Nuevos elementos en la causa de Elena Quinteros.
13 abril, 2018
Un pedido de acceso a la información realizado por el Observatorio Luz Ibarburu al Ministerio de Defensa permitió que se conociera en qué expediente militar fue adjudicada la vivienda que habitaba la militante desaparecida Elena Quinteros a la División de Ejército I. Esta semana, Brecha pudo confirmar que la documentación, que puede resultar clave para la causa penal, fue localizada en el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar. El apartamento sigue siendo usufructuado por los militares hasta el día de hoy. Ahora lo ocupan la viuda y los hijos de un oficial caído en Haití.
“El inmueble sito en la calle Ramón Massini 3044 apto 103 fue confiscado por sentencia definitiva de primera instancia número 123/77 de fecha 7 de diciembre de 1977, confirmada en segunda instancia por sentencia número 99 de fecha de agosto de 1979, en los autos caratulados ‘Alma Verónica Rodríguez Vignart’ causa de este juzgado número 38/76.” La cita aparece en un oficio de la justicia militar fechado en enero de 2018, como parte de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (Oli), Raúl Olivera, en diciembre del año pasado al Ministerio de Defensa Nacional (Mdn).
El apartamento ubicado en Massini y Libertad es el último lugar donde vivió la maestra Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (Pvp), desaparecida desde que fuera arrancada de la embajada de Venezuela dos días después de su detención en junio de 1976. Una investigación de Brecha1 reveló en 2016 que el inmueble de Pocitos viene siendo ocupado por oficiales y sus familias, en una modalidad denominada “vivienda de servicio”, de la que poco se conoce, y que es administrado por la División de Ejército I hasta la actualidad. En aquel entonces, estaba habitado desde hacía cuatro meses por un oficial, su esposa y su pequeña hija.
Lo desconocido hasta este momento era en qué expediente militar se encontraba la adjudicación del inmueble. Ahora se sabe que estuvo vinculado a la causa caratulada por el Supremo Tribunal Militar como “Alma Verónica Rodríguez Vignart”. Esa es la primera novedad de la respuesta del Mdn a la solicitud de información. Alma Rodríguez, ex presa política ya fallecida, vivió durante su embarazo en el apartamento de Massini. Durante ese período Elena visitaba la casa como supuesta acompañante de Alma, y una vez que ella dio a luz, se fue y Elena se instaló allí.
“Obtener una respuesta del Mdn tenía como primer objetivo sacar una vez más esta causa del pozo de la desidia al que históricamente ha estado condenada, ya sea por el sistema judicial o por el resto de las instituciones estatales”, dijo Olivera, también autor del libro Secuestro en la embajada, sobre el caso Quinteros. Olivera destacó que el ministerio cumplió “en tiempo y forma” con lo solicitado, pero lamentó que una información que se desconocía desde hacía más de 30 años fuera ubicada en menos de 30 días, “cosa que mientras estaba Fernández Huidobro no pasaba”, afirmó.
Para el equipo del Oli, conocer en qué situación fue incautada la casa y tener acceso al expediente de Alma Rodríguez podría aportar otros datos relevantes para la causa que investiga la desaparición de Elena. Entre otras cosas, podría probar que fue detenida en ese inmueble, dato que surge de la investigación realizada por Olivera, pero que hasta ahora no ha sido probado por la justicia. También hay expectativas de que en dicho expediente se mencione a Elena por su nombre, elemento que no aparece en ningún registro. De hecho, en el memorando secreto sobre “la conducta a seguir frente al caso Venezuela desde el punto de vista de las relaciones internacionales”, que el entonces canciller Juan Carlos Blanco ordenó que se elaborara para el director de Asuntos de Política Exterior, Álvaro Álvarez, el vicecanciller Guido Michelín Salomón y el embajador uruguayo en Venezuela, Julio César Lupinacci, se refieren a Elena como “la mujer”. “En algún expediente aparecerá ‘la Parda’ o ‘Amestoy’, el alias con el que actuaba Elena en la campaña de aparición del Pvp en 1976”, sostiene Olivera.
La información entregada al Oli señala que el expediente caratulado “Alma Rodríguez” fue remitido en 1986 por la justicia militar a la Suprema Corte de Justicia (Scj), en cumplimiento de la ley de amnistía. En febrero de 2016, el responsable de comunicación de la Scj, Raúl Oxandabarat, informó a este semanario que la documentación no había podido ser encontrada en la sede: “Los legajos no están”, afirmó. Esta semana, Brecha pudo confirmar que estos fueron localizado en el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi), entre otros 3 mil expedientes. El Oli enviará un escrito al Juzgado de Vigésimo Segundo Turno, que entiende en la causa Quinteros, solicitando que se obtenga este expediente y se cite a tres personas a dar testimonio, entre las que se encuentra un integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).
LOS MISMOS DE SIEMPRE. De acuerdo con la ley de amnistía, el Ejército tenía 120 días a partir de su promulgación para devolver los bienes incautados a las personas amnistiadas. El ministro Jorge Menéndez consultó sobre esto al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. En su nombre, respondió el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Marcelo Montaner, en un oficio fechado en enero pasado –e incluido en la respuesta al pedido de acceso a la información–, que ni el titular del inmueble de la calle Massini, el argentino Ricardo Alberto Antonolli, “ni sus eventuales causahabientes, se presentaron a reclamar la entrega del bien”. ¿Puede quien no existe reclamar algo? Pues Antonolli era la identidad ficticia del uruguayo José Félix Díaz, esposo de Elena Quinteros, quien efectivamente compró con un documento falso la casa en cuestión, que serviría como base de operaciones del Pvp. “Cuarenta años después las Fuerzas Armadas siguen mintiendo. Ya en 1976 sabían que Ricardo Antonolli no existía. Que nueve años después se esperara su reclamo es parte de la operación de borrar toda huella de la participación de la dictadura en la desaparición de Elena. No sólo había que desaparecer a Elena, también se debía hacer desaparecer toda mención a ella. Pero Elena siempre vuelve. Volverá una y otra vez hasta que se haga justicia”, expresó Olivera.
En la actualidad, de acuerdo con la información otorgada por el Ejército, la vivienda permanece ocupada por la viuda e hijos de un teniente coronel fallecido en servicio durante el terremoto de 2010 en Haití.
El Ministerio de Defensa prometió un relevamiento de los inmuebles incautados durante la dictadura que están hoy en manos de las Fuerzas Armadas. El anuncio sobreviene tras la publicación de Brecha que demostró que un apartamento en el que vivió Elena Quinteros sigue siendo utilizado 40 años después por el Ejército, concretamente para alojar a oficiales junto a sus familiares.
El propio ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, fue quien debió salir a dar explicaciones, luego de una investigación de Brecha que corroboró el uso por parte del Ejército de un apartamento en el que vivió Elena Quinteros (la unidad 103 del edificio ubicado en Ramón Massini 3044) y de donde habría sido secuestrada por primera vez.
Fernández Huidobro dijo que desconocía este caso y alegó que “ningún ministro de Defensa podía imaginárselo”. Sin embargo no descartó que surjan otras situaciones similares mediante el relevamiento que habría resuelto (no sin antes adelantar que necesitará recursos, “porque sale caro”). Se trata de una nueva investigación administrativa que el jerarca debe abrir frente a irregularidades en la cartera bajo su responsabilidad (que está también en el candelero por los recurrentes robos de armas y municiones en dependencias militares) y que tendrá resultados inciertos.
A partir de la información sobre bienes incautados en la dictadura el ministerio deberá decidir si toma acciones de reparación. La definición deberá ser política, y entre las posibilidades manejadas figura brindar a las propiedades un fin acordado con los involucrados, o en el caso de que hayan fallecido, con sus familiares o las organizaciones que hayan integrado, dijeron a Brecha fuentes de esa secretaría de Estado.
“Me parece muy bien la investigación de Brecha, que nos ilumina respecto de cosas que pueden estar pasando hoy mismo”, respondió Fernández Huidobro al ser entrevistado por la periodista Georgina Mayo para el informativo de Televisión Nacional del Uruguay (Tnu), aunque no respondió a los reiterados intentos del semanario de consultarlo. Tampoco lo hizo el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del ministerio, Roberto Caballero –a quien en el despacho de Fernández Huidobro se le define como el secretario personal del ministro.
“Hay transferencias de propiedades, hay que hacer una revisión histórica muy profunda”, dijo Fernández Huidobro a Canal 5. Y agregó que “es probable” que este apartamento debió haber sido restituido al final de la dictadura, aunque se abstuvo de informar lo que hará: “Hay que averiguar el origen de todos los inmuebles, de dónde vinieron, y en el caso tomaremos las medidas correspondientes”. El ministro de Defensa también logró ser contactado telefónicamente por Subrayado (Canal 10). En diálogo con ese medio afirmó que necesita conocer el origen de los padrones para “así ver qué hago, qué espacio legal tengo para hacer alguna cosa”.
También recordó que de su ministerio depende directamente el local donde funcionó la Cárcel del Pueblo del Mln, “de la que fui responsable siendo tupamaro y ahora soy responsable como ministro”, que quiso entregar al Museo de la Memoria y a la Intendencia de Montevideo “y no la quieren”.
En sus declaraciones a Canal 5 Fernández Huidobro dijo que hay unidades militares “que fueron construidas en chacras que pertenecían al Mln”, e incluso destacó que “hay un cuartel que esta edificado en un bien que era del Mln”. Uno de los artículos de Brecha publicados la pasada semana, que abordaba el historial de apropiaciones indebidas de dinero y bienes durante la dictadura, hace mención justamente a una chacra ubicada en la ruta 31, perteneciente a tupamaros disidentes, comprada por el antiguo dueño de radio Fénix, incautada en 1974, y que pasó a ser el predio donde se instaló el Regimiento de Artillería Antiaérea.
“Deben de haber hecho la misma cuestión legal, que como eso pertenecía a los sediciosos, porque así fue catalogada la mártir, pasó a la jurisdicción del Ministerio de Defensa. El problema es que en algunos casos puede haber derechos adquiridos, con ese mismo criterio personas pudieron haberlas comprado de buena fe”, expresó el ministro a Canal 10.
En la misma investigación del semanario también se detalló el uso que se le está dando al inmueble en el que vivió Elena Quinteros en 1976. De acuerdo al militar que actualmente vive en el apartamento, se utiliza como vivienda para oficiales del Interior (“Cuando vos te casás tenés derecho a una vivienda de servicio, siempre y cuando haya una disponible”). Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (Mdn) admitieron que el uso de estas viviendas es muy discrecional y que suele ser el jefe de cada unidad el que decide a quién se le otorgan, en función de lo que considera buenas conductas o lealtades de sus subordinados.
SENTENCIA PERDIDA. Para Brecha fue imposible acceder a una comunicación con Fernández Huidobro, pero en cambio sí logró una respuesta de la Suprema Corte de Justicia a propósito del contenido de la sentencia interlocutoria del 29 de diciembre de 1979 que, al parecer, según una decisión del juzgado militar, habilitaba al Batallón 13 de Infantería a disponer del uso del apartamento donde residió la maestra Elena Quinteros. La inquietud era legítima, porque esa sentencia interlocutoria podría explicar qué clase de conflicto de intereses ocurría en torno al apartamento de la calle Massini, en tanto un decreto-ley de 1975 habilitaba a las Fuerzas Armadas a disfrutar de la posesión de los bienes que podían ser confiscados durante los operativos represivos. En una primera gestión, funcionarios de la Scj habían informado que el legajo de esa sentencia, y decenas de otras dictadas en el curso de 1979, “no están”.
Brecha había solicitado a la Suprema Corte, por intermedio del responsable de sus relaciones con la prensa, Raúl Oxandabarat, una gestión para ubicar ese documento. A comienzos de esta semana Oxandabarat se comunicó con el semanario para informar que “efectivamente, el legajo no aparece”, después de una búsqueda en la biblioteca y en uno de los archivos de la Scj. Según el funcionario, hay otra instancia de búsqueda en el archivo general de la Suprema Corte y en el Archivo General de la Nación. Oxandabarat dijo no tener una explicación concreta de la falta de esos documentos de 1979, pero aventuró que podría tratarse de “un desorden” de la época. “Lo real es que los legajos no están”, dijo.
Aunque no se descarta una intencionalidad en la desaparición de los documentos, tal acción sería incongruente, porque el traspaso de la propiedad de Elena Quinteros y su fundamentación están debidamente documentados en la Dirección General de Registros. No hay dudas de que el apartamento está administrado por la División 1 de Ejército, tal como confirmó Brecha con el militar que actualmente lo ocupa.
Habría que preguntarse, en cambio, si la desaparición de la sentencia (o las sentencias referidas a propiedades de “sediciosos” incautadas por las Fuerzas Armadas) guarda relación con una grave omisión de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, puesto que el decreto-ley que habilitaba a quedarse con los bienes incautados fue anulado por otra ley, de marzo de 1985. Los términos de esa ley anulatoria nunca fueron aplicados en lo que tiene que ver con propiedades confiscadas.
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