Qué cosita!

Que se hagan públicos todos los archivos!!!

por Samuel Blixen

25 mayo 2017

No se vaya a creer que la inteligencia militar invierte la totalidad de sus esfuerzos en espiar a partidos políticos, sindicatos y centros religiosos. También mira para adentro, como revelan muchos documentos de los archivos militares. A continuación, botones de muestra.


PICA LA COLT. No bien se supo que, a finales de 1976, las Fuerzas Conjuntas habían terminado la oleada represiva conocida como Operación Morgan, incautando al Partido Comunista (Pcu) un voluminoso arsenal que incluía 66 rifles M16, la embajada de Estados Unidos en Uruguay manifestó un inocultable interés por determinar su procedencia. El M16 era la versión del AR-15 que la fábrica Colt fabricaba exclusivamente para el Pentágono y que había confrontado su poder de fuego y versatilidad con el soviético AKA-41 en la guerra de Vietnam. Una buena parte de los M16 incautados habían sido introducidos en Punta Piedras, en la costa fernandina, entre La Barra y Manantiales, trasbordados de un carguero ruso a una lancha, Aldabarán, a finales de los años sesenta. Esos rifles fueron distribuidos en casas de militantes del Pcu, que los escondieron durante años, hasta que el encargado de logística del aparato armado, el Pato Coirolo –considerado el Amodio del Pcu–, decidió entregar todos los “berretines” no bien fue detenido por oficiales del Sid (Servicio de Información de Defensa).
El parte especial de información número 179 del Estado Mayor del Ejército, rotulado como “secreto”, explicaba, el 15 de abril de 1977, que “esta oficina no tiene medios de obtener mayor información sobre cómo el Pcu obtuvo dichas armas”. No iban a ser más realistas que el rey: el agregado de Defensa de la embajada de Estados Unidos informaba que la Oficina de Identificación de Armas Militares había fracasado en el intento de “rastrear el origen de la corriente de rifles M-16 rescatados en Uruguay, en escondrijos”. De los 66 rifles, el Departamento de Defensa sólo pudo confirmar que siete de ellos se habían “perdido” en Vietnam. El resto debía atribuirse al departamento de contrabando de la Colt: “Las investigaciones revelaron que el fabricante había duplicado el número de serie en 2.578 rifles M-16”. (Documento 0066, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


PIOJOS SEDICIOSOS. El teniente coronel Marcelino Rodríguez, jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ingresó la información proveniente del Departamento de Seguridad Militar del Ministerio de Defensa, originada el 23 de abril de 1977, dando a conocer que el hijo del soldado de primera Luis Augusto Costa fue expulsado de la escuela número 169 del Cerro, por la directora y maestra Dinora, aduciendo que el niño tenía “pediculosis”. El teniente coronel ordenó distribuir copias al Sid y al Estado Mayor Conjunto (Esmaco). (Documento 0114, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


¿PARA QUÉ? La Junta de Comandantes en Jefe, por intermedio del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) daba a conocer el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones nacionales que confirmaron la redemocratización, que quedaban sin efecto las requisitorias de 12 ciudadanos cuyas capturas habían sido solicitadas en años anteriores. Algunas, por prescripción del delito, otras por procesamientos, y hasta una por “haber regularizado su situación”. Entre los ciudadanos figura Miguel Ángel Ríos Casas, cuyo procesamiento fue dictado “de acuerdo a lo establecido por Oficio número 406/84, de fecha 20-XI-84 del Juzgado de Instrucción Militar de Cuarto Turno”. Ríos Casas fue herido de bala en un tiroteo ocurrido el 26 de diciembre de 1977 en la localidad de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez en el centro clandestino “Pozo de Quilmes”, en abril-mayo de 1978, fecha en que se presume hubo un traslado clandestino a Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina. El 20 de noviembre de 1984 estaba definitivamente desaparecido. (Documento 0036, rollo 595, “Archivo Berrutti”.)

UN PREMIO AL MEJOR CORRUPTO. Un comunicado de la Guardia de Artigas denunciaba, a comienzos de 1994, los actos de corrupción del coronel Milton Gianola, a quien le atribuían “un pasar fastuoso”, debido a los beneficios obtenidos con la compra de equipos cuando era jefe del Departamento de Informática del Estado Mayor del Ejército, con la actualización de tanques M-41 mientras oficiaba como jefe de Logística, y en los negociados secundados por el empresario Svetogorsky, presidente de International Trade Consorcium (Itc) y realizados a través de Cambio Durán, “del que es accionista el coronel Gianola”. La Guardia de Artigas denunciaba que el teniente general Rebollo había sido puesto en conocimiento de los actos de corrupción, y que su sucesor, el teniente general Daniel García, también había ignorado la denuncia, designándolo para una misión en Mozambique.
El informe interno número 11 de la inteligencia militar confirmaba que el Cambio Val de Marne, propiedad de Sergio Durán Buedo, y el Cambio Durazno tuvieron al coronel Gianola como “cliente en calidad de jerarca de reparticiones militares”, e identificaba al coronel Alberto Loureiro como ejecutivo de la firma de Svetogorsky. (Documento 0063, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


PECADOS MENORES. Daniel Alejandro Bordón había sido agente de segunda en la comisaría 10, y en setiembre de 1994 hizo una solicitud de ingreso para trabajar en el Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El estudio de seguridad correspondiente al aspirante resultó negativo, “ya que figura en una lista de probables firmantes al referéndum por la ley 15.848”. Por si fuera poco, extendiendo el estudio de seguridad a las referencias aportadas, resultó que su madre, su padre y su concubina “son todos afiliados al Pcu”. La solicitud fue denegada. (Documento 0295, Rollo 1423, “Achivo Berrutti”.)
La ex soldado de primera Andrea Volpi había dejado de trabajar en el Departamento IV de la inteligencia militar en febrero de 1994 por “rescisión de contrato”. Al mes siguiente había obtenido un nuevo empleo, pero a sus familiares sólo les comunicó el número de teléfono de su trabajo: 473665. Los familiares dedujeron que Andrea no quería decir dónde trabajaba. Pero la Dgi, que todo lo sabe, “habiéndose efectuado búsqueda en la guía de Antel”, pudo descubrir que el teléfono pertenecía al diario La República, y concluyó que Volpi no deseaba “mencionar o admitir que estaba trabajando en ese órgano de prensa”. Una discreta vigilancia comprobó que “la causante concurrió a esta sede de la dirección y se movilizó libremente por varias instalaciones, la planta alta, la plaza de armas y el costado del casino, donde trabaja su hermana”. “Interrogada en forma casual, al serle consultado dónde estaba trabajando, manifestó textualmente: en el Cambio Velso.” (Documento 1001, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Verónica Isabel Piloni Torres, soldado de primera, que trabajaba en el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Geográfico Militar, tuvo la mala idea de concurrir, junto con su esposo, al acto final del Encuentro Progresista, en noviembre de 1994, “portando banderas”. La inteligencia puede ser lerda pero siempre se manifiesta: en agosto de 1995 el Departamento I de la Dgid incorporó la mancha en el legajo. (Documento 1003, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Gustavo Coll de León, que en junio de 1995 prestaba servicios en la Fuerza Aérea Uruguaya como soldado de primera, “fue visto en un vehículo con adhesivos del FA”. (Documento 0463, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Para cuando el Departamento I de la Dgid obtuvo el estudio de seguridad de la aspirante Verónica Borges, ésta ya estaba trabajando en la Oficina de Personal del Departamento IV de la inteligencia militar desde hacía cinco meses. El estudio había revelado “aspectos negativos indirectos”, puesto que su esposo y dos de las personas aportadas como referencias eran probables firmantes del referéndum contra la ley de caducidad. La revelación no daba para la baja, pero se sugería que fuera “redistribuida a áreas de trabajo menos sensitivas” y que se considerara no renovar el contrato, una vez vencido. (Documento 0352, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


TRANSFERENCIAS. En setiembre de 1993, el Departamento III de la Dgid consignaba que “el viaje realizado por el comandante J A N a Suiza se encuadraría en la revisación de los fondos que la fuerza de mar tiene depositados para la reparación de buques. Se sabe que la cuenta fue cambiada de un banco de Londres a uno de Estados Unidos y finalmente a uno de Suiza. Se cree que la misma asciende a millones de dólares y que por el traspaso de fondos de tal magnitud existiría un premio remunerado, lo cual habría ido a recoger el comandante J A N ”. (Documento 0077, Rollo 1326, “Archivo Berrutti”.)