miércoles, 7 de noviembre de 2007

Ley de caducidad, una solución?



Este pasado 18 de octubre en Bruselas el CIDAL, (Comité contra la Impunidad y por la Democracia en América Latina), en el marco del ciclo de cine documental “Itinerarios”- presentó el documental de Gonzalo Arijón y Virginia Martínez “Por esos ojos”, seguido de una entrevista a Daniel Rey Piuma, el autor de una serie de denuncias muy bien documentadas sobre los crímenes cometidos en las mazmorras de la Armada durante los años ‘70. Este documental y la entrevista realizada por un equipo de la Red Alternativas y Solidaridad, sirvieron de introducción al debate central de la actividad, “La ley de caducidad, ¿una solución?”. Esta rueda de discusión, que contó con la presencia del periodista uruguayo Zelmar Michelini y de la cineasta argentina Shula Eremberg, tuvo lugar en presencia de buena parte de la pequeña colonia uruguaya de Bruselas. En su intervención, Zelmar Michelini destacó la importancia que tiene la campaña de recolección de firmas lanzada en Uruguay para anular esta ley. La ley Nº 15848 (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado popularmente conocida como ley de caducidad), establece que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) y que incluyen múltiples violaciones a los derechos humanos y otros delitos de lesa humanidad fueran amnistiados. Esta ley le fue impuesta al parlamento bajo la amenaza de un golpe de estado para el caso en que los militares y civiles (acusados de crímenes de guerra, desapariciones, robos de bebés y otras infamias) debieran comparecer ante la justicia por los crímenes cometidos. De hecho, un primer paso hacia el golpe de estado ya había sido dado por el entonces ministro de defensa del gobierno electo, al no dar curso a las citaciones judiciales llegadas a su despacho. Shula Eremberg –autora de un documental sobre la impunidad- insistió sobre la importancia de la acción de la justicia, como la mejor manera de dar respuesta a los crímenes cometidos en nombre de la defensa de los intereses de una minoría todopoderosa. Quedó claro que el deseo popular de justicia no disminuye a pesar de los años y que hoy estamos frente a una situación que exige un pronunciamiento claro de cada uno de nosotros y la asunción de las responsabilidades del caso. A. G.

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