmas de la comunidad de La Paloma y debería preocupar en realidad a toda la sociedad uruguaya.
Luego del fallido proyecto de Puerto de Aguas Profundas en Rocha y del indisimulable fracaso del Puerto Maderero en La Paloma - en el cual se malgastaron varios millones de dólares - el gobierno de Rocha busca un nuevo esquema que por lo menos sirva de promesa sobre futuras inversiones, pero parece seguir eligiendo el peor de los caminos: en lugar de potenciar el turismo, de invertir en mejores servicios, de trabajar sobre la seguridad y la infraestructura, está buscando que el Puerto de La Paloma se convierta en base de operaciones de pesqueros chinos…
***
China es el mayor mercado del mundo de pescado y tiene la mayor flota pesquera legal e ilegal de ultramar del planeta. El imperio asiático desarrolla la mayor parte de su pesca de ultramar en el oeste de África, y es allí justamente donde se han acumulado la mayor cantidad de denuncias por la actividad ilegal y la violación de los territorios marítimos.
En América Latina hace tiempo que algunos países ven con preocupación el interés chino en la zona ya que, en determinados casos, la falta de control hace que el territorio marítimo de nuestra región sea una verdadera oportunidad de llevarse todo lo que puedan, ya que nadie o casi nadie los vigila… Uruguay, en base a la superficie marítima que posee y a los medios con que cuenta, es el que está en la peor situación, ya que no puede controlar la actividad en su territorio marítimo. Hecho reconocido públicamente por el ex - ministro Fernández Huidobro ante un caso de pesca ilegal. Vale señalar que en Rocha hoy la vigilancia es prácticamente imposible. Fuentes de Prefectura nos indicaron que el primer paso es detectar la presencia de embarcaciones ilegales, para lo cual se necesitaría un Radar (el puerto de La Paloma no tiene Radar), y el segundo paso sería capturar a los buques, (la Prefectura asentada en Rocha no tiene embarcaciones para intervenir, ni está equipada o entrenada para ese tipo de acción…).
Entonces, darles permiso para pescar en nuestras aguas y que usen de base el puerto de La Paloma permitiría que llevaran adelante la operatoria ya comprobada en otros lugaes: que acuerden el ingreso de algunos buques pesqueros chinos mediante permisos de pesca, pero ingresen a pescar cientos de buques mellizos sin control alguno, o con un supuesto control formal que “tranquilice” a la población
. (Ver aquí los datos recogidos por el experto en industria pesquera César Augusto Lerena.)
Este sería, a todas luces, uno de los fundamentos principales del interés chino en esta zona.
Este sería, a todas luces, uno de los fundamentos principales del interés chino en esta zona.
Hoy en día en el puerto de La Paloma están trabajando alrededor de 30 lanchas o barcazas de pescadores artesanales, todos ellos pertenecientes al entramado social local. Hablamos con algunos de sus integrantes, quienes explotan de manera sostenible los recursos en La Paloma, y nos expresaron sus temores por la falta de controles del gobierno para con las empresas pesqueras de bandera china y las pésimas experiencias del pasado.
Debido a este interés manifestado en los últimos meses por los asiáticos en recalar en nuestra ciudad (de solo 4500 habitantes y cuya principal fuente de ingresos es el turismo) es que nos hemos abocado desde hace unos días a investigar la pesquería china y sus principales problemas en el mundo, pero principalmente en el sur, donde sabemos los inconvenientes que ha generado y por los cuáles los países limítrofes han negado sistemáticamente la instalación de bases pesqueras chinas en sus puertos. Para recabar datos e informes hemos consultado a especialistas del exterior y del país, a funcionarios de Prefectura, de la Intendencia, de la Administración Nacional de Puertos…
Ya sabemos: en Uruguay, poner un grabador sobre la mesa, y especialmente en Rocha, es como mostrar un arma. Algunos callan de inmediato o palidecen, otros aportan datos y conocimientos recién cuando el grabador se apaga… Sólo algunos hablan abiertamente.
Sin embargo, la información está disponible y con ella podemos exponer aspectos importantes y preocupantes de un proyecto cuya información, no casualmente, se retacea o apenas se insinúa. Los acuerdos se tejen a la sombra, cuando en realidad las leyes obligan a los gobiernos a informar a la población las decisiones que toman, sobre todo cuando se corre el riesgo de comprometer el patrimonio y el futuro, no solo de una zona, sino de todo un país.
***
“Si tuviesen que cumplir con normas, dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Milko Mariano
Schvartzman se especializa en investigar situaciones de abuso en
ultramar. Comenzó el diálogo con La Paloma Hoy afirmando que conoce La
Paloma y que conoce a fondo la manera de operar de la flota pesquera
china: “También conozco el manejo pesquero con los barcos
industriales de Uruguay; los temores de los habitantes de La Paloma
están bien fundados.” – afirmó.
En un breve resumen de la situación planteada, Schvartzman explicó que “Debido
a la escasez de pescado en el hemisferio Norte, y el agotamiento de los
caladeros del Mar de China, éste país subsidia el combustible y el
instrumental de su flota pesquera, para que viajen a zonas alejadas del
Planeta, para explotar los recursos que ellos han hecho disminuir o
desaparecer.”
Otro dato paradigmático es que, según explica Schvartzman “Las
embarcaciones chinas tienen capitán y oficiales chinos, y el resto de
la tripulación son semi-esclavos procedentes de países en situación
desesperante, como Indonesia, Malasia y África. Los barcos chinos han
sido denunciados en todo el mundo, y en Uruguay también, por el maltrato
a la tripulación, y por la violación de los Derechos Humanos a bordo.
En pocas palabras: los barcos chinos son barcos altamente depredadores,
con combustible subsidiado por su estado, y con tripulaciones de
esclavos.”
En estas
condiciones, ninguna embarcación ni pescador de Uruguay puede competir
con barcos que reciben subsidios estatales, que utilizan mano de obra
esclava, y que además no cumplen con ninguna norma. “Si tuviesen que cumplir con normas - asegura Schvartzman - dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Es decir: un
gobierno que se autodefine como progresista estaría impulsando un
acuerdo con un país cuyo modelo de explotación pesquera no respeta los
derechos a sus trabajadores, que destina a sus empleados a condiciones
inhumanas y que realiza prácticas delictivas que son parte del negocio
mismo…
En este sentido, el especialista señaló que, en los hechos, “el
Gobierno del Uruguay no exige el cumplimiento de la más mínima norma
ambiental (ni de pesca sostenible ni sobre contaminación), ni laboral,
ni de seguridad a la navegación, a los barcos pesqueros extranjeros que
operan en sus puertos” y opinó que no cree que este caso, con el posible acuerdo chino con Rocha, “vaya a ser una excepción.”
Vendepatrias
Vendepatrias
***
En cuanto a las consecuencias directas que esta actividad puede tener en nuestra zona, el especialista fue tajante: “En
caso de que estos barcos obtengan permisos para pescar anchoíta u otra
especie dentro del Mar de Uruguay, el impacto ambiental y social será
devastador, como ya ocurre en varias regiones de África, donde se les ha
permitido pescar mediante acuerdos con los gobiernos, y han causado
severos daños en el ecosistema y en la economía de los pescadores
locales.”
En este sentido, Schvartzman explicó que “El
arte de pesca para la anchoíta que se utiliza es la red de arrastre, la
cual tiene un severo impacto ambiental, es un método en el que se
capturan especies no buscadas 'by-catch'. Además de los impactos del
método de pesca, uno de los principales 'aprovechamientos' que se hace
de la misma, es para transformarla en harina de pescado, lo cual, por un
lado puede ocultar que especies acompañantes sean también hechas
harina, y por otro lado, que se constituye en una forma muy poco
sostenible de explotación de recursos pesqueros, ya que la anchoíta es
una especie de alto valor nutricional, y al transformarla en harina, se
la utiliza para forraje de especies de pescado criados en cautiverio, o
mascotas, etc.”
Haciendo click aquí
se puede acceder a un estudio reciente donde Montevideo es el segundo
puerto pesquero del planeta más utilizado por 'reefers' directamente
vinculados a la pesca ilegal.
***
Sobre la
planta de procesamiento y su posible ubicación, que aún no fue definida o
por lo menos informada por el Gobierno de Rocha – y cuya habilitación
depende, como los permisos de pesca, del ejecutivo nacional- el
especialista dijo que “Es muy probable que una planta de
procesamiento de pescado se localice muy cerca del puerto. Pero, más
allá del lugar en donde esté localizada, hay que tener en cuenta los
impactos ambientales y sociales de la misma. En el caso ambiental, por
ejemplo, el tema del manejo de los desechos de pescado y los fuertes
olores que irremediablemente generan este tipo de plantas… Es posible
que el paso posterior sea instalar un puerto pesquero.”
En este
sentido, está claro que su efecto sobre la actividad turística puede ser
gravísimo: ¿cuántas fuentes de trabajo crearía esta planta y cuantas
destruiría por su actividad en la industria turística? ¿Cómo actuarán
las instituciones que fomentan el comercio y el turismo en la zona ante
esta situación de peligro latente? Algunas de ellas, por ejemplo - El
Centro Comercial de Rocha y la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma
-ya están evaluando organizar reuniones con especialistas para ilustrar
los peligros y consecuencias que esta actividad puede traer a la zona.
Otras están convocando a encuentros para planificar acciones.
***
Anuncios que
generan expectativas que luego se frustran o se guardan en un cajón y
jerarcas que no dudan en aferrarse a proyectos nocivos que alientan
dudosos beneficios para la zona, sin contar con los perjuicios y los
efectos negativos directos cuyos daños, en algunos casos, podrían ser
irreparables, completan un cóctel más que preocupante.
Sería bueno
saber por qué el gobierno de Rocha necesita agitar cada tanto este tipo
de proyectos. Sería positivo que quede claro quién se hará responsable o
pagará las consecuencias de estas decisiones y qué pasará con las
familias que viven de la pesca artesanal y las que viven del turismo y
sus actividades relacionadas… ¿Alguien puede creer que los pesqueros
chinos se llevarán las especies especificadas cuando los especialistas
señalan que las redes que usan los chinos capturan todo lo que hay en el
mar?
***
Consultamos a Graciela Fabiano, Directora de la base de DINARA en La Paloma. “Nosotros somos un laboratorio descentralizado de la DINARA, los acuerdos en ese tema se hacen a otro nivel.” – nos explicó, aunque señaló que, si bien la anchoíta “es
un recurso muy abundante, hubo una larga historia de antecedentes de
explotación en distintas épocas en La Paloma y no había habido
recientemente interesados en la explotación. Hoy la anchoíta no la
explota ningún uruguayo.” En este sentido, Fabiano dijo que en la experiencia anterior de pesca de anchoíta en La Paloma “había
capitales chilenos, y la planta tenía distintos problemas de
funcionamiento que hacían que La Paloma oliera mal, y que un grupo
importantísimo de vecinos reclamara por mejor calidad ambiental del
sitio donde vivían. Se hacía harina de pescado.”
Sobre el método de pesca, Fabiano afirmó que “básicamente se usaba una pesquería de cerco y se sigue usando. En función de cómo se haga puede ser más o menos perjudicial.” – afirmó.
***
El
coordinador de la Organización para la Conservación de Cetáceos, Rodrigo
García, dijo al ser consultado por La Paloma Hoy que este año vieron la lamentable decisión de que se otorguen permisos para merluza negra para La Paloma
y que formaron una Organización que si bien no es un movimiento
ambientalista, ya que tampoco se quieren oponer a todo, tienen la idea
de proponer lo que consideran lo mejor: un modelo pesquero responsable. En este sentido, García dijo que “la preocupación de la Organización Océanos Sanos – que se creó en noviembre a partir de la preocupación de la firma del tratado de libre comercio con China - es
la falta de participación, como siempre, en proyectos en donde las
comunidades y los interesados son consultados tardíamente. Me refiero a
participación de todos – dijo García - porque aquí hubo
participación sólo de algunos en todo esto y que son los interesados.
Hay una enorme falta de información en lo que respecta a los permisos de
merluza negra, concretamente de qué se trata. Hay una total falta de
información de los buques frigoríficos que ya están siendo construidos
para venir aquí.” Rodrigo García dijo además que “la
mayor preocupación es el modelo pesquero que tiene china, que ha
destrozado el Océano Índico, que hoy tienen veda y un modelo de pesca
responsable en su país, pero siguen dilapidando los mares donde quedan
recursos.”
García nos contó que eso fue lo que le esbozaron al intendente de Rocha el lunes pasado. “Planteamos
que acá no son suficientes los permisos de DINARA, acá hay que plantear
condiciones mucho más estrictas de control, fiscalización, cuotas de
captura, de rastreo satelital de las embarcaciones…”
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Advierten-que-buques-chinos-en-Rocha-podrian-hacer-desaparecer-especies-343252
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Advierten-que-buques-chinos-en-Rocha-podrian-hacer-desaparecer-especies-343252
Pero García
fue más allá y coincide con los analistas más experimentados y hasta con
los funcionarios y responsables que declaran fuera de micrófono: “Nosotros
sospechamos que esto es un Caballo de Troya. Aparenta lo que sucede hoy
con la pesca ilegal no reportada y no declarada en aguas
internacionales, que lo que hacen es pasarla a buques que descargan en
el puerto de Montevideo. Los piratas buscan puertos para lavar esa
mercancía. Y está confirmado con documentos que por Montevideo está
pasando esta pesca ilegal que es mayoritariamente de barcos chinos con
bandera de conveniencia uruguaya para poder entrar en nuestras aguas y
descargar en puerto.”
Al finalizar, García indicó que “La
gravedad implica una amenaza para todo el ecosistema marino, porque
comienzan con la merluza negra, siguen con la anchoíta y van a seguir
con otros permisos… Es la apertura a una cadena muy difícil de erradicar
después. Nos preocupa que no haya un trabajo participativo de
organizaciones internacionales, regionales, etc. Esto no es xenofobia,
se trata de un modelo pesquero que arrasa los mares del mundo. Estamos
hablando de algo muy grave y que nuestro presidente quiere negociar. No
se trata de negar la inversión, sino de ver qué tipo de inversión vamos a
abrir…” – concluyó.
***
Antes de
finalizar y a modo de cierre a esta primera nota sobre este alarmante
proyecto, citamos un informe realizado por Hugo Luján Amaral (quien
ocupa actualmente un cargo en la Intendencia de Rocha) publicada en el
año 2004 bajo el título Pescadores denuncian irregularidades con la flota china en el puerto de La Paloma. En dicha nota, los
vecinos de La Paloma denunciaban que pesqueros chinos pescaban en aguas
prohibidas “utilizando redes y equipos prohibidos, comercializando
especies prohibidas”. En el artículo, (que puede leerse haciendo clic aquí), el entonces corresponsal en Rocha, escribía, entre otras cosas. “Indican
que en ocasión de la llegada de los primeros “barcos chinos” se
transmitió esta misma preocupación a la Dinara sobre el otorgamiento de
permiso de pesca, y “ésta informó que la decisión favorable al mismo le
era impuesta por presión política al más alto nivel y que todo se
justificaba pues los armadores chinos vincularían el otorgamiento de
permisos a grandes contratos de compra de corvina congelada de la
industria uruguaya,…”. Más adelante, la nota describe las
irregularidades habituales relacionadas con la actividad de los
pesqueros chinos: “Por otra parte, agregan en sus expresiones que a
estos barcos también se les permite el uso de redes con un tamaño de
malla prohibido para cualquier barco “uruguayo”. “La operación de estos
buques en áreas costeras no habilitadas es tan evidente que con
frecuencia cada vez mayor irrumpen en áreas exclusivas de las barcas de
pesca artesanal, arrastrando con sus redes y materiales de pesca,
perjudicando la sobrevivencia de los pescadores artesanales por la
sobreexplotación de los cardúmenes y la destrucción de sus medios de
subsistencia”.
***
Parece que la
historia si no se repite, por lo menos se copia a sí misma… Sin
embargo, un dato alentador es que las bases sociales de La Paloma se
están organizando para plantear su posición de resistencia firme a un
proyecto que genera alarma y preocupación.
.
Desiguales ante la ley
El 8 de mayo de 1974 fue detenido el
primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney
Arismendi.
por Samuel Blixen
28 Abril, 2017
Groseras diferencias entre reproducciones de documentos publicados y sus correspondientes originales, y criterios disímiles en la elección de información sobre diferentes organizaciones políticas cuestionan la rigurosidad histórica de la monumental obra publicada por Presidencia que compila el proceso represivo de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad.
“El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi. Según las Fuerzas Conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo, a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Pocitos Nuevo, a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la Dnii pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba”.
Tal es la síntesis que, sobre la captura de Arismendi, aparece en “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos” (1ra. Sección, Operativos represivos y cronologías documentadas, Partido Comunista), en la versión digital del portal de la Presidencia de la República. En la sección “Cronología documental” de la obra dirigida por el profesor Álvaro Rico se reproduce un documento de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) que da pie a aquella síntesis.
Las comparaciones entre la síntesis y la versión documental, y principalmente entre el documento publicado y el documento original del archivo policial en poder de Brecha arrojan notorias diferencias que dificultan y tergiversan la lectura de un hecho histórico.
Por cierto que, en última instancia y en determinada perspectiva, resulta irrelevante un simple detalle –o un rosario de detalles, en este caso– si lo que se pretende es tomar conocimiento de lo que significó la captura de Arismendi para el Partido Comunista (Pcu) en clandestinidad, y la captura del archivo de afiliados para los golpes represivos que sobrevinieron unos meses después, cuando fue procesada la información. Pero desde otro ángulo, la comparación entre los documentos publicados y el original permite identificar los criterios utilizados en el tratamiento de textos hasta ese momento desconocidos, y procedentes de fuentes hasta entonces inaccesibles.
Puesto que, como dice la historiadora Vania Markarian, el acceso a esa documentación sigue siendo “fragmentaria” por “los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto de la documentación de lo que seguimos llamando pasado reciente”,1 la responsabilidad de la divulgación es mayor. Los materiales surgidos de archivos de la represión, aun para el caso de que hayan sido manipulados o sigan “bajo una custodia de sus productores” (como apunta Markarian) tienen la cualidad de “documentos primarios”, “son indiscretos incorregibles, que a la primera provocación dicen la verdad”. La cirujana mexicana Ana Cecilia Rodríguez de Romo, doctorada en historia de la ciencia y ex presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, tiene la convicción de que “el uso de materiales primarios, trabajados en el marco de la reflexión fina, nos permite desechar o probar hipótesis, e incluso por qué no decirlo, de hacer descubrimientos, es decir, aportar algo nuevo al conocimiento o comprensión de nuestro campo específico de interés en la historia”.2
INCONGRUENCIAS. Desde esta óptica, las incongruencias de las distintas versiones sobre la captura de Arismendi provocan alarma. Hay errores e inconsistencias, y algunas de ellas no son fortuitas, como no fue fortuita la captura del secretario general del Pcu. El resumen citado al inicio sugiere que la detención ocurrió “fortuitamente” a partir de “un contacto callejero fallido a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario”. Lo único fortuito, que dio pie a la serie de interrogatorios y allanamientos, fue la detención de una persona cerca de la planta emisora de Radio Ariel, en una actitud que le pareció sospechosa al equipo 210 de la Guardia Metropolitana.
Eso ocurría el 1 de mayo de 1974. Para el día 8 se habían realizado más de una docena de allanamientos y detenciones en cadena, producto de los interrogatorios, que el resumen citado al inicio atribuye a la capacidad de “atar pistas” de la Dnii. Uno de los detenidos tenía en su poder un papel con las indicaciones para un contacto. El veterinario, que aguardaba en un vehículo, intentó evitar el desastre, dio un domicilio falso, pero finalmente detuvieron a su esposa y cuando allanaron su casa encontraron a Arismendi.
Episodios como éste, se repitieron hasta el infinito durante la dictadura y, salvo por su costado anecdótico –que adquiere relevancia tanto en Arismendi como en Sendic o en el Che, por la importancia de las personalidades– no llamarían la atención ni provocarían juicios salvo que hubiera una intencionalidad de ocultamiento.
El documento “Dirección Nacional de Información e Inteligencia Departamento nº 6 Oficio nº 625, julio 30 de 1974”, está reproducido en el capítulo sobre Cronología Documental, pero esa versión difiere sustancialmente del original, por la vía de supresiones y censuras atribuibles a distintos criterios y objetivos. El director de la publicación utilizó el mecanismo de los puntos suspensivos entre corchetes para indicar la ausencia de texto. Historiadores consultados por Brecha señalaron que cuando un documento es publicado por primera vez es norma transcribirlo textualmente en su totalidad y que es práctica (aunque no en documentos primarios) suprimir aquellos pasajes laterales y que no tienen relación con el tema central, advirtiendo al lector sobre la supresión.
En este caso hay que preguntarse qué entendió el investigador por secundario o irrelevante. En algunos casos los corchetes sustraen direcciones de domicilios, y en otros eliminan los nombres completos, aunque a veces se sustituye el texto original por las iniciales. Sin embargo, hay otras eliminaciones sustantivas, cuya fundamentación no fue explicada en la introducción de la obra, salvo una referencia al compromiso de confidencialidad firmado por los miembros del equipo de investigadores “debido a las características especiales del material documental, particularmente sensibles por su contenido”. Quizás en esa categoría se justifique la eliminación de casi dos hojas, de un total de 18, que refieren a la síntesis de los interrogatorios de siete detenidos, y que constituyen la trama de las actuaciones policiales que desembocan en la captura de Arismendi. Las dos carillas fueron sustituidas por el texto “A esta altura de los hechos, se procede a interrogar (…)”, lo que dificulta el entendimiento de la sucesión de acontecimientos y devalúa el valor intrínseco, histórico, del texto.
De la misma forma es difícil explicar por qué, al transcribir el allanamiento en la casa del primer detenido, de iniciales B P, se consigna que se encontró “un organigrama de un movimiento clandestino en el que se mencionan contactos, buzones, enlaces, cuartel general”, pero se omite que el documento era “de puño y letra del detenido”; y por qué al transcribir que “se encontraron fotografías diversas de la Urss”, se elimina la afirmación “en una de las cuales aparece él”. Esas fotos y otros documentos orientan la investigación a la identificación de militantes comunistas que efectuaron cursos de entrenamiento militar en Cuba y en la Urss. La eliminación de esas referencias, como la del relato de los interrogatorios, sugieren decisiones subjetivas de corte político que van más allá de las restricciones –por otra parte muy cuestionables– de algunas normas que contradicen el derecho al acceso irrestricto a la documentación pública referida a los derechos humanos durante la dictadura.
Dicho de otra forma: los corchetes con puntos suspensivos fueron utilizados a mansalva para ejercer una censura, a veces caprichosa, a veces inexplicable y a veces muy flechada. No corresponde, por lo menos ahora, hacer referencia a los criterios éticos de la investigación histórica. Pero es necesario señalar ciertas “incongruencias”.
La principal de ellas tiene que ver con las diferentes aplicaciones de criterios, para difundir u omitir determinados detalles, si se trataba del Pcu o de otras organizaciones reprimidas por la dictadura. Puede aceptarse la supresión de nombres (aunque ello, en ciertas circunstancias pueda estimular el chantaje por parte de quienes produjeron esos documentos y los mantienen en su poder), sin embargo, el criterio no es unánime y a veces se identifica a quien permaneció en libertad, en tanto que se omite el nombre de quien fue procesado.
¿Cuál fue el criterio? La eliminación de referencias personales y la eliminación de documentos sobre interrogatorios es un criterio general en los capítulos referidos al Pcu, no así en aquellos que dan cuenta de las actividades del Mln y de los Gau, para citar sólo dos casos. Es particularmente evidente en la Cronología Documental de los Gau, donde se reproducen las declaraciones bajo tortura de militantes detenidos en Buenos Aires y después desaparecidos definitivamente. Las transcripciones revelan mezquindad: se reproducen detalles que no aportan al conocimiento del funcionamiento de esa organización y de la represión contra ella. También hay contradicciones en el tratamiento de un mismo documento: en una parte se elimina un nombre, en otro se reproduce su alias y finalmente se consigna la identidad completa, y por cierto que se mantienen referencias “secundarias” eliminadas en otros textos.
EJEMPLOS. Algunos documentos ilustran sobre los criterios asimétricos. “28.06.1977. Argentina. P.P. D-III. Asunto: Operativo Contrasubversivo Gau (Ampliación)”, referido a la detención de José Enrique Michelena Bastarrica, desaparecido, se cita en la investigación de esta manera: “Los Grupos de Acción Unificadora, tienen origen en la República Oriental del Uruguay, como consecuencia del agrupamiento de: –a) “Cuadros” del “Mapu” (Movimiento de Acción Popular), que lideraba Ricardo Vilaró, (…) y Martín Ponce de León. –b) “integrantes” de una llamada “Corriente de acción sindical”, representada por Héctor Rodríguez (textil). –c) “elementos” de un sector independiente, que provenía del diario “Época”, entre los que se encontraba (…). Los Gau se ponen en funcionamiento en el año 1969”.
Otro: “Documentos del año 1977, [sin identificar mes y/o día] Declaraciones obtenidas en interrogatorios bajo tortura del militante del Gau, Alberto Corchs Laviña, presumiblemente en Buenos Aires (detenido desaparecido)”, que incluye detalles tales como: “El archivo de la organización estuvo desde un principio en la casa de Michelena, alias ‘Mario’, por la facilidad de hacer un ‘berre’, después que Mario fue detenido, Mariano y yo vamos a retirar el archivo y lo trasladamos a la casa del Bigote (Goicoechea), para después subdividirlo y ponerlo fraccionado en otros locales. (…). Dossetti, alias ‘José’ aparece en Buenos Aires a buscar trabajo (no tenía problemas políticos), por el año 74, allá militaba en Ciencias Económicas…”.
En otro capítulo, los tupamaros no parecen merecedores del beneficio de la “sensibilidad”. Transcripción de interrogatorios y análisis y juicios de los aparatos de inteligencia (a partir de información obtenida bajo tortura) reproducen el relato de operativos sin ninguna cortapisa, incluyendo los nombres completos de familiares presentes durante los allanamientos. Particularmente la reproducción de informes de la inteligencia militar refiere a exiliados que nunca fueron detenidos y que son calificados por la información obtenida de prisioneros torturados. A modo de ejemplo: “Dirección nacional de información e inteligencia departamento nº 4 memorándum Nro. 47 Ref.: -Se informa y se adjunta documento enviado por la P N N. Adjunto al presente, el documento que fuera incautado por la Prefectura Nacional Naval, al sedicioso Ari Quiroga Alé, detenido en el departamento de Paysandú. En dicho documento se menciona a varios integrantes del Mln por sus seudónimos, pudiéndose establecer merced a diversos documentos la identidad de la mayoría de ellos y que son los que se mencionan: 1. Marcelo – Lucas Mansilla; 2. Bruno – Andrés Félix Cultelli Chiribao; 3. Bernardo – L T; 4. Pedro – Antonio Bandera Lima; 5. Raúl – Aníbal de Lucía Grajales; 6. Julián – J D M; 7. Pancho – R M G P; 8. Nelson – No identificado; 9. Luis.- No identificado”.
En el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, donde está disponible la investigación, también puede consultarse el siguiente documento: “Comando general del ejército – Eme parte Periódico de Información nº 5/974 reservado actividades subversivas 05 may- En horas de la mañana es allanado un local ubicado en rambla República de México Nº 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política y había sido adquirida por la Organización en 40 millones de pesos.- El allanamiento resulta negativo, sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos Alemañy Viñas alias: Trinity y Giaconi Antonio Ravagnolo alias: Joaquín y sus respectivas compañeras e hijos”.
Es un hecho incontrastable que todas las organizaciones políticas objeto de la represión de la dictadura tienen, entre sus militantes presos, a héroes, a prisioneros que flaquearon en la tortura, a delatores y a colaboradores, todo el abanico de la conducta humana sometida a extremos inhumanos y atroces. Las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en “Investigación histórica de detenidos desaparecidos” parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas.
por Samuel Blixen
28 Abril, 2017
Groseras diferencias entre reproducciones de documentos publicados y sus correspondientes originales, y criterios disímiles en la elección de información sobre diferentes organizaciones políticas cuestionan la rigurosidad histórica de la monumental obra publicada por Presidencia que compila el proceso represivo de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad.
“El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi. Según las Fuerzas Conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo, a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Pocitos Nuevo, a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la Dnii pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba”.
Tal es la síntesis que, sobre la captura de Arismendi, aparece en “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos” (1ra. Sección, Operativos represivos y cronologías documentadas, Partido Comunista), en la versión digital del portal de la Presidencia de la República. En la sección “Cronología documental” de la obra dirigida por el profesor Álvaro Rico se reproduce un documento de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) que da pie a aquella síntesis.
Las comparaciones entre la síntesis y la versión documental, y principalmente entre el documento publicado y el documento original del archivo policial en poder de Brecha arrojan notorias diferencias que dificultan y tergiversan la lectura de un hecho histórico.
Por cierto que, en última instancia y en determinada perspectiva, resulta irrelevante un simple detalle –o un rosario de detalles, en este caso– si lo que se pretende es tomar conocimiento de lo que significó la captura de Arismendi para el Partido Comunista (Pcu) en clandestinidad, y la captura del archivo de afiliados para los golpes represivos que sobrevinieron unos meses después, cuando fue procesada la información. Pero desde otro ángulo, la comparación entre los documentos publicados y el original permite identificar los criterios utilizados en el tratamiento de textos hasta ese momento desconocidos, y procedentes de fuentes hasta entonces inaccesibles.
Puesto que, como dice la historiadora Vania Markarian, el acceso a esa documentación sigue siendo “fragmentaria” por “los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto de la documentación de lo que seguimos llamando pasado reciente”,1 la responsabilidad de la divulgación es mayor. Los materiales surgidos de archivos de la represión, aun para el caso de que hayan sido manipulados o sigan “bajo una custodia de sus productores” (como apunta Markarian) tienen la cualidad de “documentos primarios”, “son indiscretos incorregibles, que a la primera provocación dicen la verdad”. La cirujana mexicana Ana Cecilia Rodríguez de Romo, doctorada en historia de la ciencia y ex presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, tiene la convicción de que “el uso de materiales primarios, trabajados en el marco de la reflexión fina, nos permite desechar o probar hipótesis, e incluso por qué no decirlo, de hacer descubrimientos, es decir, aportar algo nuevo al conocimiento o comprensión de nuestro campo específico de interés en la historia”.2
INCONGRUENCIAS. Desde esta óptica, las incongruencias de las distintas versiones sobre la captura de Arismendi provocan alarma. Hay errores e inconsistencias, y algunas de ellas no son fortuitas, como no fue fortuita la captura del secretario general del Pcu. El resumen citado al inicio sugiere que la detención ocurrió “fortuitamente” a partir de “un contacto callejero fallido a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario”. Lo único fortuito, que dio pie a la serie de interrogatorios y allanamientos, fue la detención de una persona cerca de la planta emisora de Radio Ariel, en una actitud que le pareció sospechosa al equipo 210 de la Guardia Metropolitana.
Eso ocurría el 1 de mayo de 1974. Para el día 8 se habían realizado más de una docena de allanamientos y detenciones en cadena, producto de los interrogatorios, que el resumen citado al inicio atribuye a la capacidad de “atar pistas” de la Dnii. Uno de los detenidos tenía en su poder un papel con las indicaciones para un contacto. El veterinario, que aguardaba en un vehículo, intentó evitar el desastre, dio un domicilio falso, pero finalmente detuvieron a su esposa y cuando allanaron su casa encontraron a Arismendi.
Episodios como éste, se repitieron hasta el infinito durante la dictadura y, salvo por su costado anecdótico –que adquiere relevancia tanto en Arismendi como en Sendic o en el Che, por la importancia de las personalidades– no llamarían la atención ni provocarían juicios salvo que hubiera una intencionalidad de ocultamiento.
El documento “Dirección Nacional de Información e Inteligencia Departamento nº 6 Oficio nº 625, julio 30 de 1974”, está reproducido en el capítulo sobre Cronología Documental, pero esa versión difiere sustancialmente del original, por la vía de supresiones y censuras atribuibles a distintos criterios y objetivos. El director de la publicación utilizó el mecanismo de los puntos suspensivos entre corchetes para indicar la ausencia de texto. Historiadores consultados por Brecha señalaron que cuando un documento es publicado por primera vez es norma transcribirlo textualmente en su totalidad y que es práctica (aunque no en documentos primarios) suprimir aquellos pasajes laterales y que no tienen relación con el tema central, advirtiendo al lector sobre la supresión.
En este caso hay que preguntarse qué entendió el investigador por secundario o irrelevante. En algunos casos los corchetes sustraen direcciones de domicilios, y en otros eliminan los nombres completos, aunque a veces se sustituye el texto original por las iniciales. Sin embargo, hay otras eliminaciones sustantivas, cuya fundamentación no fue explicada en la introducción de la obra, salvo una referencia al compromiso de confidencialidad firmado por los miembros del equipo de investigadores “debido a las características especiales del material documental, particularmente sensibles por su contenido”. Quizás en esa categoría se justifique la eliminación de casi dos hojas, de un total de 18, que refieren a la síntesis de los interrogatorios de siete detenidos, y que constituyen la trama de las actuaciones policiales que desembocan en la captura de Arismendi. Las dos carillas fueron sustituidas por el texto “A esta altura de los hechos, se procede a interrogar (…)”, lo que dificulta el entendimiento de la sucesión de acontecimientos y devalúa el valor intrínseco, histórico, del texto.
De la misma forma es difícil explicar por qué, al transcribir el allanamiento en la casa del primer detenido, de iniciales B P, se consigna que se encontró “un organigrama de un movimiento clandestino en el que se mencionan contactos, buzones, enlaces, cuartel general”, pero se omite que el documento era “de puño y letra del detenido”; y por qué al transcribir que “se encontraron fotografías diversas de la Urss”, se elimina la afirmación “en una de las cuales aparece él”. Esas fotos y otros documentos orientan la investigación a la identificación de militantes comunistas que efectuaron cursos de entrenamiento militar en Cuba y en la Urss. La eliminación de esas referencias, como la del relato de los interrogatorios, sugieren decisiones subjetivas de corte político que van más allá de las restricciones –por otra parte muy cuestionables– de algunas normas que contradicen el derecho al acceso irrestricto a la documentación pública referida a los derechos humanos durante la dictadura.
Dicho de otra forma: los corchetes con puntos suspensivos fueron utilizados a mansalva para ejercer una censura, a veces caprichosa, a veces inexplicable y a veces muy flechada. No corresponde, por lo menos ahora, hacer referencia a los criterios éticos de la investigación histórica. Pero es necesario señalar ciertas “incongruencias”.
La principal de ellas tiene que ver con las diferentes aplicaciones de criterios, para difundir u omitir determinados detalles, si se trataba del Pcu o de otras organizaciones reprimidas por la dictadura. Puede aceptarse la supresión de nombres (aunque ello, en ciertas circunstancias pueda estimular el chantaje por parte de quienes produjeron esos documentos y los mantienen en su poder), sin embargo, el criterio no es unánime y a veces se identifica a quien permaneció en libertad, en tanto que se omite el nombre de quien fue procesado.
¿Cuál fue el criterio? La eliminación de referencias personales y la eliminación de documentos sobre interrogatorios es un criterio general en los capítulos referidos al Pcu, no así en aquellos que dan cuenta de las actividades del Mln y de los Gau, para citar sólo dos casos. Es particularmente evidente en la Cronología Documental de los Gau, donde se reproducen las declaraciones bajo tortura de militantes detenidos en Buenos Aires y después desaparecidos definitivamente. Las transcripciones revelan mezquindad: se reproducen detalles que no aportan al conocimiento del funcionamiento de esa organización y de la represión contra ella. También hay contradicciones en el tratamiento de un mismo documento: en una parte se elimina un nombre, en otro se reproduce su alias y finalmente se consigna la identidad completa, y por cierto que se mantienen referencias “secundarias” eliminadas en otros textos.
EJEMPLOS. Algunos documentos ilustran sobre los criterios asimétricos. “28.06.1977. Argentina. P.P. D-III. Asunto: Operativo Contrasubversivo Gau (Ampliación)”, referido a la detención de José Enrique Michelena Bastarrica, desaparecido, se cita en la investigación de esta manera: “Los Grupos de Acción Unificadora, tienen origen en la República Oriental del Uruguay, como consecuencia del agrupamiento de: –a) “Cuadros” del “Mapu” (Movimiento de Acción Popular), que lideraba Ricardo Vilaró, (…) y Martín Ponce de León. –b) “integrantes” de una llamada “Corriente de acción sindical”, representada por Héctor Rodríguez (textil). –c) “elementos” de un sector independiente, que provenía del diario “Época”, entre los que se encontraba (…). Los Gau se ponen en funcionamiento en el año 1969”.
Otro: “Documentos del año 1977, [sin identificar mes y/o día] Declaraciones obtenidas en interrogatorios bajo tortura del militante del Gau, Alberto Corchs Laviña, presumiblemente en Buenos Aires (detenido desaparecido)”, que incluye detalles tales como: “El archivo de la organización estuvo desde un principio en la casa de Michelena, alias ‘Mario’, por la facilidad de hacer un ‘berre’, después que Mario fue detenido, Mariano y yo vamos a retirar el archivo y lo trasladamos a la casa del Bigote (Goicoechea), para después subdividirlo y ponerlo fraccionado en otros locales. (…). Dossetti, alias ‘José’ aparece en Buenos Aires a buscar trabajo (no tenía problemas políticos), por el año 74, allá militaba en Ciencias Económicas…”.
En otro capítulo, los tupamaros no parecen merecedores del beneficio de la “sensibilidad”. Transcripción de interrogatorios y análisis y juicios de los aparatos de inteligencia (a partir de información obtenida bajo tortura) reproducen el relato de operativos sin ninguna cortapisa, incluyendo los nombres completos de familiares presentes durante los allanamientos. Particularmente la reproducción de informes de la inteligencia militar refiere a exiliados que nunca fueron detenidos y que son calificados por la información obtenida de prisioneros torturados. A modo de ejemplo: “Dirección nacional de información e inteligencia departamento nº 4 memorándum Nro. 47 Ref.: -Se informa y se adjunta documento enviado por la P N N. Adjunto al presente, el documento que fuera incautado por la Prefectura Nacional Naval, al sedicioso Ari Quiroga Alé, detenido en el departamento de Paysandú. En dicho documento se menciona a varios integrantes del Mln por sus seudónimos, pudiéndose establecer merced a diversos documentos la identidad de la mayoría de ellos y que son los que se mencionan: 1. Marcelo – Lucas Mansilla; 2. Bruno – Andrés Félix Cultelli Chiribao; 3. Bernardo – L T; 4. Pedro – Antonio Bandera Lima; 5. Raúl – Aníbal de Lucía Grajales; 6. Julián – J D M; 7. Pancho – R M G P; 8. Nelson – No identificado; 9. Luis.- No identificado”.
En el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, donde está disponible la investigación, también puede consultarse el siguiente documento: “Comando general del ejército – Eme parte Periódico de Información nº 5/974 reservado actividades subversivas 05 may- En horas de la mañana es allanado un local ubicado en rambla República de México Nº 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política y había sido adquirida por la Organización en 40 millones de pesos.- El allanamiento resulta negativo, sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos Alemañy Viñas alias: Trinity y Giaconi Antonio Ravagnolo alias: Joaquín y sus respectivas compañeras e hijos”.
Es un hecho incontrastable que todas las organizaciones políticas objeto de la represión de la dictadura tienen, entre sus militantes presos, a héroes, a prisioneros que flaquearon en la tortura, a delatores y a colaboradores, todo el abanico de la conducta humana sometida a extremos inhumanos y atroces. Las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en “Investigación histórica de detenidos desaparecidos” parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas.
- “Mal de archivos”, La Diaria, 25 de abril de 2017.
- Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, Unam, s/f
Página no encontrada
Algunos de los documentos publicados en el portal de Presidencia en el marco de esa investigación tienen específicas referencias de ubicación para consulta en las respectivas notas al pie. Tales documentos deberían estar en el archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República. Pero fue imposible ubicarlos; miembros del equipo de historiadores explicaron a Brecha que algunos de ellos fueron leídos y estudiados, en su momento, bajo restricciones de acceso y que fueron, o bien copiados a mano o bien fotografiados. Ocurre, sin embargo, que las indicaciones al pie de página de la investigación histórica no corresponden con ninguno de los criterios (número de cajas, número de carpetas) con que se registran en el archivo policial.martes, 23 de mayo de 2017
Basta de chamuyos!
Abran los archivos!!!
20 de mayo 2017 - 22ª “Marcha del silencio” - Montevideo
SANGUINETTI – LACALLE – BATLLE - VAZQUEZ – MUJICA
Acá están los que silencian la verdad, acá están los 5 presidentes pos dictadura que tranzaron con los milicos, acá están los que no hablan ni una sola palabra sobre asesinatos de lesa humanidad, ellos también son cómplices del mayor genocidio uruguayo...ellos también son RESPONSABLES DE LA IMPUNIDAD
¿Qué poderosos intereses mantiene un país sin memoria y sin justicia?
Con acusaciones a los gobiernos, incluyendo a los del FA, miles reclamaron avances en la búsqueda de desaparecidos
22 • mayo • 2017
Amanda Muñoz
15, 20 minutos antes de que empezara la marcha, todo estaba en
su curso habitual en la principal avenida de Montevideo. La gente y los
vehículos iban y venían, como siempre. Era difícil sospechar el
imaginable luto que inundaría poco después las calles, el dolor
penetrante de la gente que marcha cada 20 de mayo, desde hace 22 años,
pidiendo, con un silencio a gritos, el fin de la impunidad.
La consigna de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para esta marcha fue “Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. “Claro que sabemos más, que hay unos 30 militares presos por estos crímenes y que ha habido iniciativas y esfuerzos por todo el país en acciones de memoria y reparación [...] Pero hay un freno que siempre enlentece, retarda u obstaculiza los avances”, decía el comunicado de Familiares, que le pidió al Estado “más acciones, más investigación y avances”. La organización detalló algunas incongruencias: “A 40 años, no podemos continuar con secretos en manos de las fuerzas que nos reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos atemorizaron, que nos hicieron huir de nuestro país. No podemos aceptar más sus privilegios (legales, salariales, jubilatorios). Ni tampoco sus declaraciones reivindicando la tortura, ni sus ‘comandos Barneix’, ni sus robos de los materiales que los incriminan, ni su vigilancia en democracia (como da muestra el archivo Castiglioni). Ese accionar sin consecuencias cuestiona los avances de estos años”, sentencia.
En la marcha hubo mensajes muy directos, como una pancarta que decía “Los responsables de la impunidad silencian la verdad”, acompañada por fotos de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y José Mujica, y del presidente Tabaré Vázquez. Iba junto con otra pancarta que preguntaba: “¿Qué poderosos intereses mantienen un país sin memoria ni justicia?”.
“Una vergüenza”
“Siempre tenemos ese cacho de esperanza, de expectativa, que nos hace seguir, y vamos a seguir”, comentó a la diaria Óscar Urtasún, de Familiares, hermano de José Luis Urtasún, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) secuestrado en Buenos Aires en agosto de 1978. ¿Qué sentido tiene marchar? “Es político, pero es ideológico, es filosófico, y lo precisamos. No los desaparecidos, nosotros lo precisamos, tenemos que dejar todo. Yo tengo un hermano desaparecido; crecí con él y no puedo dejarlo solo, no puedo, más allá de mis convicciones políticas”, relató mientras daba los primeros pasos de la marcha. A título personal, Urtasún catalogó de “lamentable” la situación actual: “Es una vergüenza el Poder Judicial. Al Poder Legislativo nunca le interesó mucho este tema, nunca hizo nada. Y el Poder Ejecutivo juega a la política, y en la política parece ser que lo que da dividendos sirve, mientras que lo que no da dividendos no sirve”. Pidió “ser radical” para ir a las raíces y responder “por qué no aparecen, por qué los milicos siguen con ese pacto de silencio, por qué no se toman medidas”. Reprobó que el MLN-T casi no haya participado en el referéndum de 1989 para anular la Ley de Caducidad, y que haya designado a “lo peor” de sus militantes para esa tarea; del mismo modo, cuestionó al fallecido ex ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y dijo que ya estaba todo dicho sobre él cuando lo agarraron los militares y le dijo “al milico”: “No tires que soy yo”. “A los traidores hay que darles”, concluyó.
María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi, secuestrado en abril de 1977 en Buenos Aires, iba al frente de la marcha, con la foto de su hijo. A sus 92 años, había contado antes las 17 cuadras por las que marcharía. Les pidió a los organizadores que fueran despacio y comentó: “No sé para qué apurarse, si no tenemos que ir a hacer nada después de la marcha”. Marchó por vigésima segunda vez. “La impunidad no ha variado en nada. Yo no tengo muchas esperanzas de que se haga justicia, pero seguimos igual. La marcha es un recuerdo, una memoria interminable, y los jóvenes, por suerte, demuestran mucho interés por la causa. Se avanza poco porque no hay interés. Lo dice la consigna de este año: nunca hubo interés, porque cuando hay un juez que trabaja en investigar algo, ya lo cambian de lugar”, explicó a la diaria. Contó que la causa de su hijo “está trancada”, que una sola vez la llamó el juez Pedro Salazar y que nunca citó al testigo, su socio del taller que tenían en Buenos Aires.
“Un stand by”
Entre las marchantes estaba Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976 junto con ella, de un año y medio, que luego fue apropiada por el represor argentino Miguel Ángel Furci. Destacó que pudo marchar con su marido y sus hijos, con quienes vive en Argentina. “Todos los años seguiremos insistiendo para que se sepa la verdad”, afirmó. Mariana participó en el juicio de la Tercera Corte de Asís, de Roma, donde se desarrolla el juicio por el Plan Cóndor, porque necesita saber qué ocurrió con sus padres. El veredicto, dictado en enero y apelado recientemente, dio cadena perpetua a algunos de los violadores de los derechos humanos en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, pero absolvió a otros 19, entre ellos 13 uruguayos. Mariana comentó que esa sensación de que reina la impunidad no se da sólo en Uruguay. “A nivel internacional se está como en un stand by. Hubo un empuje, pero ahora no veo que se esté moviendo demasiado. Lo que pasó en Italia... Había muchas esperanzas, mucha ilusión de que eso sirviera como guía o como ejemplo, y el resultado no fue el que se esperaba, con lo cual no es lo que nos falta como sociedad, sino, en general, en todo el mundo. No es algo excluyente de Uruguay ni de Argentina: hay una intención, pero después no se llega a demasiado”, evaluó.
“Emocionante”
Al término de la marcha, el senador Rafael Michelini respondió preguntas de la prensa. Dijo que confía en que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, cuya creación cuenta con media sanción, “le va a dar mayor profesionalismo” a la búsqueda. Consultado por la falta de avances, repitió que todo debe hacerse con las garantías del debido proceso. Respondió que no hay mayores avances por todo el tiempo que llevó derribar la Ley de Caducidad -“una pieza jurídica quizás de perfección”-, y dijo que ahora “se puede juzgar con total intensidad”, aunque reconoció que muchos de los represores se van muriendo y que hay menos acceso a pruebas. Consultado por los recursos para mejorar las investigaciones, anunció vagamente que se darán “los que sean necesarios”.
Más que contenta terminó la marcha Elena Zaffaroni, compañera de Luis Eduardo González, secuestrado en su casa, en 1974. Evaluó que la marcha es “emocionante” y saludó las cuadras y cuadras repletas de gente. Dijo que “no sería justo decir que no hay avances desde el 2000 hasta acá”, y comentó que los resultados son lentos y que han sido gracias a la movilización social. Sostuvo que “los reclamos son necesarios para la convivencia del país” y que el hecho de que no ocurra nada con quieres tuvieron “una terrible actuación durante esos años de dictadura genera una educación de que la impunidad está bien y genera una distorsión de valores que es subterránea”. Se preguntó cómo es posible que “un tipo como [Raúl] Mermot, que fue comandante en jefe en democracia, haga declaraciones alentando a sus subordinados, aunque no lo sean ya, a decir que fue válido lo que hicieron”. Valoró que pese a que la jueza desestimó su procesamiento, “importa que un fiscal se animó a decir esto tiene que ser penado con prisión” y dijo que son “pequeños avances que si hubiera otra política que atravesara profundamente todo el Estado, serían mucho mayores”. Además, dijo que es necesario que se alineen todos los poderes del Estado para terminar con la impunidad. “Este tema es de interés de los uruguayos, no es solamente un tema de Familiares; no es un tema del pasado, es un tema que tiene que ver con el hoy, con mejorar en todos los aspectos, con la Justicia, con revisar toda la temática de las Fuerzas Armadas, con revisar toda su participación en el terrorismo de Estado, con todos los organismos represivos”, sintetizó.
La consigna de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para esta marcha fue “Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. “Claro que sabemos más, que hay unos 30 militares presos por estos crímenes y que ha habido iniciativas y esfuerzos por todo el país en acciones de memoria y reparación [...] Pero hay un freno que siempre enlentece, retarda u obstaculiza los avances”, decía el comunicado de Familiares, que le pidió al Estado “más acciones, más investigación y avances”. La organización detalló algunas incongruencias: “A 40 años, no podemos continuar con secretos en manos de las fuerzas que nos reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos atemorizaron, que nos hicieron huir de nuestro país. No podemos aceptar más sus privilegios (legales, salariales, jubilatorios). Ni tampoco sus declaraciones reivindicando la tortura, ni sus ‘comandos Barneix’, ni sus robos de los materiales que los incriminan, ni su vigilancia en democracia (como da muestra el archivo Castiglioni). Ese accionar sin consecuencias cuestiona los avances de estos años”, sentencia.
En la marcha hubo mensajes muy directos, como una pancarta que decía “Los responsables de la impunidad silencian la verdad”, acompañada por fotos de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y José Mujica, y del presidente Tabaré Vázquez. Iba junto con otra pancarta que preguntaba: “¿Qué poderosos intereses mantienen un país sin memoria ni justicia?”.
“Una vergüenza”
“Siempre tenemos ese cacho de esperanza, de expectativa, que nos hace seguir, y vamos a seguir”, comentó a la diaria Óscar Urtasún, de Familiares, hermano de José Luis Urtasún, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) secuestrado en Buenos Aires en agosto de 1978. ¿Qué sentido tiene marchar? “Es político, pero es ideológico, es filosófico, y lo precisamos. No los desaparecidos, nosotros lo precisamos, tenemos que dejar todo. Yo tengo un hermano desaparecido; crecí con él y no puedo dejarlo solo, no puedo, más allá de mis convicciones políticas”, relató mientras daba los primeros pasos de la marcha. A título personal, Urtasún catalogó de “lamentable” la situación actual: “Es una vergüenza el Poder Judicial. Al Poder Legislativo nunca le interesó mucho este tema, nunca hizo nada. Y el Poder Ejecutivo juega a la política, y en la política parece ser que lo que da dividendos sirve, mientras que lo que no da dividendos no sirve”. Pidió “ser radical” para ir a las raíces y responder “por qué no aparecen, por qué los milicos siguen con ese pacto de silencio, por qué no se toman medidas”. Reprobó que el MLN-T casi no haya participado en el referéndum de 1989 para anular la Ley de Caducidad, y que haya designado a “lo peor” de sus militantes para esa tarea; del mismo modo, cuestionó al fallecido ex ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y dijo que ya estaba todo dicho sobre él cuando lo agarraron los militares y le dijo “al milico”: “No tires que soy yo”. “A los traidores hay que darles”, concluyó.
María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi, secuestrado en abril de 1977 en Buenos Aires, iba al frente de la marcha, con la foto de su hijo. A sus 92 años, había contado antes las 17 cuadras por las que marcharía. Les pidió a los organizadores que fueran despacio y comentó: “No sé para qué apurarse, si no tenemos que ir a hacer nada después de la marcha”. Marchó por vigésima segunda vez. “La impunidad no ha variado en nada. Yo no tengo muchas esperanzas de que se haga justicia, pero seguimos igual. La marcha es un recuerdo, una memoria interminable, y los jóvenes, por suerte, demuestran mucho interés por la causa. Se avanza poco porque no hay interés. Lo dice la consigna de este año: nunca hubo interés, porque cuando hay un juez que trabaja en investigar algo, ya lo cambian de lugar”, explicó a la diaria. Contó que la causa de su hijo “está trancada”, que una sola vez la llamó el juez Pedro Salazar y que nunca citó al testigo, su socio del taller que tenían en Buenos Aires.
“Un stand by”
Entre las marchantes estaba Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976 junto con ella, de un año y medio, que luego fue apropiada por el represor argentino Miguel Ángel Furci. Destacó que pudo marchar con su marido y sus hijos, con quienes vive en Argentina. “Todos los años seguiremos insistiendo para que se sepa la verdad”, afirmó. Mariana participó en el juicio de la Tercera Corte de Asís, de Roma, donde se desarrolla el juicio por el Plan Cóndor, porque necesita saber qué ocurrió con sus padres. El veredicto, dictado en enero y apelado recientemente, dio cadena perpetua a algunos de los violadores de los derechos humanos en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, pero absolvió a otros 19, entre ellos 13 uruguayos. Mariana comentó que esa sensación de que reina la impunidad no se da sólo en Uruguay. “A nivel internacional se está como en un stand by. Hubo un empuje, pero ahora no veo que se esté moviendo demasiado. Lo que pasó en Italia... Había muchas esperanzas, mucha ilusión de que eso sirviera como guía o como ejemplo, y el resultado no fue el que se esperaba, con lo cual no es lo que nos falta como sociedad, sino, en general, en todo el mundo. No es algo excluyente de Uruguay ni de Argentina: hay una intención, pero después no se llega a demasiado”, evaluó.
“Emocionante”
Al término de la marcha, el senador Rafael Michelini respondió preguntas de la prensa. Dijo que confía en que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, cuya creación cuenta con media sanción, “le va a dar mayor profesionalismo” a la búsqueda. Consultado por la falta de avances, repitió que todo debe hacerse con las garantías del debido proceso. Respondió que no hay mayores avances por todo el tiempo que llevó derribar la Ley de Caducidad -“una pieza jurídica quizás de perfección”-, y dijo que ahora “se puede juzgar con total intensidad”, aunque reconoció que muchos de los represores se van muriendo y que hay menos acceso a pruebas. Consultado por los recursos para mejorar las investigaciones, anunció vagamente que se darán “los que sean necesarios”.
Más que contenta terminó la marcha Elena Zaffaroni, compañera de Luis Eduardo González, secuestrado en su casa, en 1974. Evaluó que la marcha es “emocionante” y saludó las cuadras y cuadras repletas de gente. Dijo que “no sería justo decir que no hay avances desde el 2000 hasta acá”, y comentó que los resultados son lentos y que han sido gracias a la movilización social. Sostuvo que “los reclamos son necesarios para la convivencia del país” y que el hecho de que no ocurra nada con quieres tuvieron “una terrible actuación durante esos años de dictadura genera una educación de que la impunidad está bien y genera una distorsión de valores que es subterránea”. Se preguntó cómo es posible que “un tipo como [Raúl] Mermot, que fue comandante en jefe en democracia, haga declaraciones alentando a sus subordinados, aunque no lo sean ya, a decir que fue válido lo que hicieron”. Valoró que pese a que la jueza desestimó su procesamiento, “importa que un fiscal se animó a decir esto tiene que ser penado con prisión” y dijo que son “pequeños avances que si hubiera otra política que atravesara profundamente todo el Estado, serían mucho mayores”. Además, dijo que es necesario que se alineen todos los poderes del Estado para terminar con la impunidad. “Este tema es de interés de los uruguayos, no es solamente un tema de Familiares; no es un tema del pasado, es un tema que tiene que ver con el hoy, con mejorar en todos los aspectos, con la Justicia, con revisar toda la temática de las Fuerzas Armadas, con revisar toda su participación en el terrorismo de Estado, con todos los organismos represivos”, sintetizó.
Zaffaroni: militares uruguayos "gozan de impunidad"
La integrante de Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni, afirmó que los militares
uruguayos "gozan de impunidad", con relación a los crímenes ocurridos en
la dictadura uruguaya.
Los dichos de Zaffaroni surgen a raíz del
discurso que el comandante en jefe del Ejército uruguayo, Guido Manini
Ríos, dio durante la celebración del aniversario 206 de dicha
institución, en el que se refirió a los "privilegios" de los militares
uruguayos.
En su oratoria, el comandante expresó que "se han escuchado voces preocupadas por los privilegios de los militares", pero que el verdadero privilegio de ellos es poder estar "los 365 días del año al servicio de la sociedad en que provienen y no reclamar por ello compensación ni trato especial alguno".
"(Los militares) tienen el privilegio de sentirse servidores del Estado y de asistir en silencio a la discusión que se da sobre su futuro, muchas veces teñida de falsedades y tergiversaciones malintencionadas", agregó en el discurso.
Para Zaffaroni, los militares uruguayos "han tenido siempre el privilegio de la impunidad", ya que hasta hoy "siguen sin pasar por los juzgados" para declarar por los delitos sucedidos en la dictadura cívico-militar.
Además, afirmó que existen "privilegios de la oficialidad", en relación a las jubilaciones que perciben los altos mandos militares.
Zaffaroni sostuvo que durante los tres mandatos de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio, "hubo avances en la investigación histórica y en muchas leyes" pero "los resultados son insuficientes".
"No ha habido una política de Estado", sostuvo, además de afirmar que la información recabada "ha sido en base a la exigencia" de las organizaciones de derechos humanos.
Zaffaroni observó que existen "incongruencias" ya que aunque estos grupos "hacen un esfuerzo para mostrar las responsabilidades", luego estas "se perdonan" desde el Estado. EFE
En su oratoria, el comandante expresó que "se han escuchado voces preocupadas por los privilegios de los militares", pero que el verdadero privilegio de ellos es poder estar "los 365 días del año al servicio de la sociedad en que provienen y no reclamar por ello compensación ni trato especial alguno".
"(Los militares) tienen el privilegio de sentirse servidores del Estado y de asistir en silencio a la discusión que se da sobre su futuro, muchas veces teñida de falsedades y tergiversaciones malintencionadas", agregó en el discurso.
Para Zaffaroni, los militares uruguayos "han tenido siempre el privilegio de la impunidad", ya que hasta hoy "siguen sin pasar por los juzgados" para declarar por los delitos sucedidos en la dictadura cívico-militar.
Además, afirmó que existen "privilegios de la oficialidad", en relación a las jubilaciones que perciben los altos mandos militares.
Zaffaroni sostuvo que durante los tres mandatos de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio, "hubo avances en la investigación histórica y en muchas leyes" pero "los resultados son insuficientes".
"No ha habido una política de Estado", sostuvo, además de afirmar que la información recabada "ha sido en base a la exigencia" de las organizaciones de derechos humanos.
Zaffaroni observó que existen "incongruencias" ya que aunque estos grupos "hacen un esfuerzo para mostrar las responsabilidades", luego estas "se perdonan" desde el Estado. EFE
>>> Comisión Verdad y Justicia INOPERANTE
>>> Sin justicia
Ante el fallo de la Justicia en el caso Mermot
La muralla de la impunidad esta aun en pie y debemos quebrarla.
En cada marcha del 20 de mayo el
Estado se lava las manos y se cubre con el velo de la impunidad, mientras
libera a los torturadores. Una nueva marcha llena de reclamos parece no
importarles. La memoria arde, sigue viva como lo planteo el compañero Ibero Gutiérrez
en 1970:
…Ahora están no estando.
Como asesinados del
silencio.
Miles y miles marchando es la
expresión de miles que no están dispuestos a resignar el reclamo de verdad y
justicia. Es importante en la medida que eso se convierta en memoria activa y
participación en cada acto de repudio a los represores, en cada escrache y cada
rescate. Porque ¿Qué peso tiene una denuncia judicial sin condena social? ¿Dónde
radica la clave para sacudir la modorra del olvido y la complicidad?
Tanto el juez Martin Gesto que
otorgó prisión domiciliaria a Gavazzo y Rama, como los jueces que liberaron a
Zabala y Rivero, como la jueza Blanca Rieiro quien no hizo lugar al pedido
fiscal y defendiendo a Mermot lo absuelve, están mostrando como la impunidad
está operando cruel y calladamente.
Estos jueces junto a todo el aparato jurídico del Centro y Circulo
Militar, Rossana Gavazzo, Graciela Figueredo, Martin Ojeda y Fernando Posada
liberan una y otra vez a los impunes defensores de la tortura y los
torturadores.
Miles queremos justicia. Más de un
millón de memoria no transó con la impunidad. Los que transaron fueron la clase
política a través de todos los sucesivos gobiernos desde el Pacto del club
Naval. El que sigue teniendo la responsabilidad es el Estado.
Mermot dice no saber ni haber visto
nada. Pero no solo estuvo en lugares claves sino que fue mando. Y todos ellos
fueron y son culpables. Y siguen callando
para mantener esta omertá.
Pero esta es parte de su “hazañosa” carrera.
Mientras la
gente marcha hace 22 años en silencio los milicos no paran de vociferar desde
sus tribunas.
Y quien tiene la osadía de adoptar
un verdadero compromiso e investigar sobre las denuncias hechas contra más de
500 represores responsables de graves delitos de lesa humanidad, son
removidas de su cargo. La jueza Mariana Mota no solo fue sacada de su trabajo,
se le borra del medio de un plumazo y se encajonan los más de cincuenta expedientes
sobre personas desaparecidas, asesinadas, torturadas.
Y a quienes se oponen a estas
medidas patoteras se les persigue y condena, como en aquellos tiempos.
Parece ser que el Estado, en una
despótica práctica sistemática y sistémica de desmemoria
oportunista y obligatoria, pretende permanecer incólume ante el señalamiento de
la condena social.
Condena social que se mantiene
alerta ante la impunidad de ayer y de hoy.
El Estado se niega a que los juicios
sean públicos. Cuanto menos sepamos mejor para los impunes.
Los Gestos que la impunidad mantiene sostienen los
pactos. Esos Gestos “son humanitarios” con los viejitos que otrora no tuvieron
ni una pisca de humanidad con las presas y los presos de la dictadura.
Son los que tras sus poderes titubean a la hora
de condenar a los empresarios corruptos, cómo en el caso del incendio de
Toledo, donde los dueños de Meteoro dejaron morir calcinados a sus empleados
por pura negligencia codiciosa
Es el mismo Estado negligente
inhumano que condena al pobrerío a la miseria y al encierro. El que permite que en las mazmorras de su sagradas
instituciones los presos mueran asesinados o prendidos fuego. Es el mismo Estado
patriarcal que continúa perpetuando la impunidad.
No hay olvido. No hay perdón. No hay
reconciliación. La memoria y la condena social nos llaman a más luchas, nos
convocan al camino.
A quebrar la
impunidad
A
desmantelar el Circulo y el Centro Militar
De la condena social
no podrán escapar.
Plenaria Memoria y Justicia
21 de Mayo 2017Entrevista con Raúl Olivera
22 mayo 2017
Entrevista con Raúl Olivera, secretario ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
EMILIANO COTELO (EC) —Este sábado, como cada 20 de mayo desde hace 22 años, el silencio volvió a hacerse sentir.
Miles de personas se expresaron de esta manera en una nueva Marcha del Silencio, cuya principal manifestación tuvo lugar en Montevideo, pero que también tuvo correlatos en varias ciudades del interior.
Este año, la consigna fue “Impunidad. Responsabilidad del Estado ayer y hoy”, un reclamo que coincidió, en estos días, con declaraciones de representantes de organizaciones de derechos humanos que le exigen al gobierno una actitud más activa en la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura y sobre todo el avance de los expedientes vinculados a crímenes cometidos en aquella época.
Una de las instituciones que han venido impulsando con fuerza estas demandas es el Observatorio Luz Ibarburu, que en los próximos días incluso las presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para profundizar en estos planteos, estamos con Raúl Olivera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y secretario ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
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