Exiliados y familiares de presos fueron señalados, en 1981, como posibles blancos de represalias.
Samuel Blixen
27 abril, 2018
El general Luis Vicente Queirolo ordenó
tomar represalias con familiares de exiliados, en el marco de su
enconada guerra con el general Gregorio Álvarez por el control del
Ejército en vísperas de la apertura política.
Familiares de uruguayos que vivían en el exterior y que estaban requeridos por las autoridades militares fueron señalados en 1981 como posibles blancos de represalias para el caso de que se produjera un ataque a una unidad militar. A estar por los antecedentes (los fusilados de Soca, las ejecuciones en Argentina), es de suponer que la represalia incluía asesinatos y desapariciones forzadas. La orden fue emitida por el entonces comandante en jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo, y destinada al entonces director del Servicio de Información de Defensa (Sid), general Iván Paulós.
El Sid debía encargarse de planificar las represalias, cuya concreción recaería sobre el Departamento III (Operaciones) cuyo jefe, en aquella época, era el teniente coronel Gilberto Vázquez, hoy condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. La orden de ejecutar represalias masivas fue emitida apenas 20 días después de que la Junta de Oficiales Generales resolviera la designación del general retirado Gregorio Álvarez como presidente de la República. Acciones drásticas contra civiles, independientemente de sus posturas o militancia política, como las ordenadas por el general Queirolo, inevitablemente complicarían el inicio del mandato de Álvarez.
UN TÉLEX CIFRADO. La búsqueda de documentos de origen militar que registren las acciones y operativos contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura ha sido hasta ahora infructuosa. Las colecciones de documentos incautados carecen de dichos registros, salvo algunas excepciones muy puntuales. Una de esas excepciones es un télex recibido a las 20 horas del 2 de junio de 1981 en la Mesa de Radio del Sid y dirigido al director, el general Paulós. El télex, “multicifrado número 15187/B”, fue emitido en la Mesa de Radio del Comando General del Ejército y trasmitido por los operadores soldado Ramírez y cabo Bica.
El texto establecía: “Información recibida día fecha del exterior comunica inminente atentado contra Eie (Escuela de Inteligencia del Ejército) caso de existir reacción se tomarán represalias con familiares en interior y exterior del país. Firmado: Cte J E (comandante en jefe del Ejército)” (véase documento).
Según dicha información, el atentado sería contra el edificio del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército. En junio de 1981, el director de la Eie era el coronel Alberto Mira, a su vez jefe de la Compañía de Contrainformación del Ejército.
El edificio de la calle Dante fue, a comienzos de los años ochenta, un centro clandestino de detención y torturas. Antes de la dictadura también había sido utilizado como lugar de reclusión de ciudadanos detenidos bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Y en 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó, en las oficinas de la Escuela de Inteligencia, el armario con más de 1.200 rollos de microfilmaciones.
Su condición de centro clandestino fue confirmada en mayo de 2017 por el juez José María Gómez, cuando ordenó el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador. El coronel Álvarez fue responsable de las torturas a que fue sometido el dirigente del Sunca Gerardo Riet, un militante del Pvp detenido en 1980 e interrogado y torturado en el ex Cgior antes de ser trasladado a otro centro clandestino en La Tablada.
El edificio de la calle Dante también albergaba a la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, que dependía directamente del E 2 (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Comandada por el mayor Arturo C Aguirre, la compañía recluía en 1981 a varios detenidos, en especial del Partido Comunista (un militante de la construcción, de apellido Araújo, Manuel Pérez, también del PC, y un químico).
En un régimen especial permanecieron en la compañía, en aquellas fechas, dos prisioneros comunistas que habían colaborado en el Fusna (fusileros navales) en la llamada “computadora” (estructura de presos y de oficiales que analizaban las declaraciones de los detenidos y elaboraban informes sobre grupos políticos) y que habían sido liberados con la encomienda de organizar estructuras sindicales favorables al régimen.
EL LARGO BRAZO DE LA REPRESIÓN. Es necesario consignar que nunca se produjo, en 1981 ni en los años siguientes, un atentado contra la Eie. Ninguno de los militantes exiliados que permanecieron en el exterior, consultados para este informe, recordó alguna noticia sobre un supuesto plan de atentado a la Eie. Hasta el momento no se hallaron otras referencias sobre la orden dictada por el comandante Queirolo.
El documento, no obstante, sugiere que la información fue obtenida en el exterior, por algún infiltrado entre los numerosos grupos de exiliados que en aquel entonces vivían en Europa y en América, especialmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Por la forma en que la inteligencia militar registraba los resultados de los interrogatorios, parece sensato descartar que la información del atentado haya sido proporcionada por algún detenido en Uruguay.
Asimismo, la consigna de aplicar represalias a familiares “en el exterior y en el país” hace suponer que los organismos represivos de la dictadura tenían capacidad de operar en Europa y en países americanos, más allá de Argentina, Brasil y Paraguay, donde la participación uruguaya en el Cóndor fue intensa. En Brasil, la Compañía de Contrainformaciones realizó un operativo comando en Porto Alegre contra militantes del Pvp, y el Sid mantuvo durante años vigilancia de personas vinculadas al Partido Nacional. En Argentina, el Sid mantuvo estructuras logísticas permanentes (casas, vehículos, centros de interrogatorios), así como oficiales que permanecían por meses operando en distintas ciudades. En Paraguay, la detención de dos exiliados uruguayos (Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, Pvp) a comienzos de 1977 reveló la permanencia en Asunción de un oficial de Contrainformaciones (el entonces coronel Carlos Calcagno, procesado en 2010 por la desaparición forzada de ambos militantes) como parte de la estructura del Cóndor; entre sus potestades, además de la coordinación, estaban las de interrogar y torturar a detenidos.
La estrecha colaboración entre los aparatos de inteligencia de Argentina y Uruguay, consolidada a partir del golpe de Estado de 1976, se estrechó más aun cuando en 1977 las detenciones y extradiciones clandestinas se multiplicaron en ambos sentidos, interviniendo no sólo los ejércitos, sino también los organismos navales. Diversas referencias señalan que los represores uruguayos que pretendían mantener una vigilancia sobre los grupos de exiliados en diversas capitales europeas se apoyaron en el “Centro Piloto” que a fines de 1977 instaló la Armada argentina en París, para la vigilancia y persecución de militantes montoneros.
No es descabellado suponer que en 1981 la inteligencia uruguaya tuviera un relevamiento de exiliados uruguayos en Europa, y de sus familiares. En ese trabajo de relevamiento también colaboraban funcionarios diplomáticos de las embajadas uruguayas, según se desprende de los informes que habitualmente llegaban al Departamento II (Exterior) del Sid y al E II (Inteligencia del Estado Mayor), del que dependían todos los agregados militares de las embajadas uruguayas.
El interés de la inteligencia militar por los militantes de los diferentes grupos políticos que habían logrado eludir la cacería masiva y que permanecían libres en el exterior quedó confirmado por los extensos interrogatorios sobre el tema a que fueron sometidos algunos de los nueve rehenes varones del Mln y algunas de las 11 rehenes mujeres. En total llegó a haber 20 prisioneros rehenes de los militares, cuya vida dependía de que no se produjeran acciones guerrilleras o atentados en el país.
En esos interrogatorios, comandados por el general Alfonso Feola y el general Gregorio Álvarez, se pretendía elaborar un “perfil” de los principales exiliados tupamaros que mantenían en el exterior la pretensión de retornar al país para enfrentar a la dictadura. Un documento firmado por Álvarez, como jefe de la región de Ejército 4, y que fuera “filtrado” por fuentes militares, detalla los interrogatorios a Eleuterio Fernández Huidobro. El general Feola, por su parte, comandó un interrogatorio a Raúl Sendic, que se prolongó por cinco horas.
QUEIROLO, EL TENIENTE DE ARTIGAS. El general Luis Vicente Queirolo era agregado militar en Washington cuando el flamante gobierno de James Carter confirmó, en marzo de 1977, la suspensión de la ayuda militar a Uruguay por las graves violaciones a los derechos humanos; la protección enmienda parlamentaria había sido impulsada por el congresista Edward Koch. La dictadura atribuía dicha iniciativa a la campaña de denuncias que formulaban permanentemente Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl. Este último reveló que, por esas fechas, el Fbi lo entrevistó para informarle que iba a estar bajo protección. Lo mismo fue informado por Scotland Yard a Wilson Ferreira, que permanecía en su apartamento de Londres. Documentos desclasificados del Departamento de Estado (la cancillería de Estados Unidos) confirman que Wilson Ferreira “llegó a estar en la mirilla de un francotirador”. Juan Raúl Ferreira contó en Radio Uruguay que no le dieron ninguna explicación ni detalles, cuando el Fbi le informó que se desactivaba.
Muy poco antes el Sid (con la aprobación de la Junta de Comandantes) había dado luz verde a un proyecto de asesinato del congresista Koch. A tales efectos se había decidido que José Gavazzo y José A Fons, ambos oficiales del Sid, fueran designados como agregados militares en Washington, uno en la embajada y otro en la Junta Interamericana de Defensa. Las denuncias ante la Cia y el Fbi formuladas por Patricia Derian, funcionaria designada por Carter para asuntos de derechos humanos de su gobierno, impidió que el Departamento de Estado aprobara el estatus diplomático para Gavazzo y Fons. Antes de que terminara el año 1977, el general Queirolo debió retornar a Montevideo porque fue declarado persona no grata.
Mano derecha del general Esteban Cristi, fundador de la logia Tenientes de Artigas, Queirolo participó activamente en los prolegómenos del golpe de Estado, en febrero de 1973, y fue uno de los impulsores de los famosos comunicados 4 y 7 que, en su opinión, fueron una maniobra para que sectores de la izquierda “tragaran el anzuelo” sobre una supuesta orientación “peruanista” en los mandos (véase entrevista en Estado de guerra, de Alfonso Lessa). Cuando el Ejército se zambulló de lleno en la represión, Queirolo fue jefe del Ocoa como coronel, pasó a ser segundo jefe de la Región Militar número 1, y después suplantó a Ramón Trabal en la dirección del Sid; siguió en la inteligencia cuando fue ascendido a general.
En el segundo semestre de 1974 la inteligencia militar se centró en Argentina, en la represión de los grupos del Mln que participaban, junto con el Mir chileno y el Erp argentino, en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Hubo numerosas detenciones, muertes y desapariciones, y cinco militantes tupamaros, más un exiliado de filiación blanca, fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en noviembre de ese año.
María de los Ángeles Corbo, Héctor Brum, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Floreal García y Julio Abreu fueron torturados en la casa de Punta Gorda (el “infierno chico”) hasta el 20 de diciembre, fecha en que los cuerpos de los cinco primeros aparecieron, acribillados a balazos, en la banquina de la ruta 70, en el cruce con la ruta 9, cerca de la localidad de Soca. El brutal asesinato fue una represalia por la muerte, en París, del coronel Trabal, ocurrido el 19 de diciembre, y se presume que dicha represalia fue también una advertencia para los grupos que operaban en Argentina. El general Queirolo era en esas fechas jefe del Estado Mayor del Ejército.
Otra represalia se registró en 1976 en Buenos Aires: en Automotores Orletti, base de operaciones del plan Cóndor, permanecían secuestrados, junto con otros refugiados uruguayos, los dirigentes sindicales León Duarte y Gerardo Gatti (Pvp). Los mayores Gavazzo y Cordero pretendieron canjear por dinero a los sindicalistas, impulsando gestiones ante organizaciones sindicales europeas. El fracaso del chantaje terminó con la desaparición de ambos prisioneros.
Queirolo heredó el encono que el general Cristi profesaba por el general Álvarez, quien en 1976 fue el principal oponente a la propuesta de Juan María Bordaberry de establecer un sistema fascista de organización. Cristi y Queirolo apoyaban la idea de suprimir definitivamente los partidos políticos. En ese contexto se produjeron los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff. En 1976 Queirolo, como jefe del Estado Mayor, estaba a cargo del E 2 (Inteligencia).
En 1979 la Junta de Oficiales del Ejército era el campo de batalla entre los tenientes de Artigas y los oficiales que apoyaban a Álvarez. Al momento de pasar a retiro, y con la aspiración de llegar a presidente, Álvarez se aseguró de que la Junta de Oficiales tuviera mayoría a su favor. En la dura negociación por cuatro ascensos a general, debió aceptar que Queirolo (que también aspiraba a la presidencia) fuera designado comandante del Ejército.
Tras el aplastante triunfo del No en el plebiscito de 1980, Queirolo tenía el control de la Junta, pero con los incidentes de corrupción en el generalato, Álvarez retomó el control de la mayoría, que le permitió asegurar su candidatura a la presidencia; no obstante, no logró controlar la inteligencia, en manos de Paulós.
Al ser anunciada la apertura política, el comandante Queirolo hizo una advertencia pública: “Las Fuerzas Armadas van a seguir jugando el mismo papel que juegan actualmente. En este momento están coparticipando en el poder. Y van a seguir coparticipando en el poder”. Se oponía así a la intención de Álvarez de ejercer un “presidencialismo total”. Queirolo, por el contrario, quería transformar la Junta, integrada por 25 oficiales generales (un virtual colegiado durante ocho años), en una junta de seguridad nacional, que sería una especie de “supervisor último de las autoridades elegidas por voto popular”.
Es en este complejo contexto que Queirolo emite la orden de tomar represalias con familiares.
Familiares de uruguayos que vivían en el exterior y que estaban requeridos por las autoridades militares fueron señalados en 1981 como posibles blancos de represalias para el caso de que se produjera un ataque a una unidad militar. A estar por los antecedentes (los fusilados de Soca, las ejecuciones en Argentina), es de suponer que la represalia incluía asesinatos y desapariciones forzadas. La orden fue emitida por el entonces comandante en jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo, y destinada al entonces director del Servicio de Información de Defensa (Sid), general Iván Paulós.
El Sid debía encargarse de planificar las represalias, cuya concreción recaería sobre el Departamento III (Operaciones) cuyo jefe, en aquella época, era el teniente coronel Gilberto Vázquez, hoy condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. La orden de ejecutar represalias masivas fue emitida apenas 20 días después de que la Junta de Oficiales Generales resolviera la designación del general retirado Gregorio Álvarez como presidente de la República. Acciones drásticas contra civiles, independientemente de sus posturas o militancia política, como las ordenadas por el general Queirolo, inevitablemente complicarían el inicio del mandato de Álvarez.
UN TÉLEX CIFRADO. La búsqueda de documentos de origen militar que registren las acciones y operativos contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura ha sido hasta ahora infructuosa. Las colecciones de documentos incautados carecen de dichos registros, salvo algunas excepciones muy puntuales. Una de esas excepciones es un télex recibido a las 20 horas del 2 de junio de 1981 en la Mesa de Radio del Sid y dirigido al director, el general Paulós. El télex, “multicifrado número 15187/B”, fue emitido en la Mesa de Radio del Comando General del Ejército y trasmitido por los operadores soldado Ramírez y cabo Bica.
El texto establecía: “Información recibida día fecha del exterior comunica inminente atentado contra Eie (Escuela de Inteligencia del Ejército) caso de existir reacción se tomarán represalias con familiares en interior y exterior del país. Firmado: Cte J E (comandante en jefe del Ejército)” (véase documento).
Según dicha información, el atentado sería contra el edificio del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército. En junio de 1981, el director de la Eie era el coronel Alberto Mira, a su vez jefe de la Compañía de Contrainformación del Ejército.
El edificio de la calle Dante fue, a comienzos de los años ochenta, un centro clandestino de detención y torturas. Antes de la dictadura también había sido utilizado como lugar de reclusión de ciudadanos detenidos bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Y en 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó, en las oficinas de la Escuela de Inteligencia, el armario con más de 1.200 rollos de microfilmaciones.
Su condición de centro clandestino fue confirmada en mayo de 2017 por el juez José María Gómez, cuando ordenó el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador. El coronel Álvarez fue responsable de las torturas a que fue sometido el dirigente del Sunca Gerardo Riet, un militante del Pvp detenido en 1980 e interrogado y torturado en el ex Cgior antes de ser trasladado a otro centro clandestino en La Tablada.
El edificio de la calle Dante también albergaba a la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, que dependía directamente del E 2 (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Comandada por el mayor Arturo C Aguirre, la compañía recluía en 1981 a varios detenidos, en especial del Partido Comunista (un militante de la construcción, de apellido Araújo, Manuel Pérez, también del PC, y un químico).
En un régimen especial permanecieron en la compañía, en aquellas fechas, dos prisioneros comunistas que habían colaborado en el Fusna (fusileros navales) en la llamada “computadora” (estructura de presos y de oficiales que analizaban las declaraciones de los detenidos y elaboraban informes sobre grupos políticos) y que habían sido liberados con la encomienda de organizar estructuras sindicales favorables al régimen.
EL LARGO BRAZO DE LA REPRESIÓN. Es necesario consignar que nunca se produjo, en 1981 ni en los años siguientes, un atentado contra la Eie. Ninguno de los militantes exiliados que permanecieron en el exterior, consultados para este informe, recordó alguna noticia sobre un supuesto plan de atentado a la Eie. Hasta el momento no se hallaron otras referencias sobre la orden dictada por el comandante Queirolo.
El documento, no obstante, sugiere que la información fue obtenida en el exterior, por algún infiltrado entre los numerosos grupos de exiliados que en aquel entonces vivían en Europa y en América, especialmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Por la forma en que la inteligencia militar registraba los resultados de los interrogatorios, parece sensato descartar que la información del atentado haya sido proporcionada por algún detenido en Uruguay.
Asimismo, la consigna de aplicar represalias a familiares “en el exterior y en el país” hace suponer que los organismos represivos de la dictadura tenían capacidad de operar en Europa y en países americanos, más allá de Argentina, Brasil y Paraguay, donde la participación uruguaya en el Cóndor fue intensa. En Brasil, la Compañía de Contrainformaciones realizó un operativo comando en Porto Alegre contra militantes del Pvp, y el Sid mantuvo durante años vigilancia de personas vinculadas al Partido Nacional. En Argentina, el Sid mantuvo estructuras logísticas permanentes (casas, vehículos, centros de interrogatorios), así como oficiales que permanecían por meses operando en distintas ciudades. En Paraguay, la detención de dos exiliados uruguayos (Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, Pvp) a comienzos de 1977 reveló la permanencia en Asunción de un oficial de Contrainformaciones (el entonces coronel Carlos Calcagno, procesado en 2010 por la desaparición forzada de ambos militantes) como parte de la estructura del Cóndor; entre sus potestades, además de la coordinación, estaban las de interrogar y torturar a detenidos.
La estrecha colaboración entre los aparatos de inteligencia de Argentina y Uruguay, consolidada a partir del golpe de Estado de 1976, se estrechó más aun cuando en 1977 las detenciones y extradiciones clandestinas se multiplicaron en ambos sentidos, interviniendo no sólo los ejércitos, sino también los organismos navales. Diversas referencias señalan que los represores uruguayos que pretendían mantener una vigilancia sobre los grupos de exiliados en diversas capitales europeas se apoyaron en el “Centro Piloto” que a fines de 1977 instaló la Armada argentina en París, para la vigilancia y persecución de militantes montoneros.
No es descabellado suponer que en 1981 la inteligencia uruguaya tuviera un relevamiento de exiliados uruguayos en Europa, y de sus familiares. En ese trabajo de relevamiento también colaboraban funcionarios diplomáticos de las embajadas uruguayas, según se desprende de los informes que habitualmente llegaban al Departamento II (Exterior) del Sid y al E II (Inteligencia del Estado Mayor), del que dependían todos los agregados militares de las embajadas uruguayas.
El interés de la inteligencia militar por los militantes de los diferentes grupos políticos que habían logrado eludir la cacería masiva y que permanecían libres en el exterior quedó confirmado por los extensos interrogatorios sobre el tema a que fueron sometidos algunos de los nueve rehenes varones del Mln y algunas de las 11 rehenes mujeres. En total llegó a haber 20 prisioneros rehenes de los militares, cuya vida dependía de que no se produjeran acciones guerrilleras o atentados en el país.
En esos interrogatorios, comandados por el general Alfonso Feola y el general Gregorio Álvarez, se pretendía elaborar un “perfil” de los principales exiliados tupamaros que mantenían en el exterior la pretensión de retornar al país para enfrentar a la dictadura. Un documento firmado por Álvarez, como jefe de la región de Ejército 4, y que fuera “filtrado” por fuentes militares, detalla los interrogatorios a Eleuterio Fernández Huidobro. El general Feola, por su parte, comandó un interrogatorio a Raúl Sendic, que se prolongó por cinco horas.
QUEIROLO, EL TENIENTE DE ARTIGAS. El general Luis Vicente Queirolo era agregado militar en Washington cuando el flamante gobierno de James Carter confirmó, en marzo de 1977, la suspensión de la ayuda militar a Uruguay por las graves violaciones a los derechos humanos; la protección enmienda parlamentaria había sido impulsada por el congresista Edward Koch. La dictadura atribuía dicha iniciativa a la campaña de denuncias que formulaban permanentemente Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl. Este último reveló que, por esas fechas, el Fbi lo entrevistó para informarle que iba a estar bajo protección. Lo mismo fue informado por Scotland Yard a Wilson Ferreira, que permanecía en su apartamento de Londres. Documentos desclasificados del Departamento de Estado (la cancillería de Estados Unidos) confirman que Wilson Ferreira “llegó a estar en la mirilla de un francotirador”. Juan Raúl Ferreira contó en Radio Uruguay que no le dieron ninguna explicación ni detalles, cuando el Fbi le informó que se desactivaba.
Muy poco antes el Sid (con la aprobación de la Junta de Comandantes) había dado luz verde a un proyecto de asesinato del congresista Koch. A tales efectos se había decidido que José Gavazzo y José A Fons, ambos oficiales del Sid, fueran designados como agregados militares en Washington, uno en la embajada y otro en la Junta Interamericana de Defensa. Las denuncias ante la Cia y el Fbi formuladas por Patricia Derian, funcionaria designada por Carter para asuntos de derechos humanos de su gobierno, impidió que el Departamento de Estado aprobara el estatus diplomático para Gavazzo y Fons. Antes de que terminara el año 1977, el general Queirolo debió retornar a Montevideo porque fue declarado persona no grata.
Mano derecha del general Esteban Cristi, fundador de la logia Tenientes de Artigas, Queirolo participó activamente en los prolegómenos del golpe de Estado, en febrero de 1973, y fue uno de los impulsores de los famosos comunicados 4 y 7 que, en su opinión, fueron una maniobra para que sectores de la izquierda “tragaran el anzuelo” sobre una supuesta orientación “peruanista” en los mandos (véase entrevista en Estado de guerra, de Alfonso Lessa). Cuando el Ejército se zambulló de lleno en la represión, Queirolo fue jefe del Ocoa como coronel, pasó a ser segundo jefe de la Región Militar número 1, y después suplantó a Ramón Trabal en la dirección del Sid; siguió en la inteligencia cuando fue ascendido a general.
En el segundo semestre de 1974 la inteligencia militar se centró en Argentina, en la represión de los grupos del Mln que participaban, junto con el Mir chileno y el Erp argentino, en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Hubo numerosas detenciones, muertes y desapariciones, y cinco militantes tupamaros, más un exiliado de filiación blanca, fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en noviembre de ese año.
María de los Ángeles Corbo, Héctor Brum, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Floreal García y Julio Abreu fueron torturados en la casa de Punta Gorda (el “infierno chico”) hasta el 20 de diciembre, fecha en que los cuerpos de los cinco primeros aparecieron, acribillados a balazos, en la banquina de la ruta 70, en el cruce con la ruta 9, cerca de la localidad de Soca. El brutal asesinato fue una represalia por la muerte, en París, del coronel Trabal, ocurrido el 19 de diciembre, y se presume que dicha represalia fue también una advertencia para los grupos que operaban en Argentina. El general Queirolo era en esas fechas jefe del Estado Mayor del Ejército.
Otra represalia se registró en 1976 en Buenos Aires: en Automotores Orletti, base de operaciones del plan Cóndor, permanecían secuestrados, junto con otros refugiados uruguayos, los dirigentes sindicales León Duarte y Gerardo Gatti (Pvp). Los mayores Gavazzo y Cordero pretendieron canjear por dinero a los sindicalistas, impulsando gestiones ante organizaciones sindicales europeas. El fracaso del chantaje terminó con la desaparición de ambos prisioneros.
Queirolo heredó el encono que el general Cristi profesaba por el general Álvarez, quien en 1976 fue el principal oponente a la propuesta de Juan María Bordaberry de establecer un sistema fascista de organización. Cristi y Queirolo apoyaban la idea de suprimir definitivamente los partidos políticos. En ese contexto se produjeron los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff. En 1976 Queirolo, como jefe del Estado Mayor, estaba a cargo del E 2 (Inteligencia).
En 1979 la Junta de Oficiales del Ejército era el campo de batalla entre los tenientes de Artigas y los oficiales que apoyaban a Álvarez. Al momento de pasar a retiro, y con la aspiración de llegar a presidente, Álvarez se aseguró de que la Junta de Oficiales tuviera mayoría a su favor. En la dura negociación por cuatro ascensos a general, debió aceptar que Queirolo (que también aspiraba a la presidencia) fuera designado comandante del Ejército.
Tras el aplastante triunfo del No en el plebiscito de 1980, Queirolo tenía el control de la Junta, pero con los incidentes de corrupción en el generalato, Álvarez retomó el control de la mayoría, que le permitió asegurar su candidatura a la presidencia; no obstante, no logró controlar la inteligencia, en manos de Paulós.
Al ser anunciada la apertura política, el comandante Queirolo hizo una advertencia pública: “Las Fuerzas Armadas van a seguir jugando el mismo papel que juegan actualmente. En este momento están coparticipando en el poder. Y van a seguir coparticipando en el poder”. Se oponía así a la intención de Álvarez de ejercer un “presidencialismo total”. Queirolo, por el contrario, quería transformar la Junta, integrada por 25 oficiales generales (un virtual colegiado durante ocho años), en una junta de seguridad nacional, que sería una especie de “supervisor último de las autoridades elegidas por voto popular”.
Es en este complejo contexto que Queirolo emite la orden de tomar represalias con familiares.
>>> Queirolo era miembro de la logía P2
Por Leonardo Borges.
El contenido del archivo de Elmar Castiglioni que
contiene a su vez el de su tío, Víctor Castiglioni, es custodiado
celosamente por el Poder Judicial. Solo dos peritos –historiadores de
probada trayectoria en los temas de pasado reciente– accedieron a dicho
archivo: Isabel Wschebor y Álvaro Rico.
En un primera
instancia generaron sendos informes sobre los temas contenidos en los
archivos. Rico aporta algunos detalles en su informe, justamente sobre
los temas aquí tratados. Sostiene en su crónica (reproducida por
Brecha): “Hay documentación conteniendo información acerca de
emprendimientos financieros y negocios vinculados a varias personas
públicas, pero sin pruebas ni conclusiones que permitan deducir
ilegalidad o inmoralidad de esas personas”. Pero también sostiene que
existen documentos sobre la Logia Propaganda Due, sus miembros, la
masonería y hasta de los Tenientes de Artigas. Allí descansa entonces la
lista, una copia de la famosa lista de Gelli que enciende la mecha.
Abrimos entonces otro capítulo de esta historia.
***
“Perón
era masón, yo lo inicié en Madrid, en la Puerta de Hierro, en junio de
1973”, así lo aseguraba el mismísimo gran maestre Licio Gelli al mismo
tiempo que relataba con lujo de detalles la conversión de Juan Domingo
Perón de profano a masón en la logia Propaganda Due. En una entrevista
con la revista Perfil de Argentina, Gelli declaró abiertamente que Perón
formaba parte de la logia. La crónica es imperdible: “Juan Domingo
Perón se inclinó hacia el gran maestre, quien lo esperaba con el
martillo de plata, el mandil en la cintura y la banda ceremonial
ilustrada con el símbolo masón del compás y la escuadra. Cuando su boca
estuvo cerca de la oreja de Licio Gelli, Perón separó suavemente los
labios y le susurró al oído. Nadie los escuchó. El pasaje de secretos
era la forma de ser aceptado. En Madrid, el jefe del peronismo
atravesaba la ceremonia iniciática que le concedería el Grado 33 del
Rito Escocés y lo convertiría en integrante del Consejo Supremo de la
famosa logia Propaganda Due (P2)”.
Un Licio Gelli
auténtico desentrañaba algunos de sus secretos en 2009 para el medio
argentino, recluido en su Villa Wanda, su posada de Arezzo. Dejaba más
dudas que certezas en una de las especialidades de un hombre que se
movió como pez en el agua durante 50 años, sin perder poder e
influencias. Gelli fue uno de los que viajó a Buenos Aires en el mismo
vuelo que Perón a su llegada a Ezeiza en junio de 1973. La estructura
peronista en los años 70 distaba mucho de la existente 20 años antes. La
derecha había avanzado poderosamente y la izquierda peronista, liderada
por los montoneros, había quedado relegada hasta por el mismo general.
Los protagonistas de aquellas estaciones eran otros. Ya no era Evita la
que deslumbraba al general; María Estela Martínez, conocida como
Isabelita, era quien ocupaba su lugar. El general la había conocido en
un cabaret en Centroamérica donde ella bailaba, y a partir de entonces
se convirtió en su secretaria. Ella tenía 23 años. Otro de los hombres
fuertes del peronismo setentista era José López Rega (el Brujo), un
policía anticomunista y esotérico. Otros nombres aparecen como claves en
esta nueva etapa el peronismo. Raúl Lastiri (presidente argentino por
tres meses entre Cámpora y Perón) y Alberto Vignes entre muchos otros
hombres detrás del general. ¿Qué tenían en común estos hombres? Eran
todos P2 y Gelli era su gran maestre.
No es
casualidad entonces que el 18 de octubre de 1973, a seis días de asumir
nuevamente la presidencia, Perón condecoró con la Orden del Libertador
San Martín en el grado de Gran Cruz a Licio Gelli.
Desde
ese momento Gelli se acomodó y acomodó a la P2 en el Río de la Plata a
través de otro personaje acomodaticio, relacionado indefectiblemente con
los negocios financieros, Umberto Ortolani. Entre Uruguay y Argentina,
la logia se estableció en Sudamérica y sus negocios florecieron en
connivencia con los gobiernos de turno, que casualmente eran gobiernos
dictatoriales y anticomunistas. De hecho, y a pesar de que Gelli ha
negado su relación laboral con la CIA, todo parece indicar que trabajaba
bajo los auspicios de la misma. “El fin justifica los medios” es una
frase que en diplomacia y política internacional lamentablemente se
aplica sin ningún tipo de prurito.
De esta forma, la
logia P2 une en su interior negocios ilícitos (de toda índole,
principalmente bancarios y financieros), una ideología subyacente
fascista y un entretejido mafioso entre el poder económico y el poder
político pocas veces visto. La mafia (a través de Michele Sindona, por
ejemplo), la Iglesia (a través del Banco Vaticano), el poder político,
el poder financiero y sobre todo la situación de una Guerra Fría en la
que la logia (y sobre todo Gelli) aparecía como una de las
organizaciones anticomunistas amortizadas tanto por la OTAN como por la
CIA.
Conexiones Uruguay
En
los años 70 la logia P2 ya era una fuerza considerable, relacionada e
implicada al mismo tiempo con la mafia italiana y con la Iglesia
Católica Apostólica Romana a través del Instituto para las Obras de
Religión o IOR (Istituto per le Opere di Religione), en definitiva el
Banco Vaticano. Alrededor de esos años, la logia dirigida por Gelli
compra nada menos que Il Corriere Della Sera. Fue en 1978 que el magnate
italiano Angelo Rizzoli debe ceder el control del medio a Gelli y la
logia en una negociación secreta en su momento. La logia entonces
comenzó el control de los medios a través del diario más importante de
Italia y con proyección regional e internacional. Más tarde en esa
escalada, adquirieron el grupo Rizzoli completo y la editorial Abril
perteneciente a la familia Civita en Argentina.
Justamente
en Argentina son extremadamente nítidas las conexiones de la logia con
los poderes de turno. Inicialmente, Perón en el exilio y tras su vuelta
al poder (no sólo Gelli asistió a la asunción del general; en la Casa
Rosada ese día despuntaba otro italiano misterioso, Giulio Andreotti);
apoyando a López Rega y su camarilla; con Isabelita (de la que Gelli
siempre tuvo la mejor opinión; en la entrevista con Perfil sostuvo que
“el pueblo argentino no se comportó bien con Isabelita. No la trató
bien. Ella hizo mucho para el pueblo argentino”; y con el gobierno
militar (a través de sus “hermanos” Massera y Suárez Mason, entre
otros). Los nombres de argentinos tristemente célebres aparecen en las
listas de Italia, ayudando a desenredar esta compleja madeja. Pero con
respecto a nuestro país, es mucho más compleja esa relación, escondida
tras bambalinas. La condición de aldea de nuestra comunidad posee rasgos
positivos, pero la misma esconde, tras las mangas del amiguismo o el
“no te metas”, una historia que merece ser contada, relacionada con la
impunidad, la corrupción y las relaciones entre el poder económico y el
poder político, especialmente en dictadura.
Los
tentáculos de la logia en Uruguay llegaron a través del mismo Gelli y su
agente de primera línea, Umberto Ortolani, quien aparecía en el cuarto
lugar en la lista encontrada por la policía en Arezzo en 1981. La mayor
fuerza de sus negocios se encontraba en un banco, el Bafisud (Banco
Financiero Sudamericano). Detrás del consejo de administraciones del
Bafisud se encontraba nada menos que Gelli. Las personalidades se
entrelazan en este punto y aparece una organización católica y
conservadora de origen medieval de la que de forma casual o quizás
causal entrelazan los nombres. Los miembros de la P2 aparecen también en
las listas de la Soberana Orden de Malta. De hecho, Gelli operaba,
según consignaron fuentes a Caras y Caretas, desde la sede de la Orden
de Malta y desde allí manejaba los hilos. Aunque a veces erraba el
candidato.
¿Quiénes estaban detrás de Bafisud? Quizás nos acerque a la verdad una serie de datos fríos.
Entre
los uruguayos que figuraban en el Bafisud podemos encontrar a Julio
Aznárez, la familia Strauch, los Santayana y, mucho más interesante, la
familia Peirano Facio. Nombres en las listas de la Orden de Malta.
Casualidades.
A principios de los 80 la logia debía
tomar una decisión. Justamente a la hora de escoger, Gelli y sus aliados
tomaron una mala decisión en Uruguay. Tras la caída de Aparicio Méndez
del poder, la sucesión estaba entre el general Luis Vicente Queirolo y
el general Gregorio Álvarez. Queirolo era miembro de P2 según consignan
algunas fuentes. Apuntaron a él. Por tanto, la P2 perdía una parte
importante de su influencia con la designación de Álvarez en el poder.
Coincidentemente, poco después el Bafisud se fundió y fue absorbido por
el holandés NMB Bank en una extraña negociación que más adelante
trataremos.
De hecho, al poco tiempo de asumir,
Álvarez ordena el allanamiento de la casa de Gelli. Fue justamente el
inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e
Inteligencia (DNII) quien comandó un allanamiento en Carrasco en el que
se incautó el archivo de la P2. Allí estaba la lista de los uruguayos
P2. La lista que escondía Elmar Castiglioni en su casa y que promete
develar uno de los secretos más oscuros de nuestra historia reciente.
***
Orden
La
Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en
el siglo XI por comerciantes amalfitanos. Sobrevivió a las cruzadas
gracias a la conservación de los “valores” que suponen positivos de
forma casi invariable. De hecho ese conservadurismo los ha llevado a
enfrentarse abiertamente con el papa Francisco en la actualidad.
Según
su página web, posee 12.500 miembros en el mundo, 80.000 voluntarios y
15.000 empleados. Una estructura tan pequeña posee empero un poder
descomunal con grandes cuotas de discrecionalidad altamente peligrosas.
Mantiene relaciones diplomáticas con 100 países, y hasta está está
representada en la ONU.
A finales de los 80 los
nombres que aparecían como miembros de la Orden eran en general
banqueros o poderosos hombres de negocios, entre otros, Jorge Peirano
(sí, ese Peirano), Hugo Eguiluz Paullier, Gastón Barreiro Zorrilla,
Yamandú D’elia, Francisco Etcheverry Vidal, Piero María Ortolani (hijo
de Umberto), Joaquín Reyes Rius, Julio Pueyrredón Saavedra, Jorge Carve
Gurméndez, Miguel Páez Vilaró, Santiago Acosta y Lara, Maximilien
Herode, entre otros.
***
Ortolani
Umberto
Ortolani nació en Roma el 31 de de mayo de 1913. Abogado de profesión,
se convirtió después de la guerra en un empresario de fuste en la
península itálica. Fue CEO de Ducati en sus primeros años y desde
entonces su crecimiento no paró. Se relacionó prontamente con la curia a
través del cardenal de Bolonia, Giacomo Lercaro, y para 1963 se le
otorgaba el titulo de “Caballero de Su Santidad” por parte del papa
Pablo VI (aunque se lo arrebataron en 1983). Transitó algunos años por
la gerencia de medios hasta 1974, año en que es reclutado por Gelli o
viceversa. Hay versiones que lo colocan a él como gran titiritero.
Existen algunas referencias a supuestas reuniones de Ortolani con
autoridades vaticanas en pro de acercar posturas entre la masonería P2 y
el catolicismo. De hecho, como se ha consignado, gran parte de los P2
son miembros de la Suprema Orden de los Caballeros de Malta, entre ellos
Ortolani. Las relaciones son, por lo menos, intrigantes.
En
Uruguay poseía, entre otros negocios, el segundo banco del país en
aquellos años, el Bafisud (Banco Financiero Sudamericano), además de
poseer mas de 30 empresas, una publishing house, tres rascacielos y
miles de hectáreas en Argentina, Paraguay y Brasil. No olvidemos la
galería Latina, fundada en 1980 por Ortolani, un verdadero símbolo de
una época.
A mediados de los 80, tras el escándalo en
Italia y su aparición en la lista, comenzó un declive de su figura y
fue acusado de diferentes delitos, tanto financieros como políticos.
Inclusive se lo acusó (aunque fue absuelto) del crimen de Bolonia, una
operación de Gladio, bajo el auspicio de la OTAN, perpetrada por la P2.
Tras años de idas y vueltas entre Uruguay, Italia y Brasil y pago de
fianzas, finalmente fue enjuiciado en Roma, pero la sentencia no fue
ejecutada por su estado de salud. Falleció en la capital italiana el 17
de enero de 2002.
Uruguay era, a la salida de la dictadura, uno de esos pocos países que mantenían relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta. El 2 de octubre de 1985 el entonces presidenteJulio María Sanguinetti visitó a su alteza eminentísima fray Angelo di Mojana di Cologna, gran maestre de la Orden de Malta, según consta en una foto publicada por el diario La Mañana, aunque esa visita no figuró en la agenda oficial de su gira europea. Dos años después fue un senador colorado, Justino Carrere Sapriza, quien propuso sugerir a la cancillería que "cancele cordialmente una relación diplomática altamente discutible". En su intervención, Carrere Sapriza señaló que "los máximos dirigentes de la Orden de Malta son en su mayoría de clara extracción nazi-fascista" y recordó que el presidente argentino Raúl Alfonsín había denunciado un intento de golpe militar, en noviembre de 1985, encabezado por el general Carlos Suárez Mason, miembro de la P-2. En la misma legislatura hubo otras dos iniciativas de legisladores oficialistas en el mismo sentido que la de Carrere Sapriza: una fue planteada por el diputado Honorio Barrios Tassano y otra por el senador Pedro Cersósimo. Sin embargo, veinte años y una docena de cancilleres después, fuentes de la cancillería consultadas por BRECHA informaron que Uruguay sigue manteniendo relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta.
Guillermo Waksman
>>> Existen!!
>>> Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la Soberana Orden de Malta
Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la Soberana Orden de Malta, Pierre den Baas.
Fuente: http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/febrero/2003021301.htm
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