jueves, 16 de mayo de 2019

Otro fracaso parlamentario

"la impunidad sigue estando arriba de la mesa".




Telenoche  No prosperó venia para retirar a los generales integrantes del Tribunal de Honor 


15 mayo 2018


La oposición negó los votos para aprobar el pedido de venia del Ministerio de Defensa para pasar al retiro obligatorio a los cuatro generales del Ejército presentes en el Tribunal de Honor del Ejército.


La oposición no votó el pedido de venia del Ministerio de Defensa para pasar el retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeria, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes del Tribunal del Ejército que escuchó la confesión de José "Nino" Gavazzo sobre la muerte de Roberto Gomensoro.
La bancada del Frente Amplio en la Cámara de Senadores votó para aprobar las venias, pero no llegaron a los 18 votos necesarios.
Desde la oposición argumentaron que la responsabilidad recae en el presidente de la República, que, según Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, "avaló y homologó" las actas del Ejército que contenían la confesión de Gavazzo y que les "traslada el problema fundado en una razón que es falsa".
"El tema es que se requiere venia por la razón real: porque el fallo es vergonzoso", sentenció.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, explicó que no se trata del presidente, sino de "la historia que estamos escribiendo".








>>> Otra vez sin votos



>>>> Mas fracasos


El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia dijo a Informe nacional que la no aprobación de las venias para destituir a los generales que integraron los tribunales militares que juzgaron las confesiones de Gavazzo y Silveira demuestra que “parte del sistema político no ha tomado registro” de lo sucedido en la dictadura.
A su entender, todo el sistema es responsable porque la oposición “juega a obtener el voto de la casta militar” y el gobierno estuvo omiso en no destituir con anterioridad a Guido Manini Rios como comandante en jefe del Ejército.

http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/05/16.05.19-CHARGO%C3%91IA-VOTACION-SENADO.mp3?_=1

Por otra parte, Chargoñía sostiene que la reforma en seguridad, que impulsa el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, trae la “amenaza de la tortura masiva”.
El representante del Observatorio Luz Ibarbouru dijo que las firmas recolectadas en apoyo a la campaña demuestra “que no se ha tomado conciencia” de lo que representó tener militares ejerciendo funciones de seguridad.
Para Chargoñia de aprobarse la reforma constitucional se estaría validando el espíritu de las medidas prontas de seguridad que tomó el gobierno del expresidente Jorge Pacheco Areco.

http://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2019/05/16.05.19-CHARGO%C3%91IA-VIVIR-SIN-MIEDO.mp3?_=2





16 de mayo 2019.

Este próximo lunes 20 de mayo, realizaremos, como todos los años la Marcha del Silencio. Ese día, marcado por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelow y Barredo y por la desaparición de Manuel Liberoff, es por sobre todas las cosas un abrazo a todos nuestros desaparecidos.

Es una cálida demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren las consecuencias de la barbarie del Terrorismo de Estado; y particularmente con la lucha de las madres que buscaron a sus hijos y los siguen buscando. Expresa el repudio más enérgico a las atrocidades cometidas, tristemente reivindicadas no sólo por sus ejecutores sino también por los Generales y la Oficialidad actual, que no temen por su honor cobijando en sus filas tales elementos.

Constituye un no rotundo a las políticas de olvido. Nos recuerda que el crimen de la desaparición se sigue cometiendo hoy y representa una amenaza permanente para las nuevas generaciones que deben vivir libres y luchar por sus sueños sin esa carga. Por eso estas marchas son también un abrazo protector para nuestros jóvenes.

Ellos deben reflexionar sobre los horrores vividos, porque para decidir qué país quieren, qué deben rechazar o exigir, deben conocer la verdad y tener las garantías para poder expresarse. Las Marchas del Silencio expresan la voluntad de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, que no quieren que esta historia se repita. ¡Nunca más dictadura ni Terrorismo de Estado!

Por eso lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso.

Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los Tribunales de Honor, los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aún conducir las Fuerzas Armadas. Pero, nuevamente el Senado no estuvo a la altura de lo que la República exige.

Tampoco compartimos y lo dijimos en su momento, la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno. Pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto.

Es muy grave el mensaje dado por el Senado.

Esos mismos senadores que se llenan la boca diciendo que quieren terminar con los delitos, ¿qué nos ofrecen con esta votación? Humillación, vergüenza y más impunidad. Queremos un Estado que genere garantías y no amenazas.

Un gobierno que las materialice con Verdad y Justicia.

Con investigación y esclarecimiento de los delitos del Estado, como la base sólida en la que se asiente la democracia.

A los 3 partidos que se alternaron desde el 85 a la fecha les cabe la responsabilidad de mantener intocada la formación de las Fuerzas Armadas, en una doctrina golpista y una soberbia mesiánica, colocándose además como una institución por encima y por fuera de nuestro orden democrático. Sin sentirse obligados a subordinación alguna a los Poderes del Estado.

Como dijimos el 1 de mayo: No queremos éstas Fuerzas Armadas, ni la impunidad de sus crímenes. Queremos garantías para una democracia plena.

LOS INVITAMOS A EXIGIRLAS JUNTOS ESTE 20 DE MAYO a las 19 hs., Rivera y Jackson.

24 Marcha del Silencio
¡¡¡Que nos digan dónde están!!!!
Contra la impunidad de ayer y hoy
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos




Brecha Samuel Blixen
17 mayo, 2019 Destacados, Edición 1747

Tirabuzones de doble hélice

El debate del Senado sobre las venias para la destitución de cuatro generales, que no logró los 18 votos necesarios, dejó en claro qué cosas defienden algunos representantes de la oposición y cómo, a las primeras de cambio, resucitan viejos temas no saldados: el pacto del Club Naval y la ley de caducidad, madres de todas las impunidades y complicidades.

Fantasmas que sobrevuelan incansables desde un pasado terrorífico, demonios que inquietan conciencias, arpías exhumadas para cobrar cuentas y señalar culpables: un aquelarre dominó el recinto parlamentario, la historia se desplegó en tirabuzones de doble hélice, la política recobró por un momento su discutible encanto y los senadores parecieron perder la habitual condición brumosa, toda una sorpresa; incluso los insultos gratuitos, los gestos sobreactuados y los lugares comunes de legisladores irrecuperables en su mediocridad fueron contrapuntos bienvenidos. Por una vez, el Frente Amplio no pudo imponer su criterio, pero salió ganador, no así el presidente Tabaré Vázquez, que fue vapuleado más que jinete en doma.
Las venias para el pase a retiro obligatorio de cuatro generales no obtuvieron los tres quintos de componentes del cuerpo, el martes 14, porque la totalidad de la oposición prefirió mantener en sus cargos a Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes de los tribunales de honor y de alzada que juzgaron la conducta de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, y no consideraron un deshonor la comisión de 28 asesinatos. Con esta decisión, los cuatro generales continuarán en actividad y en sus destinos, cobrando sus sueldos –al menos, hasta el momento–, aunque no cuentan con la confianza del comandante supremo de las Fuerzas Armadas ni con la del ministro de Defensa.
Cuando terminó la sesión, pasadas las 14 horas (había comenzado a las 9.30), y la senadora Constanza Moreira reclamó votación nominal y se efectuó el recuento nombre por nombre, el pedido del Poder Ejecutivo ganó por un voto, 16 a 15, pero no logró reclutar los otros dos necesarios para alcanzar las mayorías especiales: no hubo argumento que doblegara una determinación política disfrazada con ropajes jurídicos. Al finalizar, el sitio web del Senado registraba 158 usuarios que siguieron la discusión por Youtube, testigos privilegiados de un debate que la historia registrará, con el inevitable desplume de detalles, como el momento en que un grupo de senadores secuestró la verticalidad de mando del jefe supremo de los militares y dio un inequívoco mensaje a las futuras generaciones de oficiales: la impunidad que vos matáis goza de buena salud.
ARGUMENTOS Y SOFISMAS. Todo lo demás fue gimnasia dialéctica, de la buena y de la mala. A partir del informe en mayoría del frenteamplista Rubén Martínez Huelmo, la discusión basculó entre el reclamo del Senado de “lealtad institucional” y el reclamo de la oposición de que los generales pudieran defenderse en la Comisión de Defensa. O sobre el carácter inconstitucional de la norma en que el Ejecutivo sustentó su pedido al Parlamento. O sobre la actitud presidencial de traspasar la responsabilidad al Parlamento para encubrir el hecho de que había homologado el fallo del tribunal por el que solicitaba el pase a retiro obligatorio de los generales que lo habían emitido (lo que estimuló una ingeniosidad: “Al presidente se le quemó el asado y lo quiso disimular incendiando la casa”). O sobre la controversia, que podría haber sido eterna, sobre si los generales comunicaron la existencia de la confesión de José Gavazzo al comandante Guido Manini Ríos, y si este se lo comunicó al ministro, y si este lo enteró al presidente Vázquez, y si el secretario Miguel Toma escondió el expediente durante todo un mes, lo que impulsó al senador blanco Jorge Larrañaga a denunciar: “¡Y Toma fue a Roma, en una audiencia por el Plan Cóndor y por Gavazzo!”, episodio que condenó enfáticamente con un argumento de peso: “¡Increíble, fantástico!”, y ráfagas de acusaciones: “El FA está utilizando a las Fuerzas Armadas (Ffaa) como un trapo de piso. Vázquez ha sido un mal comandante en jefe de las Ffaa. Ha sido prescindente en materia de derechos humanos. Los generales han quedado ensartados en la estaca”. El blanco Javier García dio una vuelta de tuerca al afirmar: “La responsabilidad es de Vázquez y de Toma”, lo que indujo al frenteamplista Rafael Michelini a recordar que él fue crítico con Vázquez y que inmediatamente reclamó la renuncia del secretario Toma: “Pero ahora, acá, el problema no es Vázquez, es el Senado, que debe decidir si los generales se quedan o se van. Si quieren, inicien los mecanismos para un juicio político del presidente. Pero, ahora, ¿pueden esos generales seguir vistiendo el uniforme?”.
El colorado Pedro Bordaberry defendió la propuesta de que los generales concurran al Parlamento para dar explicaciones sobre el fallo del Tribunal de Honor y consideró que la negativa del ministro José Bayardi era una prueba de que “no quieren que se sepa la verdad”. El senador frenteamplista Yerú Pardiñas recordó que los partidos de la oposición nunca propusieron citar a militares “para que explicaran qué hicieron en el pasado”. El senador independiente Pablo Mieres, que dijo estar dispuesto a votar con las dos manos la destitución de los generales si esta se fundamenta en que el tribunal no consideró un deshonor cometer 28 asesinatos, se preguntó: “¿Qué hacemos con el Poder Ejecutivo, que firmó la homologación del fallo?”. Sobre la circunstancia de que esa homologación recién se conociera cuando un periodista reveló la existencia del fallo, afirmó: “El ocultamiento del Poder Ejecutivo es tan grave como el fallo mismo”. Después de que el senador frenteamplista Juan Castillo argumentara que la destitución de los generales era una señal de “convicción democrática”, su compañero de bancada partidaria Miguel Vasallo concluyó que la postura de la oposición de no votar las venias de destitución “es una política de Poncio Pilatos”.
VIEJAS CUENTAS. Pero a cierta altura de la sesión se produjo un cric, un salto en el engranaje que articulaba la discusión predecible, por más que la supuesta controversia jurídica estaba salpicada en demasía por los ataques al presidente de la República. Como bien advirtió la senadora Constanza Moreira, en el trasfondo de la discusión se estaban confrontando dos políticas sobre la impunidad. El nacionalista Alberto Heber recogió el guante y, en una ofensiva de menor a mayor, comenzó diciendo que “si hubiera habido otra fundamentación, habría otra discusión” (pero no confirmó que en ese caso votaría las venias); estableció que la culpa estaba en el Ejecutivo, no en los tribunales de honor, y que “los generales no estuvieron omisos”. Casi sin transición, cambió el eje de la discusión: “El Club Naval fue el comienzo de la impunidad”. Y, ante la afirmación de que el Partido Nacional dio sus votos, en 1986, para la ley de Caducidad, causa primera de la impunidad, aumentó la apuesta: “El Frente Amplio no tuvo lealtad con el pacto del Club Naval”. Aludiendo al senador Michelini, cuyo cuestionamiento a la oposición exhibió una dosis alta de vehemencia (“si no fuera por el FA, los militares y policías asesinos estarían caminando por la calle”), sentenció: “Ustedes nos reprochan la ley (de caducidad), y nosotros les reprochamos que pactaran con asesinos y torturadores”. Con la misma vehemencia que su colega frenteamplista, Heber señaló: “Nosotros nunca nos pusimos el uniforme, como lo hizo el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, y no hubo nunca ninguna crítica. Son de teflón, no se les pega nada”.
La reacción fue automática. La senadora Moreira respondió: “No tenemos nada que ver con las prácticas políticas que instalaron la impunidad”. Martínez Huelmo complementó: “Estamos en el mismo lugar que hace 40 años”. El frenteamplista Saúl Aristimuño pronosticó: “La impunidad está ganando otro partido”. La senadora Mónica Xavier rechazó que se vincule al FA con un pacto para la impunidad y recordó que, coherentemente, en 1986 la coalición votó en contra de la caducidad. El senador Vasallo dedujo que la política de la oposición defiende unas Fuerzas Armadas que no incorporan el espíritu republicano. Y el frenteamplista Marcos Otheguy reconoció: “Nos faltó decisión política para avanzar en materia de derechos humanos”, pero puntualizó: “La responsabilidad primera es con los familiares de las víctimas; los que votaron la caducidad (tienen) más (responsabilidad). Hay una responsabilidad en la democratización de las Ffaa, pero algunos (tienen) más (responsabilidad) que otros”.
Cuando el debate prometía ahondar en las peculiaridades de dos episodios del pasado reciente que siguen condicionando la política nacional e impidiendo que la sociedad acceda a una conciencia real de la forma en que se procesó la transición a la democracia, intervino el senador blanco Pablo Iturralde: “La culpa es de los tupamaros”. Y entonces el debate retomó el nivel habitual de la confrontación parlamentaria. El colorado Germán Coutinho propuso reinstalar la Comisión para la Paz del ex presidente Jorge Batlle (la que hizo suyas las mentiras de algunos oficiales sobre la incineración de los cuerpos de los desaparecidos y su dispersión en el mar). Y el frenteamplista Carlos Baráibar reclamó saber quién le entregó las actas al periodista Leonardo Haberkorn, para así montar “un operativo de poner al FA contra las Ffaa”, que, en su opinión, se revierte con un gran acuerdo nacional: “Un acuerdo de todos los partidos, y con las Ffaa, para discutir qué Ffaa queremos”. Como dijo el contralmirante Hugo Márquez, aquel comandante de la Armada durante la dictadura: “Dimos un giro de 360 grados”.

“Es muy grave el mensaje dado por el Senado”

A cuatro días de la Marcha del Silencio, Familiares difundió un comunicado de prensa con duras apreciaciones sobre la actuación del Senado en el tratamiento de las venias de destitución de cuatro generales, sobre los criterios de la Presidencia en el episodio del tribunal de honor a tres terroristas de Estado, y sobre la pervivencia en los mandos del Ejército de concepciones desarrolladas durante la dictadura.
Al convocar a la marcha –“por sobre todas las cosas un abrazo a todos nuestros desaparecidos (…) una demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren la barbarie del terrorismo de Estado”–, Familiares analizó el resultado de la sesión del Senado del miércoles 15: “Lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso”.
A la vez denuncian “la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno. Pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto (del tribunal de honor).
Al calificar como “muy grave” el mensaje del Senado, el comunicado afirma: “Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los tribunales de honor los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aun conducir las Fuerzas Armadas”.
Esos mismos generales, hay que subrayar, ratificaron sus posturas al denunciar ante juzgados penales al periodista Gabriel Pereyra por difamación e injurias contra la institución militar. El periodista había calificado de “cobardes y atorrantes” las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, al negarse a repudiar las desapariciones durante la dictadura, porque “no están confirmadas”.Lo insólito, que se suma al cúmulo de exabruptos de las ultimas horas, es que la denuncia no fue personal, sino de toda la institución.



>>> Sabiendo el resultado

de Carlos Marrero:
A la luz de los hechos, todo indica que el Presidente Vázquez cometió un error de forma, al pasar al Legislativo el cese y retiro de 6 generales, porque la oposición no le dio los votos para hacer cumplir su mandato.
Vale la pena preguntarse por qué el Presidente eligió ese camino, siendo que él posee la facultad de hacerlo.
Podríamos especular que lo hizo así porque sabía que Blancos y Colorados no lo iban a votar y de ese modo los dejaría en evidencia ante la opinión pública, demostrando que clase de “demócratas” son los legisladores adversarios.
Por otra parte el Frente Amplio tampoco es un ejemplo, ni un paladín de los Derechos Humanos, porque durante 3 periodos de estar al frente del gobierno tuvo las mayorías necesarias para anular la Ley de Caducidad (ley de Impunidad) y nunca quiso hacerlo.
No sabemos si fue una jugada política del Presidente Vázquez, porque sabía que los Partidos opositores, Blanco y Colorado, no le iban a dar los votos y de ese modo podía desenmascarar ante la opinión pública a sus adversarios políticos.
También se puede especular con qué Vázquez utilizó un modo muy forzado, para quedar bien ante la opinión pública y a la vez poder proteger a los 6 generales para que permanezcan en sus funciones, a pesar de las faltas cometidas.
Quién pretenda entender la política y a los políticos, tendrá que hilar muy fino y no podrá descartar ninguna hipótesis, por más enrevesada que parezca.
Lo cierto es que de todo lo actuado, queda palmariamente demostrado el compromiso vigente de los Partidos Blanco, Colorado y el Partido Independiente de Mieres, en favor de los militares de la dictadura. No hay que olvidar que la dictadura uruguaya fue cívico-militar y varios de los que hoy ocupan bancas fueron sus "socios".
Lo más triste de todo esto, es que los ciudadanos que voten a cualquiera de los partido político, se estarán haciendo cómplices - conciente o inconscientemente- para que en nuestro querido Uruguay no podamos alcanzar verdad ni justicia.










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