Por Gustavo Melazzi - William Yohai
1. EL CONTRATO.
Mucho se habla de vaguedades y posibilidades, cuando lo correcto es
atenerse a lo concreto y definido.1 El contrato establece una serie de
obligaciones que en forma unilateral debe cumplir “Rou” (el gobierno
uruguayo) para que después de que todas y cada una de ellas estén
cumplidas, a juicio de Upm, ésta tome la decisión final de invertir o
no. Nos parece imprescindible resaltar lo lesivo para la soberanía
nacional que representa el conjunto de este contrato, que se sintetiza
en este artículo: “4.3. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión
final de inversión de Upm sobre si procede o no con el proyecto de
planta de
celulosa quedará sujeta a la sola discreción de Upm, aun cuando cada una
de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato
suplementario haya sido suscrito”.
2. INVERSIÓN DE UPM.
Invertiría 2.000 millones de euros (2.480 millones de dólares de hoy).
Cabe destacar que durante más de dos años el gobierno difundió la cifra
de 4.000 millones de dólares, quizás orientada a abonar en la población
una percepción favorable al emprendimiento (al igual que con otras
cifras).
3. INVERSIÓN DE URUGUAY.
A) Construirá un ferrocarril moderno (Montevideo-Paso de los Toros) a
su costo, que se estima en 700 millones de dólares. B) Se compromete a
comprar obligatoriamente la energía producida por la planta. Se trata de
905 millones de dólares (72,5 millones de dólares anuales, descontados
al 4,5 por ciento durante 20 años). A nuestro entender, otro subsidio
encubierto a la empresa. Destacamos que en los plazos planteados el país
no necesitará esta energía. C) Construirá un viaducto a la entrada del
puerto de Montevideo cuyo costo (incluido un 15 por ciento de
imprevistos) sería de 144 millones de dólares.
Esto se complementaría con un nuevo puerto pesquero en Capurro; otros
103 millones de dólares. No olvidemos que Uruguay invirtió entre 30 y 35
millones de esa moneda en un puerto maderero en La Paloma, que sólo
operó un año y medio.
Falta
cuantificar la inversión en obras complementarias; el reforzamiento de
las capacidades de la Dinama; “servicios externos” de asesoría
ferroviaria que Upm contratará y deberá pagar Uruguay.
La
inversión hasta ahora cuantificada que debería hacer Uruguay suma 1.850
millones de dólares. Es el 43 por ciento del total que necesitaría el
proyecto. ¿Por qué Uruguay no negocia al menos un 40 por ciento de las
acciones?2
4. EXENCIONES FISCALES.
No sólo la planta (que estará en zona franca, pese a que en Brasil les
cobran entre 30 y 33 por ciento e igual se radican allí), sino todas las
plantaciones forestales pueden ser desgravadas por la cláusula que
obliga a firmar un acuerdo de precios anticipados entre Upm y la Dgi,
que regulará los precios de transferencia de la madera desde las
plantaciones (que teóricamente deberían pagar impuestos) hasta la zona
franca. En suma, una zona franca de 255 mil (o más) hectáreas. Esperemos
que estos acuerdos de precios no reiteren la experiencia de Ancap al
vender a las plantas el fuel oil por debajo del costo de importación.
Esto
implica la constitución de un oligopolio gigantesco, ya que Upm
absorbería tres importantes empresas (Cofusa –40 mil hectáreas–,
Forestal Río de los Pájaros –sin datos– y Elmadur –sin datos–). Las
fusiones también estarán libres de impuestos.
5. GANANCIAS DE LA EMPRESA.
De acuerdo a datos de múltiples fuentes internacionales relevadas, el
costo de producción de la celulosa en Uruguay ronda los 300 dólares por
tonelada. Desde 2000 hasta 2018 el precio internacional ha oscilado
entre 400 (punto más bajo, en la crisis financiera de 2009) y 800
dólares la tonelada, y hoy está en torno a los 700 dólares. Dos millones
de toneladas al año significan unos 800 millones de dólares de
ganancia; en 20 años suman 16.000 millones de esa moneda. Descontando la
inversión (2.480 millones de dólares), la empresa se llevaría, neto,
13.520 millones de dólares. En tres años
desquita la inversión. Por cada dólar que trae se lleva cinco.
Un
negocio espectacular, con pagos mínimos por concepto de cánones y
algunos aportes al desarrollo tecnológico, que no pasarán de 8 millones
de dólares anuales. La experiencia de las pasteras existentes indica que
el canon abonado por ellas es menor a los gastos anuales de la Dinama
por inspección, medidas compensatorias, análisis de laboratorios y
similares, necesarios para el control del funcionamiento de esas
plantas.
6. EMPLEO DIRECTO.
A) El Mvotma informa que durante la construcción el promedio será de
2.850 puestos de trabajo, con picos de 4.500.3 A) Con la planta
operando, difícilmente se necesiten más de 500 trabajadores.4
7. EMPLEO INDIRECTO.
En su presentación a la Cámara de Industrias (febrero de 2018) Upm
señaló que generará “4.300 empleos directos e indirectos, más 2.700
inducidos”, y por otra parte consideró “8 mil puestos de trabajo
adicionales en la cadena de valor”. Ya analizamos los directos, pero el
cálculo de los indirectos tiene un serio problema: prácticamente toda la
forestación necesaria para abastecer a la planta (propia o a contratar)
ya existe, no será empleo “generado” por ésta. Lo mismo ocurre con los
servicios a estas plantaciones y el transporte requerido para su
producción (se dirija o no
a la planta). En cuanto a los “inducidos”, Upm habla de “600 empresas
pequeñas y medianas adicionales”. ¿Serán los camioneros? ¿Unipersonales
de servicios? Tengamos presente que las dos plantas de celulosa ya
existentes no “multiplicaron” a prácticamente ninguna empresa (real)
adicional. En cuanto a las menciones a la “cadena de valor”, es un
concepto muy incipiente, y por lo tanto flexible y poco riguroso. En
todo caso nos importa una “cadena de producción” y no una “cadena de
ganancias”.
8. OTROS IMPUESTOS.
La empresa señala que (fuera de la zona franca) abonará unos 120
millones de dólares anuales a partir de la “cadena de valor”. El
análisis anterior demostró que Upm se atribuye como generada por ella
una serie de actividades ya existentes. Al no ser esto así, este cálculo
de impuestos pierde toda relevancia. Esta cifra no es sustentable,
además, ya que la gran mayoría de las actividades fuera de la zona
franca estarán “exentas”; para ello expresamente se pactará el acuerdo
de precios de venta anticipada de madera a la zona franca.5
9. IMPACTO EN EL Pbi.
La empresa señala y el gobierno repite que la planta generará un
“aumento permanente de 2 por ciento en el Pbi”. A la luz de las
anteriores observaciones resulta muy difícil sustentarlo. El escaso
empleo directo, una parte menor del indirecto, unas pocas actividades
menores vinculadas, algunos impuestos, pago de ciertos insumos y otras
actividades de poco impacto minimizan las cifras tan difundidas. Es
lógico: la propia celulosa es un commodity. Y no debemos encandilarnos
con el aumento de las exportaciones; Uruguay exporta troncos, Upm
celulosa desde una zona franca. Mucho más importante que el cálculo del
Pbi es cuánto de la actividad
de la trasnacional queda en el país. En este caso, como vimos, la
empresa invierte 2.480 millones de dólares y en 20 años se lleva 16 mil
millones de dólares. Luego de aportar agua, sol, suelo y trabajo, lo que
no llega a los bolsillos de los uruguayos es cuantioso.
10. LA “OPORTUNIDAD”.
Hay opiniones que así consideran la instalación de la planta,
considerando los impulsos tecnológicos, actividades “inducidas” y otras.
En realidad, diez años de experiencia de las otras plantas en el país
muestran que casi nada de esto sucedió. Para la primera incluso se
consideró un éxito establecer que un posible emprendimiento nacional
tendría prioridad para adquirir hasta 15 por ciento de la celulosa
producida, para fabricar cartón, papel o similares. Hoy el contrato con
Upm establece, en su punto 3.1.1.a. ii, que el 100 por ciento de la
celulosa se exportará.
11. ENERGÍA RENOVABLE.
En atención al ambiente, se nos dice que estas plantas (no sólo Upm 2)
generan energía “limpia”, de fuentes “renovables”, a partir de sus
desechos forestales. Pero no es así. Las plantas funcionan con fuel oil,
y al hacer la equivalencia energética entre la energía a partir de los
desechos y la que aporta el fuel oil, los números se inclinan hacia el
combustible fósil; el balance ambiental es negativo.
12. LA LEY FORESTAL.
La norma vigente establece que más de 4 millones de hectáreas son de
“prioridad forestal” y podrían, por tanto, sembrarse con eucaliptos.
Hasta ahora habría 1.150.000 hectáreas forestadas. La sustitución del
ecosistema natural de pradera (modificado por el ser humano), que
predomina en nuestro país, por vastas masas forestales plantea una serie
de problemas ecológicos. Si bien económicamente, en forma transitoria,
es posible que a algunos terratenientes –y en particular a empresas
vinculadas al negocio– les convenga, con una visión de más largo plazo
es muy probable que para el país el
resultado sea profundamente negativo. Plantar árboles en la pradera es
muy sencillo. Revertirlo es sumamente costoso, y se debe tener en cuenta
que los procesos físicos y biológicos son de muy largo plazo.
13. SOBRE EL PODER.
En un plano más político, se dice que desde el punto de vista de la
acción de gobierno la planta es positiva pues divide un poder
tradicionalmente conformado en torno a grandes productores
agropecuarios. “Dividir” el poder otorgaría más libertad a la política
económica. Sin embargo, esta posibilidad es muy dudosa, o más bien
falsa. Es incomprensible pretender que un gobierno gane libertad por
incorporar en la ecuación a una empresa trasnacional.
14. REGULACIÓN DEL RÍO NEGRO.
El contrato establece que el gobierno garantizará a Upm “un flujo
mínimo en el Río Negro aguas debajo de la represa de Rincón del Bonete”.
Actualmente Ute es responsable de la regulación del flujo en función de
las necesidades energéticas y acorde a las previsiones climáticas. Esto
de-saparece y el flujo lo determinará la necesidad de agua para Upm. No
es casualidad que la ubicación de la planta sea exactamente aguas abajo
de la represa (no confían en el flujo natural del río), con lo que aun
en épocas de sequía tendrá prioridad para su abastecimiento. Para
tener una idea del perjuicio económico potencial para Ute, digamos que
durante 2017 las represas del Río Negro generaron 2.550.000
megavatios-hora, por un valor de 185 millones de dólares.
Es
más, si Upm y el gobierno aducen que el agua consumida por la planta
vuelve “limpia” al río, ¿por qué no se establece (se negocia) la
condición de un circuito cuasi cerrado? Mediante éste se reutilizaría la
mayor parte del agua que fluye de la planta, en lugar de sacar del río
todos los días ese volumen.
15. SOBERANÍA.
Si surgen discrepancias en cuanto a la marcha del proyecto, el contrato
establece que serán dirimidas en tribunales internacionales.
Nuevamente, nuestro sistema legal es relegado. Además, toda situación
que se presente ya está sujeta al Tratado de Protección de Inversiones
con Finlandia. Y en el primer punto señalamos que Uruguay se obliga,
pero Upm resolverá si invertir o no.
Por
último, la cláusula 2.4 del contrato señala: “Beneficios indicativos.
Rou espera que los beneficios del proyecto Upm podrían incluir los
beneficios referidos en las cláusulas 2.2 y 2.3. Dichos beneficios son
únicamente indicativos y no constituyen obligación o compromiso alguno
para que Upm y el proyecto Upm alcancen dichos beneficios o resultados”.
El gobierno “espera” beneficios, “podrían” incluir… y Upm no asume
ningún “compromiso”. Toda una confesión de parte. Sumada a las 14
observaciones anteriores, cabe preguntarse: ¿soberanía o sometimiento?
CONCLUSIÓN.
Todo conduce a pensar que el gobierno cree que “lo que es bueno para
una empresa trasnacional es bueno para los uruguayos”. Una concreción
más de la política de que “el mercado decide”. Por el contrario, este
proyecto no es beneficioso para Uruguay. La cláusula 4.5 del contrato
dice: “Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de
cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la
fecha de definición final de inversión (incluso con respecto a cualquier
incumplimiento de obligaciones)”.
Nos queda la esperanza de que en algún momento próximo prime la lucidez y la conciencia del interés nacional.
William Yohai, exintegrante de la Red de Economistas de Izquierda, es crítico con el proyecto que negoció el Gobierno.
*
Gustavo Melazzi es docente, doctor en economía por la Unam. William
Yohai es médico y analista de temas económicos.
1.
Además del contrato firmado entre Uruguay y Upm, la información de este
artículo emerge de numerosas fuentes que no citamos por su extenso
número, pero que figuran en los artículos de Brecha del 2-XI-07 y del
5-VIII-11, y de Voces del 19-X-06 y del 18-VIII-16.
2.
Desde el punto de vista del desembolso efectivo que debe hacer Upm al
invertir, ésta puede: a) solicitar un crédito con garantía estatal por
1.450 millones de dólares (72,5 millones por venta garantizada de
energía durante 20 años); b) lo descuenta al 4,5 por ciento (son 905
millones de dólares). En esta alternativa, la inversión efectiva de Upm
se reduce de 2.480 a 1.578 millones de dólares (48 por ciento), y
Uruguay invertiría 1.761 millones de dólares, 52 por ciento del total
del proyecto.
3.
Véase página 42 del documento “Viabilidad ambiental de localización:
Cuecar SA-planta de celulosa Paso de los Toros”, disponible en: http://www.mvotma.gub.uy/
4. Véase: http://zonasfrancas.mef.gub.
5. Reporte 2017 de la empresa (donde además informan que pagaron 12 millones de euros en impuestos en Uruguay).
Link al artículo en la web: https://brecha.com.uy/quince-
Los gráficos de " Saracho"
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