jueves, 19 de abril de 2018

Muerto en la tortura



 Material del Área de Difusión Ciudadana del OBSERVATORIO LUZ IBARBURU, elaborado por Virginia Martínez con base a información del Observatorio

 La última imagen que Graciela Ferreira tiene de su marido vivo es sentado en la caja de la camioneta militar que se lo lleva al cuartel, saludándola, las manos esposadas en alto. “Hasta el fin se mostró íntegro. Me dijo coraje y valor”, dice Graciela.[1]Ese 
mismo día Óscar Fernández Mendieta murió en el Regimiento de Caballería número 2 general Pablo Galarza. A partir de ese momento y por más de treinta años la versión oficial del caso hizo pasar el asesinato por muerte natural. Es posible que el próximo 5 de setiembre la mentira caiga y quede probado que Fernández Mendieta murió en la tortura. Si así ocurre la jueza Adriana de los Santos, del Juzgado Penal de séptimo turno, procesará por homicidio muy especialmente agravado a los militares retirados Gustavo Mieres, Daniel Blanco, Alberto Ballestrino y Liber Morinelli. La fiscal del caso que pidió el procesamiento de los imputados es la doctora Ana María Tellechea.[2]



 Operativo urgente

            El 24 de mayo de 1973 hombres de uniforme llegaron a la casa de Óscar y Graciela en el kilómetro 178 de la ruta 5, en las afueras de Durazno, en busca de material subversivo. El operativo se había decidido ese día cuando el juez sumariante capitán Juan A. Núñez autorizó el pedido del jefe del Regimiento de Caballería número 2 general Pablo Galarza teniente coronel Juan P. Bonfrisco de allanar la casa con el fin verificarla existencia de “actividades subversivas materializadas en escondites de prófugos o requeridos por subversión, depósitos clandestinos de dinero, armamento, explosivos, ocultamiento de valores hurtados y documentación del movimiento clandestino”.[3]Bonfrisco le encargó la dirección del procedimiento al alférez Gustavo Mieres.

            Lejos del sospechado escondite de prófugos, armas o dinero, en la casa solo encontraron veinte ejemplares del periódico “Causa del pueblo”, que podía comprarse en quioscos de Montevideo, y cuatro libros de teoría marxista que al día siguiente le mostrarían a los padres de Fernández Mendieta como prueba de que el hijo muerto era culpable. Óscar era militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), organización política de orientación maoísta fundada en setiembre de 1972 por militantes con trayectoria en filas de izquierda escindidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Comunista.

            Tenía 26 años y venía de una familia numerosa, católica y modesta. Él mismo había hecho un breve trayecto religioso antes de volcarse a la militancia política. Había iniciado la formación para ordenarse sacerdote hasta que luego de unos años de seminario, cambió de opinión. Le pesaba la ayuda de los padres pues sabía que se privaban de todo para enviarle dinero y, por otro lado, tenía dudas de su vocación religiosa. Al dejar el seminario se empleó en una chacra a pocos quilómetros de Durazno.

            Conoció a Graciela en una reunión a la que asistió para formar un comité de apoyo a la difusión del periódico partidario. Pronto se casaron y celebraron con la familia la noticia de que estaban esperando un hijo. Graciela lo recuerda como un militante dedicado pero crítico con algunas iniciativas del PCR que consideraba inapropiadas para la realidad de los pueblos del Interior.“Como militante y trabajador era muy responsable. Muchas veces, de soltero, sabiendo que ‘Causa’ había llegado, antes de las 8 de la mañana lo salía a repartir. Después de casado, teniendo que repartir el periódico coincidía muchas veces con mis clases. Algunas veces -mejor dicho casi siempre- yo venía en bicicleta. Y más cuando supimos que esperábamos un niño, él venía a dedo y me daba la bicicleta a mí. La mayoría de las veces llegaba a pie al pueblo, no descansaba y salía a repartir el periódico”.

  No retorno

             “El Uruguay de antes no vuelve más”, dijo el senador Zelmar Michelini en un reportaje que dio a principios del año 1973.[4]En efecto, 1972 marcó un punto de no retorno en la consolidación de la violencia del Estado como respuesta al conflicto político y social. Cientos de hombres y mujeres estaban presos en cuarteles de Montevideo y el Interior, sometidos a la justicia militar. Había allanamientos, interrogatorios con tortura y sin plazos y suspensión de los derechos individuales.

            El año siguiente aceleró la marcha del país hacia el golpe de Estado. En febrero tuvo lugar el ensayo general cuando las Fuerzas Armadas desconocieron la autoridad del ministro de Defensa Antonio Francese y le pidieron al presidente Juan María Bordaberry que lo relevara. El Presidente capituló, el ministro renunció y los mandos militares se fortalecieron. En esos días el semanario Marcha anunció: “Lo comprendan o no los orientales, lo quieran o no los protagonistas, una nueva era se ha abierto en esta tierra. La era de los militares que puede durar, no poco”.[5]

            A principios de mayo se intensificó la persecución contra el PCR con la detención de decenas de militantes en Paysandú, Mercedes y Durazno, y de conocidos dirigentes sindicales como Julio Arizaga, Arturo Echenique y Sergio Benavídez. La prisión de Fernández Mendieta se inscribe en ese avance represivo. Días después de su muerte el PCR envió una carta al vicepresidente de la República Jorge Sapelli en la que denuncia que el embate contra el Partido es una maniobra para vincularlos con la sedición armada y justificar nuevas y más severas medidas de represión.[6] En esos días Bordaberry había declarado que la sedición seguía latente y que, aunque derrotada aquí, renacía en el extranjero con el apoyo de países hostiles a Uruguay.

Muerte por infarto

            La mañana del 25 de mayo dos autos militares estacionaron frente a la casa de los padres de Fernández Mendieta para darle la noticia. Sin saber nada, Graciela fue al cuartel con la esperanza de que se lo dejaran ver  o entregarle un abrigo. Un militar le informó que recién al final de la tarde podría llevarle ropa y tabaco. Para ese entonces Fernández Mendieta ya llevaba doce horas muerto.

            Mientras tanto en la unidad militar terminaban de ajustar los detalles de la mentira que el comunicado diario de las Fuerzas Conjuntas transformaría en verdad oficial. En su construcción participaron, entre otros, médicos militares, el jefe del cuartel teniente coronel Bonfrisco, el segundo jefe, mayor Aurelio Abilleira, el encargado del S2 capitán Líber Morinelli y los alféreces Ballestrino, Blanco y Mieres. Estos últimos declararon que Fernández Mendieta había muerto una hora después de entrar al cuartel cuando apenas habían podido revisarlo y preguntarle el nombre y el apellido. La versión que repitieron como calcada los alféreces es que, rebelde y descontrolado, Fernández Mendieta había intentado fugarse dos veces del sótano donde iban a interrogarlo. Para dominarlo lo trasladaron a otro sitio de la unidad militar. Forcejeando, logró liberarse de nuevo, perdió el equilibrio y resbaló desde el último tramo de una escalera. Quedó tendido en el piso, temblando, con dificultad para respirar. Blanco y Mieres trataron de reanimarlo mientras Ballestrino salió en busca de un médico que, finalmente llegó solo para constatar la muerte. La autopsia hecha casi a oscuras la madrugada del 25 en la morgue del Hospital de Durazno por los médicos militares Julio C. Rossi Salinas, Juan J. Navarro y el médico policial Hugo Bosch estableció que había muerto a causa de un infarto de miocardio. El informe consigna erosiones y hematomas en la nariz, los pómulos, un hombro y los muslos. Fernández Mendieta fue uno de los primeros asesinados en la tortura cuya muerte produjo una autopsia incompleta o amañada, recurso que junto a la coartada de la fuga iba a convertirse en los años siguientes en herramienta de la dictadura para falsear el destino de muertos y desaparecidos. Recurrieron a autopsias arregladas para ocultar la verdadera causa de muerte cuando entregaban a la familia el cuerpo del muerto en la tortura, y a la fuga para sacudirse la responsabilidad de la detención cuando, por alguna razón, después de la muerte no devolvían el cuerpo.[7]

            Derrame cerebral

            La madrugada del 26 de mayo el senador del Frente Amplio Juan Pablo Terra viajó a Durazno. No consiguió, como quería la viuda, que el juez letrado autorizara una segunda autopsia pero sí que dos médicos independientes y un tercero de confianza de la familia, el doctor Eduardo Pastor, examinaran el cuerpo en la funeraria donde lo estaban velando. Al día siguiente un cortejo de cientos de vecinos acompañó el ataúd cubierto por la bandera uruguaya hasta el cementerio. Terra despidió a Fernández Mendieta con un discurso en el que lo evocó junto Luis Batalla[8], asesinado un año antes en el cuartel de Treinta y Tres, como semilla de rebeldía. Dijo que sus muertes no quedarían en el olvido.

            De vuelta en Montevideo, dio a conocer en el Senado el informe de los médicos Edison Scaffo, Carlos Schettini y Pastor:“ De esta descripción de las heridas surge, por de pronto, que los traumatismos son múltiples y en distintas zonas del cuerpo y de muy diversa naturaleza. Hay algunas observaciones que es necesario destacar. Por un lado tenemos la opinión médica que he recogido, que señala que el gran hematoma tóraxo-abdominal izquierdo es prácticamente imposible, extremadamente difícil, que pueda producirse por una caída sea o no de una escalera. Hay un segundo aspecto. El hematoma grande que se presenta en la sien, podría, a juicio de los médicos, haber ocasionado un derrame cerebral. Sin embargo la autopsia se realiza en el cuerpo sin abrirse el cráneo. Esto es una irregularidad puesto que allí no se explora una posible causa de muerte”.[9]En representación de la bancada del Frente Amplio, Terra pidió que el ministro de Defensa Walter Ravenna fuera al Parlamento para informar qué medidas había tomado el Poder Ejecutivo en el caso. Ravenna en principio se negó a concurrir y cuando finalmente lo hizo la sesión debió suspenderse por falta de quórum. Días después ocurrió el golpe de Estado.

Ante la justicia

            En 2006 la abogada Pilar Elhordo y denunció el asesinato por torturas de detenidos, entre ellos estaba el caso de Fernández Mendieta. Años después el Observatorio Luz Ibarburu asumió el patrocinio de la causa. La jueza Mariana Mota citó a declarar a los militares y médicos que actuaron en el caso y a hombres y mujeres que estuvieron presos en el cuartel en esos días. Los primeros repitieron la versión del intento de fuga y del fatal resbalón por la escalera pero no pudieron explicar cómo podía pretender huir del sótano del cuartel un hombre encapuchado y esposado. Por otro lado, los cuatro imputado declararon que ignoraban que hubiera otros detenidos en el cuartel y que no habían participado en interrogatorios pues ellos solo desempeñaban tareas administrativas. Uno se encargaba del presupuesto de la unidad militar y otros de la biblioteca, de la granja o del pago a los retirados. Solo uno de los militares citados como testigo reconoció que allí se torturaba: “Yo sabía que había maltrato, era consciente de eso, sentía los gritos de los detenidos”, declaró.

            El testimonio de los médicos que examinaron a Fernández Mendieta a pedido de Terra es clave para el esclarecimiento del caso. En el juzgado penal dieron cuenta de las conclusiones a las que habían llegado en aquel momento. También narraron las represalias sufridas por haber aceptado hacer el examen. Schettini declaró: “En el reconocimiento yo vi que en la frente tenía quemaduras de cigarrillos […] Tenía hematomas en todo el cuerpo y los dos grandes hematomas en lugares asimétricos […] esto no era muy compatible con una caída. Mi conclusión es que lo habían golpeado”.[10]Ya en dictadura a Schettini lo echaron del Hospital de Durazno, lo destituyeron de Enseñanza Secundaria, le negaron el pasaporte y terminó preso en el mismo cuartel, donde le hicieron simulacro de fusilamiento. Scaffo corroboró la declaración de su colega y agregó: “El informe fue firmado por los tres médicos de acuerdo a lo que veíamos. Pero nuestros pensamientos no los pusimos en el informe, concluimos que había algo más porque era un persona joven para morirse de la causa que se había consignado, las lesiones no podían explicar ese fallecimiento, no constatamos que hubiera facturas de huesos tampoco”.[11]El médico de la Policía Hugo Bosch, que firmó la autopsia junto a los médicos militares, declaró que había trabajado sin instrumental, alumbrado por faroles de querosene, en un ambiente hostil y que tuvo que insistir a sus colegas para que el informe registrara los hematomas que tenía el cuerpo. Desconforme con su actuación, al día siguiente los llamó para proponerles completar el trabajo. Después pidió al juez letrado departamental que lo autorizara a exhumar el cuerpo para hacer la apertura del cráneo. El juez lo derivó a la justicia militar. Entonces Bosch llevó una carta al cuartel pidiendo una segunda autopsia. El pedido, que consta en el expediente militar bajo el rótulo de secreto, fue rechazado por el juez militar coronel Hermes Secco Illa.

            La declaración de los presos y presas que estuvieron en el cuartel de Durazno muestra que la realidad que se vivió allí en los meses de mayo a julio de 1973 es distinta de la que cuentan los militares acusados. Todos recuerdan a Ballestrino como uno de los más terribles en la tortura: practicaba golpes de karate con los prisioneros, les lanzaba un ovejero alemán para que los mordiera y no tenía problemas en identificarse por el nombre. Daniel Cortazzo entró al cuartel un día antes que Fernández Mendieta. Dice que por la manera brutal en que aplicaban la tortura no es extraño que se les hubiera muerto un detenido: “La picana no era con picana sino con cable de corriente aplicado directamente”.[12]A Ubal Lanne Fernández lo detuvieron el 23 de mayo y a María Azziz Manzurel 16 de junio. Los dos fueron torturados por Ballestrino, Morinelli y Núñez. La tortura se hacía en el aljibe del cuartel, una habitación grande y subterránea a la que se accedía por una escalera.

            El periodista Roger Rodríguez obtuvo el testimonio de un ex soldado de Durazno, dispuesto a contarle cómo fueron los hechos pero no a declarar en la justicia:"Núñez lo fue a buscar. Lo trajo de la chacra donde vivían los Fernández Mendieta. Lo llevó al cuartel. Al sótano. Había agua en el piso. Le dio la biaba y se fue, pero había quedado bien... Después vinieron los otros. Eran muy jóvenes. Ballestrino, el hijo del general, Mieres y Blanco. Le dieron la máquina y se les fue. No sabían hacerlo. Se asustaron. Lo subieron a la enfermería. Blanco le hizo respiración boca a boca... Ya estaba muerto...".[13]

Reparación

            El 23 de julio de 1973 Graciela fue detenida. La trasladaron a la base aérea número 2 de Durazno. Meses después la liberaron con la obligación de presentarse periódicamente en el cuartel. Dio a luz a una niña a la que llamó América Sol. Se exilió primero en Buenos Aires y luego en Londres donde vive con la hija y los nietos.

            El Estado uruguayo concedió una indemnización económica a la familia en cumplimiento de la ley 18.596 de reparación a las víctimas. El 24 de mayo de 2016 se colocó una placa en la puerta del cuartel: “En esa unidad militar Regimiento de Caballería Blindado número dos fue asesinado Óscar Fernández Mendieta. Nunca más terrorismo de Estado.24 de mayo de 1973 24 de mayo de 2016”.

 El escenario y los personajes

            El cuartel de Durazno continuó alojando detenidos durante toda la dictadura. Allí estuvieron Adolfo Wasem y Henry Engler, dos de los nueve rehenes, militantes del MLN retirados del Penal de Libertad, que estuvieron diez años separados del resto de los presos en unidades militares del interior del país.

            En cartas que pudo enviar a la familia Wasem relató las duras condiciones de vida en el cuartel.Su viuda, Sonia Mosquera relata que Wasem fue maltratado durante todo el tiempo que estuvo preso pero que el régimen “tuvo un pico muy alto en Durazno en los años setenta y cinco y setenta y seis época que estuvo solo en un aljibe.”[14]“tuvo un pico muy alto en Durazno en los años setenta y cinco y setenta y seis, época que estuvo solo en un aljibe.”[15] Por su parte, Henry Engler[16], contó que en ese cuartel solo tuvo recreo, por indicación médica, en el gran pozo con agua al que se bajaba por una escalera. Tal vez sea el mismo lugar donde asesinaron a Fernández Mendieta.

            Cuando tuvieron que comparecer ante la justicia, los militares imputados se escudaron en la falta de información y de responsabilidad. Describen sus tareas como de escritorio. Sin embargo el examen de los legajos personales revela la participación directa de todos ellos en la represión. Morinelli admite que prestó funciones el sector de Inteligencia militar pero afirma, contra la evidencia, que el S2 estaba desactivado en 1973.Reduce su trabajo de oficial de Inteligencia a “recabar información, evaluarla, clasificarla y diseminarla para la unidad y para el superior”. [17] Más de diez entradas del informe lo sitúan como el activo represor que fue: “En la fecha continúa eficazmente su acción como interrogador de elementos sediciosos capturados, resaltando su trabajo por lo coordinado y eficiente que resulta a pesar de encontrarse mal dormido a causa de cumplir servicios internos y participar en operativos en el exterior, realiza su tarea interrogando sin pausa. Demostró poseer resistencia, entrenamiento y sentimiento profundo del deber.”[18]Pasó a retiro en 1996 con el grado de coronel.

            Cuando la jueza Mota le preguntó a Ballestrino si era karateca, respondió: “No señora, no sé nada de karate”. El informe, en cambio, dice que es profesor de yudo y defensa personal e instructor de tiro y de karate. Pasó a retiro en 1989 con el grado de capitán.

            Mieres también formó parte del S 2 hasta 1983. Trabajó con “iniciativa, previsión y sentido práctico y un claro concepto en el desempeño de sus funciones” en el fichaje de maestros, profesores y personal administrativo de la Enseñanza pública del departamento.[19]Se retiró con el grado de coronel.

            El último destino de Daniel Blanco fue el Comando General del Ejército. Pasó a retiro en 2007 con el grado de coronel. Fue oficial interino del S 2. Según el informe participó en “operativos antisubversivos que requerían la presencia de muchos oficiales y en conocimiento de ellos se muestra permanentemente voluntario y disponible para todos los trabajos”.[20]En las periódicas guardias que le tocaban en el Penal de Libertad, dice el informe, fue un experimentado director de las barracas donde se alojaba a los presos, efectuó requisas y se mostró “enérgico y justo en el manejo de los reclusos”. [1]“Así era Oscar”, testimonio de Graciela Ferreira, publicado en “Causa del pueblo”, s/f.



[2]Expediente  88-2018/11.
[3]Oficio del teniente coronel Juan P. Bonfrisco al juez sumariante Juan A. Núñez fechado en el cuartel de Durazno el 24 de mayo de 1973. En expediente del juzgado militar de 1ª. Instancia de 5to turno, 13 de setiembre de 1973.
[4]El pueblo vencerá Discursos, entrevistas y artículos de Zelmar Michelini, Selección y prólogo de Mario Jaunarena, Buenos Aires, Ediciones Fundación, 1985, p. 267.
[5]“La era de los militares”, Marcha, 16 de febrero de 1973, p.7.
[6] Carta del PCR al vicepresidente Jorge Sapelli, firmada por Winston Mazzuchi y fechada el 4 de junio de 1973.
[7]Lejos de ser un caso aislado, ello ocurría como parte del plan sistemático de represión de la dictadura. La sentencia de la jueza Mariana Mota del 9 de febrero de 2010 que condena a Bordaberry por atentado a la Constitución, homicidios y desaparición forzada describe con claridad este modus operandi.
[8]El caso fue desarchivado a pedido del Observatorio Luz Ibarburu y se sigue investigando en la causa 94-10114/86 en el Juzgado Penal del 9º Turno.
[9] Diario de la Cámara de Senadores, 29 de mayo de 1973.
[10]Declaración de Carlos Ramón Schettini del 8 de marzo del 2012, ante la jueza letrada de primera instancia en lo penal del séptimo turno Mariana Mota.
[11] Declaración de Edison Scaffo ante la jueza letrada de primera instancia en lo penal de séptimo turno Mariana Mota, 24 de octubre de 2011.
[12]Declaración de Daniel Cortazzo ante la jueza letrada de primera instancia en lo penal de séptimo turno Mariana Mota, 15 de febrero de 2012.
[13]La República, 25 de enero de 2009.
[14] Declaración en el mismo expediente, 6 de mayo de 2015
[15] Declaración en Sonia Mosquera, en el mismo expediente, 6 de mayo de 2015.
[16] Declaración de Henry Engler en el mismo expediente, octubre de 2015.
[17]Declaración de Líber Morinelli, ante la jueza de primera instancia en lo penal de séptimo    turno, 13 de setiembre del 2012.
[18]Legajo personal de Líber Morinelli, nota 4, 7 de setiembre de 1972, p. 147.
[19]Legajo personal de Gustavo Mieres nota 2, p. 55 y nota 4, p. 66.
[20]Legajo personal de Daniel Blanco, Nota 10 del 20 de octubre de 1973, p.28.





>>> Fiscal pidió prisión para cuatro militaresRicardo Perciballe, fiscal de Derechos Humanos, investigó el homicidio por torturas de Fernández Mendieta, en un batallón de Durazno.

El Fiscal de Derechos Humanos Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de cuatro militares retirados por el homicidio por torturas de Oscar Fernández Mendieta, un militante del Partido Comunista Revolucionario ocurrido el 24 de mayo de 1973, según comunicó este jueves en su página web la Fiscalía General de la Nación.

A dos de ellos, Daniel Blanco y Gustavo Mieres, les imputó la autoría de un delito “muy especialmente agravado”. Lo mismo le tipificó a Alberto Ballestrino, a quien le agregó abuso de autoridad. A Líber Molinelli la solicitud de procesamiento fue por coautoría de homicidio más dos delitos de privación de libertad y dos de abuso de autoridad.

Según indica el pedido de procesamiento, Fernández Mendieta, un trabajador rural de 26 años, fue detenido por oficiales del Batallón de Caballería Blindada de Durazno ese día de mayo, poco más de un mes antes de la disolución de las Cámaras y el Golpe de Estado. Mieres y Ballestrino fueron quienes lo aprehendieron, bajo las órdenes de Molinelli.

La detención fue sin que hubiera orden ni prueba de que hubiera participado en un ilícito o mucho menos había sido agarrado in fraganti.

Mendieta llevaba tres meses de casado y su esposa estaba embarazada de dos meses.

En ese batallón, agrega el pedido del fiscal, está probado que la tortura era una práctica frecuente. Esa misma suerte corrió el detenido el mismo día de su captura. Pese a que el parte médico oficial (militar) señalaba que la causa de defunción fue un infarto al miocardio, un análisis particular convocado por la familia indicaba que era una persona demasiado joven y sana para ese diagnóstico.

El cuerpo presentaba lesiones “provocados, no autoinferidas” y quemaduras de cigarrillos en la frente. Lo que más llamó la atención a un médico que tuvo contacto con el cadáver, fue que pese a que tenía un “gran hematoma” en el cráneo, lo que podría haber sido la causa de la muerte, este no había sido revisado.

Blanco, Ballestrilno y Mieres fueron los autores de la golpiza que acabó con la vida de ese joven en un cuartel de Durazno.







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